Chile: 50 años del Golpe y sus secuelas en el sistema educativo – Por Luciana Jouli y Paulo Zambroni

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Chile: 50 años del Golpe y sus secuelas en el sistema educativo

Por Luciana Jouli y Paulo Zambroni*

El 11 de septiembre de 1973 fue derrocado el presidente constitucional de Chile, Salvador Allende, y el poder fue arrebatado por una junta militar encabezada por el general Augusto Pinochet.

La mercantilización y la privatización de la educación, el rol subsidiario del Estado, el déficit democrático del sistema político chileno y un modelo económico supuestamente exitoso son algunas de las herencias de la dictadura que aún persisten en el territorio chileno.

La Dictadura Militar en números.

La dictadura tuvo un fuerte ensañamiento con el sistema educativo en general y con las y los profesores en particular. Según el Informe Retting, el magisterio fue uno de los gremios mas violentamente reprimidos por la dictadura dejando un total de 103 profesores víctimas de terrorismo de estado: 58 ejecutados y 45 detenidos desaparecidos (Informe Rettig, 1991, Comisión de Verdad y Reconciliación).

Las condiciones laborales cambiaron con la dictadura militar: los sueldos de las/os profesoras/es se redujeron en mas de un 50%; las autoridades militares, encargadas del Sistema Educacional Público, podían despedir indefinidamente a docentes sin motivo ni trámite y miles de personas debieron dejar sus puestos laborales y abandonar sus casas. Cerca de 26.000 profesores fueron despedidos en total.

Además, la Junta Militar prohibió la actividad sindical y proscribió el  SUTE (Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, creado en 1973, con mas de 100.000 socios) que contaba con 20.000 dirigentes de base. En 1974 se canceló su personalidad jurídica de igual manera qué se hizo con la Central Única de Trabajadores. En 1974 el Ministro de Educación de facto Hugo Castro, anunció la creación del Colegio de Profesores, con un clima de persecución y estricto control estableciendo en cada establecimiento un oficial encargado de vigilar toda actividad de las/os maestras/os, alumnas/os, empleadas/os, a fin de que se denunciara a los sospechosos. Se suspendieron todo tipo de reuniones, fueron eliminadas las organizaciones estudiantiles y los centros de padres y apoderados.

A 50 años de la dictadura en Chile, el proyecto educativo privatizador y mercantilista aún sigue en pie.

La municipalización educativa: el inicio de la privatización de la educación

La descentralización de la educación pública realizada durante la dictadura del general Pinochet fue una transferencia de responsabilidades y no de poder del Estado a los gobiernos locales. La municipalización de la educación fue el impulso del estado a empresarios privados en la gestión educacional, combinando subsidios estatales con financiamiento de privados. A esto se sumó el aumento de la subvención a particulares -los llamados ‘sostenedores’- y el traspaso de centros técnico-profesionales a instituciones gremiales empresariales.

Desde 1977, además, el financiamiento de la educación media y superior cambió: en la enseñanza media la familia asumiría los costos, apoyada por subsidios directos del Estado. En la educación superior, en cambio, sería el propio estudiante el que costeará sus aranceles, mediante pago directo o créditos reembolsables una vez que se hubiese titulado.

El modelo de administración municipalizada de la educación pública ha demostrado su rotundo fracaso basta ver algunos datos duros : la matrícula de estudiantes en la educación pública ha decrecido considerablemente, pasando de un 78% en 1986, a un 40,7% en 2010, y una constante tendencia  a la baja.

El Crédito con Garantía Estatal y el endeudamiento

La dictadura militar chilena implementó una serie de reformas estructurales en el modelo de sociedad, caracterizado por el rol subsidiario del Estado.

Bajo el argumento de mejorar la eficiencia del Estado, en 1981, se formuló la Ley General de Universidades (LGU), que definió el rol subsidiario del Estado y la creación de planteles privados, mediante la modalidad del autofinanciamiento, fomentando las ideas de libertad de enseñanza (liceos y universidades) y de elección (estudiantes y sus familias).

Años mas tarde y en el retorno de la democracia, bajo el gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle se estableció un sistema de financiamiento público para escuelas privadas, conocido como vouchers. Años mas tarde, en el año 2006, durante el gobierno de Michelle Bachelet, se introdujo una reforma educativa que buscaba hacer frente a los problemas de calidad y equidad del sistema educativo chileno.  Sin embargo, el modelo de vouchers siguió siendo la piedra angular de la política educativa, y la reforma no logró cambios significativos en el sistema educativo.
En el país todas las instituciones, tanto públicas como privadas, cobran matrícula y aranceles a sus estudiantes. Para enfrentar los costos de estos estudios el Estado provee un conjunto de becas y créditos (qué se entregan directamente a las instituciones), en función de los niveles de ingresos familiares de las/os alumnas/os y de los aranceles de referencia establecidos para cada carrera.

Este modelo de financiamiento ha llevado a un aumento de la desigualdad en el sistema educativo, generando una brecha aún mayor entre ricos y pobres.

Otra herramienta de financiarización de la educación superior  ha sido el Crédito con Garantía Estatal (CAE), creado bajo el gobierno de Ricardo Lagos Escobar en los años 2000. El CAE es una alternativa de financiamiento para estudiantes que iniciarán o continuarán una carrera de pregrado en instituciones acreditadas que forman parte del Sistema de Crédito para Estudios Superiores.

