Uruguay | Ministro de Ambiente realiza defensa del proyecto Neptuno para la construcción de planta potabilizadora ante la oposición

Interpelación por proyecto Arazatí en Diputados.Foto: Francisco Flores
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Interpelación por Proyecto Neptuno: gobierno defendió obra en Arazatí ante fuertes críticas del Frente Amplio

«Venimos convencidos de que el proyecto a llevar adelante es el adecuado y posible en las condiciones actuales”, sentenció el ministro de Ambiente, Robert Bouvier, al comienzo de su intervención. Tomó la palabra después de que el miembro interpelante, el diputado frenteamplista Felipe Carballo, criticara de manera dura a lo largo casi tres horas el Proyecto Arazatí. Antes de plantear 88 preguntas sobre el proceso que implicó la licitación y adjudicación de una obra millonaria que permitirá contar con una nueva fuente de agua potable para el área metropolitana, Carballo dijo que se hicieron cambios en la normativa para favorecer a algunas empresas. Además, afirmó que “no tiene nombre lo que se va a hacer con esa playa paradisíaca”, y que el modo de financiación no debería haber sido el privado.

Al cierre de la edición de hoy, la interpelación aún continuaba. Durante 12 horas -a las que se le sumaron las que continuaron hasta que terminó la sesión en la madrugada- el Frente Amplio criticó una de las principales obras que lleva adelante el gobierno: una nueva planta potabilizadora que tomará agua del Río de la Plata, en la localidad de Arazatí en el departamento de San José. Y las autoridades del Ministerio de Ambiente y OSE presentes en la sala, por su parte, defendieron uno de sus buques insignia, asegurando que todo se realizó dentro de la ley y argumentaron la decisión de priorizarlo en lugar de una represa sobre el arroyo Casupá.

El Partido Colorado y el Partido Nacional votarán una moción de respaldo a la gestión del gobierno en el proyecto Arazatí. En filas cabildantes, en tanto, se decidió no votar en bloque sino que hubo libertad de acción. No obstante, según supo El País, los liderados por Guido Manini Ríos no tenían intención de quitar el apoyo. Uno de quienes se ha opuesto a la iniciativa, sin embargo, fue el legislador cabildante Rafael Menéndez.

Desde el Frente Amplio se planteó una moción pidiendo la “suspensión de los avances del proyecto”, y la priorización de otras alternativas para la captación de agua dulce. Además de que entienden que corresponde la remoción del presidente de OSERaúl Montero, y del gerente general del organismo, Arturo Castagnino.

Además de que encuentran “evidentes inconsistencias” en el consorcio Aguas de Montevideo, a quien OSE le adjudicó la construcción del proyecto. Y critican que no se evacuaron los cuestionamientos que realizó la oposición durante la interpelación.

“UN ESFUERZO”

Después de que hablara el miembro interpelante, el ministro de Ambiente y el presidente de OSE realizaron una breve respuesta antes de pedir un cuarto intermedio que duró una hora y cuarto.

Durante el corte y después de haber escuchado las primeras palabras de Bouvier y Montero, el diputado criticó la información que se volcó en sala hasta ese momento.

“Una respuesta de esta naturaleza la puede leer cualquiera en la web”, dijo, y añadió: “Creo que hay que hacer un esfuerzo más en estar a la altura necesaria por lo menos de profundizar realmente en los temas y estudiar los temas”.

Uno de los puntos de discusión, que tiene larga data, es la resolución del gobierno de priorizar el Proyecto Arazatí por sobre Casupá. Por un lado, Bouvier respondió que, a 2021, el proyecto que se pretendía realizar sobre el Río Santa Lucía aún tenía etapas por cumplir. Y a continuación realizó un repaso sobre los tiempos estimativos de su construcción. De esa manera, a mediados de 2024 estaría pronto el llenado del embalse. “Queda, de esta forma, despejada la duda de que podría haber solución en este período de déficit hídrico”, añadió.

Pero, para el Frente Amplio, en el proyecto Arazatí hay una “inconstitucionalidad bien clara” debido a que la toma del agua del Río de la Plata y la planta será del privado. “Hay una violación clara al artículo 47 de la Constitución”.

El gerente de jurídica de OSE, Marcelo Riviezzo, retrucó que el hecho de que “intervenga el privado en operaciones materiales respecto a la toma de agua y el reservorio no está vedado por la Constitución” y aseguró que “el servicio público de prestación de agua potable es y será de OSE”.

También se alertó desde la oposición que se trata de una iniciativa “inconveniente desde el punto de vista financiero”, de la que se “prevén efectos ambientales adversos”, que es “rechazada por muchas organizaciones sociales”, que “tendría un efecto muy negativo sobre el territorio en que se va a desarrollar”, y que “no resolvería el problema de fondo cuando es una zona (la de Arazatí, en San José) con episodios de salinidad recurrentes”, como indicó el frentista Gonzalo Civila.

Un elemento central de los reparos fue el modelo de financiación que se eligió donde se pagará más de US$ 800 millones en 17,5 años por la obra (unos US$ 300 millones al dólar actual), los costos financieros y el mantenimiento a lo largo de los años. En respuesta, Bouvier dijo que, la manera en la que se procede, “es la única forma de hacerla”. “Y, a su vez, este modelo no es algo novedoso. Se empezó a utilizar en el gobierno anterior, que se ha usado en múltiples oportunidades. (…) Además de que esta obra va a ser más barata que el promedio de las obras que se realizaron durante el período anterior que son similares”, agregó el ministro colorado.

