Golpes y «lawfare» – Por Baltasar Garzón

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Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de NODAL. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

Por Baltasar Garzón

«El lawfare no tiene cabida allí donde hay un servidor público independiente e imparcial, es decir, un verdadero juez”

Les confieso que estoy preocupado. Quiero escribir este artículo y, para ello, no deseo descalificar a ningún político que combate por sus ideas; no quiero atacar a ningún juez o fiscal que, día a día, lucha desde el juzgado de Valverde del Camino a la Fiscalía de Ibiza; desde el último juzgado del País Vasco hasta la fiscalía de Canarias, que —todos ellos— realizan una labor invaluable en defensa del Estado de Derecho. No es mi intención enfrentarme a los Colegios de Abogados, tan dispuestos en este momento a blandir la espada flamígera del constitucionalismo —especialmente el de Madrid—, y tan ausentes en tantos otros en los que su presencia habría sido necesaria.

No quiero decir nada del CGPJ y su caducado mandato y la ilegitimidad de quien lo dirige en funciones y de por qué no hay un clamor de los jueces para que se acabe; tampoco quiero descalificar a quienes con hábitos de concordia religiosa se disfrazan en paladines ideológicos, que ocultan la vergüenza de abusos innombrables y dolor permanente a miles de víctimas. No busco, tampoco, emprenderla con aquellos que desde las tribunas periodísticas denuestan a todos aquellos que no siguen sus dictados y a los que consideran responsables de todo lo malo que pueda suceder en este país.

Pero sí quiero hablar de la vergüenza que siento frente a los insultos, manipulaciones y mentiras, sobre todo si estas se producen aprovechando posiciones institucionales que dicen defenderse de otros ataques institucionales inexistentes, en una especie de plan trazado que se viene desarrollando desde hace tiempo.

Es curioso que quienes ahora braman contra una ley, cuyo proyecto recién salió ayer, no lo hicieran contra los corruptos de su propio gremio e incluso los voten de forma sistemática; que no condenen la dictadura franquista y comprendan a quienes desarrollan acciones criminales genocidas en el presente. Pero esta es la realidad en nuestro país. Una vez más, hay que cargar contra los acuerdos del PSOE con otros grupos y hacerlo desde la perspectiva de que solo se producen porque son necesarios para la investidura y gobernar. ¡Oh! ¡Qué descubrimiento! Y, pregunto yo, ¿para qué pueden ser los acuerdos de este tipo si no?

‘In crescendo’

La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo ha emitido una nota sobre la defensa del Estado de derecho y la división de poderes, y todos decimos amén, aunque lo que proclama sea lo más obvio, si no fuera porque constituye el corolario de toda una sucesión de hechos concatenados. Hechos que empezaron, apenas se conocieron los resultados electorales y hubo constancia de que el PP no gobernaría porque a todos los demás grupos se les atraganta la extrema derecha de VOX, en un país que sufrió los efectos nocivos de una larga dictadura.

La cuestión era cuándo sucedería esto. Y llegó el momento. El detonante ha sido la mención de algo obvio, si se piensa detenidamente, como el lawfare (que, dicho sea de paso, su significado desconoce más del 95% de la población).

En este sentido, la situación ha ido in crescendo. Primero ataques políticos, después manifestaciones, seguidamente escraches, más adelante declaraciones concatenadas en medios audiovisuales y escritos; insultos y agresiones e imputaciones delictivas para concluir con el colofón de las corporaciones judiciales, el no órgano de gobierno y el Tribunal Supremo. Ni más ni menos.

¿Todo esto por qué? Porque se dice en un acuerdo que se tendrán en cuenta los aspectos relacionados con el lawfare a la hora de valorar la amnistía, según los resultados de las comisiones de investigación parlamentarias. Bien, y eso ¿qué quiere decir? Desde luego no veo ninguna extralimitación. Ninguna que pueda perturbar a quienes tienen en su mano el poder de administrar recta e imparcial justicia, y el deber de hacerlo.

