De una constitución progresista a una “negacionista” y “antimujeres”: un análisis en clave feminista – Por Mayron Sills

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Por Mayron Sills

Con una votación histórica de más de 13 millones de personas, el 4 de septiembre de 2022, el 61% de la ciudadanía rechazó la primera constitución realizada en el mundo bajo un sistema paritario. Pese a que contó con la participación de todos los sectores políticos y más de mil líderes mundiales la apoyaron, la propuesta no logró convencer a las y los chilenos. Un año después, Chile escribe una constitución desde la vereda de enfrente: con predominio ultraderechista y un discurso marcadamente “negacionista” y “antimujeres” que enciende la alarma sobre todo en un grupo social que participó de manera activa en el proceso anterior: los feminismos. La polémica de las enmiendas, el predominio de republicanos y un análisis completo del resultado de “una tormenta perfecta”.

Luego de un estallido social en el que más de dos millones de personas se reunieron en las calles de todo el país bajo la consigna “No son 30 pesos, son 30 años”, el descontento social manifestado en 2019 se volcó a las urnas y elevó un proceso constituyente que, en una primera instancia y con el 78% de las preferencias, resultó en que más del 78% de la población aprobó la idea de reemplazar la actual constitución instaurada por la dictadura cívico-militar en 1980.

En 2021 inició la Convención Constitucional con un total de 154 consejeros y consejeras constitucionales integrantes de diversos espacios políticos: desde los movimientos sociales hasta ultraderechistas.

Con la implementación del sistema paritario, los escaños reservados para los pueblos originarios y otros elementos, el proceso constitucional marcó hitos sobre todo en términos de representatividad y reconocimiento de sujetos históricamente marginalizados de la arena política, a saber, mujeres, integrantes de pueblos originarios, diversidades sexogenéricas, personas neurodivergentes y otros, pero ello no fue suficiente: el 4 de septiembre de 2022 más de siete millones de chilenas y chilenos rechazó la propuesta constitucional.

Un año más tarde, otro Chile escribe una nueva constitución. Desde la vereda de enfrente, con 22 representantes del Partido Republicano y 11 de Chile Seguro (derecha y ultraderecha) y una comisión de expertos con presencia de algunos de los líderes de la Fundación Jaime Guzmán, la nueva propuesta ya tiene un 51% de intención de voto en contra según la encuesta Plaza Pública publicada por CADEM en junio pasado. La desafección y la bajada ideológica en las enmiendas parecen ser la clave de un proceso con una cobertura mediática bastante distinta de la anterior.

¿Cuáles son las causas de este salto?

Para la doctora en Sociología y académica de la Universidad de Valparaíso, María Angélica Cruz, tanto la historia como la literatura muestran que después de “procesos de transformación o fuertes movilizaciones sociales” ocurren contraofensivas de quienes “buscan defender lo que se quería cambiar”, y aunque en el modelo chileno “hay pocos que ganan” ellos “ganan mucho” y “tienen mucho poder”.

“Esta suerte de péndulo es reflejo también de dos lógicas que en Chile se han distanciado mucho: por una parte tenemos la política de la representación (basada en votaciones, candidaturas de partidos políticos y campañas) donde más que grandes proyectos políticos se disputan el clima electoral del corto plazo y se actúa para conseguir votos en un clima muy influenciado por los problemas que aparecen como los más demandados por la gente en el último tiempo, especialmente seguridad ciudadana y carestía de la vida”, plantea.

“La otra lógica es la que empujan los movimientos sociales, unos que fueron fuertes en dictadura pero que tras la transición se replegaron y pasamos años de gran desmovilización, hasta que en el 2006 y con más visibilidad el 2011 los estudiantes se activan, y desde 2016 pero sobretodo en el 2018 el movimiento feminista se masifica y también cobran importancia el movimiento por los derechos de las disidencias sexuales, más muchos otros que venían también movilizándose desde activismos ecológicos, populares, por los derechos indígenas, etc”, agrega.

Así, luego de años de “desmovilización social”, a juicio de la académica el Estallido o Revuelta Popular logran “por primera vez articularse en la Convención Constituyente”, que choca con una pandemia y una crisis económica, la delincuencia se posiciona entre los temas más tratados por los medios de comunicación y el proceso se pierde en medio también de una campaña “que movilizó emociones como el miedo”, se le acusó asimismo de resultar de la “rabia”, entre otras cosas.

“Era la tormenta perfecta para que se creara un clima donde los derechos de las mujeres, de las disidencias sexuales, de los pueblos originarios, los derechos a vivir en un planeta sustentable, y tantos otros, fueran vistos como secundarios, y los derechos sociales (salud, educación, trabajo) que también nos afectan más desigualmente a las mujeres, personas mayores e infancias, quedaron como algo que cada familia resuelve como puede”, resalta.

Las enmiendas y el debate público

Según la académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, Lieta Vivaldi, no deja de ser “sorprendente” este “cambio abrupto”.

“Ha habido un retroceso respecto a los derechos que están garantizados en esta Constitución, los mínimos que entendemos para ponernos de acuerdo como sociedad, que eso es lo que busca la Constitución”, plantea. Las enmiendas, de acuerdo con su punto de vista, muestran el “extremo conservadurismo” del sector que domina el debate con su mayoría.

“Las enmiendas claramente representan un retroceso respecto a derechos humanos, mínimos civilizatorios y avances que hemos tenido (…) por ejemplo, las enmiendas sobre los derechos de los niños antes de nacer podrían poner en peligro las técnicas de reproducción asistida, las mujeres podríamos perder el derecho a decidir informadamente sobre nuestra sexualidad, nuestros derechos, el derecho a los cuidados, algo que se garantizaba en el proceso anterior (…) los riesgos son enormes”, sostiene.

En sintonía con lo planteado, la académica de la Escuela de Historia de la Universidad Diego Portales (UDP), Hillary Hiner, ve a ambos procesos “como espejismos el uno del otro”.

“En el primer proceso efectivamente hubo paridad y hubo una participación de muchas feministas, tanto de partidos políticos más progresistas, como ecofeministas, feministas indígenas, en este nuevo proceso hay mayoría republicana y un impulso reaccionario desde el partido republicano y la UDI y ciertos sectores de RN como una forma de presentar una visión totalmente opuesta a esa propuesta constitucional feminista, ecologista, regional, plurinacional”, indica.

“Es una propuesta extremadamente patriarcal, conservadora, centralista”, define Hiner. Las enmiendas, donde “muchísimas” de las propuestas fueron el Partido Republicano, dan cuenta de “una conceptualización ultraconservadora”, que la historiadora asimila con ideas sectarias.

“Hasta quieren quitarnos muchos derechos conseguidos después de décadas de luchas, como el acceso a la planificación familiar y las partidas anticonceptivas, tratar de irnos para atrás respecto a la ley tres causales”, añade.

Si bien las tres académicas ven el segundo fracaso constitucional a la vuelta de la esquina, coinciden asimismo en el estado de alerta presente en los movimientos feministas frente a un proceso constitucional que catalogan como “antimujeres” y “negacionista” (donde se cruzan, por un lado proyectos como el Plan de Búsqueda, y por otro el eco de discursos como los de la diputada Gloria Naveillán). ¿Qué hacer frente a este escenario?

“Hay una urgencia que debe impulsar hacia mayores coaliciones y alianzas en torno a no permitir que pase esa ultraderecha, trabajar en conjunto, porque hay una urgencia real que no podemos minimizar”, puntualiza Hiner.

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