Bouvier indicó que el miembro interpelante “quiso traslucir, y no tanto, que quien habla viene sin preparar esta interpelación y hace referencia a que en la presentación detallamos el contrato” (ver aparte). Y concluyó: “Créame que preparamos mucho esta interpelación y no ponemos en juicio la preparación de los demás. Pero, además, las respuestas que ha tenido el miembro interpelante son de la mayor calidad técnica que tiene el ministerio”.

LAS VISIONES

“Creatividad para los dibujos jurídicos”

La diputada Lilián Galán, del Frente Amplio, comentó que la “actuación del oficialismo en OSE se explica descubriendo quiénes ganan y quiénes pierden con esta iniciativa privativa”. Y añadió: “No hay estudios técnicos de los servicios técnicos de OSE que respalden la construcción de Arazatí. Se tomó una decisión política” por parte del Poder Ejecutivo y el directorio de la empresa. Este último -continuó- “desconoció años de trabajo de los equipos técnicos (…), y de diversas empresas consultoras que se contrataron y pagaron”.

“Ya en el pasado hubo empresas muy interesadas en utilizar el servicio de agua potable como un negocio. ¿Se acuerdan del desastre de la privatización en Maldonado? Acá están de nuevo con un gobierno que les abre las puertas. No se vende OSE, es un leasing operativo. Hay que reconocer la creatividad para inventar dibujos jurídicos pero con idénticos resultados”, añadió.

“Recordar las quejas por el tren de UPM”

Desde el oficialismo, el legislador colorado hizo referencia a reclamos de vecinos de la zona que trajeron a sala desde el Frente Amplio. El integrante de Ciudadanos (mismo sector que Bouvier) señaló que se sabe que el “principio que está en la expropiación es que el interés público está por encima de los intereses particulares”.

“Sabemos que las expropiaciones molestan normalmente a los expropiados. Recordamos las quejas por el tren de UPM, las manifestaciones que hubo en pueblos del interior”, añadió.

Y desde el Partido Nacional, Alfonso Lereté comentó que el directorio de OSE durante la última administración frentista tomó una decisión con respecto a Casupá “nueve días antes de que cambiara el gobierno”. Y era que contratarían a la actual vicepresidenta frentista, Verónica Piñeiro, como consultora de Ciencias Biológicas.

El País


Interpelación por Proyecto Neptuno: “Se entrega el agua a los privados” dice el Frente Amplio

La interpelación al Ministro de Ambiente, Robert Bouvier, por el proyecto Neptuno se extendió por varias horas. Dentro de los datos conocidos en la interpelación y manejados por el Frente Amplio se supo que el costo sería de unos 300 millones de dólares si lo realizará la empresa estatal de aguas, mientras que OSE pagará durante 17,5 años, unos 50 millones de dólares por año, por lo que se totalizarían 875 millones de dólares.

El miembro interpelante, Felipe Carballo, diputado del Frente Amplio dijo tras las primeras respuestas a las 86 preguntas realizadas al ministro, que las respuestas dadas “se puede leer en la web”. Destacó en una rueda de prensa que de las 70 plantas que tiene OSE “esta será la primera vez que le comprará agua a un privado” acotando que tal proceder “está por fuera de la norma constitucional”. Dijo que con esta iniciativa se “entrega del agua a privados”. Acotó que se trata de un proyecto “con nombre y apellido” y dijo que empresas que integran el consorcio ganador había realizado estudios en el pasado que no aconsejaban tomar agua del Río de la Plata.

Señaló que con Arazatí “se apostó al modelo más caro, con privados y la inversión es más costosa, el gobierno descartó toda posibilidad de hacerlo con OSE y a costos sensiblemente inferiores”. También acotó que “no está el proyecto ejecutivo, no están los estudios de impacto ambiental, no tenemos el cronograma de obras”.

Por su parte el ministro Bouvier dijo que el proyecto Casupá puede acompañar en un futuro a Neptuno y que este proyecto “va a ser más barata que el promedio de todas las obras que se hicieron en el período anterior que son similares a esta”. Bouvier dijo que el proyecto no es “ni inconstitucional, ni ilegal” como lo sostiene el Frente Amplio.

Sobre Casupá el jerarca señaló que no había financiación “había una comunicación de aceptación de condiciones. No había contrato firmado y por lo tanto no había financiamiento”. A la vez se refirió a los planes para su realización. Explicó que si la autorización ambiental se hubiera otorgado en el 2021, “en el escenario ideal, en cuatro meses iniciaría la obra”. Agregó que “si la obra se terminara en setiembre de este año, ahí comenzaría el llenado del embalse que estaría pronto a mediados de 2024. Por lo tanto, queda despejada la duda de que Casupá podría haber sido solución en este período de déficit hídrico, pues no estaría terminado”.

También indicó que Casupá no es una fuente alternativa ya que depende del Río de Santa Lucía y si ese curso de agua se contamina “afectaría el agua bruta y las reservas utilizadas en la usina aguas corrientes, creando un problema cuya dimensión resulta difícil de imaginar”.

En una conferencia de prensa en un cuarto intermedio, Bouvier dijo que se trata de “un proyecto que es la inversión más grande en los últimos 150 años y que da respuesta a la población más vulnerable, sobre un problema que lleva décadas y hoy estamos dando una solución al tema de abastecimiento y suministro de agua potable”. El senador Adrián Peña (ex Ministro de Ambiente) dijo que “el instrumento de financiación de Arazatí es un instrumento que creó el gobierno anterior del Frentea Amplio y puso como ejemplo ” la construcción de la cárcel de Punta de Rieles y también del Ferrocarril Central.

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