La guerra contra la coca en Bolivia: entre el mito y la realidad  – Por Alberto Arilla 

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Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de NODAL. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

Por Alberto Arilla*

Cuenta una antigua leyenda andina que tras la llegada de los conquistadores españoles a la isla del Sol, en la parte boliviana del Lago Titicaca, el sumo sacerdote y guardián del tesoro, Khana Chuyma, soportó todo tipo de torturas con tal de no revelar el paradero del oro sagrado inca. Inti, el dios Sol, quiso premiar su valentía y coraje otorgándole un gran secreto acerca de unas verdes hojas que crecían a lo largo y ancho de las laderas andinas. Esas hojas eran la coca, y su masticado dotaría de la fuerza y la salud necesaria al pueblo inca para resistir los ataques y la violencia de los colonos.

Sin embargo, Inti hizo una certera predicción acerca de la otra cara de tan peculiar hoja, pues si los hombres blancos hacían uso de ella, sus propiedades correrían por sus venas como el más fuerte de los venenos, y se convertirían en su perdición. Han pasado muchos siglos desde que el mismísimo Sol diera sus consejos sobre la hoja de coca a Khana Chuyma, pero la leyenda, como todo mito del pasado, sirve para reflexionar y explicar las realidades del presente. De hecho, no tardó la Santa Inquisición en definirla como un talismán demoníaco, reprimiendo y persiguiendo su consumo y expansión ya desde el siglo XVII.

Un estupefaciente… por “prejuicios racistas”

No obstante, fue en la segunda mitad del siglo XX cuando la hoja de coca pasó a ser considerada oficialmente un “estupefaciente”. Así lo sentenció la Convención Única de las Naciones Unidas de 1961, en base a un informe del ECOSOC, incluyendo en el mismo saco a la hoja y su derivado, la cocaína, junto a otras sustancias como la heroína o el cannabis. Sin embargo, muchas han sido las voces críticas frente a esta decisión, especialmente desde los países productores (Bolivia, Perú y Colombia), quienes defienden el uso ancestral de la hoja de coca y sus diferencias frente a la cocaína, debido especialmente a sus propiedades médicas y nutritivas que ayudan, por ejemplo, a combatir el cansancio o el mal de alturas.

La Convención Única de las Naciones Unidas de 1961 estableció una serie de directrices para erradicar el cultivo de coca y sus usos tradicionales en un plazo de 25 años

En ese sentido, y pese a que, a diferencia de lo que sucede entre la uva y el vino, la hoja de coca sí contiene una pequeña dosis de cocaína entre sus propiedades (entre un 0’5% y un 1%), algunas voces subrayan la enorme distancia entre ambos productos. La investigadora Pien Metaal, del Transnational Institute neerlandés (TNI), señala que la inclusión de la hoja en la misma lista que la cocaína responde a “prejuicios racistas”. “Los argumentos que se emplearon en 1961 no serían aceptables hoy”, destaca la investigadora holandesa, en referencia a los argumentos “sesgados” que utilizó en los años 50 el doctor argentino de la OMS, Pablo Osvaldo Wolff, que equiparaban los supuestos efectos estupefacientes de la hoja y su derivado.

Evo Morales y la polémica Ley 906

Así, y en gran parte apoyados por las tesis del doctor Wolff, la Convención de 1961 estableció una serie de directrices para erradicar el cultivo de coca y sus usos tradicionales en un plazo de 25 años. Sin embargo, en la actualidad, hay tres países en el mundo que permiten dichos usos y su cultivo, aunque todos ellos con restricciones. En el caso de Colombia, la producción está restringida a los territorios indígenas que la cultivaban de forma ancestral; Perú, por su parte, vende licencias a la población campesina para su uso tradicional, mientras que, en Bolivia, la ley actual establece que se pueden cultivar hasta 22.000 hectáreas en dos zonas: en los Yungas, al norte de La Paz, y en el Chapare, en el trópico cochabambino.

Precisamente, la legislación actual de Bolivia ha provocado una crisis política a nivel nacional de la que el país latinoamericano va a tener difícil escapar. El germen de este conflicto nació en 2017, cuando el gobierno de Evo Morales aprobó la controvertida Ley 906, a través de la cual se legalizaban hasta 10.000 hectáreas de cocales del Chapare, una zona no tradicional que comenzó a producir coca, de forma ilícita, en el último tercio del siglo pasado. En suma, se estima que más del 90% (un 94%, según la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito) de la coca chapareña no pasa por los mercados legales. Esto es, en términos más sencillos, que en su mayoría va dirigida al narcotráfico.

Es aquí donde conviene recordar la importancia del Chapare para el expresidente Morales, quien fuera líder sindical de las federaciones campesinas del Trópico de Cochabamba a finales del siglo XX. Jaime Ponce, periodista y ex diputado del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) durante el gobierno de Paz Zamora (1988-1993), sostiene que Morales “tuvo la capacidad de representar radicalmente el interés de los cocaleros (chapareños) de seguir preservando esa fuente de recursos”, frente a los planes de desarrollo alternativo a la coca que el Gobierno “nunca logró brindar en los mismos términos económicos”. Y es que, según Ponce, el crecimiento de la coca en el Chapare no responde a cuestiones éticas o jurídicas, sino que es un conflicto “socioeconómico” que emergió tras la masiva de migración de mineros a la zona durante la crisis económica de los 70, los cuales se vieron “obligados” a buscar un medio de subsistencia.

