Diplomacia y peligro: negociando la paz en el ciberespacio – Por J. Carlos Lara Gálvez

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Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de NODAL. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

Por J. Carlos Lara Gálvez*

El pasado mes de julio, el Grupo de Trabajo de Composición abierta sobre seguridad y uso de las tecnologías de la Información y las Comunicaciones 2021-2025 (OEWG, por sus siglas en inglés) de la Primera Comisión de la Organización de las Naciones Unidas, tuvo una nueva sesión sustantiva, dedicada a buscar consenso sobre su segundo informe anual de progreso.

La instancia es el mecanismo por el cual todos los países de ONU discuten la actividad de los Estados en el ciberespacio, particularmente en atención al riesgo de ciberataques entre Estados. Se trata no solamente de la búsqueda de mecanismos para mejorar la seguridad, sino también para procurar la paz en el uso de las tecnologías.

Sin embargo, alcanzar consensos no fue fácil, y los avances se vieron opacados por la inclusión de elementos con poco apoyo, que algunos estados estiman pueden generar incertidumbre y riesgos.

Consenso, señor, consenso

Por un lado, la discusión del borrador final estuvo marcada por la insatisfacción de muchos Estados, debido a cambios y omisiones de propuestas formuladas en la sala. Y por otro, por la inclusión casi forzada de propuestas todavía sin apoyo significativo, a fin de rescatar un frágil consenso, por la vía de notas al pie que reconocen la vieja aspiración de reglas internacionales vinculantes para los Estados, en lugar de prácticas y normas no obligatorias. Sin embargo, el informe constata puntos de avance y define las prioridades para las discusiones futuras, a la vez que identifica iniciativas de colaboración que ya existen entre Estados.

Dentro de los puntos positivos estuvo el avance en la propuesta de un directorio global de puntos de contacto en la ONU, para facilitar la comunicación entre Estados al momento de conocer una amenaza o un actor malicioso. Dicha propuesta ha avanzado hacia una operacionalización mediante la adopción de un documento anexo al informe anual. También se plasmaron las peticiones de reuniones intersesionales para tratar puntos de más difícil acuerdo, como la aplicabilidad del derecho internacional o la definición de las amenazas, que siguen siendo objeto de intensa discusión.

Asimismo, se incluye lenguaje que invita a los Estados a una mayor transparencia sobre su comprensión de las amenazas, las posturas sobre la aplicabilidad del derecho internacional y la implementación de reglas no vinculantes. Resultan alentadoras las referencias a la sensibilidad con el género, en particular en relación con las amenazas y la capacitación, en tímido reconocimiento de la multidimensionalidad de las brechas digitales de género.

Menos afortunada resultó la mención reducida o condicionada de la intervención de partes interesadas no gubernamentales («stakeholders»), incluyendo a la sociedad civil, como actores clave en varios de los aspectos de atención. Del mismo modo, la resistencia al lenguaje explícito sobre derechos humanos hizo que su presencia quedara muy acotada, limitando el reconocimiento de la necesaria consideración por los derechos humanos en las medidas para garantizar la seguridad en el ciberespacio.

A pesar de que Derechos Digitales, como otras organizaciones, ha destacado el esquema de distintas partes interesadas, y ha defendido el lenguaje sobre derechos humanos, la atención de los Estados parece haber estado mucho más concentrada en la búsqueda de consensos que en estos tópicos.

Negociación y denegación

El riesgo de no alcanzar consenso estuvo dado por la contumaz propuesta de integrar lenguaje que reconociera la propuesta —minoritaria— de trasladar los acuerdos a reglas de carácter vinculante a un nuevo tratado de la ONU sobre ciberseguridad. La “diplomacia de notas al pie” (como destacó una delegación) se convirtió en una salida práctica para salvar un consenso difícil entre países en abierto conflicto geopolítico. La insistencia recae en un punto promovido desde hace años por la delegación rusa y algunas aliadas, de negociar nuevos tratados de ciberseguridad y cibercrimen (esto último ya en discusión en un Comité Especial), debido a la importancia dada en algunos de esos países a la “seguridad de la información”, concepto más amplio que el de la “ciberseguridad”, preferido en Occidente.

Por cierto, la experiencia muestra que llegar a puntos muertos no implica necesariamente un fracaso total de los procesos, pero exige abordar la discusión de manera realista para no arriesgar la paz y el desarrollo globales.

Estamos lejos de considerar que el avance del OEWG represente las aspiraciones de la sociedad civil por promover medidas inclusivas y resguardar los derechos humanos. No obstante, no podemos abandonar la aspiración de mejores reglas de conducta entre Estados, que reconozcan que la seguridad y la paz requieren del aporte de distintos actores.

*Abogado, especialista en derecho de las nuevas tecnologías, centrado en la vinculación entre los derechos fundamentales, el interés público y la regulación de las formas digitales de comunicación.Universidad de California en Berkeley. Director Ejecutivo de la ONG Derechos Digitales.

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