Capitalismo y narcotráfico en Ecuador: dos caras de una misma moneda – Por Andrés Madrid y Andrés Tapia

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Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de NODAL. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

 Andrés Madrid y Andrés Tapia*

Ecuador vive una ola de violencia del crimen organizado que atiende a problemas estructurales, producto de una compleja conjetura dividida entre el incremento de la pobreza, las nuevas rutas de la droga a nivel mundial y la emergencia de una narcoburguesía local. De por medio, una crisis global del capitalismo en su versión neoliberal, en consecuencia, descomposición y ruptura del pacto social entre clases, pueblos y bloques hegemónicos.

En este escenario, el Gobierno de Daniel Noboa ha decidido enfrentar la oleada narcodelictiva que ahoga al Ecuador a través de la declaratoria de conflicto armado interno. En otras palabras, guerra contra los pobres, financiada a la fuerza por los pobres, apoyada por la clase media y ciertos sectores subalternos que han sido atrapados por el discurso punitivo del Gobierno. La premisa de que la violencia se soluciona con más violencia evidencia la necesidad imperiosa de las élites para disciplinar a la sociedad por medio de la muerte, acostumbrándola a la represión para cuando ésta actúe en contra de las plataformas de lucha de la clase subalterna.

La experiencia empírica mundial demuestra que más de 40 años de guerra contra las drogas han sido un fracaso: creció la industria psicotrópica, la población consumidora, el blanqueo de capitales y la fragmentación social. Colombia, México y Perú son ejemplos notables del fiasco de esta estrategia impulsada por el otrora principal consumidor de cocaína del mundo entero, Estados Unidos1/. El trasfondo real de la declaratoria belicista anunciada por el Ejecutivo no se origina en el contexto de desborde de la narcoeconomía en Ecuador, o la toma inesperada –mundialmente difundida– del canal TC Televisión; hasta ahora, considerado como una posible operación de falsa bandera2/. Las élites económicas, específicamente durante las administraciones Correa, Moreno y Lasso, fabricaron a fuego lento –sobre todo tras las rebeliones plurinacionales de octubre de 2019 y de junio de 2022–, una trama que busca aniquilar al único actor de oposición de izquierda con capacidad de movilización social real: el Movimiento Indígena Ecuatoriano (Zibechi, 2024).

Cocaína, geopolítica y espectáculo

Más allá del espectáculo de la violencia que atraviesa el Ecuador desde hace tiempo atrás, motivada según el relato del poder-realmente-existente por “delincuentes de aspecto cobrizo, habitantes de lupanares del mal, el fondo del problema es que la cocaína no deja de circular por los puertos principales, las élites económicas exportadoras siguen beneficiándose y el dinero continúa lavándose.

El problema no es solamente Fito –uno de los narcos locales más relevantes–, sino la participación –desde hace varias décadas atrás– de la burguesía en el negocio de la droga (como las flotas navieras de exportación de la familia Noboa, por donde sale banano y cocaína hacia Europa, según las investigaciones de la prensa). ¿Cómo pueden blanquearse miles de millones de dólares, si no es a través del sistema financiero y de la economía real (inmobiliaria, agroindustrial, minera, comercial)? En definitiva, facciones que viven en Samborondón o Cumbayá (zonas exclusivas de Guayaquil y Quito) continúa volviéndose más potentados, en contubernio con las bandas locales y carteles transnacionales (Sinaloa, Cartel Jalisco Nueva Generación, Albaneses, entre otros).

La declaratoria de conflicto armado interno del Gobierno ha toreado el problema central: la economía burguesa de la droga. Esto en la práctica se traduce en Guerra contra los pobres, no contra el narcotráfico. No hemos visto que la burguesía narcotraficante de las ciudadelas ricas sea apresada y maltratada. Sin embargo, observamos permanentemente la militarización y humillación de los sectores populares.

En esta tragedia, se ha instrumentalizado a la juventud pobre y racializada –en una gran cantidad afroecuatorianos–, de los barrios marginales de Guayaquil, Durán, Portoviejo, Santo Domingo, Esmeraldas, Machala, Quevedo, Babahoyo, entre otras ciudades; donde la diferenciación entre ricos y pobres es grotesca.

Se exacerba la dicotomía entre malos y buenos: los primeros, los terroristas (asumidos como pobres, negros, cholos, montubios, delincuentes, trabajadores precarizados, hombres jóvenes, mujeres objetuadas, pueblo organizado; en definitiva, la subalternidad); los segundos, el poder-realmente-existente (que aprovecha la idea del Ecuador o la unidad nacional para mimetizar sus intereses).

