Latinoamérica en lucha por una agenda ambiental con justicia social

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Latinoamérica en lucha por una agenda ambiental con justicia social

Por CLAE y NODAL*

La problemática ambiental emerge cada vez más como una temática transversal a numerosos conflictos y luchas en los países de América Latina y el Caribe. A continuación, haremos un breve repaso de los hechos y acontecimientos en materia ambiental que atravesaron la región en este 2023.

Frenar la deforestación del Amazonas, una política central del gobierno de Lula da Silva

El nuevo mandato de Lula da Silva en Brasil debe enfrentar las consecuencias generadas por más de 6 años de gobiernos de derecha en la República Federativa de Brasil: niveles alarmantes de deforestación que no se registraban desde hacía más de una década y el libre accionar de una en- tramada red de grupos corporativos mafiosos que actúan con total impunidad en la selva brasileña. El escenario que encontró Lula al asumir no era para nada alentador. A principios de enero, el programa de vigilancia Deter (Detección de la Deforestación en Tiempo Real), del Instituto Nacional De Investigación Espacial (INPE) de Brasil informó que la deforestación en la Amazonia brasileña alcanzó un 150% en diciembre en comparación con el mismo mes del 2021.

Además, a fines de enero, Lula tuvo que declarar el estado de emergencia sanitaria en la Tierra Indígena Yanomami, reserva donde viven más de 30 mil indígenas yanomami. En los últimos cuatro años el área deforestada por mineros ilegales llamados “garimpeiros” pasó de 1.236 hectáreas en octubre de 2018 a 5.053 hectáreas en diciembre de 2022. Lo cual incrementó durante el 2023 las cifras de violencia y destrucción del territorio y las denuncias de líderes Yanomami por el asesinato de indígenas, abuso sexual contra mujeres y niños, y la contaminación de sus ríos con mercurio.

El mandatario brasilero asumió el 1 de enero de este año su tercer mandato prometiendo que la política ambiental sería transversal a todas las áreas de su gobierno, buscando incrementar ampliamente las energías limpias y recomponer el liderazgo de su país en la cuestión climática, reconociendo los derechos de los pueblos indígenas. Además, asumió el compromiso de erradicar la deforestación para el año 2030, a través de una reedición de un plan que él y su ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, ya habían puesto en marcha en su primer gobierno, en 2004.

Ya puesto en marcha el plan para proteger el Amazonas, las cifras de deforestación comienzan a revertirse poco a poco. Según informó el INPE de Brasil, en el mes de septiembre 2023 disminuyó un 59% en comparación con el mismo período del 2022 y mantiene así la tendencia a la baja registrada en los últimos meses.

Al gobierno de Lula se le suma una arista más del problema climático: la extrema sequía que lleva a los ríos de la Amazonía brasileña a niveles históricamente bajos. La deforestación, las escasas lluvias y el aumento de las temperaturas, todo esto agravado por el fenómeno climático de El Niño ha llevado a que uno de esos ríos llegara a su nivel más bajo alguna vez registrado, mientras que otros se acercan a niveles críticos, afectando directamente a más de 600.000 personas en el estado de Amazonas.

Hacia finales de noviembre, en su gira por Europa y medio oriente la delegación que acompañó al presidente de Brasil, Inacio Lula Da Silva hizo tres escalas antes de llegar a la Conferencias de las Partes COP28 realizada en Dubai, para discutir temas de interés para el país y reunirse con empresarios en busca de inversiones en Arabia Saudita, Qatar y Alemania. Las declaraciones del presidente brasileño fueron las siguientes: “En Brasil la emergencia climática ya es una realidad. El Amazonas atraviesa en este momento una fase de sequía inédita y el nivel de sus ríos es el más bajo en 120 años”. Así también aclaró qué Brasil “no participará en la OPEP, sino en la OPEP+” lo que le permitirá superar la política de combustibles fósiles, para que “los países que ganan dinero con esta política puedan invertir en la energía del futuro, la energía verde”.

Tan claro es su rol en el tablero regional y los asuntos mundiales que un grupo de 22 organizaciones de la sociedad civil de Latinoamérica y el Caribe le expresaron al presidente brasileño, a través de una carta abierta, sus preocupaciones frente a la crisis climática. En la misiva política, actores regionales como el Instituto Talanoa, Argentina 1.5°C, POLEN Transiciones Justas Colombia, La Ruta del Clima, Chile Sustentable, Observatório do Clima (OC), Associação Alternativa Terrazul, Instituto de Estudos Socieconômicos (INESC), Instituto de Pesquisa e Formação Indígena (Iepé), Revolusolar, Iniciativa Climática de México (ICM) y Transforma de Colombia, entre otros, insta- ron al mandatario petista a que utilice la presidencia del G20 para incidir en soluciones concretas y plausibles para la Latinoamérica y el Caribe.

Uruguay: una crisis hídrica sin precedentes

Durante el mes de Julio, Uruguay atravesó la peor crisis hídrica de su historia. Debido a la falta de lluvias, Montevideo y el área metropolitana llegó a tener un 1% de agua potable apta para beber. Por un lado, las olas de calor fueron muy intensas y hubo una caída histórica de las precipitaciones, pero la falta de políticas por parte del gobierno del neoliberal Luis Lacalle Pou para proteger el funcionamiento de las cuencas y limitar otros usos del agua exacerbó dicha crisis. Además, científicos y ambientalistas uruguayos aseguraron que la falta de agua no es sólo consecuencia de la sequía producida por el cambio climático sino también por el uso excesivo de agua por parte de las actividades agroindustriales, con más de 400 desvíos de arroyos y ríos. A pesar de que el acceso al agua potable sea un derecho básico en el país desde 2004, en Uruguay hay al menos 486 embalses privados de distintos tamaños que desvían fuentes de agua de uso común para uso exclusivamente agropecuario.

