Colombia | Paz total: cuatro hitos del 2023 y dos retos para el 2024
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Por Jorge Mantilla
El 2023 fue un año de persistencia de la violencia y de múltiples crisis para la “paz total”. Desde ahora es claro que si todo sale bien, o sea en el escenario más optimista, al final de este gobierno habrá una paz parcial.
Todavía ignoramos la capacidad de esa paz parcial para disminuir sostenidamente la violencia armada en Colombia, y ese quizás es el principal reto que tiene la agenda de paz de Gustavo Petro. La matanza que hemos presenciado en estos días en el Cauca es la demostración de que la inseguridad está interponiéndose en el camino de la paz.
A pesar de las turbulencias y del ruido, el gobierno estabilizó su política principal de cara a un 2024 en el que se definirá si tiene éxito en este frente y en el de seguridad. Por lo tanto, también el camino que se vislumbra para las elecciones presidenciales de 2026.
1. La armonía de ambiente, agricultura y justicia
El primero de ellos, y el más importante, es el círculo virtuoso de política pública que se armó entre las carteras de ambiente, agricultura y justicia. A pesar de que ninguna de estas carteras es la directa responsable de los asuntos de seguridad y paz, la articulación entre las tres permitió avanzar en tres aspectos para la transformación territorial y la construcción de paz: la reducción de la deforestación, la construcción de una nueva política de drogas y el importantísimo avance en materia devolución, entrega y titulación de tierras al campesino.
En términos generales, si otros sectores emulan ese trabajo en equipo frente a los problemas estratégicos de la paz, el desempeño del gobierno y la popularidad del presidente serían otros.
2. Los acuerdos con el ELN
El segundo hito es lo acordado hasta el momento con el ELN, seis acuerdos anunciados al final del quinto ciclo de negociaciones el 17 de diciembre, que incluyen su renuncia al secuestro con fines económicos (punto 2). Por la naturaleza y la trayectoria del ELN este es el proceso más importante de la “paz total”. Allí el gobierno se juega la piel porque la negociación implica mover los hilos de la política exterior colombiana tanto con Venezuela como con Estados Unidos, y porque negociar con los elenos es muy difícil.
Así lo confirman las reiteradas declaraciones de Antonio García; cada vez que el primer comandante del ELN habla y dice que el ELN no va a dejar de secuestrar causa indignación y aumenta el rechazo a la política de paz de Petro.
Este año vimos un proceso de paz inédito con una guerrilla cuya arrogancia el país conoce bien. La legitimidad de la paz total fue directamente diezmada por el ELN a través del asesinato de policías, de los paros armados, y cuando decidieron seguir con el secuestro. El episodio del papá de Lucho Díaz es particularmente diciente en ese punto. Todo esto marcó la pauta de un proceso en el que el ELN le midió el aceite al gobierno y logró el mejor de los escenarios posibles.
A pesar de esto, el gobierno ha sorteado la andanada de críticas porque es cierto que ningún proceso con esta guerrilla había avanzado tanto. Esto contrasta con los esfuerzos de paz inexistentes durante el gobierno Duque, que igual no frenaron la expansión de los grupos armados.
Si el gobierno debe o no persistir en su búsqueda de una salida política al conflicto armado depende básicamente de que esta mesa de negociación muestre resultados. Son excepcionales las voces que dicen que no hay que negociar con el ELN. El problema principal radica en que parece que fue la guerrilla la que impuso líneas rojas a la negociación y no el Estado, como se esperaría.
3. El cese al fuego con el EMC
El tercer hito es el cese al fuego con el autodenominado Estado Mayor Central (EMC), las disidencias de las Farc.
Aunque este proceso carece de agenda y está permeado por una enorme confusión que afecta la confianza entre las partes, el cese al fuego se mantiene y en su último comunicado el EMC renuncia al secuestro extorsivo. Un logro indiscutible del equipo negociador del gobierno, que aprendió de los errores que tuvieron como consecuencia la salida de Danilo Rueda de su cargo, y mantiene esta negociación alejada de los micrófonos y de las cámaras de televisión.