A la gente subalterna: humillación pública, maltratos, golpes, torturas, vejación, muerte (“dados de baja”); todo esto trasmitido meticulosamente a través de las corporaciones de comunicación. En contraste, el poder-realmente-existente ataca con violencia a una de las partes de la cadena económica del narcotráfico, aquella que actúa en los sectores pobres, e invisibiliza la otra parte de la narco-economía, la principal, que funge como burguesía lumpenizada, quien conduce parte del mercado de la droga.

Esta operación coloca al delincuente/terrorista como sinónimo de subalterno/pobre, dinamitando el concepto de derechos humanos en la opinión pública, pues defiende a los criminales, en la versión Bukele. ¿Los sectores populares son víctimas de la violencia del narcotráfico? Sí. Cuestión que coloca al pueblo en medio del fuego cruzado entre bandas vs bandas, y bandas vs Gobierno/Estado (donde también están las bandas, véase el caso de los narco-generales3/), actores que a la par actúan como narcoburguesía. En este escenario, hay un doble triunfo del poder-realmente-existente. Por una parte, disciplina a la sociedad a través del temor y el relato oficial unipolar, respecto a la situación del país.

El Estado se legitima como el actor político, justifica el paquete de reforma antipopular, encontrando eco en los sectores subalternos, y normaliza entre la población el uso de la violencia contra el llamado terrorismo. Cualquier otra posición por fuera de este esquema es considerada aliada del narcotráfico, lo que facilita la implementación del paquete neoliberal porque no encuentra oposición en la sociedad aterrorizada o si la encuentra, la elimina mediante la violencia de guerra. Y, por otra parte, se viabiliza la presencia militar estadounidense y del sionismo israelí en Ecuador a través de la exportación de su tecnología militar.

Objetivo de gobiernos anteriores –justificándose en los estallidos de 2019 y 2022–, que pretendieron imponer una versión anticomunista en la estrategia de estabilización. Esta resulta ser la cuestión geopolítica y geoestratégica más importante de fondo: EE UU quiere ganar posiciones en el hemisferio sur en medio de su disputa contra el eje Beijín-Moscú-Teherán.

Existen otros aspectos más específicos para entender el caótico mapa del negocio del narcotráfico en el Ecuador:

1) La paz en Colombia desordenó la frontera Norte, al disminuir un referente de administración ideológica de la disputa (FARC-EP antiguas, ahora disidencias atomizadas débiles) y el crecimiento de múltiples bandas narco-paramilitares.

2) El asesinato en diciembre de 2020 de alias Rasquiña (líder de Los Choneros) que fragmentó el mapa de las bandas en múltiples grupos (Tiguerones, Chonekillers, Los Fatales, Águilas, etc.) que se disputaron el territorio contra otros grupos de origen distinto como Los Lobos.

3) La llegada de cárteles mexicanos para ampliar el mercado de exportación de cocaína a Europa, dado que resulta más conveniente transportarla desde el Ecuador dolarizado que desde Perú o Colombia4/; además de la transmisión del know how del negocio de narcotráfico, la pedagogía del terror y de entrenamiento tipo las escuelas de sicarios de la Mafia albanesa.

4) La desesperante pobreza que aqueja fundamentalmente a los barrios de la Costa ecuatoriana (donde tradicionalmente el desarrollo del capitalismo ha sido brutal) que, sobre todo, obliga a la jóventud a enlistarse en las bandas narcodelictivas que les ofrecen, comparativamente, por lo menos un salario mínimo y algo de vida (aunque sea de forma momentánea)5/.

Narcoburguesía

Como en cualquier otro campo de la economía capitalista, los grupos económicos invierten en determinadas ramas de la producción y en mercados rentables (independientemente de si son lícitos o amorales/inmorales), diversificando el rendimiento y, en este caso, blanqueando miles de millones de dólares producto de actividades criminales. El narco ha penetrado en la economía de un país dolarizado, situación que en particular se ejemplifica en la minería. Los datos de la presencia intensiva de la minería en zonas del subtrópico sur del país advierten del nivel de penetración de una de bandas locales, Los Lobos, aliadas a un cártel transnacional: el Cartel Jalisco Nueva Generación.

Controlan directamente 20 concesiones mineras, mientras que en otras 30 ejercen su poder a través del cobro de vacunas (extorsión) a las concesionarias. Solo en esta zona del país, Los Lobos se articulan con al menos 40 mafias mineras locales, lo que representa 3,6 millones de dólares mensuales (Ojo Público, 2024). Mientras tanto, Los Choneros lavan sus recursos a través de la gestión inmobiliaria y la obra pública, y la Mafia albanesa, en el sistema financiero nacional (cooperativas y bancos).

