Pedro Castillo no gobernó para el cambio – Por Jorge Pizarro

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Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de NODAL. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

Por Jorge Pizarro *

El pueblo votó por una salida democrática y de cambios a la crisis no se trata de restituir el empantanado mal gobierno sino de construir una salida política, antidictatorial y constituyente.

Perú vive desde el 2017 una profunda crisis general, económica, política, social y del conjunto del poder político republicano. Al agotamiento del ciclo neoliberal fujimorista iniciado en 1993, se sumó el agotamiento de un régimen político oligárquico y centralista diseñado para ser sistemáticamente cooptado por las grandes corporaciones privadas.

Este agotamiento se ha expresado en la gran crisis de la corrupción pública con seis presidentes involucrados, y la crisis sanitaria con la pandemia del Covid 19 y la más alta tasa de muertes a nivel mundial (300 mil muertos por millón de habitantes). El contexto de crisis internacional agrava nuestra crisis nacional.

En las elecciones generales de 2021 frente a la crisis de régimen, el soberano decidió por una salida democrática, de profundas reformas estructurales y cambios del Pacto Social para una nueva Constitución Política. Perdió la propuesta de la derecha y la ultraderecha quienes proponen un nuevo ciclo ultraconservador en lo económico y un régimen autoritario en lo político.

Pedro Castillo electo como presidente de la República tuvo como mandato del soberano hacer los profundos cambios explicitados en la primera y segunda vuelta. Están explícitos en el Plan Bicentenario (mayo 2021), en el mensaje presidencial del 28 de julio de 2021, que fue el mensaje del Bicentenario, donde se ratifican los cambios que el país exigía, incluido seguir la ruta hacia una nueva Constitución. Siguen explícitos en las propuestas de gobierno del discurso de investidura del presidente del Consejo de ministros, Guido Bellido (agosto de 2021); la presidenta del Consejo de ministros, Mirtha Vásquez (octubre de 2021) así lo reafirman.

En estos primeros seis meses se mantuvo el discurso del cambio y se iniciaron políticas progresivas. Las más importantes en el sector economía, superando los graves antecedentes de la gestión de Sagasti, así como del impacto de la pandemia y de la recesión mundial. En el sector salud en emergencia igualmente hubo un adecuado combate a la pandemia. En el sector agrario se propuso el inicio de la Segunda Reforma Agraria. Pero luego todo esto quedó en el camino.

Desde la izquierda de Nuevo Perú se propuso directamente al presidente Pedro Castillo instituir un Estado Mayor de conducción gubernamental, bajo su conducción, y con la participación de toda la izquierda con responsabilidad en el gobierno y el Estado. Vladimir Cerrón inició aquí su deriva personalista y fraccionalista que lo ha llevado ahora a los brazos del fujimorismo y se opuso tajantemente a esa propuesta aduciendo que “era el gobierno de Perú Libre”.

Por su parte, el presidente Castillo inició su opción de adaptarse al régimen político y económico vigente y tampoco aceptó constituir dicha institucionalidad y procedió a conformar un gobierno por cuotas en los ministerios y el Estado.

Desde los movimientos sociales al iniciar el gobierno existía el Frente por la Democracia y la Gobernabilidad, constituido luego de la segunda vuelta, contra el intento de desconocer el triunfo electoral, aduciendo “fraude en mesa” por la coalición golpista. Allí participaron todas las organizaciones sociales y políticas y era indudablemente el germen del Gran Frente por el Cambio en Democracia.

Una vez conquistada la proclamación como presidente de la República de Pedro Castillo”, el primer partido en retirarse fue Perú Libre, rompió la unidad frentista, como dijeron “porque era el gobierno de Perú Libre”. En agosto de 2021 el Frente por la Democracia y la Gobernabilidad, tan vigoroso en junio y julio, languideció por la conducción del bloque magisterial de convertirlo en un frente oficialista, sectario, sin norte programático.

Se retiraron la CGTP, la CUT, la CUNARC, Fenmucarinap y otras organizaciones sociales y políticas. Las que más adelante reconstituirán la Asamblea Nacional de los Pueblos.

Un asunto de extrema importancia y gran trascendencia como la lucha por una nueva Constitución se planteó por Nuevo Perú para realizarlo de manera unitaria y bajo la conducción del propio presidente Pedro Castillo. De manera que se comprara un kit para recoger firmas y en un corto plazo exigir el referéndum para consultar a la ciudadanía si estaba de acuerdo o no con una Asamblea Constituyente para una nueva Constitución. Perú Libre se opuso, prefirieron hacerlo ellos solos.

Incluso entre ellos se pelearon y Bermejo quiso imponer su propio kit adquirido en setiembre de 2018, pero que ya estaba obsoleto. Se insistió en una campaña unitaria de recojo de firmas y Perú Libre volvió a romper la necesaria unidad para luchar y durante algunos meses hicieron campaña y luego abandonaron la recolección de firmas.

