Organizaciones sociales se movilizan por la emergencia alimentaria y docentes anuncian nuevo paro nacional

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Ollas populares y marcha piquetera al Ministerio de Economía

Por Laura Vales

Las protestas se van haciendo parte del paisaje habitual en la coqueta esquina de Juncal y la 9 de Julio, donde la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, tiene su oficina. Este miércoles hubo otra manifestación de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular en reclamo de alimentos para los comedores y merenderos comunitarios. Grupos de mujeres de los barrios más pobres de la Capital y el conurbano se concentraron en la puerta e hicieron una olla popular. Su objetivo fue mantener visible el problema de la falta de alimentos en los barrios.

“Los perros de Milei comen mejor que nuestras infancias en los comedores”, escribió una cocinera en un cartel que llevó a la marcha. Otras desplegaron fotos de la ministra con el epígrafe “Pettovello, no tenés corazón”.

Entre esas manifestantes estaba Natalia. Llegó desde el barrio La Esperanza, de Alejandro Korn, en el sur del Gran Buenos Aires. Allí la organización social a la que pertenece, la OLP, tuvo que cerrar su comedor. “Nosotras seguimos haciendo trabajo sociocomunitario porque cuidamos a los niños, damos apoyo escolar, hacemos promoción de la salud, damos clases de reggaetón y de zumba… Un comedor es mucho más que dar de comer, pero lo que más se necesita en este momento, que es el alimento, no lo tenemos”, explicó.

Los comedores que, con graves dificultades, siguen funcionando con los aportes de los municipios y las gobernaciones -también a través de alguna donación- están sobredemandados. La preocupación entre los dirigentes sociales es mucha: “La realidad es que en estos días miles de niños se están yendo a dormir con el estómago vacío”, definió Dina Sánchez.

La policía hizo su despliegue antipiquetes. Por suerte, los operativos parecen estar volviéndose menos agresivos, lo que hace pensar que en la Casa Rosada tienen algún registro del clima de la calle, y de que la clase media, aunque compre las campañas contra los movimientos sociales, entiende de qué están hablando los sectores populares cuando describen dificultades para comer.

Una tras otra

Es una semana de malas noticias para los movimientos y los trabajadores informales que venían accediendo a ingresos mediante actividades apoyadas por el Estado. El lunes, el presidente Javier Milei redujo drásticamente el Fondo de Integración Sociourbana (FISU), destinado a llevar los servicios públicos y mejorar las condiciones de vida en los barrios populares con cooperativas. Por otra parte, también las cooperativas del Programa Agua + Trabajo (que desarrollaba Aysa) sufrieron desvinculaciones y están viendo en peligro su continuidad. En tercer lugar, Capital Humano anunció que reemplazará el Potenciar Trabajo por dos nuevos programas (Volver al Trabajo, de capacitación para el empleo, y Acompañamiento Social, para madres de cuatro hijos y personas consideradas ‘inempleables’). El anuncio oficial estuvo enfocado en instalar la idea de que las organizaciones sociales recibieron millones de pesos y fueron “incapaces” de “promover la generación de empleo” o “generar verdaderas oportunidades de desarrollo”. Es un golpe duro, porque el discurso apunta a fortalecer la idea de que los beneficiarios del Potenciar -que era un salario social complementario para trabajadores informales- “no trabajan” o no se esfuerzan lo suficiente para conseguir empleo. Y esto pone la responsabilidad de la pobreza en la persona, como individuo, y no en el modelo económico que genera pobreza.

Dos protestas

El titular de la UTEP, Alejandro «Peluca» Gramajo, anunció que este jueves a las 10 van a movilizarse al Ministerio de Economía por la emergencia alimentaria y el Potenciar Trabajo. «No tenemos interlocución alguna con el Gobierno. El ajuste y la inflación tienen como resultado que la pobreza llega a casi el 60 por ciento de los argentinos, son millones que están pasando hambre y no hay ni una política paliativa”.

“Para nosotros, estos cambios tienen que ver con la lógica del ajuste del gobierno de Milei”, agregó su compañera Johanna Duarte. “Desde que asumió están reduciendo el Potenciar, señalando incompatibilidades que la mayoría de las veces no son reales”.

En organizaciones de izquierda, como el FOL, consideran que la intención del Gobierno es eliminar 400 mil planes Potenciar. “El número asignado no es casual. En abril de 2023, el FMI emitió una misiva en la que destacaba los ajustes realizados por la entonces ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz. En ese texto se planteaba que 400 mil planes se caerían producto del ingreso al mercado laboral. Ya en aquel momento cabía preguntarse de dónde había salido dicha estimación en un contexto de crisis económica y recesión”, señaló el FOL en un comunicado. Agregó que “esas directivas le permitieron a la gestión anterior comenzar con un recorte de 100 mil beneficiarios, a los que se sumaron los que ejecutó el Ministerio de Capital Humano en las últimas semanas y que contradicen lo que el Presidente anunció en campaña respecto de que la billetera de dicho ministerio iba a ser la única que iba a estar abierta”.