Yasuní: Ecuador votó a favor de detener la explotación petrolera

El pasado 20 de agosto Ecuador marcó un precedente a nivel mundial cuando, mediante un plebiscito que se realizó de forma conjunta con las elecciones generales del país que otorgaron una victoria a la fuerza de centro derecha, se decidió detener la explotación de petróleo de uno de sus mayores yacimientos ecuatorianos, situado en el Parque Nacional Yasuní de dicho país.

Meses antes, el movimiento “Yasunidos” había presentado 756.291 firmas para pedir una convocatoria a consulta popular sobre la extracción de crudo en los campos Ishpingo, Tiputini y Tambococha (ITT), en el Parque Yasuní. Dicho movimiento fue liderado por cientos de jóvenes y contó con la participación de una gran parte del movimiento indígena que exigía el cese de las extracciones petroleras en manos de privados.

Frente a la decisión del voto popular, el estado ecuatoriano cuenta con un año de plazo para desmantelar las instalaciones de acuerdo al fallo de la Corte Suprema de Justicia, lo cual se evidenció como una verdadera victoria del pueblo ecuatoriano en el resguardo de una de las zonas con mayor biodiversidad por metro cuadrado del planeta, según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Colombia: un plan de desarrollo nacional con una fuerte perspectiva ambiental

A principios de febrero de 2023, el presidente colombiano Gustavo Petro presentó el Plan Nacional de Desarrollo (PND) el cual busca implementar un fuerte ordenamiento territorial alrededor del agua, la adaptación al cambio climático, otorgar concesiones de aprovechamiento de recursos naturales en baldíos de la nación y reservas forestales, y no otorgar más concesiones de carbón a gran escala y a cielo abierto.

La transición energética ha sido uno de los temas en agenda de los últimos meses. El mandatario colombiano ha denunciado que no es posible la transición energética sin considerar las responsabilidades corporativas y fundamentalmente de los países con mayor desarrollo industrial, por sobre el resto. Recientemente afirmó en su cuenta de X: “Propondremos a los líderes del mundo el canje de deuda por acción climática y la necesidad de establecer un sistema de alerta temprana para enfrentar la crisis climática”.

Durante su discurso en la Conferencia de las Partes en Dubai, Petro reiteró la propuesta de Colombia de enfrentar la crisis climática teniendo como pilar la transición energética resaltando que “Colombia ha dejado de firmar contratos de exploración de carbón, petróleo y gas”, convirtiéndose así en el décimo país en adherir al Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles. El presidente del Pacto Histórico resaltó además la disminución del 70% de la deforestación en la selva amazónica colombiana, utilizando recursos nacionales.

Panamá: un ejemplo de lucha y resistencia antiminera

El pasado 20 de octubre el parlamento panameño aceptó el proyecto de Ley 1100, que renovaría el contrato con la Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals, generando un fuerte rechazo por parte de la sociedad que inmediatamente se organizó dando lugar a una jornada histórica llena de movilización social y lucha callejera durante casi un mes.

Así, sindicatos de trabajadoras/es de la construcción, maestras/os, comunidades indígenas, estudiantes universitarias/os, personal sanitario y organizaciones de derechos humanos y de la naturaleza, se sumaron a una larga jornada de resistencia contra la renovación del contrato.

Las manifestaciones en los diferentes puntos del país llegaron a más de 70 mil personas, niveles de movilización que no se veían desde hace más de 30 años con la dictadura de Manuel A. Noriega.

Luego de una moratoria aprobada por el Congreso de la nación exigida en las calles, finalmente la Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró inconstitucional el acuerdo minero y la filial First Quantum Minerals comenzó el retiro voluntario de trabajadores, de la zona.

Defensores ambientales: en el centro de la mira

La organización Front Line Defenders lanzó en el mes de mayo su informe 2022, un documento que muestra la situación de personas que han dedicado su vida a la defensa de la tierra, el ambiente, los pueblos indígenas, las mujeres y la comunidad LGBTIQ+. Este análisis global registró que Latinoamérica sigue siendo la región con mayor número de muertes de personas defensoras de derechos humanos. De los cinco países del mundo que concentraron más del 80% de los asesinatos de estos activistas, cuatro son de la región latinoamericana: Colombia (186), México (45), Brasil (26) y Honduras (17). El informe sostiene que el ámbito de defensa del derecho a la tierra, el ambiente y los derechos de los pueblos indígenas fue el más atacado, representando casi la mitad (48 %) del total de asesinatos.

Debido a las cifras alarmantes, del 26 al 28 de octubre se llevó a cabo el 2° Foro Anual sobre Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos en asuntos ambientales de América Latina y el Caribe (ALC), en Panamá. Allí desde la organización Front Line Defenders, pidieron mayor protección y voz ante la violencia que sufren en la región, además de poder tener una cuota de participación en el Acuerdo de Escazú (CEPAL, ONU 2018), que contiene disposiciones específicas sobre personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales.

Así se cierra un 2023 donde las consecuencias del cambio climático impactan cada vez más en el territorio latinoamericano. Una cosa sí está clara: la incorporación de la temática ambiental empieza a tomar peso en las agendas políticas de los países de la región. La carrera a contrarreloj comenzó hace rato y será la lucha y presión social en los diferentes puntos de América Latina y el Caribe lo que permita que los estados nacionales asuman la agenda ambiental como prioridad hacia un camino de producción sustentable, de cuidado de nuestra casa común y, lo más importante, con una fuerte impronta de justicia social que permita mejorar la calidad de vida de los y las latinoamericanas de la mano de un ambiente sano y diverso.

*Artículo publicado en el Anuario 2023 de América Latina y el Caribe de NODAL Y CLAE

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