Panamá: cuando el pueblo despierta, manda y el gobierno obedece – Por Abdiel Rodríguez Reyes

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Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de NODAL. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

Abdiel Rodríguez Reyes*

La vía popular contra el contrato minero

La veloz sanción de la Ley 406 de 20 de octubre de 2023 fue la llama que incendió la pradera y la alocución del presidente el 24 de octubre fue un intento de apagarla con gasolina. Las demandas de los movimientos sociales contra la actividad minera en el país se regaron como pólvora. Si bien las protestas iniciaron en contra de la firma de la Ley 406, no sabemos dónde terminarán.

Ya no se trata únicamente del contrato minero. Si pensábamos que las manifestaciones de julio del año pasado habían sido grandes, las actuales son mayores, miles de personas protestan en las calles cada día. Se han agudizado las contradicciones y desde diversos sectores de la sociedad se comulga con el amargo sentimiento de rechazo al contrato y al Gobierno. Téngase en cuenta que esta lucha es contra un Gobierno, los partidos tradicionales y una transnacional.

Los grupos de poder económicos y partidos tradicionales no plantean ninguna alternativa. Están enfocados en sus intereses: ganar las próximas elecciones y mantener la tasa de ganancia. El artículo 2 de nuestra Constitución Política de la República de Panamá señala: “El Poder Público sólo emana del pueblo”. Bajo ese criterio, entonces, nos preguntamos cual es la vía popular para salir de la actual crisis detonada por la veloz aprobación de la Ley 406. A partir de la intervención del presidente se aumentaron las detenciones y el pie de fuerza en las calles. Aunado a que, a diferencia de las revueltas del año pasado, donde el diálogo fue la salida, en estas circunstancias lo es revertir la Ley en cuestión y establecer una moratoria total de minería.

Los defensores de la minería en Panamá sólo les falta decir que la minería metálica a cielo abierto es abono orgánico para el suelo. Hay suficientes razones científicas para oponerse a una actividad de ese tipo por sus consecuencias negativas. La Fundación Ciencia en Panamá ha señalado varias, como: contaminación del aire, aguas cercanas y subterráneas, porcentajes elevados de metales pesados en las personas, amenaza a la soberanía alimentaria, disrupción social entre otras afecciones.

El Gobierno no puede subestimar la capacidad autoorganizativa del pueblo, la de organización popular producto del hartazgo hacia los partidos tradicionales y la desconfianza a las instituciones públicas para dirimir las diferencias a través de procesos democráticos. Aferrarse al discurso del poder: el derecho del libre tránsito y de la propiedad privada por encima de cualquier otro derecho, le brinda poco o nulo margen de maniobra al Gobierno que, en lugar de resolver el problema lo empeora con amenazas, represión y criminalización de la legítima protesta social.

En julio del año pasado, luego de múltiples manifestaciones por las deterioradas condiciones de vida, producto del alto costo del combustible y la poca capacidad para resolver las demandas del pueblo, las alianzas populares del país pudieron sentar en una misma mesa al Ejecutivo. Luego de varias reuniones se lograron varios acuerdos, sin embargo, no fueron efectivos en el tiempo. Hoy estamos análogamente en las mismas condiciones con la agravante de la Ley sancionada y en Gaceta Oficial. El pueblo ni olvida ni es tonto. Ahora tiene como antecedente la fatídica mesa única de diálogo.

Tengamos en cuenta que no se está discutiendo técnicamente el contrato en cuestión. Lo que está sobre la mesa es su rechazo total. El actual partido gobernante cargará con el habitual desgaste de gobernar y las mayores manifestaciones de las últimas décadas, en las encuestas marcan bajo y solo un milagro podría garantizarles una victoria en las próximas elecciones. Quienes tienen mayor posibilidad de ganar la contienda electoral a la vuelta de la esquina, no se diferencian ideológicamente entre sí.

¿Qué opciones quedan? Por un lado, se habla de derogación y, por el otro, declarar inconstitucional la Ley # 406. Además, se planteó un referéndum nacional para decidir el futuro de la minería en Panamá, y está sobre la mesa una moratoria total de minería metálica a cielo abierto. En los tres escenarios (derogación, inconstitucionalidad, referéndum) es importante la presión social en las calles. Cuando el pueblo despierta, como dicen los zapatistas: “el pueblo manda y el Gobierno obedece”.

La multitud en las calles  

Como nunca en nuestra historia reciente, en los últimos treinta años por lo menos, tantas personas se han manifestado en las calles. Hasta el momento la multitud busca acabar con la minería en Panamá. Cada vez que el presidente brinda un mensaje a la nación, la cuestión se empeora más. Ya no se trata de diálogo, ahora el tema es asumir la responsabilidad histórica de tumbar la Ley 406 y establecer una moratoria total de minería metálica a cielo abierto.

