Milei envía al Congreso un proyecto de ley en el que pide la emergencia pública hasta el 2025

Foto: Prensa.
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Milei envió al Congreso un proyecto de ley en el que pide la emergencia pública hasta 2025

El presidente Javier Milei envió en la tarde del miércoles a la Cámara de Diputados el proyecto de «Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos», en la que pide al Congreso declarar la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025.

En el texto, que contiene una serie de iniciativas contempladas en el DNU que firmó la semana pasada, fija que el plazo para la emergencia podrá ser prorrogado por el Poder Ejecutivo nacional por el plazo máximo de dos años.

La iniciativa está firmada por Milei, el jefe de Gabinete Nicolas Posse, y los ministros del Poder Ejecutivo consta de 183 páginas y 664 artículos.

A lo largo del proyecto se establecen reformas impositivas, se suspende la aplicación de la fórmula para actualizar los haberes, y se habilita a imponer sanciones a la protesta, entre otras medidas.

Modificaciones al Código Penal

El proyecto modifica el Código Penal de la Nación para aplicar penas a las personas que sin «crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de uno (1) a tres (3) años y seis (6) meses».

«Si se impidiere, estorbare o entorpeciere la circulación o medios de transporte público portando un arma propia, impropia, se causare daño a la integridad física de las personas, la pena será de dos (2) a cuatro (4) años de prisión, siempre que no constituyere un delito más severamente penado».

«Quienes dirijan, organicen o coordinen una reunión o manifestación que impidiere, estorbare o entorpeciere la circulación o el transporte público o privado o que causare lesiones a las personas o daños a la propiedad serán reprimidos con prisión de dos a cinco años, estén o no presentes en la manifestación o acampe», dice el articulado.

Cambios electorales

Además la iniciativa contiene un capitulo electoral donde se deroga las elecciones primarias, abiertas simultáneas y obligatorias Paso, se modifica la Oficina Anticorrupción, cambia el régimen de partidos políticos, y la composición de la Cámara de Diputados.

Jubilaciones

Sobre el tema jubilatorio suspende el artículo 32 de la ley 24.241 que fijaba el sistema para aumentar el haber jubilatorio cada tres meses, y dice que el Poder Ejecutivo va a «establecer una fórmula automática de ajuste de las prestaciones mencionadas en los incisos a), b), c), d), e) y f) del artículo 17 de la Ley N° 24.241, teniendo en cuenta los criterios de equidad y sustentabilidad económica».

«Hasta tanto se establezca una fórmula automática, el Poder ejecutivo nacional podrá realizar aumentos periódicos atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de más bajos ingresos», agrega el texto del proyecto.

Privatizaciones

Uno de los puntos que plantea la ley es que declara sujeta a privatización las empresas y sociedades de propiedad total o mayoritaria del Estado, entre las que figuran Aerolíneas Argentinas, Aysa, Banco Nación, YPF, y los medios públicos Canal 7, Radio Nacional y Télam.

En ese sentido señala que se «faculta al Poder Ejecutivo nacional a proceder a la enajenación de las participaciones accionarias o de capital del Estado Nacional y/o sus entidades en toda empresa privada, que no le otorguen la mayoría de capital social necesario para ejercer el control de tales entidades, para lo cual se aplicarán en lo pertinente los procedimientos previstos en el Capítulo II de la Ley N° 23.696».

Temas impositivos

En cuanto al capítulo impositivo, el proyecto contempla un blanqueo de capitales y una moratoria de las obligaciones tributarias y aduaneras y de los recursos de la seguridad social vencidas al 30 de noviembre.

También propone cambios en el régimen tributario de Bienes Personales, fija las retenciones para el sector agropecuario, autoriza las importanciones de gas natural sin necesidad de pedir autorización, unifica los entes de Gas y Electricidad y cambia la ley de biocombustibles.