El acuerdo con Junts y la Proposición de Ley de Amnistía, que se conoció el lunes, ha sido el argumento último del PP para echarse al monte, definitivamente. Pero ¡oh, sorpresa! La proposición de ley para nada menciona al lawfare, ni respira por los poros de la pretendida invasión o ataque a la separación de poderes ni, por más que se haya sugerido, se aparta al Supremo de emitir su juicio, en el momento que corresponda.

Los primeros, los jueces

En la dinámica establecida, no sé si concertadamente, pero sí de forma sospechosamente coincidente en los tiempos, empezaron los jueces. Lo hicieron desde varios frentes. De una parte, ocho vocales de extracción conservadora convocaron un pleno con la idea de entorpecer la presunta futura Ley sobre la amnistía aún no registrada en el Congreso.

Ello, porque si tal norma se tramita como una proposición de ley de los grupos parlamentarios, no es necesario que el CGPJ emita informe alguno. Sí sería necesario de presentarse como Proyecto de ley del Gobierno. Consideraban que supondría una «degradación, cuando no abolición, del Estado de derecho en España». Palabras tan rimbombantes como vacías de contenido. Esto es lawfare.

Tras el anuncio del acuerdo PSOE-Junts que hace posible la investidura, se produjeron comunicados a barullo de asociaciones judiciales —sorprendentemente, todas—; y de una variada lista de profesionales del derecho, de Hacienda, de diferentes sectores, oponiéndose a la proposición de ley aún no formulada. Para los jueces, la gota que ha rebosado el vaso, dicen, es la mención al lawfare en el documento del pacto entre los dos partidos. Pero no se dan cuenta (espero) de que lo que han hecho precisamente, al proceder así, es lawfare.

El párrafo del acuerdo de la discordia, referido a la potencial Ley de Amnistía (que, insisto, responde a la más pura ortodoxia legislativa) plantea la constitución de comisiones de investigación para analizar a quienes “antes y después de la consulta del 2014 y del referéndum del 2017 han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos”. Y la frase que ha puesto en pie como un solo hombre a los indignados juristas es: “En este sentido, las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la Ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas”.

Esto significa que en la ley no se menciona nada de esto y tan solo expresa la voluntad de dos grupos de tener ese aspecto en consideración posterior, y que, de nuevo, los colegas firmantes de estas iniciativas, antes de opinar y lanzarse al fango político como un actor más (eso es lawfare) deberían recordar la propia doctrina constitucional sobre las comisiones de investigación. Pero, el trabajo de los diputados miembros de estas comisiones en Congreso, podría llegar, como máximo, de acuerdo con el artículo 52, 4 y 5 del Reglamento de Congreso, a que la Mesa traslade las conclusiones, que nunca afectaran a las resoluciones judiciales, al Ministerio Fiscal, “para ejercicio, cuando proceda las acciones oportunas”. No hay más recorrido.

Para los jueces, la gota que ha rebosado el vaso, dicen, es la mención al ‘lawfare’ en el documento del pacto entre los dos partidos. Pero no se dan cuenta (espero) de que lo que han hecho, precisamente, al proceder así, es ‘lawfare’

Hay que leer

Antes de opinar, hay que informarse y leer, que es lo que se nos exige a los juristas, y especialmente a los jueces y fiscales. Este año, el Tribunal Constitucional en su sentencia 77/2023, de 20 de junio, dio amparo a una trabajadora del Principado de Asturias a la que una Comisión de Investigación de la Junta General de esa Comunidad había imputado conductas delictivas trasladándolas a la Fiscalía para que procediera. Para el Constitucional, “ello excedía del ámbito propio de la actividad parlamentaria de investigación a la que no corresponde declarar la existencia de conductas punibles y la determinación de su autoría (stc 133/2018)”. Pues eso.

