Indígenas y organizaciones sociales se movilizan al Congreso contra el Presupuesto 2024

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Autoridades indígenas llaman a manifestaciones en rechazo al Presupuesto 2024

A partir de este lunes se prevé que autoridades indígenas, organizaciones sociales y colectivos se unan para manifestar su rechazo a las recientes decisiones de diputados del Congreso de la República, en relación a la aprobación del Presupuesto 2024 y el retiro de la inmunidad de cuatro magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

La oposición a dichas acciones ha sido notoria, hasta el sector privado ha pedido al presidente Alejandro Giammattei que vete el presupuesto aprobado para el gobierno entrante. Esto porque incluye candados excesivos que entorpecen la inversión social al disminuir fondos a los Ministerios de Salud y Educación, y otorgar aportes a empresas y ONGs vinculadas al oficialismo.

A través de un comunicado, la Asamblea de Autoridades Indígenas rechazó la aprobación del presupuesto y también solicitaron que el mismo sea vetado. Además, convocaron a unirse a una manifestación pacífica contra el actuar del Legislativo. Sin embargo, no consignaron los puntos de reunión u hora.

“Llamamos al pueblo de Guatemala a sumarse a la convocatoria de las autoridades indígenas la próxima semana para defender con firmeza y determinación nuestra libertad y nuestra democracia”, expresaron en un comunicado.

“Dicho presupuesto compromete severamente el bienestar y derechos de las familias guatemaltecas, afectando crucialmente áreas como salud, seguridad, educación y desarrollo social. Además, destina miles de millones de quetzales a ONGs de diputados y a otros funcionarios. Exhortamos a los alcaldes electos a manifestarse sobre esta preocupante situación. Su papel es fundamental en la salvaguarda de los intereses y necesidades de nuestras comunidades en este período decisivo”, agregaron.

Mientras que, las Autoridades Ancestrales de Iximulew llamaron a movilizarse este lunes 4 de diciembre y a seguir exigiendo la renuncia de los funcionarios públicos implicados en el “golpe de Estado” orquestado desde el Ministerio Público (MP) de Consuelo Porras.

Además, desde el campamento 9-7 en el Centro Histórico de la ciudad capital, demandaron que Giammattei vete la ley con la que el “Pacto de Corruptos” aprobó el presupuesto nacional 2024.

Presidente electo se suma al rechazo

El viernes 1 de diciembre, unas horas después de la plenaria en la que se aprobó el presupuesto, el gobierno electo de Bernardo Arévalo y Karin Herrera, manifestó su rechazo a la aprobación del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Nación Para el Ejercicio Fiscal 2024, calificando de “absurdo, corrupto e ineficiente”.

Arévalo consideró que este presupuesto representa una traición a los valores y necesidades del pueblo, afectando al país y a los sectores productivos, pero sobre todo a quienes son los más necesitados del progreso.

“Trabajaremos incansablemente para garantizar que cada centavo contribuya significativamente al bienestar de las y los guatemaltecos. No dejaremos que nadie se interponga entre el pueblo y su nueva primavera”, escribió en su red social X.

Presupuesto bloquea ejecución para el gobierno de Arévalo

En el presupuesto aprobado por el Legislativo se incluyeron asignaciones presupuestarias por Q12.3 millardos a varias asociaciones, fundaciones, organizaciones y otras vinculadas a la atención de Salud, Gobernación, Ambiente, Trabajo, Cultura, Economía, Finanzas y algunas Secretarías.

El mismo bloquearía la ejecución de fondos para el gobierno de Arévalo, debido a que, obliga al Ministerio de Finanzas a pedir permiso cada mes para realizar operaciones para la ejecución de proyectos.

Prensa Comunitaria


Presupuesto 2024: Crece rechazo de sectores que señalan que aprobación se presta a “corrupción” y piden sea vetado

En una sesión que duró varias horas el jueves 30 de noviembre, el Congreso de la República con 115 votos aprobó el decreto 18 – 2023, que da vida al presupuesto nacional para el próximo año, on un monto de Q124 mil 879 millones.

La aprobación se registró durante la plenaria que se extendió hasta la noche de ese jueves, día que vencía el plazo; sin embargo, con el pasar de las horas comenzaron a surgir reacciones que tachan que el presupuesto no responde a los intereses del pueblo de Guatemala.

Han pasado tres días de la aprobación por parte de los disputados y crecen las reacciones de rechazo, como las publicadas este domingo 3 de diciembre.