La multitud, aunque con cierta diversidad en los medios y fines para manifestarse, logra su expresión en las calles. Será importante caracterizar esta multitud.  Ya que, como diría Gramsci “no existe en la historia espontaneidad pura”. Habrá quienes saquen provecho del malestar colectivo, porque queriéndolo o no, son instrumentalizadas. Las protestas son a lo largo y ancho de todo el país. Son múltiples las manifestaciones, los cierres, las marchas paralelas, los vituperios y un largo número de acciones.

En Ciudad de Panamá están, por un lado, lo que llamaremos provisionalmente “independientes” o espontáneos, sus convocatorias salieron mayormente de la Cinta Costera hacía calle 50; los otros, las alianzas populares, mayormente convocan de la Iglesia del Carmen o Parque Porras a Plaza 5 de mayo. En momentos coinciden estos sectores en un mismo lugar o ruta. Adicional, cada sector, bastión de lucha y comunidad se autoorganiza a través de diferentes formas de protestas. Todos forman parte de una multitud cuyo objetivo coyuntural es el mismo: tumbar la Ley 406.

Para lograr ese cometido por el momento encontramos dos posiciones: por un lado, quienes plantean que, la única vía es esperar el fallo de inconstitucionalidad y, la otra salida es a través de la derogatoria. Entre los primeros, constitucionalistas experimentados como Carlos Bolívar Pedreschi y Graciela Dixon, Panamá vale más sin minería y Sal de las redes, entre otras agrupaciones, señalan que, de no ser a través de un fallo de inconstitucionalidad de la Ley 406 a través de la Corte Suprema de Justicia, Panamá entraría en una debacle en los tribunales internacionales. Por el otro lado, la Alianza ¡Pueblo unido por la vida! Y bastiones de lucha plantean la “Derogación, de la Ley 406, moratoria indefinida […]Cierre de Minera Panamá […]”, también la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, plantea “la inmediata derogatoria del contrato ley minero, la aprobación de la ley moratoria minera, y la defensa de los intereses nacionales”. En esa misma línea el doctor en Derecho Internacional Carlos J. Bichet sentenció que: “con derogación o con inconstitucionalidad habrá arbitraje internacional” y cuestiona los “argumentos puramente jurídicos neutrales”, máxime cuando estamos ante un problema inminentemente político y no únicamente legal. En esa misma línea la abogada y catedrática Anayansi Turner planteó “¡derogatoria ya!”.

En la tercera alocución del presidente convocó a la Asamblea Nacional a sesiones extraordinarias. Ya las procuradurías avanzaron emitiendo el criterio de inconstitucionalidad, y se espera en los términos el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Por esas vías se estaría pulseando. Ante la petición del presidente, de convocar a un referéndum, el Tribunal Electoral consideró la falta de condiciones y la Asamblea buscó subterfugios para arroparse en la penumbra de sus propias decisiones. Mientras tanto, la represión no se detuvo en la agitada segunda semana de la multitud en las calles, son cientos los detenidos y la agresión contra dirigentes en su legítimo derecho de protestar se constituye como la norma.

Ya no existe confianza en las instituciones política. De hecho, Adriana M. Rosario Surilllo, se plantean la pregunta: ¿Quién confía en el gobierno en las Américas? El porcentaje de confianza de Panamá es de 44%, por debajo del promedio (véase: Perspectivas #162 del Barómetro de las Américas). Cada día se le empeora la situación al Gobierno y con las medidas desesperadas tomadas puede enredarse aún más en su laberinto. Y ya empiezan las aparentes fisuras a lo interno, las disputas interpartidarias y el oportunismo de algunos no se harán esperar.

Sabemos cómo empezó esto, pero no sabemos cómo va a terminar. Ante esta situación inédita de la multitud en las calles, de hasta cierta performatividad de moda, somos conscientes que, incluso echando por tierra la Ley 406 no habrá ninguna transformación en el país al menos que, nuevamente recurriendo a Gramsci, a esta espontaneidad se le dé una “dirección consciente”, porque no faltarán “grupos reaccionarios que aprovechen el debilitamiento objetivo del gobierno para intentar golpes de Estado”. Para decirlo, en otros términos, si no se canaliza todo este descontento en una alternativa política para la toma de decisiones colectivas, los oportunistas de siempre aprovecharan la coyuntura para sacar provecho de la crisis.

Hasta el momento, lo logrado es el resultado de la multitud en las calles. Hoy coinciden en la unidad de múltiples determinaciones contra el extractivismo en Panamá, y muy a pesar de las contradicciones, en última instancia la moratoria indefinida a cielo abierto ya sería un avance concreto. Si como dijesen M. Hardt y T. Negri, ese conjunto de singularidades llamado “multitud” se mantiene en las calles y es capaz de actuar en común, es muy probable la consecución de sus demandas.

*Profesor de Filosofía, Teoría de la ciencia y Ética en la Universidad de Panamá. Investigador en el Centro de Investigaciones de la Facultad de Humanidades.

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