Impulsada por Petro y AMLO, inició en Cali la Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Drogas

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Alcalde de Cali plantea la unión de países para solucionar el problema de las sustancias ilícitas

La Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Drogas que se realiza en Santiago de Cali, inició este jueves (07.09.2023), con el análisis de la sustitución de economías ilícitas durante el primer panel en el que el alcalde, Jorge Iván Ospina Gómez, marcó la pauta al insistir que es un problema que requiere de una solución integral en los siguientes aspectos:

•Abordar la presencia de organizaciones armadas detrás de los cultivos.

•Ejercer un control más estricto de los químicos con los que se fabrican las sustancias ilícitas.

•Erradicar los carteles de droga.

“Si me preguntan a mí cuál puede ser el éxito de esta conferencia es que el presidente Andrés Manuel López Obrador, presidente de México y el presidente, Gustavo Petro Urrego, de Colombia, tengan una conversación directa, en confianza, amena, que posibilite que entre los dos países que sufrimos, como quizás ningún otro, el fenómeno del narcotráfico, se pueda tener una declaración conjunta en la búsqueda de una salida”, sostuvo el alcalde Ospina.

El mandatario caleño aseguró, además, que, este encuentro se “busca construir un consenso, hay países europeos, del sudeste asiático y norteamericanos en modalidad de escucha y observación, pero también hay países como Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia y México que somos países que tenemos la condición de ser productores, escenario de carteles y de cristalizaderos, existe también la responsabilidad de organismos multilaterales de evaluar la política”, dijo.

Durante este espacio de discusión se ratificó la importancia de encontrar alternativas sostenibles para generar desarrollo social y económico en el campo. “Nos interesa es sustituir el ingreso que tiene el campesino y en ese sentido cualquier negocio que ellos puedan adelantar de manera asociativa para obtener otras fuentes de ingreso, bienvenido sea”, indicó Felipe Tascón, director de Sustitución de Cultivos Ilícitos de Colombia.

Para ello, los campesinos piden inversión y apoyo del Gobierno Nacional. “Esa sustitución gradual se da cuando el Gobierno lleve verdaderamente el reconocimiento de la producción agrícola y agropecuaria, que yo siembre y tenga un valor, así se va disminuyendo la siembra de coca”, manifestó José del Carmen Abril, líder social y campesino.

Como médico, el alcalde de Cali, también insistió en que la adicción a las drogas debe tener tratamiento especializado al ser considerada una enfermedad.

La agenda de la Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Drogas continuará este viernes 8 y sábado 9 de septiembre de 2023 para seguir discutiendo sobre las dificultades que se viven en el abordaje actual acerca del problema mundial de las drogas.

En este encuentro participarán los presidentes de Colombia y México, Gustavo Petro y Andrés Manuel López Obrador, así como 30 cancilleres de la región incluyendo a los países observadores y miembros de la sociedad civil, quienes discutirán la situación derivada de los cultivos ilícitos teniendo como base los derechos humanos, justicia social y protección del medioambiente.

Cali


Los ejes de la política de drogas del Gobierno, expuestos en conferencia en Cali

Por María Isabel Ortiz Fonnegra

Desde Cali, en donde se desarrolla la Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Drogas, el viceministro de justicia Camilo Umaña se refirió a los ejes de la política de drogas que el Gobierno hará pública en los próximos días, y que lleva el nombre ‘Sembrando vida desterramos el narcotráfico’.

Como antecedente, Umaña mencionó que la llamada guerra contra las drogas “ha profundizado muchas de las brechas sociales existentes en el país”, por lo cual la política que diseñó el Gobierno pretendió abordar, desde los territorios, esas condiciones para avanzar en una transformación territorial que permita acceso a derechos.

“Es una política que dará oxígeno a las comunidades, se busca que los eslabones más débiles del mercado ilícito puedan tener el suficiente oxígeno para ver sus derechos fundamentales garantizados”, comentó.

Umaña también comentó que como parte del replanteamiento del abordaje del tema es necesario cambiar la forma en que se mide la efectividad de una política de drogas:

«Si nos quedamos midiendo el éxito o fracaso de la política en la cantidad de hectáreas (sembradas de cultivos de uso ilícito) vamos a perder la relevancia de lo que puede aportar una política de drogas para garantizar los derechos de las comunidades. Una política de drogas sensata en un país con una afectación como Colombia, debe tener indicadores de desarrollo humano, seguridad humana, garantía de los derechos fundamentales”, expuso.

Así mismo, puso el énfasis en la importancia de no estigmatizar a los campesinos, pues las comunidades son las más vulnerables en toda la cadena de la producción de drogas.

En su lugar, el Viceministro de Política Criminal indicó que la política de drogas se construyó pensando cómo desde los territorios se pueden “abordar muchas de estas precariedades y déficits, y generar no únicamente un reemplazo de un cultivo por otro, sino una estrategia mucho más acorde con una transformación territorial”.

Por último, Umaña señaló que el país ha vivido casi 60 años de guerra contra el narcotráfico que ha arraigado muy profundamente unas dinámicas e intereses,”es evidente que el Gobierno no va a cambiar esa realidad en un año, hacer esto sostenible requeriría una visión de futuro, movernos con sabiduría para hacer esto sostenible.

De otra parte, la Presidencia de la República, mediante un comunicado, reiteró los espacios territoriales que permitieron la construcción de esta política, pues se llevaron a cabo espacios de diálogo y socialización en diversas zonas del país, con la participación de más de 2.700 líderes y lideresas sociales y 274 organizaciones de las comunidades de los territorios afectados por el narcotráfico.

Además, se enfatizó que la meta de la política es desarticular las organizaciones narcotraficantes y crear condiciones de paz y seguridad en las comunidades.

En ese sentido, se expuso que la política está orientada hacia el cuidado de la vida, el medioambiente, el respeto por los derechos humanos y a una lucha frontal contra el narcotráfico, con lo cual el Gobierno espera generar un ambiente de convivencia y seguridad.

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