Una de estas es la del Consejo de Fiduciarios de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa).

Destacó que desde la comisión técnica de salud de Fundesa han recomendado que el Ministerio de Salud Pública genere criterios más específicos que transparenten las asignaciones a organizaciones no gubernamentales (oenegés), y para ello elaborar manuales sobre competencias para determinados aportes.

Agregó que el presupuesto general 2024 aprobado por el pleno del Congreso de la República, deja asignaciones especificas a oenegés, algunas de reciente creación, sin criterios sobre las competencias necesarias para los recursos que se les va a desembolsar, limitando así la capacidad de fiscalización para lograr un adecuado desarrollo social con base en la planificación y seguimiento en la ejecución, que fomenten la eficiencia y la transparencia del gasto público.

“Esto solo genera mayor corrupción”, señaló.

Resaltó que dentro de las propuestas técnicas presentadas en el Encuentro Nacional de Empresarios, por parte de Fundesa, se ha recalcado la importante necesidad de eliminar la asignación a proyectos específicos que no tengan estudios de preinversión, así como la urgencia de contar con contratos de pagos por indicadores, que ayuden a transparentar la calidad de la inversión.

Señaló que el presupuesto aprobado asigna fondos a proyectos específicos del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, con readecuaciones presupuestarias, por montos significativos, para financiar obras y proyectos que no estaban en los planes del Ministerio según el proyecto de presupuesto enviado originalmente por el Organismo Ejecutivo, por lo que el uso de tales recursos puede ser cuestionable y opaco.

“Tal y como se expresó en comunicados anteriores, el presupuesto aprobado también atenta contra la estabilidad macroeconómica, ya que no se reintegró el pago al Banco de Guatemala por sus deficiencias netas, razón por la cual el déficit fiscal seria cerca del 2% del Producto Interno Bruto (PIB). Esto es sumamente preocupante”, advirtió.

Añadió que “Adicionalmente, se dejó en riesgo al Estado de Guatemala de caer en una parálisis en la colocación o recolocación de deuda, ya que el Gobierno debe contar con la aprobación previa del Congreso para emitir, negociar o colocar Bonos del Tesoro, hasta por un monto igual al de los vencimientos que se produzcan durante el ejercicio fiscal vigente. Esto afecta negativamente la calificación de riesgo país, ya que no se podrían recolocar los bonos que vencen el próximo año por un monto cercano a los Q6 mil 260.9 millones, según el propio Ministerio de Finanzas”.

Fundesa solicitó: “Por estas y otras razones técnicas recomendamos al presidente de la República vetar el decreto 18-2023 del Presupuesto General 2024”.

Mientras que ciudadanos representados en el Frente Ciudadano Contra la Corrupción expresaron su “profundo” rechazo ante la aprobación del presupuesto de ingresos y egresos de la Nación 2024 por parte del Congreso.

“Consideramos que este presupuesto, lejos de representar un avance en la gestión de los recursos públicos, perpetúa vicios y prácticas que históricamente han facilitado la corrupción en el país”, señaló.

Reiteró: “Nos preocupa que, a pesar de los esfuerzos de la ciudadanía por demandar transparencia y eficiencia en la administración de los recursos públicos, el presupuesto aprobado no refleja un compromiso real con estos principios fundamentales”.

Agregó que en lugar de avanzar hacia una gestión responsable y alineada con las necesidades prioritarias de la población, el presupuesto mantiene estructuras y asignaciones que han sido fuente de malversación y prácticas corruptas en el pasado.

Ante este escenario, hizo un llamado urgente al presidente de la República para que ejerza su facultad de veto sobre este presupuesto y promueva una reestructuración integral que garantice la verdadera atención de las necesidades de la población guatemalteca.

Indicó que es imperativo que se establezca un presupuesto que esté al servicio de los intereses colectivos, evitando privilegios indebidos y promoviendo la equidad en la distribución de los recursos.

Instó a que esta reestructuración se haga con la participación de la sociedad civil, permitiendo un proceso transparente y democrático que refleje las verdaderas necesidades de la población.

“La transparencia en la gestión pública es esencial para reconstruir la confianza en las instituciones y avanzar hacia una Guatemala más justa y próspera”, reiteró.

Reafirmó su compromiso con la lucha anticorrupción y de continuar trabajando incansablemente para asegurar que los recursos públicos se administren de forma ética, eficiente y para el beneficio de toda la sociedad guatemalteca.