Además de la marcha a Economía, para este jueves fue anunciada una segunda protesta, de cooperativistas del Programa Agua + Trabajo, que irán a las 12 a la puerta de Aysa, en Tucumán 752 (CABA). “Este programa ha permitido el acceso a agua potable y la red de cloacas a barrios enteros”, indicaron las cooperativas. “Hicimos más de un millón de conexiones a la red de agua y cientos de miles de conexiones de cloacas, sólo en el conurbano”, pero hoy “tenemos los sueldos congelados y peligra nuestra continuidad laboral. Ninguna respuesta encontramos de las nuevas autoridades de Aysa. El nuevo gobierno, que dice haber venido a defender el trabajo, amenaza con dejar en la calle a dos mil personas de un plumazo. Dice que viene a combatir a la casta, pero no sólo la beneficia sino que amenaza con condenarnos a la miseria”.

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Los gremios docentes anunciaron otro paro nacional: “No tuvimos respuestas del Gobierno”

Los gremios docentes nucleados en la CGT (UDA, AMET, SADOP y CEA) anunciaron este miércoles un paro nacional para el próximo lunes 4 de marzo en todo el país y adelantaron que “de no tener respuesta del gobierno nacional” extenderán la medida de fuerza en todo el país. Por su parte, CTERA realiza este miércoles un plenario para “evaluar la situación y darle continuidad al plan de lucha”.

La noticia llega luego de que ayer, en la reunión en la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano, no existiera un ofrecimiento de un aumento del salario mínimo y, por el contrario, se confirmara la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).

El paro docente coincidirá con el inicio de clases en Catamarca, Chaco, Chubut, Jujuy, Misiones, Neuquén, Salta, San Juan y Santiago del Estero. Esta semana, otro paro impulsado por CTERA (la confederación mayoritaria) afectó el comienzo del ciclo lectivo en la Ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Mendoza, San Luis y Santa Fe.

Sergio Romero, titular de la Unión de Docentes Argentinos (UDA), resaltó que los docentes tienen “conquistas sostenidas en el marco de leyes” y agregó: “La Ley de Educación Nacional es muy clara, el gobierno nacional debe garantizar el financiamiento del sistema educativo”.

En ese sentido, en conferencia de prensa resaltó que sin el FONID las provincias no pueden pagar el salario mínimo y alertó que “el Gobierno no quiere reconocer que esto es una paritaria”. Sobre este punto también viene advirtiendo CTERA, el otro gremio nacional, que ayer reclamó que el Gobierno “formalice” la convocatoria para continuar la negociación con los sindicatos el próximo martes 5 de marzo, según lo previsto en el artículo 10 de la Ley de Financiamiento Educativo (N° 26.075).

“Lamentamos mucho estar diciendo esto. Queremos construir un ámbito de diálogo y de negociación seria. Queremos a los estudiantes en las escuelas”, aseguró Romero. Sobre la reunión de ayer, señaló que “no hubo respuesta a ninguno de los temas”. Y agregó: “El secretario de Educación (Carlos Torrendell) es una buena persona pero evidentemente está sin autonomía de gestión. Nos entretuvo sin poder brindar una alternativa”.

En la conferencia de prensa estaba presente Pablo Moyano, cosecretario general de la CGT, quien afirmó: “Atacan siempre a los trabajadores. No vamos a estar mirando para el otro lado. Puede apretar a los gobernadores, a los diputados, pero a nosotros no nos aprieta nadie. No pudieron los militares, no pudo Macri, mucho menos nos va a parar este cachivache (por Javier Milei), títere de las corporaciones”.

“Hace más de 20 años que el salario docente se compone de aportes nacionales y provinciales”, explicó Marina Jaureguiberry, secretaria general del Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop). “El FONID es una cifra nacional que va directamente al bolsillo de los docentes. Significa entre un 10% y un 20% en los salarios”, agregó.

“Pertenecemos a un colectivo de trabajadores en el que más del 80% somos mujeres, muchísimas de ellas cabeza de familia. Las compañeras enfrentan el inicio del ciclo lectivo con una reducción del salario”, lamentó Jaureguiberry.

“La situación es grave. Son 40 años de democracia y se están incumpliendo las leyes”, expresó Fabián Felman, titular de la Confederación de Educadores Argentinos (CEA). Los gremios docentes de la CGT habían anunciado una medida de fuerza la semana pasada, que luego suspendieron cuando fueron convocados a la paritaria por el gobierno nacional.

Luego de varias idas y vueltas, ayer a la tarde se concretó en la Secretaría de Trabajo la reunión para discutir la actualización del salario mínimo, según anticipaba la propia convocatoria oficial, aunque finalmente no hubo una oferta en ese sentido.

Participaron de la reunión el secretario de Trabajo, Omar Yasin; el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y los cinco gremios docentes nacionales (CTERA, UDA, AMET, SADOP y CEA). También participaron diez ministros de educación de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, como parte del Consejo Federal de Educación, y asistieron como invitadas agrupaciones representativas de las entidades educativas de gestión privada: Coordiep, Consudec, CAIEP y Aiepba.

En el encuentro de ayer, Torrendell confirmó la continuidad del Fondo Compensador (destinado a las provincias de menores recursos) y el fin del FONID. Explicó que se buscará reorientar los fondos a políticas vinculadas con “aprendizajes efectivos” (como el Plan Nacional de Alfabetización) y al sistema de información escolar.

Para establecer el piso salarial, pidió que las provincias hagan llegar su oferta para discutirla en la mesa, y se llamó a un cuarto intermedio hasta el martes 5 de marzo por la mañana.

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