Tierra arrasada en la política exterior uruguaya – Por Florencia Salgueiro
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de NODAL. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Florencia Salgueiro*
La tradición de sostener el derecho de Palestina e Israel a existir, bajo las normas establecidas en el marco de las Naciones Unidas, ha sido una constante de la actuación internacional de Uruguay, apoyada con mayor o menor entusiasmo por todos los gobiernos en las últimas décadas, hasta que llegó Luis Lacalle Pou a la presidencia. El cambio en este punto de la política exterior implica un quiebre con los principios juridicistas que el país sostuvo a lo largo de su historia, y llega a un punto vergonzoso con la abstención de Uruguay en la votación por una tregua humanitaria en Gaza en la Asamblea General de las Naciones Unidas la semana pasada.
Una constante
La condena al uso de la fuerza para resolver conflictos es parte de la identidad uruguaya en política exterior. Desde fines del siglo XIX, Uruguay sostiene que la negociación es la única manera legítima de solucionar conflictos entre países: así lo propuso José Batlle y Ordóñez en la Segunda Conferencia de Paz de La Haya, en 1907, y así lo ha planteado el país en ámbitos globales y regionales, a tal punto que, en un gesto único, desde 1934 fue incorporado a la Constitución en su artículo sexto.
Con base en esta tradición, es coherente que Uruguay haya apoyado en 1947 el plan por la partición de Palestina en un Estado árabe y uno judío, de acuerdo a normas establecidas en el marco de las Naciones Unidas: además de ser un reclamo de grupos sionistas locales y significar una suerte de reparación simbólica del sufrimiento durante el holocausto de los judíos europeos, se trató de una solución multilateral, basada en normas. Nuestro país fue propuesto por Estados Unidos para ser uno de los 11 miembros del Comité Especial para Palestina, que decidiría el destino de esta excolonia británica, y tuvo un rol protagónico allí.
Si bien es justo sostener que Uruguay ha defendido la existencia de Israel como un Estado desde sus comienzos, el país se comprometió de igual manera a defender la existencia de un Estado árabe en Palestina, y no sería justo olvidarlo. Este compromiso se mantuvo a través de las décadas y los cambios de mando: desde 1967 (gobierno de Óscar Gestido), Uruguay sostiene la ilegitimidad de la adquisición de territorio mediante la fuerza y, por lo tanto, la necesidad de que Israel cese la construcción de asentamientos en los territorios palestinos ocupados.
Desde 1979 (gobierno de facto de Aparicio Méndez), Uruguay afirma que los asentamientos ilegales son un obstáculo para la paz entre Israel y Palestina, y desde 1980 sostiene que no debería haber ninguna embajada en Jerusalén. Luego, desde 1998 (gobierno de Julio María Sanguinetti), Uruguay ha votado año a año a favor de las resoluciones presentadas inicialmente en la Comisión de Derechos Humanos y posteriormente en el Consejo de Derechos Humanos contrarias a los asentamientos israelíes en los territorios palestinos ocupados. Por lo tanto, el reconocimiento uruguayo a Palestina en 2011 (gobierno de José Mujica), junto con el establecimiento de relaciones diplomáticas (en línea con otros países de la región y con la entrada de este país a las Naciones Unidas como observador), fue coherente con la postura que distintos gobiernos habían mantenido en ámbitos multilaterales.
Un quiebre
Desde la llegada al gobierno de Luis Lacalle Pou, Uruguay dio un giro drástico a su postura principista sobre el conflicto de Israel y Palestina. Uno de los gestos inaugurales de esta nueva política fue la destitución del director general para Asuntos Políticos, Pablo Sader,1 por votar una resolución en 2020 cuya frase más controvertida establecía que «la ocupación israelí sigue siendo un grave obstáculo para las mujeres y las niñas palestinas en lo que respecta a la realización de sus derechos», una posición de sentido común acorde con la tradición uruguaya en política exterior.
Al año siguiente, Uruguay votó en contra del establecimiento de una comisión investigadora sobre posibles crímenes contra los derechos humanos en los enfrentamientos entre Israel y Palestina, y no asistió a la conmemoración de los 20 años de la Conferencia Mundial Contra el Racismo, celebrada en Durban, Sudáfrica, porque esa conferencia excluye a Israel (a razón de la discriminación que impone ese país contra los palestinos). El presidente se vanaglorió de nuestra ausencia en esta conferencia al recibir el Premio Jerusalén 2022, otorgado por la Organización Sionista del Uruguay.