Además, la Fundación Libertad y Desarrollo en un comunicado señaló: “Un congreso dominado por delincuentes solo podía producir un presupuesto dedicado a la corrupción”.

Añadió que la “Nación debe rechazar este presupuesto de la vergüenza por ilegal, inmoral y ofensivo y si al presidente le queda una gota de decencia, lo debe vetar”.

“Solo el descaro y el cinismo de la infame clase política que desgobierna nuestro país son más grandes que su ignorancia y su temeridad”, puntualizó.

Prensa Libre


Por opacidad y candados, crecen los llamados para que Giammattei vete el Presupuesto 2024

Desde su aprobación al filo de la medianoche el pasado 30 de noviembre, cámaras empresariales, entidades académicas y autoridades ancestrales han requerido al presidente, Alejandro Giammattei, que vete el Presupuesto 2024 aprobado por el Congreso de la República, el que asciende a Q124 mil 879 millones. Más allá de los montos, la mayoría de los sectores y analistas coinciden en la opacidad de las asignaciones.

Además, los diputados del partido oficial, Vamos, y sus aliados no corrigieron las dificultades que representaría para el gobierno de Bernardo Arévalo acudir al Legislativo para la negociación, renegociación y colocación de Bonos del Tesoro, así como el pago de la deuda pública.

La Cámara de Comercio, la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), la Fundación Libertad y Desarrollo, las autoridades indígenas ancestrales, el Consejo Empresarial Nacional y el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), así como el presidente electo, Bernardo Arévalo, entre otros, emitieron comunicados de prensa durante el fin de semana señalando diferentes dudas provocadas por las enmiendas introducidas por los diputados, pero todos ellos con un pedido particular: el veto presidencial.

Mientras que el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) abogó en su pronunciamiento por una corrección del Presupuesto 2024, utilizando mecanismos establecidos en la ley guatemalteca.

“Esto puede generar gran incertidumbre, ya que, de no lograrse dicha aprobación oportunamente, el Estado podría quedar imposibilitado de hacer frente a sus obligaciones financieras y caer en incumplimiento de pagos”, indicó respecto al pago de la deuda pública.

Las autoridades ancestrales también convocaron a una marcha desde los alrededores del Congreso hoy, argumentando que el financiamiento público del próximo año es parte de la estrategia de quienes desean impedir la toma de posesión.

Más allá de montos

Para Ricardo Barrientos, del Icefi, el Presupuesto 2024 tiene premios y castigos, ya que el techo presupuestario no se incrementó. Sin embargo, advirtió de disminuciones como a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) luego que su titular, Marco Livio Díaz, indicara a la comisión de Finanzas que era viable una de las propuestas planteadas por el equipo de transición.

El Ministerio Público, el Organismo Judicial, el Ministerio de Comunicaciones, la Universidad de San Carlos y el Registro Nacional de las Personas serían algunas de las entidades “premiadas”, lo cual coincide con su intervención en la coyuntura actual, agregó Barrientos.

Enmiendas levantan dudas

Por ejemplo, una de las enmiendas introducidas por los diputados del oficialismo impide reducir el presupuesto del Ministerio Público dirigido por María Consuelo Porras, otra reduce el financiamiento a programas de vivienda y se trasladan esos fondos a un listado de obras.

La contratación de pauta de la Secretaría de Comunicación Social, además, solo puede concretarse con canales de televisión y radios gratuitas con cobertura nacional.

“Desde Icefi, advertimos que no hay que ver solamente los techos institucionales, es muy importante que veamos las normas para ejecutar, porque ahí está lo importante en esta ocasión”, remarcó Barrientos.

¿Se puede utilizar el presupuesto actual?

Erick Coyoy, consultor de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), advirtió, previo a la aprobación del Presupuesto 2024, que el riesgo más “delicado” es el impago de la deuda, por los candados establecidos al gobierno de Arévalo.

Aunque no es deseable, Coyoy consideró incluso preferible mantener el Presupuesto 2023 y recordó la aprobación de 2020 que provocó movilizaciones ciudadanas hasta que el Congreso de la República decidió archivarlo.

“No es la primera vez que el Congreso hace ese tipo de cambios negativos para la gestión pública, podría ser mejor (mantener Presupuesto 2023), porque no tiene condicionantes para el nuevo gobierno”, expresó.

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