Los bancos ganan dinero a través de las «recargas». Es decir, las instituciones financieras prestan a los estudiantes  para que estos financien su educación superior a través del CAE, a cambio de que el Estado compre esos créditos con sobreprecios, mas tarde.Entre los  bancos qué se han visto favorecidos con estos procedimientos están Scotiabank Estado BCI Itaú , Falabella , Santander y Corpbanca,  ganando las licitaciones que cada año se hace para financiar el CAE.
Sobre este tema, el informe de caracterización socioeconómica emitido por el Ministerio de Educación de Chile (MINEDUC) reveló la alta tasa de morosidad que presenta el sistema resaltando que entre el 2011 y el 2021, el porcentaje de morosidad del CAE ha fluctuado entre 45% y un 60%. Es decir que durante gran parte de la existencia del CAE sólo la mitad de los deudores ha podido continuar pagando sus deudas. Por otra parte, el 40% de los deudores egresados se encuentran morosos, cifra que aumenta a 77% para deudores que desertaron. La privatización de la educación ha sido y es una solución para los bancos y un problema para la sociedad.

El sistema educativo: la chispa qué encendió el conflicto en 2019

En Chile, el conflicto educativo siempre estuvo latente. Los “mochilazos” y las “revoluciones pingüinas” así nos lo recuerdan. En 2019 las y los estudiantes despertaron a todo un país expresando que “no eran 30 pesos, sino 30 años” de ser las/os buenas/os alumnas/os del Fondo Monetario Internacional.

En la historia chilena reciente, durante el primer gobierno de M. Bachelet (2006-2009), se creó un Consejo Asesor Presidencial para la calidad de la educación destinado a guiar la discusión en torno a la Ley General de Educación (LGE). En el año 2008, varias universidades y colegios se movilizaron en contra de la promulgación de la LGE que fue diseñada por los partidos de la Concertación y la Alianza en respuesta a  las masivas protestas escolares, denominadas Revolución Pingüina (ocurridas a lo largo de todo el país durante abril de 2006 llamando a reformar la educación pública). El 2011 se caracterizó por la masividad de la lucha callejera.  Bajo una coordinación nacional, a través de la Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH) y con la participación de organizaciones de estudiantes secundarios, como la ACES (Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios) y la CONES (Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios), funcionaron asambleas periódicas y las marchas tomaron las calles de las ciudades mas importantes de Chile con consignas en contra de la mercantilización de la educación superior.

En el segundo periodo de Bachelet (2006-2010), la presidenta asumió prometiendo una reforma educativa. Las denuncias del movimiento estudiantil exigiendo su participación en dicha ley lograron qué el Ministro de Educación  N. Eyzaguirre, elaborara un Plan de Participación Ciudadana del Mineduc.

El diseño de reforma a la educación superior del gobierno sufrió varias modificaciones en la discusión política y la aplicación de criterios económicos.En agosto, la Presidenta anunció que la gratuidad sería para el 50%, e incluyó a universidades privadas que cumplieran ciertos requisitos no especificados. El proyecto de ley de educación superior del Gobierno chileno, no castigó el lucro en educación ni definió el fin de la deuda educativa.

El ciclo lectivo del 2016 inició con un limitado número de beneficiarios de la gratuidad, lo que reactivó las protestas estudiantiles y se tradujo en tomas simbólicas de edificios públicos. Esto se debió a qué mas de un millón de universitarios estaban endeudados con créditos y la beca de gratuidad solo beneficiaba a poco mas de 90.000 alumnos (un porcentaje muy pequeño teniendo en cuenta que la matrícula total en educación superior es de aproximadamente 1.301.925 estudiantes según el Mineduc,2022).

La reforma propuesta por Michelle Bachelet fue aprobada en 2018, con la firma del entonces presidente Sebastián Piñera.

Por todo lo dicho, es qué no resulta novedoso que sean las protestas estudiantiles    quienes iniciaron las movilizaciones del 2019 convocando al conjunto de la sociedad chilena a reclamar por demandas mas profundas, constituyéndose el cambio de la Constitución chilena como la mas relevante de ellas.

A partir del 6 de octubre del 2019 el estudiantado chileno a través de las redes sociales,  convocó a las protestas, sumando a organizaciones como la ACES, la CONFECH y la CONES. Así, el 18 de octubre se produjeron múltiples focos de evasión que derivaron en el desarrollo de masivas protestas en todo el país, sin dar lugar a la declaración de Estado de Excepción por el entonces presidente Sebastián Piñera.

La movilización del 2019 que escaló hasta convocar a la sociedad chilena en su conjunto logró abrir un proceso inédito en la historia republicana del país. El desenvolvimiento de las protestas superó por mucho la iniciativa estudiantil, materializandose en cabildos abiertos y convirtiéndose rápidamente en una revuelta popular que cruzó prácticamente todo el país.

* Jouli es Licenciada en Educación Especial. Zambroni es Licenciado en Ciencia Política. Ambxs miembros del Centro de Estudios y Formación en Política Educativa (CEFOPED), asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)

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