Manifestaciones por un nuevo aniversario del estallido social dejan un saldo de 20 detenidos y varios heridos

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18-O: 20 detenidos, cuatro carabineros heridos y emplazamiento de Boric marcan conmemoración

Por: Carolina Ceballos

Una dotación significativa de Carabineros se desplegó en la capital este 18 de octubre, jornada en que se conmemoró el cuatro aniversario del estallido social con actividades en distintos puntos de Santiago y el resto del país, mientras que una manifestación en Plaza Dignidad, convocada a las 17:00 horas de este miércoles, demandó una permanente supervisión de la autoridad central, mientras que el tránsito se vio considerablemente afectado en este sector y en los alrededores de la zona cero del movimiento ciudadano.

Fue desde China que el Presidente Gabriel Boric se refirió a lo sucedido en el contexto del movimiento que se inició el 2019. «Creo que el estallido, que algunos pretender borrar», tiene efectos que son de «largo aliento», sostuvo el mandatario en primera instancia.

Paralelamente, recalcó que es «muy pronto para poder establecer un análisis completo”.

“Lo que sí tengo claro, es que el malestar del pueblo de Chile que se expresó durante esos meses es un malestar que la política tiene que ser capaz de resolver. La política y la democracia tienen que ser capaces de dar soluciones”, aseveró.

Por su parte, el fiscal nacional, Ángel Valencia, reconoció que en la más importante ola de protestas desde el retorno de la democracia en nuestro país, se cometieron violaciones a los derechos humanos, descartando que estas hayan sido «sistemáticas».

«Hemos detectado, y es de público conocimiento, hechos que revestirían carácter, o que se pueden calificar como violaciones de derechos humanos, pero no hemos reunido antecedentes en esas investigaciones que puedan atribuirle el carácter ‘sistemático’, sin perjuicio que las investigaciones siguen abiertas», dijo.

Situación en la RM

Ya a eso de las 20:30 el reporte preliminar de la jornada permitió reportar 20 detenidos en la Región Metropolitana, 12 de ellos por desórdenes, mientras otros dos quedaron privados de libertad por mantener órdenes de aprehensión vigente y otros dos por porte de armas, lo que se suma a un detenido por infracción a la Ley 20.000 de drogas, uno por robo en lugar no habitado, otro por robo por sorpresa y el restante por infracción a la Ley de Armas.
Adicionalmente a eso de las 17:00 horas, cuando estaba convocada una manifestación en la rebautizada Plaza Dignidad, se constató la presencia de una treintena de personas intentando echar abajo algunos muros que rodean el ingreso a la Estación Baquedano del Metro, lo que, de acuerdo al reporte de ADN, no pudieron materializar debido a la acción de personal de Carabineros constituido en el lugar.

Posteriormente, desconocidos quisieron saquear algunos locales del barrio Pío Nono, pero tampoco tuvieron éxito debido a la intervención de la policía uniformada.

Respecto de la afectación a esta entidad, se reportaron cuatro carabineros lesionados, tres de carácter leve y uno herido por impacto de balín, pero sin riesgo vital, a lo que se suma el atropello de adolescente de 15 años en cercanías de Plaza Dignidad, como consecuencia de la acción de un particular.

El Desconcierto


A cuatro años del estallido social persiste la impunidad y la falta de reparación integral para las víctimas

A cuatro años de la respuesta represiva de las policías y Fuerzas Armadas a las movilizaciones sociales, las víctimas aún no consiguen una reparación integral, la reforma estructural a Carabineros se desvanece, y la impunidad se ha asentado en el país, dijo Amnistía Internacional en el aniversario del estallido social en Chile.

«La reforma a Carabineros es la medida de garantía de no repetición por excelencia que debe asumir el Estado. Las víctimas y la sociedad en su conjunto deben saber que las autoridades están actuando para que los crímenes perpetrados durante el estallido social no se repitan. Lamentablemente a esta altura existen más dudas que certezas respecto al compromiso del gobierno en esta materia. Es urgente que se entienda la necesidad de que la reforma a Carabineros avance, sea profunda y estructural», menciona Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile.