Como ocurre en otros países de la región, como México, la declaratoria de los gobiernos de guerra contra el narcotráfico supone la parcialización en el conflicto con uno de los cárteles de narcotraficantes. Es decir, una alianza de pacificación que emplea al actor –o actores– narcodelictivos dominantes, con la finalidad de limitar o eliminar a otros cárteles, cuya relación con el poder-realmente-existente tiene menor relevancia. En otros términos: los conflictos por el negocio del narcotráfico tienen características interburguesas locales, regionales y mundiales.

Se trata de una disputa entre empresas y empresarios de la droga que tienen mayor o menor relación con el gobierno y el Estado6/. ¿Por qué la persecución a Los Choneros y la Mafia albanesa no tiene la misma intensidad que contra Los Lobos y Los Tigüerones? ¿Los gobiernos han sido permisivos con las bandas narco delictivas? Estas preguntas no son únicamente interrogantes fundamentales, sino hipótesis comprobables7/. Véase el asesinato de Rubén Chérrez, amigo íntimo de Danilo Carrera, cuñado de Guillermo Lasso, vinculado al narco, corrupción, tráfico de influencias y pieza clave en el juicio político contra el ex presiente (France24, 2023).

Por lo menos en los últimos cinco gobiernos, se advierte el ingreso del negocio de la droga en el Ecuador (algunos balances plantean que la posible entrada del cartel de Sinaloa ocurrió durante el gobierno de Lucio Gutiérrez). Sumado a esto, la lumpenización está asociada con mayor fuerza a la degradación del capitalismo en clave neoliberal, incrementándose en los últimos años, que materializó un sistemático desmontaje del Estado, recortes presupuestarios y pérdida de derechos adquiridos.

Además, como es característico en el Ecuador, la élite dominante, en ausencia de un proyecto común de clase, se ciñó en disputas que desfondaron la trama de la seguridad y como consecuencia, la pobreza creció. Degenerando un caldo de cultivo que estimula fenómenos asociados a la economía del narcotráfico. Sin embargo, a partir de la capacidad adaptativa del capital (Marx) o de la necesidad del capitalismo de codificar flujos desterritorializados (Deleuze), el negocio del narcotráfico se articuló progresivamente a las necesidades del capitalismo ecuatoriano desde el punto de vista de la acumulación económica, la dominación del Estado y la construcción de consentimiento de la población respecto a la estrategia represiva ampliada.

En esta vorágine, el Gobierno aprovecha la oportunidad para legitimarse en la perspectiva de su reelección en 2025, sea por medio de la victimización (“la violencia del narco es herencia de gobiernos pasados”), ejecutando golpes de falsa bandera (como el simulacro de TC Televisión) o la profundización de la violencia (empleo de grupos rivales, terrorismo como recurso político, etc.). Se abren los siguientes escenarios posibles:

1) Se ha colocado en la sociedad ecuatoriana la idea de que el problema es la ausencia del Estado y que esto debe resolverse construyendo un aparato centrado en la militarización interna y la represión: la violencia como salida.

2) Reformas al Código Integral Penal para endurecer las penas por terrorismo, fortalecimiento de la represión al estilo Bukele y legitimación del estado de excepción; dispositivos que a su debido momento no discriminarán entre un luchador social y un lumpen.

3) Se movilizan desde la Asamblea y el Ejecutivo paquetes de reformas y acciones antipopulares: desregulación laboral, subida del IVA, TLC con China, eliminación de los subsidios, etc.

4) Legitimación de los acuerdos asumidos por el Gobierno de Guillermo Lasso para la presencia de personal y contratistas militares estadounidenses en el Ecuador, que ocasionan la pérdida de la soberanía que tiene como telón de fondo el Plan Ecuador –versión criolla del Plan Colombia–, un eslabón más en el proyecto de militarización de la sociedad.

5) Rienda suelta a la minería a gran escala, reprimarización y liberalización de la economía como mecanismo para la generación de beneficios de las burguesías locales, a partir de las necesidades del capitalismo de los países centrales.

6) Cambios cosméticos en los procesos de investigación de la estructura de las fuerzas de seguridad permeadas por el narco, función judicial, aduanas, etc.

7) Ausencia de capturas significativas de líderes burgueses del negocio del narcotráfico y de las bandas delincuenciales locales; cuando mucho, solamente ciertas detenciones discrecionales como una cortina de humo.

8) Uso discrecional de determinados casos del narcotráfico, mismos que no involucran a las facciones hegemónicas del Gobierno y la Policía como lo son Metástasis y Norero, dejando por fuera casos como la Mafia albanesa y Chérrez.