El lunar de este proceso es el inesperado reconocimiento político y de la estructura organizativa que hizo el gobierno Petro de un conjunto de grupos armados disímiles con marcados rasgos de criminalidad organizada. El costo fue alejar al santismo de los esfuerzos de paz de este gobierno y la desatención pasmosa a la puesta en marcha del acuerdo del Colón con las Farc, que Petro dijo que no se podrá cumplir.
Al reconocer políticamente y negociar con el EMC, Petro abrió una discusión que se creía zanjada sobre la desaparición de las Farc como grupo armado, y puso en tela de juicio la legitimidad de lo firmado en 2016. El problema de fondo es sostener que el EMC, como en su momento las Farc, pretende la toma del poder político por las armas.
4. La ofensiva contra el Clan del Golfo
El cuarto hito es la ofensiva contra las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC – Clan del Golfo). Como lo dije en una columna de marzo de este año en Razón Pública, para que la paz sea políticamente rentable, requiere de enemigos.
El estancamiento de las conversaciones abiertas con el grupo criminal más poderoso del país le ha dado la posibilidad al gobierno de destinar una cantidad importante de recursos operativos y de inteligencia a golpear a esta organización. Solo en el último mes se llevaron a cabo 217 capturas en 17 departamentos. Con ello, el gobierno ha recuperado la iniciativa militar a la que renunció en el marco de los ceses al fuego pactados tanto con el ELN como con el EMC.
Las AGC no han respondido militarmente a la persecución del Estado. Fieles a su naturaleza de grupo del crimen organizado, han preferido el camino de la cooptación de miembros de la fuerza pública y de la captura del estado local en zonas donde mandan, como el sur de Córdoba.
Este hito abre la puerta para que se construya el componente sólido de seguridad que estuvo ausente en la política de paz total durante el primer año de gobierno.
Dos retos de 2024
Con el tiempo en contra y un capital político maltrecho por la dura pelea legislativa de la reforma a la salud, los primeros seis meses de 2024 definirán si la disminución parcial de la violencia que se vive en algunos territorios es o no sostenible. Este es el reto más importante de la “paz total” el próximo año.
Las cifras son siempre un escenario de disputa. Mientras los más escépticos subrayan el aumento del secuestro, de la extorsión y del control territorial de los grupos armados, el gobierno y los más optimistas prefieren destacar la disminución en el número de combates, y de víctimas de desplazamiento forzado o de los confinamientos.
El otro año tiene que quedar claro si hay o no un desescalamiento de la violencia en Colombia. Si no lo hay, será difícil controvertir a quienes critican la “paz total” porque ha aumentado el poder de los grupos armados. Que la situación de orden público empeore causará la pérdida del ya poco apoyo de los colombianos a la política de paz de Petro.
Una parte sustancial de este reto depende de lo que pase en ciudades como Medellín, Cali y Barranquilla. Allí no depende solo de las negociaciones con el ELN o el EMC sino de los diálogos socio jurídicos con bandas locales. Esos diálogos cobran mayor importancia porque en esas tres ciudades se concentra buena parte de la violencia homicida que hace que Colombia sea uno de los países más violentos del mundo, según el último estudio global de la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Unodc).
El segundo reto consiste en recuperar la confianza de los colombianos en la paz total. Para ello, las conversaciones abiertas tienen que hablar de desarme y desmovilización. Si la paz total no conduce a una entrega de armas, quedará claro que quienes manejan los hilos de las negociaciones son los grupos armados y no el Estado.
Al país le conviene que el gobierno avance en una paz parcial que tenga como principal objetivo sacar a hombres y mujeres de la guerra. Paralelamente hay que hacer más esfuerzos para prevenir el reclutamiento y reparar a las víctimas.
Solo por mencionar el reclutamiento, este gobierno está en deuda de actualizar la Línea de Política Pública de Prevención y Protección de niños, niñas y adolescentes, frente al Reclutamiento, Utilización, Uso y Violencia Sexual. Pero eso no será posible hasta que la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, que coordina la comisión de la que depende esa línea de política, tenga más peso e importancia política. Hasta hace muy poco dejó de tener una jefa interina.
La fórmula que hemos probado en los últimos treinta años es la de construir gradualmente una disminución de la violencia. Es la única manera de hacerlo.