El sentir yungueño

En el otro lado de la balanza, el pueblo yungueño y sus más de 40.000 productores se consideran atacados por la Ley 906. Desde su aprobación se han vivido fuertes momentos de tensión, que llegaron a su punto álgido en septiembre de 2022, con la quema de un mercado ilegal de coca en La Paz y la posterior detención de importantes dirigentes, principalmente de ADEPCOCA, entre los que sobresalen nombres como Cesar Apaza, Rosalba Vargas o Freddy Machicado.

Con todo, ha sido el caso de Apaza el que ha cobrado una mayor relevancia mediática en el país, tras haber denunciado torturas y haber asegurado ser un “preso político” del actual gobierno de Luis Arce. Tanto es así que el dirigente cocalero, preso en un precario estado de salud desde febrero por un trombo que le paralizó el lado derecho del cuerpo, llegó a presionar con una huelga de hambre que cerca estuvo de acabar con su vida. Su abogada, Evelin Cossío, aseguraba hace algunas semanas en una radio local que la Fiscalía sigue extendiendo su detención preventiva ante la “falta de pruebas”.

En cualquier caso, la situación de Cesar Apaza sirve como termómetro para calibrar la magnitud del problema y el sentir de la población yungueña, que alega que detenciones como la del dirigente sirven de “aviso” ante posibles nuevas protestas. Asimismo, los conflictos derivados de los hechos sucedidos hace un año en el mercado ilegal de La Paz han provocado una fuerte división interna entre las bases y la nueva dirigencia de ADEPCOCA, a quienes acusan de llegar a acuerdos con el gobierno de Arce, dejando desprotegidos a sus exdirigentes.

La “guerra falsa” al narcotráfico

Por otra parte, también existen voces que enfatizan en los efectos colaterales que la nueva legislación puede tener a nivel internacional, empezando por el narcotráfico. Cabe recordar que la producción chapareña, ahora legal, va destinada en gran parte al tráfico de drogas, por lo que su regulación podría abrir el camino a nuevas plantaciones en otros territorios no tradicionales, como los departamentos de Santa Cruz, Beni —en plena Amazonía— e incluso alcanzar el Tipnis, territorio indígena protegido.

Lumi Zúnica, periodista de investigación brasileño de RecordTV, sugiere que el “aumento significativo” en el consumo de cocaína en Europa y Estados Unidos en los últimos cinco años puede ir ligado al aumento de producción legal de coca en países como Bolivia. Al respecto, y pese a que la norma actual limita en 22.000 las hectáreas permitidas para el cultivo cocalero, Zúnica cree que las cifras reales podrían llegar a las 30.000, números apoyados por las Naciones Unidas. “Antes de esta ley ya existían unas 22.000 hectáreas, de las que 10.000 eran ilegales. Con la nueva legislación, creemos que ha podido haber un incremento de 8.000 hectáreas ilegales en el país”, argumenta el periodista.

Todo ello, en un contexto internacional que todavía guarda resquicios de la política antidrogas liderada por Estados Unidos desde los años 90. Unas prácticas que Michael Levine, uno de los agentes de la DEA destinados en Bolivia durante la época, llegó a calificar como “guerra falsa”. En esa línea, la activista María Lohman, ex directora del Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB), asegura que en el país han existido a lo largo de la historia “gobiernos dictatoriales ligados al narcotráfico”, que llevaban a cabo políticas similares a la “guerra falsa” citada por Levine.

Corregir un “error histórico”

Sea como fuere, el futuro de la hoja de coca es incierto. Dos de los países que permiten su producción, Colombia y Perú, todavía no han dado el paso de solicitar una revisión crítica sobre la inclusión de la hoja en la lista de estupefacientes de la ONU, mientras que Bolivia lo hizo por primera vez hace pocas semanas. Dicha lista prohíbe, entre otras cosas, todo el comercio de la misma. Un tráfico que, regulado, podría aportar alternativas reales al narcotráfico, como el mate de coca o el propio masticado de la hoja.

“Es un error histórico que es necesario corregir”, añade la investigadora Pien Metaal, que concluye: “Es un estimulante suave. Si hubiera sido posible el masticado en todo el mundo, de forma natural, quizá la cocaína no hubiese tenido tanto éxito”. Además, no conviene olvidar que sí existen normas que permiten su uso como saborizante, de las que principalmente se ha beneficiado Coca-Cola.

Mientras, el pueblo boliviano continúa con una histórica reivindicación que tiene múltiples aristas, empezando por su propia situación interna, y sin olvidarse de un mercado que casi nunca es justo económicamente con el campesinado. Un sentir que resumen muy bien en sus cancioneros populares: “No cambiaré mi cultivo de coca para hacerte la vida más fácil, ¡carajo! De hambre no me moriré”.

*Periodista boliviano de Cochabamba, estudió en la Universidad de Zaragoza (España). Analista de El Salto.

El Salto Diario

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