El anuncio por redes

En forma previa y por la red social X, el Gobierno afirmó que la intención del proyecto es «restituir el orden económico y social basado en la doctrina liberal plasmada en la Constitución Nacional de 1853, presentamos al Honorable Congreso de la Nación el adjunto proyecto de ley y manifestamos nuestra firme voluntad de emprender, inmediatamente y con instrumentos idóneos, la lucha contra los factores adversos que atentan contra la libertad de los argentinos; que impiden el correcto funcionamiento de la economía de mercado y son la causa del empobrecimiento de la Nación».

Además afirma que se promueven las reformas «en nombre de la Revolución de Mayo de 1810 y en defensa de la vida, la libertad y la propiedad de los argentinos».

Por la mañana, el portavoz presidencial Manuel Adorni había anticipado que el proyecto comprende temas tributarios, laborales, penales, energéticos y electorales.

«El texto se va a dar a conocer en las próximas horas e incluye reformas profundas, necesarias y urgentes en materia tributaria, laboral, penal, energética y electoral», dijo en su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada.

Sobre los proyectos, dijo que «quedarán en manos de senadores y diputados» elegir si se va «hacia la libertad» y «a terminar con esta decadencia» que llevó al país a la situación actual.

La alusión a Juan Bautista Alberdi

El paquete de leyes lleva como título una alusión a Juan Bautista Alberdi: «Es uno de los padres de nuestra Patria y autor intelectual de nuestra primera constitución, a quien por supuesto todos saben el Presidente admira profundamente».

Esta semana el Gobierno formalizó el llamado a sesiones extraordinarias en el Congreso Nacional desde este martes -26 de diciembre- hasta el 31 de enero del 2024 para tratar un paquete de iniciativas impulsadas por el oficialismo entre las que figuran reformas del Estado y del Impuesto a las Ganancias y la instauración del Sistema de Boleta Única.

Según explicó el portavoz, el proyecto «complementa» las reformas dictadas por la Casa Rosada a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) dado a conocer hace una semana y ambos comparten el «norte» que está «puesto en la libertad de cada uno de los argentinos».

Cuando se oficializó la presentación del proyecto, Adorni publicó en su cuenta de la red X: «Por la libertad, la prosperidad y la República».

Télam


Multitudinaria protesta de sindicatos y movimientos sociales contra el DNU de Milei

La CGT, las dos CTA, la Unidad Piquetera, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), la Corriente Clasista y Combativa, y partidos de izquierda, entre otras organizaciones sociales, políticas y gremiales, arribaron este miércoles a la Plaza Lavalle, frente al Palacio de Tribunales, en el centro porteño, para rechazar el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023 que desregula la economía y deroga múltiples leyes, algunas de ellas laborales, y acompañar una presentación judicial que se realizará contra esa medida.

Con la consigna «Abajo el DNU«, la concentración fue convocada por la CGT a las 12 frente al Palacio de Justicia, en las calles Lavalle y Talcahuano, con el objetivo de acompañar la presentación judicial de la central obrera, y de otras medidas cautelares -ya fueron presentadas más de una docena- que buscan frenar los alcances del DNU firmado por el presidente Javier Milei.

Se leyó un documento compartido pero sobre todo se destacó la presencia de gran parte de la cúpula sindical y de movimientos sociales en la calle junto a los militantes.

En el marco de la jornada de protesta, el gobierno nacional activó nuevamente la implementación del protocolo de orden público que instrumenta el ministerio de Seguridad, que impide el corte de calles, y efectivos de fuerzas de seguridad ya se encuentran apostados en varios puntos de la ciudad y en particular en los alrededores de la Plaza Lavalle. Sin embargo, por la magnitud de la movilización, el protocolo no fue aplicado por la ministra Patricia Bullrich.