Si bien el gobierno de Gabriel Boric ha presentado algunos proyectos relacionados con las labores policiales, como el que busca regular el uso de la fuerza en la mantención del orden público y de la seguridad pública al interior del país, la reforma estructural a Carabineros ha quedado prácticamente rezagada. Amnistía Internacional ha advertido en diferentes ocasiones que la naturaleza militar y la estructura orgánica de la institución constituyen importantes limitaciones a la hora del desempeño de sus funciones, lo cual se vio reflejado en las violaciones a derechos humanos cometidas de manera generalizada durante las movilizaciones sociales de 2019.

A cuatro años de la crisis social en Chile, que dejó personas muertas, heridas y mutiladas debido al uso desproporcionado de la fuerza por parte de Carabineros, Amnistía Internacional presentó un nuevo informe titulado Reformar para avanzar. Recomendaciones para la reforma de Carabineros desde una perspectiva de derechos humanos. Allí se explica la necesidad de adoptar una reforma profunda de la institución de Carabineros a través de cambios a nivel normativo y cultural. El correcto cumplimiento de la labor policial favorece la seguridad de las personas y el bienestar social, por lo que no hay razones para que las entidades a cargo no prioricen debidamente una reforma tan urgente como necesaria.

Con respecto a la reparación a las víctimas de violaciones a derechos humanos cometidas durante el estallido social, las medidas que ha adoptado el Estado han sido limitadas y no ha existido una política de reparación integral como corresponde. Amnistía Internacional llama al Estado a diseñar una política pública de reparación integral basada en los estándares internacionales sobre la materia y que disponga medidas adecuadas para garantizar su implementación y continuidad. Además, debe estar cubierta por el presupuesto nacional y contar con mecanismos genuinos, transparentes y públicos de participación de las víctimas.

«Sin duda, el escenario es más desolador que el de años anteriores, pues tan solo el 0,2% de víctimas de violaciones a los derechos humanos, de las 10,568 denuncias presentadas, han conseguido justicia. Las 27 condenas que existen son un número ínfimo que preocupa. Además, nos encontramos ante una cuenta regresiva respecto a la prescripción de casos relacionados con la brutalidad policial, pues lo que implica que una parte importante de los casos no se podrá seguir investigando al cumplirse cinco años desde los hechos. En efecto, de acuerdo al derecho interno, el período de cinco años puede ser utilizado por el Estado para evitar la rendición de cuentas penal de sus agentes en la mayoría de los casos, lo que Amnistía Internacional sin duda rechaza», menciona Rodrigo Bustos.

La crueldad de los casos de violencia estatal fue documentada por Amnistía Internacional en su informe Ojos sobre Chile. Violencia policial y responsabilidad de mandos durante el estallido social, el cual señala que los medios y técnicas instauradas por los mandos de Carabineros dieron lugar a la violación generalizada del derecho a la integridad personal. Sin embargo, a la fecha ningún alto mando de Carabineros ha sido imputado por su presunta responsabilidad.

La responsabilidad de los mandos de Carabineros se sustenta en el cumplimiento de tres supuestos que el derecho internacional de los derechos humanos dispone. En primer lugar, hubo múltiples fuentes por las cuales los mandos sabían o deberían haber sabido que se estaban produciendo violaciones de derechos humanos bajo su mando. Es decir, estas personas conocían de la violencia policial. En segundo lugar, los mandos de Carabineros mantuvieron un control efectivo sobre las unidades dentro de la institución. Es decir, tenían la capacidad de prevenir abusos, pero no lo hicieron. Y en tercer lugar, los mandos no tomaron las medidas suficientes para prevenir abusos, en concreto en lo relativo al uso de munición lesiva, la falta de protocolos operativos adecuados, los planes operativos inalterados, las órdenes imprecisas y la ausencia de sanciones.

«Ha llegado el momento de que la Fiscalía decida si existen méritos para imputar a los altos mandos por sus acciones y omisiones en la gestión del estallido social. El inicio de un proceso penal es clave para garantizar la plena rendición de cuentas, y a cuatro años del estallido social es importante romper el manto de impunidad y actuar a favor de la justicia», concluye Rodrigo Bustos.

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