Colombia | Cerró el tercer ciclo de negociación entre el Gobierno y la disidencia de las FARC con un acuerdo de siete puntos
Con acuerdos sobre la agenda y el reclutamiento, se cerró tercer ciclo con disidencias
Por Camilo A. Castillo
El tercer ciclo de negociación entre el Gobierno y el autodenominado ‘Estado Mayor Central’ (Emc), la disidencia de las Farc al mando de ‘Iván Mordisco’, cerró este jueves con un acuerdo de siete puntos. Este incluye el compromiso de acatar el Derecho Internacional Humanitario (DIH) en lo referente al reclutamiento, la construcción de una agenda y la evaluación de la situación de los integrantes de ese grupo armado que se encuentran privados de la libertad.
Estos temas se suman a la prolongación del cese del fuego –que ya había sido confirmada por la oficina del alto comisionado para la Paz el 14 de enero– y a la ratificación del compromiso de esa estructura armada de ponerle fin al secuestro con fines económicos.
“Hicimos evaluación, por un lado, y proyección por otro, para que en el ciclo que se realizará la primera semana de marzo nos permita tener un balance positivo. Se ha avanzado mucho en perfilar lo que tiene que ser la agenda y se incorporó fuerte el tema ambiental, la cuestión amazónica”, señaló Camilo González Posso, jefe de la delegación del Gobierno en la mesa.
Varios de los puntos que aparecen en el documento firmado por ambas delegaciones ya habían sido acordados previamente durante el segundo; sin embargo, algunos se ratificaron. Por ejemplo, en esta ronda se eligieron las zonas que serán priorizadas por la mesa para las denominadas ‘transformaciones territoriales’: Caquetá, la cuenca del río Catatumbo y el Cauca, sobre todo en el cañón del Micay.
En esta última región es donde el panorama parece más complejo. El Tambo, Argelia y López de Micay han sido desde hace décadas epicentro del conflicto y municipios claves para la producción de coca por parte de este grupo que, según informes de inteligencia, tiene, contando todas sus estructuras, 3.480 hombres en armas.
De hecho, y de acuerdo con el ‘Informe de monitoreo de territorios con cultivos de coca’, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el enclave Argelia-El Tambo es el más fructífero para la producción de esta sustancia en el país: hoy cuenta con más de 10.000 hectáreas cultivadas.
Por tal motivo, el Gobierno ha centrado su atención allí. El objetivo del presidente Petro no solo es quitarles el control al frente ‘Carlos Patiño’ y a otros grupos que hacen presencia en la región, sino reemplazar las economías ilícitas derivadas de los cultivos de coca, algo que a primera vista no parece sencillo.
También se conformará una comisión de seguimiento y evaluación para hacerles veeduría a los acuerdos de respeto a la población suscrito en marzo del año pasado en San Vicente del Caguán (Caquetá) y en Villavicencio y Altamira (Meta).
Otra de las preocupaciones que expuso la delegación liderada por González Posso en la mesa, y que tiene que ver con el segundo punto del acuerdo, es la protección a la población civil.
En ese aspecto se acordó definir planes concretos “para el cumplimiento estricto del DIH y de los derechos humanos”. Esto incluye “lograr reducciones en las afectaciones a la población civil en razón del conflicto social y armado”.
Eso significa el compromiso del ‘Estado Mayor Central’ de respetar el Derecho Internacional Humanitario (DIH) en lo referente a la vinculación de personas a sus filas, lo que hace referencia al no reclutamiento de menores de edad.
Y es que luego del asesinato de tres menores de edad de la comunidad indígena Murui en mayo, los cuales habían sido previamente reclutados por el frente ‘Carolina Ramírez’ en Putumayo -episodio que además derivó en la suspensión del cese del fuego decretado por el Gobierno en diciembre de 2022-, este asunto, así como el fin del secuestro, fue una de las líneas rojas que estableció el Gobierno.
Ahora, para Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflicto (Cerac), la verificación del cumplimiento de los acuerdos es uno de los retos que plantea este proceso.
“Cumplir con la implementación inmediata, a diferencia de lo que pasó en otros procesos en donde las cosas no estaban acordadas hasta que todo estuviera acordado, es muy difícil porque toca hacerlo mientras estos grupos continúan con las armas, lo que es una amenaza latente de volver a la violencia”, opinó el experto.
Mesa con el Emc tercer ciclo
Las delegaciones de Gobierno, liderada por Camilo Gónzalez, y del ‘Estado Mayor Central’, cuyo representante es Óscar Ojeda, alias Leopoldo Durán, estuvieron reunidos desde el 9 enero.
Por otro lado, se anunció una comisión jurídica que tendrá el acompañamiento de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas y de la Mapp-OEA, para dar recomendaciones jurídicas sobre la situación de los miembros del Emc que actualmente están en las cárceles.
Pero más allá de los anuncios, otro gran reto que tendrá la mesa de ahora en adelante, tema sobre el cual se esperaba mayores avances en este ciclo, es la construcción de la agenda. Si bien en este ciclo se definieron los temas sobre los cuales se construirá dicho documento (tierras, territorio, ambiente, seguridad, víctimas y modelos de gobernanza, entre otros), todavía no existe una estructura o cronograma definido de cara a la búsqueda de acuerdos o a, por ejemplo, la participación.
Para Francisco Daza, coordinador de la Línea paz territorial y derechos humanos de la Fundación Pares, este es uno de los temas que merecen especial atención debido a que se definió quiénes participarán (campesinos, indígenas, afrodescendientes, mujeres, poblaciones víctimas y juventudes, entre otros), pero no cómo ni dónde.
“Si bien se hace una declaración de intención para que esto sea así y es positivo que haya un compromiso, queda en duda cuál va a ser el mecanismo, si va a ser similar al que ya existe con el Eln o si será una instancia de otro tipo”, opinó.
Otro de los aspectos acordados en esta tercera ronda fue incluir un enfoque socioambiental en lo que se acuerde entre las partes. “En la agenda se dará especial atención en los problemas socioambientales de la Amazonía, así como de las demás áreas protegidas del país, reconociendo y fortaleciendo”.
Un tema del que poco se hace referencia en el acuerdo publicado es la verificación de la tregua. Aunque el cese del fuego está vigente desde hace tres meses, esta instancia aún no está totalmente instalada.
Durante las plenarias en Bogotá, representantes de ambas delegaciones instalaron las sedes regionales de Arauca y Mocoa, las cuales se unieron a las oficinas ubicadas en Bucaramanga y Villavicencio. Se espera que 22 más sean instaladas antes del fin de la tregua.
Estas oficinas, cuya misión es recibir las denuncias sobre posibles violaciones de la tregua, no han emitido ningún reporte oficial sobre incumplimientos del cese, más allá de que González Posso dijo que el balance era positivo.
Instancia Arauca del cese del fuego
Tampoco hubo pronunciamiento sobre episodios como la incineración de dos vehículos de transporte de madera en el Valle del Cauca (de la que se responsabiliza a la estructura Jaime Martínez) o sobre el secuestro durante algunas horas de dos transportadores de alimentos por parte del Bloque Magdalena Medio, que ellos mismos se atribuyeron en un comunicado.
De acuerdo con un informe del Cerac, desde el 16 de octubre del 2023, fecha en que se firmó la tregua, hasta el pasado 15 de enero se registraron 18 acciones ofensivas y tres incumplimientos al cese del fuego bilateral atribuidos a ese grupo.
