Argentina | Todos contra la idea de volver al manicomio – Por Luis Batús

En el abanico de asuntos que el proyecto de ley «Bases y puntos de partida para la libertad» altera, se cuenta un capítulo de ocho artículos destinados a modificar la ley n° 26.557, de Salud Mental, y que proponen volver a la manicomialización del paciente. La avanzada encontró pronto el rechazo de la ministra de Salud de Santa Fe, Silvia Ciancio, a tono con un coro de voces autorizadas que advierten el peligro de volver a la etapa previa a la ley de 2010, donde las personas con problemas de salud mental eran despojadas de derechos y confinadas a encierros deshumanizantes.

Una de esas voces es la del psicoanalista Alberto Trímboli, ex presidente de la Federación Mundial de Salud Mental y coordinador del área de adicciones en el Hospital General de Agudos Teodoro Álvarez, de Buenos Aires.

«La idea del gobierno es volver al manicomio, aunque parezca sorprendente. La ley actual considera que los manicomios ya no deben existir, como tampoco las clínicas psiquiátricas, las comunidades terapéuticas. La ley tiende a un abordaje comunitario de la problemática, con perspectiva de los derechos de la persona. La internación queda como último recurso. Pero este proyecto de ley que envió el gobierno al Congreso echa por tierra estos avances en derechos humanos y acceso a la salud que Argentina logró con la ley 26.657, reconocida como la mejor en muchísimos países», destacó el especialista.

En Santa Fe, la posición también se encamina al rechazo frontal a este capítulo de la llamada «ley ómnibus» de Javier Milei. La ministra Silvia Ciancio rechazó con énfasis la propuesta del Ejecutivo. «Es retroceder en cuanto a los derechos de las personas con padecimientos subjetivos. Estamos trabajando para que esta situación nos interpele y ver por qué vuelven a escucharse discursos que avalan al manicomio como una solución. Estamos absolutamente en contra», afirmó.

El criterio que la ministra expuso en su informe de la semana pasada sobre la situación de su cartera apunta a refundar las regiones de Salud en la provincia y fortalecer el sistema de atención primaria, y de atención en salud mental porque –reveló– en 2023 se registró un incremento de 133 por ciento en las consultas de personas sobre este área.

«Nuestro plan de salud mental está basado en un enfoque de derechos. Necesitamos de un abordaje integral y eficiente. Abogamos por una implementación plena de la Ley de Salud Mental, que no es mala. Hay que interpretarla y aplicarla. También continuar un camino para que los hospitales aborden estas situaciones. Necesitamos recetas eficientes, no las que ya fracasaron. Las personas no pueden estar encerradas solo por estar locas», definió.

La propuesta libertaria no suma ni un voto a favor. La Organización Panamericana de la Salud se interesó por el caso argentino a partir de una consulta del diputado nacional por el socialismo, el rosarino Esteban Paulón, y declaró la semana pasada que «ciertas modificaciones podrían exacerbar las dificultades ya existentes en la implementación efectiva y contravenir estándares internacionales de derechos humanos».

La OPS alertó de esta manera que los cambios propuestos por la ley ómnibus «facilita internaciones involuntarias sin sustento científico». Choca contra la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, «sobre igual reconocimiento como persona ante la ley» si impone que un juez decida la internación de alguien sin la evaluación previa del equipo interdisciplinario de salud que establece la ley vigente.

La opinión de la OPS sostiene que la reforma que propone Milei «reduce el foco en el abordaje comunitario y habilita comunidades terapéuticas, limitando el modelo comunitario de atención». Esto, en resumen, socava el derecho del paciente «a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad», plantea el comunicado que se conoció este viernes.

La OPS advierte que la iniciativa del Ejecutivo suma motivos para una internación involuntaria y la habilita con solo la firma de un solo profesional.

Trímboli, en una nota con el programa Estamos de vuelta, de radio Sí 98.9, trajo a cuento el caso de Natalia Kohen. Esta artista plástica, escritora y mecenas mendocina, al enviudar en 2005, fue internada a la fuerza por sus hijas en una institución psiquiátrica. Consideraban ellas que su madre no estaba capacitada para administrar la fortuna familiar. Entonces, la encerraron en una clínica psiquiátrica. Bastó para eso la orden de un juez apoyado en el diagnóstico del neurólogo y político radical Facundo Manes, quien convalidó la viabilidad de esa internación forzosa.

La mujer padeció el encierro por algunas semanas hasta que logró acceder a un teléfono y pedir ayuda a un amigo. «Esto no es ficción, sucedió y sucede: quien quiere librarse de una persona, o la manda a matar, o la hace encerrar», planteó Trímboli. «Para internar a una persona con problemas de salud mental, el lugar es el hospital general, nada más. Pero en el cambio que se pretende lo reemplaza por el eufemismo de ‘instituciones adecuadas’, y nadie sabe a qué se refiere», se alarmó.

Trímboli explicó que «la internación es un momento de crisis, pero no es para estar toda la vida, como hay gente que pasa años y años internada. Es como las muletas, que sirven como apoyo para poder caminar. Hay personas con problemas de salud mental que necesitan apoyo: viviendas asistidas, acompañamiento terapéutico, son una serie de dispositivos que permiten que puedan vivir en comunidad. El problema es que todavía no garantizamos estos dispositivos, y las familias así solo piensan en internar al paciente. Si no se lo damos, sí tendrán que estar encerrados. Y es lo que la ley vigente trata de evitar, y que ahora esta ley del gobierno retoma».

«El proyecto dice que el juez, por su condición, podrá internar de forma involuntaria a una persona. Eso desdibuja la autoridad del equipo interdisciplinario, de los organismos de control y revisión de las internaciones. Está claro que es un regreso a la manicomialización», señaló el psicoanalista.

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