Pasadas las 10, la plaza Lavalle comenzó a llenarse de manifestantes del gremio de Camioneros, Judiciales, Químicos y la UTEP, entre otros, mientras que todos los accesos a ese espacio público frente a Tribunales están restringidos mediante controles de las fuerzas de seguridad integrantes del Comando Unificado, con el objetivo de hacer cumplir el protocolo de orden público.

En tanto, columnas de manifestantes de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra) y de la Unión del Personal Civil de la Nación (Upcn) se aprestaban a empezar a marchar hacia la plaza Lavalle.

Se suman también a la manifestación convocada por las centrales obreras varios movimientos políticos y organizaciones sociales como la Corriente Clasista y Combativa, el MST, el Polo Obrero, Izquierda Socialista, Movimiento Evita y Libres del Sur.

Belliboni de Polo Obrero: «Vamos por el paro y el plan de lucha”
El dirigente del Polo Obrero Eduardo Belliboni consideró este miércoles que la marcha a Tribunales “es un primer paso”, y bregó además por la convocatoria a realizar “un paro general que incluya un plan de lucha porque el Gobierno avanza y no va a parar”.

“Vamos por el paro general y un plan de lucha nacional porque el Gobierno avanza y no va a parar”, afirmó Belliboni en declaraciones a Télam durante la concentración a Plaza Lavalle.

“Vamos a realizar una, diez, cien o mil marchas más para derrotar el DNU y reclamar por nuestro salario”, adelantó el referente de la Unidad Piquetera (UP).

Asimismo, Belliboni envió un mensaje a la conducción de la CGT: “No hay que esperar porque este Gobierno va a seguir con todo y debemos frenarlo. Este Gobierno hizo más daño en tres semanas que otros en diez años”.

Impidieron la llegada de un micro que llevaba al «Perro» Santillán a la protesta

Un ómnibus en el que viajaban desde Jujuy a Buenos Aires unas 45 personas, entre ellas el sindicalista del gremio municipal de la provincia norteña Carlos «Perro» Santillán, fue detenido este miércoles por la Gendarmería e impedido de seguir su camino cuando se dirigía hacia el acto organizado por la CGT frente a los Tribunales para manifestarse en contra del decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado días atrás por el presidente Javier Milei.

«Lamentablemente nos detuvieron en (la localidad bonaerense de) Zárate-Campana. La Gendarmería dijo que le faltaba un papel al ómnibus. Nos quisimos bajar, pero no nos dejaron. Esto me hace acordar mucho a la dictadura o a los tiempos en los que regía el estado de sitio en la Argentina», opinó Santillán en declaraciones a Radio 10.

El gobierno nacional y de la Ciudad de Buenos Aires ante la protesta

El portavoz presidencial Manuel Adorni informó que ya se recibieron 20.000 llamadas a la línea 134, de las cuales 1.500 «aportaron datos relevantes de extorsionadores» para participar de la movilización convocada para hoy por la CGT y otras organizaciones sociales a Tribunales, en rechazo al decreto de necesidad y urgencia de desregulación de la economía.

Así lo informó en rueda de prensa en Casa de Gobierno, en la que celebró además que la CGT «haya pedido autorización» para marchar a la Plaza Lavalle, frente al porteño palacio de Tribunales, y confirmó que ya se aplica el protocolo de orden público, con el lema «la calle no se corta».

En cuanto al protocolo antipiquetes presentado en días anteriores por parte de la ministra de Seguridad nacional Patricia Bullrich, la demostración sindical de este miércoles en Tribunales evidencia que no fue aplicado.

Por su parte, el ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, declaró ante periodistas que su cartera se encuentra en contacto permanente con su par nacional Bullrich y con el presidente Javier Milei. Además, expresó que espera una manifestación pacífica que «permita la circulación de quienes pasen por la zona».