Una de las manifestaciones más drásticas de este cambio de rumbo fue la propuesta en 2022 de abrir una oficina «de innovación y comercio» en Jerusalén, a contracorriente del mundo entero y demostrando la visión de futuro de un lemming. Volver a tener una representación diplomática implicaría el reconocimiento de la anexión ilegal de Jerusalén por parte de Israel y la violación de las normas de las Naciones Unidas que explícitamente ubican a la ciudad bajo jurisdicción internacional, como señaló Francesca Albanese, relatora especial de las Naciones Unidas en el territorio palestino ocupado, en la Universidad de la República en agosto de 2023.
Cuando Donald Trump estableció el traslado de la embajada estadounidense a esta ciudad, en 2017, los representantes uruguayos en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) condenaron duramente esta falta de respeto al derecho internacional, por ser una acción contraproducente al establecimiento de una paz duradera en la región. De concretarse la apertura de esta oficina, pasaríamos a formar parte del selecto grupo formado por Guatemala, Honduras, Papúa Nueva Guinea, Sierra Leona y Kosovo, al que Uruguay ni siquiera reconoce como Estado.
El camino de la incoherencia
Visto todo esto, habrá quien se sienta aliviado de que el país se haya abstenido de la votación en la Asamblea General que pedía una tregua humanitaria y la liberación incondicional de todos los civiles en Gaza. Incluso no hubiera sorprendido que, tomándonos a pecho la calificación de la embajadora estadounidense de que Uruguay es «una isla en Latinoamérica»,2 hubiéramos votado en contra, igual que Micronesia, Tonga y las Islas Marshall, siguiendo a Estados Unidos e Israel. La abstención dista de ser una posición «neutral»: es prescindir de condenar lo obvio, alejarnos de los consensos, dañar nuestra credibilidad y aislarnos de nuestros aliados regionales.
Uruguay completa así la comunicación de su postura sobre el conflicto: un único posteo del presidente en la red social antes conocida como Twitter que solo expresa una escueta condena a los ataques terroristas y dos comunicados del Ministerio de Relaciones Exteriores que dan vergüenza por lo parcos, porque no mencionan a Palestina del todo y solamente hacen una referencia increíblemente velada3 a los ataques a personal humanitario y a la infraestructura civil, sin mencionar siquiera las vidas civiles.
En todo esto, el papel de la cancillería de Francisco Bustillo es tan lamentable que cabe preguntarse si la burocracia del servicio exterior no tiene nada para decir al respecto de este giro en la política exterior o si directamente las lealtades al actual gobierno pesan más que la destrucción de la reputación internacional de Uruguay como un país que respeta las reglas y que valora en alguna medida los derechos humanos. Vale recordar las palabras del representante uruguayo ante las Naciones Unidas Pedro P. Berro, herrerista, en 1966, en su intervención en el CSNU sobre el conflicto israelí-palestino: «Uruguay renegaría de sí mismo si abandonara esta postura. Actuaría como un hombre que de pronto ha perdido su memoria y entra por el camino de la incoherencia, de la tartamudez mental o de la falta de capacidad para manejarse dignamente» (sesión 1.324 del CSNU, del 21 de noviembre de 1966).
La postura del actual gobierno respecto de Palestina es una cuenta más en el collar del oprobio. Como con la ausencia de reacción a la invasión de Azerbaiyán a Nagorno Karabaj y las amenazas a Armenia, esta es una muestra más de que este gobierno no tiene ninguna intención de defender a los países pequeños y subsume toda su política exterior a escuchar a grupos de presión cercanos a los tomadores de decisión, ignorando por completo la rica historia de la política exterior de nuestro país.
Más allá de las obvias consideraciones morales, colaborar con la ineficacia de los organismos multilaterales y evitar la condena de agresiones al derecho internacional es una postura insensata desde el punto de vista de nuestro propio interés. Contribuir a la destrucción del orden internacional basado en la cooperación es aportar a un mundo donde los conflictos se resuelven con la imposición del país más poderoso. Como país pequeño cuyas relaciones con otros son esencialmente asimétricas, deberíamos estar alzando nuestra voz, como supimos hacerlo en nuestra historia, para defender a los más débiles, en un mundo en el que la integridad territorial de los Estados ya no está garantizada y la guerra interestatal vuelve a primera plana.
Notas
- «Acerca de la rectificación de cancillería sobre el voto en favor de mujeres y niñas palestinas» (Brecha, 2-X-20).
- «Fulton: “Uruguay es una isla en Latinoamérica y muchos pueden aprender de su ejemplo”» (Montevideo Portal, 24-X-23).
- «Sobre la grave situación internacional», comunicado de prensa n.° 56/23 del Ministerio de Relaciones Exteriores, 2023.
*Investigadora en Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República (Uruguay), analista del semanario Brecha