Sin un Estado Mayor de conducción política y sin un Frente Social que actúe como poder popular para el impulso de los profundos cambios estructurales, como ocurrió en Bolivia, Brasil, Ecuador, se concedía a la derecha y ultraderecha en el Congreso y en la sociedad un inmenso espacio para que arremeta contra el gobierno de Pedro Castillo.

Este grave desarme estratégico es lo que no quieren reconocer ni Perú Libre, ni el bloque magisterial ni Pedro Castillo, porque ellos lo provocaron, dejando el destino del gobierno a la correlación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, donde la coalición golpista tenía y tiene mayoría. En ese momento aun no lo vimos claro, pero, en el fondo no estaban determinados por una política de izquierda sino por sus intereses personales y de facciones particularistas que ahora ya están muy claros.

Quizás por eso cometimos un error desde las izquierdas, de Nuevo Perú en particular. Es no haber planteado desde el inicio del gobierno una política autónoma de alianza y lucha. Afirmar solo una política de alianza y alianza fue un error; ya que la conducción del conjunto del gobierno iba por mal camino. Se debió explicitar directa y públicamente nuestras desavenencias que sí lo dijimos internamente ante el gobierno de Pedro Castillo, pero él no hacía caso.

Es recién al nombrar como presidente del Consejo de ministros a Héctor Valer que salimos a criticar públicamente: “Ni continuismo neoliberal ni golpismo, ni corrupción, Pedro Castillo cumple tus promesas”. Afirmamos pasar a la oposición democrática. Debimos hacerlo de menos a más desde el principio.

Por supuesto, tampoco era correcto, en ese momento, hacer coro a un sector social que se sumaba al coro de la ultraderecha golpista que pedía la vacancia presidencial, y afirmaban una variante expresada en el adelanto de elecciones generales. Esta propuesta no tenía fundamento constitucional ni política ni considera la expectativa por el cambio y viva voluntad de enfrentar a los ultraconservadores por parte de la ciudadanía.

Otro error de la izquierda por el cambio en democracia, a la que dejó de pertenecer Perú Libre y el bloque magisterial por su gran traición y salto al fujicerronismo, por su contubernio con la ultraderecha en la elección de los miembros del Tribunal Constitucional y del Defensor del Pueblo, es no dar la lucha programática independiente con banderas políticas en las calles.

La Segunda Reforma Agraria no podía ni puede ser una propuesta burocrática en los ministerios. Las iniciativas del ministro de Desarrollo Agrario, Víctor Maita de asambleas en las regiones fueron positivas, pero debieron salir y mantenerse desde las comunidades y todo el pueblo para la seguridad alimentaria. El proyecto de ley de Segunda Reforma Agraria nunca se presentó y quedó guardado en el despacho del congresista Guillermo Bermejo.

La izquierda debe promover desde la sociedad los proyectos de ley centrales para su aprobación por el Poder Ejecutivo y Legislativo. Realmente en ningún sector se promovió de modo independiente desde la ciudadanía movilizaciones con propuestas concretas. La falsa iniciativa del presidente del Consejo de ministros, Guido Bellido para renegociar los contratos con el Consorcio Camisea fue otra vergüenza, solo fue para salir en medios cuando su cambio era inminente. No fue nada concreto y los contratos quedaron intactos.

La propuesta de reforma tributaria presentada al Congreso por el ministerio de Economía fue rechazada desde el Congreso y el Ejecutivo no quiso hacer cuestión de confianza sobre ese proyecto a pesar de que era vital para financiar un programa de cambios y para abrir un camino a la disolución del Congreso si este votaba contra la confianza.

En temas de derechos humanos, desde el ministerio del Interior nombrado por el propio Castillo, se negó la información solicitada por los abogados de los familiares de Inti y Bryan para el esclarecimiento de ese caso.En temas de corrupción, en el mismo Ministerio del Interior, Castillo optó por destituir al exfiscal Avelino Guillén que estaba tomando medidas contra oficiales de la policía corruptos para colocar a otro ministro tolerante con ellos.

Castillo sostuvo y protegió desde un inicio y hasta que se fugó a un corrupto notorio como al que era ministro de Transportes Juan Silva. Igual cedió a los pedidos del grupo de corruptos enquistados el ministerio de vivienda para colocar, en el Fondo Mi Vivienda, a los funcionarios y el financiamiento que luego iban a favorecer a Sada Goray.

Uno de esos corruptos enquistados en Vivienda era Salatiel Marrufo, el mismo que en la mañana del 7 de diciembre, para salvarse, expuso en el Congreso los detalles de la corrupción en ese ministerio, asunto que fue una de las claves para explicar el irresponsable salto al vacío que dio Castillo ese mediodía y puso el gobierno en manos de la extrema derecha dictatorial.