Abuelas de Plaza de Mayo: «Protestar es un derecho»

La asociación Abuelas de Plaza de Mayo reafirmó su rechazo «al megadecreto inconstitucional y antirepublicano», en referencia al DNU de desregulación de la economía dictado por el gobierno de Javier Milei, llamó a defender los «mecanismos democráticos» y afirmó que «protestar es un derecho», en relación a la manifestación a los Tribunales convocada para este mediodía por la CGT y otras organizaciones sociales y gremiales.

«Reafirmamos nuestro rechazo al megadecreto inconstitucional y antirepublicano. La sociedad tiene derecho a deliberar sobre su destino a través de sus representantes», indicó Abuelas a través de su cuenta de la plataforma X.

Tiempo Argentino


La Justicia rechazó el amparo contra el DNU de Javier Milei presentado por la CGT

La justicia laboral rechazó hoy el amparo presentado por la Confederación General de los Trabajadores (CGT) contra el DNU de Javier Milei.

El juzgado laboral interviniente a cargo de José Ramonet rechazó la presentación de la central de los trabajadores aunque hay otras tantas presentadas en el fuero Contencioso Administrativo Federal.

“Desestimar la medida cautelar ”interina“ solicitada por la parte actora y correr traslado de la presente acción al Poder Ejecutivo Nacional – Jefatura de Gabinete de Ministros para que en el plazo de tres días, produzca el informe precautelar previsto en el art. 4 de la ley 26854, dando cuenta del interés público comprometido en la solicitud, informe que deberá responder en el plazo otorgado bajo apercibimiento de resolver”, resolvió el juzgado.

“Teniendo en cuenta que todavía no se encuentra vigente, no encuentro que se den razones ”graves y objetivamente impostergables, que habiliten el dictado de una medida cautelar “interina”, considerando para ello que la norma todavía no entró en vigencia“, valoró el juzgado

“Es cierto que, de entrar en vigencia, habría derechos colectivos afectados -como por ejemplo lo relativo a la regulación de las medidas de acción directa-, pero ello debería ser necesariamente cuestionado ante la existencia misma de un conflicto de estas características que, al menos en la demanda, no se especifica”, agregó.

“Lo expuesto no significa sentar posición acerca de la validez constitucional del decreto cuestionado en general, y de las regulaciones laborales que contiene en particular, sino solamente sostener que, a criterio del suscripto, no se dan las condiciones para el dictado de una medida como la solicitada con carácter interino”, advirtió el magistrado en la primera medida cautelar que se conoce sobre el DNU de Milei.

Además, valoró que por la “enorme trascendencia y afectación de distintos derechos que el DNU 70/23 traería aparejado, y toda vez que, hasta el momento del dictado de la presente resolución, no se vislumbra que pueda constituirse la Comisión Bicameral, y que, además, el plazo constitucional para que el jefe de gabinete eleve a consideración dicha Comisión es de 10 días mientras que la entrada en vigencia de la norma cuestionada sería a los 8 días de su publicación, resulta obvia la necesidad de que sea tratada en forma rápida”.

Si bien el juez no entra en el análisis del DNU sí dice que según su criterio los planteos varios no deben ser acumulados en un sólo juzgado porque todos son reclamos variados.

“No se me escapa que la declaración de invalidez de la norma que pudiera dictarse en alguno de los procesos colectivos iniciados, tornaría abstracto cualquier pronunciamiento posterior, pero hasta que ello no ocurra y dado que la presente acción no ha sido iniciada como una ”colectiva“, sino por la representación que invoca la Confederación General del Trabajo respecto de todos los trabajadores en los términos más arriba expuestos, razones de celeridad aconsejan que la causa tramite como fue planteada ante este Fuero”, dijo el juez.

Así si bien el juzgado rechazó la cautelar sí siguió el procedimiento habitual y pidió informe al Gobierno para que realice un descargo, luego de lo cual seguirá el proceso pero no bajo la lógica de una cautelar de pronta resolución. No obstante, el fallo de Ramonet puede ser apelado a la Cámara Nacional del Trabajo por la CGT.

El Diario Ar

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