En el ardor de la gestión, en ocasiones se pasan por alto elementos importantes para el desarrollo de los acontecimientos. Sobre todo, cuando los objetivos se mezclan y en los juzgados se despiertan, de repente, procesos de tiempo atrás calificándolos de terrorismo, pongo por caso, con extraordinaria diligencia y para estupor de los propios profesionales. O cuando se presentan sin denuedo denuncias, querellas o acusaciones con escaso o nulo fundamento ante los tribunales, por motivos políticos y por políticos, y no es declarado así al rechazarlas. Eso es lawfare.

Estas cosas pasan, y sucede también que algunos de estos eminentes juristas se veían hace escasos meses como altos cargos, de la mano de un Ejecutivo PP-VOX. Y están en su papel. Siempre se han comportado así con este Gobierno: como el último bastión frente a Sánchez y sus socios de la extrema izquierda, separatistas y bolivarianos.

La pregunta es ¿qué pretenden con esta actitud, cuando saben que no existe ni puede existir una pretendida invasión de poderes? Si algo se nota es un temor reverencial frente al Tribunal Supremo, especialmente a sus Salas 2 y 3. Y lo que hemos visto en la historia reciente es la injerencia de algunos miembros del Poder Judicial en el Poder Legislativo alegando —verbigracia— que la Constitución prohíbe la amnistía, ley que, en último término, deben aprobar los representantes de los españoles. (Esto es lawfare).

Por el momento lo que sí se percibe en algunos componentes del sector judicial es su alineamiento político con la oposición para entorpecer la investidura del presidente Sánchez, en línea convergente con la estrategia del PP y Vox

La ley de amnistía

Por el momento lo que sí se percibe en algunos componentes del sector judicial es es un alineamiento político con la estrategia del PP y VOX para entorpecer la investidura de Sánchez; y, respecto a la amnistía, su ataque exterior en instituciones europeas, incluso antes de que se convierta en ley en España. Esto sí es lawfare y verdadera subversión del Estado de derecho.

Ahora comienza la tramitación de la ley y, a primera vista, no parece que invada ningún espacio que no sea el propio de una norma legislativa. Consta de un preámbulo enormemente explicativo y un texto que, aparentemente, cubre los estándares constitucionales. Su contenido podrá gustar más o menos por el ámbito al que se dirige, podrá sufrir modificaciones o no, ya se verá, pero lo cierto es que pretende atajar un conflicto político que ha mermado la capacidad de convivencia en nuestro país y que se debe solucionar.

Desde luego no ayuda la convocatoria del juez decano de Sevilla… ni de otras instancias judiciales en distintas ciudades, llamando a concentraciones contra la Ley de amnistía y el acuerdo PSOE/Junts. O la petición de cinco vocales, pertenecientes a la conservadora Asociación de Fiscales, que han solicitado al Fiscal General del Estado que convoque un pleno extraordinario del Consejo Fiscal, para que el órgano tome posición sobre la norma. Esto es lawfare.

Calentando los ánimos

Entre tanto, y envalentonados por las encuestas, la derecha calienta los ánimos hasta extremos escandalosos. Este domingo pasado escuchamos decir a Isabel Díaz Ayuso la enigmática frase de: “Nosotros nos encargaremos de devolver golpe por golpe”. Un lema, como ven, especialmente prudente y pacífico para dirigirse a las masas. La clave la dio Alberto Núñez Feijóo cuando aseveró: “No nos callaremos hasta hablar en unas elecciones y que todos podamos otra vez votar…” Que de eso se trata.

Del “golpe” del procés ya extinto y cuya solución estará en el marco constitucional, a “los golpes” que augura la lideresa madrileña. Hay que mantener la cabeza clara y recordar que toda esta estrategia viene impulsada por la derecha más reaccionaria y oportunista, y que su interés es precisamente aquello de lo que acusan al Gobierno: conseguir el poder a toda costa, aun destrozando la convivencia.

Llegados a este punto me preguntarán ustedes: “¿Pero existe el lawfare o no existe?” Bueno, ya les he dado algunas pistas. Pero lo cierto es que, de este tema, en lo que a mí se refiere, puedo hablar con conocimiento de causa. Pero eso lo dejaremos para otro artículo.

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