Pero ya desde el sexto mes de gobierno, (1 de febrero de 2022), fecha de la designación como presidente del Consejo de Ministros de Héctor Valer, hasta el 07 de diciembre de 2022, el gobierno de Pedro Castillo y Aníbal Torres entraron en una administración de la crisis y dejaron el cambio como discurso. Su gabinete fue de ministros del continuismo y su posición fue de estar a la defensiva y así conceder espacios a la derecha, quien se lanzó a una feroz ofensiva acompañada por los medios de comunicación hasta lograr colocar como Fiscal de la Nación a Patricia Benavides, con lo que arrinconan al Poder Ejecutivo.

Es este diseño de desarme y desorganización de las fuerzas por parte del Gobierno de Pedro Castillo, sin Estado Mayor de conducción de izquierda y sin un Frente Social que impulse el poder popular para los cambios indispensables, el que permite a las fuerzas conservadoras articularse con los resortes del mecanismo estatal y pasar a la ofensiva destituyente del gobierno.

La portentosa movilización como reacción al golpismo ultraderechista iniciada el 07 de diciembre exige el respeto al programa de cambio expresado en las elecciones generales del 2021, y que la salida a la crisis se haga con profundas reformas estructurales. Por ese motivo es que las encuestas de la propia derecha informan que 7 de cada 10 peruanos está de acuerdo con una nueva constitución política. Y la aceptación del Congreso está en un dígito.

Por todo lo anterior, es profundamente errado proponer regresar al estado de la situación anterior al 07 de diciembre. Pedro Castillo abandonó el programa de cambios, toleró graves casos de corrupción, se adaptó al régimen político y económico imperantes, creyó escapar con su salto al vacío del 7; pero, con ello destruyó la poca legitimidad que le quedaba y terminó dejando el gobierno a la ultraderecha política.

Restituir el engranaje de poder de aquel entonces en quienes no apuntaban a cambios estructurales es doblemente erróneo. Desde que salió Pedro Francke, ningún ministro desafiaba al modelo neoliberal, al contrario, eran férreos defensores de políticas agotadas, por ninguna parte había rumbo de cambio.

El entorno presidencial, como, por ejemplo, Mendieta, negociaba con los empresarios y la derecha. El gobierno de Pedro Castillo ya no respondía al clamor de las movilizaciones, por ejemplo, del Paro del Cusco de fines de noviembre de 2022, donde existían mesas de negociación tanto en la ciudad del Cusco como en La Convención durante meses de meses y no se resolvían los problemas de Gasoducto del Sur, masificación del gas natural, precio justo para la hoja de coca, infraestructura educativa y de salud, etc.

Pedro Castillo hizo un gobierno precario, con desgobierno y con un entorno con visos de grave corrupción pública y muy visibles. Levantar la demanda de restituirlo en el gobierno debilitará la lucha contra el gobierno dictatorial actual y es además inviable. De lo que se trata es de abrir curso a una nueva etapa en la lucha por una salida democrática a la crisis. Esta perspectiva exige afirmar la Plataforma Política Nacional: la renuncia de la usurpadora Dina Boluarte y toda la coalición golpista; el adelanto de elecciones generales y la convocatoria a un referéndum constituyente.

Esta Plataforma Política Nacional, debe vincularse a banderas programáticas de la agenda social y movilizar a la ciudadanía de manera unitaria. Está a la orden del día la lucha por la soberanía energética, la recuperación de los lotes petroleros de Talara para Petroperú y rebajar los precios de los combustibles; la lucha contra el hambre y la desnutrición crónica de la niñez; la defensa de la agricultura familiar, crédito agrario, compra por el Estado de la producción comunera y familiar, créditos y bonos.

El acuerdo del 3er Encuentro de las Organizaciones Políticas de Izquierda y Progresistas de concertar un solo Programa, una sola Fuerza, una Única candidatura para enfrentar al fascismo en ciernes en las próximas elecciones generales, es totalmente válido y necesario llevar a su realización.

La unidad para enfrentar con éxito a la derrota de la coalición dictatorial debe ser no solo de las vanguardias sociales y políticas sino de todas las fuerzas democráticas a nivel nacional. Es indispensable un frente antidictatorial. La Asamblea Nacional de los Pueblos debe promover la unidad tanto con las fuerzas de las regiones que llegarán a Lima, como con las fuerzas democráticas que se movilizaron para hacer caer al usurpador Manuel Merino, así como las fuerzas patrióticas en defensa de nuestros recursos energéticos, mineros, agrarios y pesqueros, a las fuerzas laborales y de lucha contra el hambre, la salud y la educación.

*Periodista, político y docente. Miembro de la Comisión Política de Lima Nuevo Perú.

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