9) Puesta en escena de la supuesta diatriba correísmo/anticorreismo y de la criminalización de la dirigencia de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) como mecanismo de creación de falsos positivos.

Las posibles respuestas desde abajo

Es natural que el estado de las cosas se presente como un maremágnum para las organizaciones populares. Hay elementos orientadores finales a considerar. El primero, la escalada del narcotráfico no ha sido generada desde los sectores populares: los responsables se articulan en torno a la burguesía de la droga. La deuda que tiene la izquierda reside en no haber advertido este escenario y compactar a los sectores pobres más susceptibles de ser reclutados por las bandas (barrios) en una propuesta organizativa, que enfrente las transformaciones de la economía capitalista, que incluyen, el narcotráfico. El segundo, la necesidad de insistir en procesos de unidad desde abajo, con el afán de acumular fuerzas y enfrentar un proyecto integral de ofensiva de los de arriba, desmarcándose del relato de la unidad nacional al ser una envoltura que, en definitiva, contiene pus.

Se desprenden otros aspectos puntuales:

  1. Oposición al negocio del narcotráfico construido desde los grupos económicos y articulado con los carteles transnacionales y bandas delictivas locales, en contubernio con los gobiernos.
  2. Defensa de los territorios de las nacionalidades y pueblos, y donde exista presencia de tejido social organizado a través de las guardias comunitarias, indígenas y populares.
  3. Rechazo a la construcción de cárceles en territorios con presencia de estructuras organizativas sociales, como las provincias de Pastaza y Santa Elena.
  4. Demandar al Estado un cambio en la estrategia de lucha contra las drogas. La concentración de dispositivos coactivos fomenta la corrupción de las instituciones públicas y privadas, invisibiliza las precarias condiciones sociales de la mayoría de la población afectada e incrementa la violencia irresoluta.
  5. Enfrentar la estrategia de desregulación laboral y de reformas de carácter antipopular que el gobierno pretende imponer en este contexto bajo la consigna de financiar la guerra. Quienes causaron el desborde del narco fueron los ricos, ellos son los culpables y quienes deben asumir las consecuencias.
  6. Denunciar las prácticas racistas y de criminalización de la pobreza, que humillan a los sectores populares y pretenden ocultar las condiciones de miseria en las que vive la mayoría del pueblo ecuatoriano.

En definitiva, el narcotráfico en el Ecuador desemboca en una manifestación agresiva del capitalismo en clave neoliberal, punto de no retorno entre la barbarie y una transformación profunda del país. Pone frente a frente la narco-burguesía y un sector subalterno, cuyo principal referente de movilización es el Movimiento Indígena. Las declaraciones del presidente de la República, eludiendo la evidente instrumentalización del escenario para acentuar medidas anti populares, ilustran de manera clara que el objetivo no es el narco, sino los y las de abajo.


Notas

1/ Según la Oficina de Drogas y Crimen de las Naciones Unidas Estados Unidos es el tercer consumidor mundial de cocaína en el mundo entero, detrás de Australia y Reino Unido (UNODC, 2023).

2/ Por diferentes análisis del procedimiento operativo y del asesinato posterior del fiscal César Suarez encargado de investigar el ‘asalto armado’ al canal TC Televisión, se puede concluir que fue una operación montada o tolerada desde los aparatos de seguridad con la finalidad de responsabilizar al terrorismo y justificar la declaratoria de conflicto armado interno.

3/ El mismo embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, denunció la existencia de narco generales de la Policía Nacional del Ecuador y Fuerzas Armadas. “Estamos muy preocupados por la penetración del narcotráfico en Ecuador y en las fuerzas del orden (…) Esta semana está el caso de los narcogenerales y ya hemos retirado visas” (CNN, 2021).

4/ La irrupción del mercado de las drogas sintéticas como el fentanilo reconfiguró la geografía de las drogas, convirtiéndose en uno de los detonantes de la escalada de violencia en el Ecuador. El Gobierno colombiano afirma que el crecimiento del consumo de esta droga en EE UU disminuyó la demanda de cocaína, fortaleciéndose otros mercados de la coca en Europa, Asia y Oceanía. A la tradicional ruta de la Costa pacífica se sumaron la Cuenca amazónica con dirección al Atlántico y el Pacífico sur. A esto se suma el cambio del epicentro de producción de cocaína históricamente ubicado en la Costa pacífica colombiana a la frontera este con Ecuador –provincia de Sucumbíos–, convertido actualmente en el principal centro de producción de cocaína del mundo.

5/ En 2022 Los Choneros contaban entre sus filas con aproximadamente 20.000 miembros y Los Lobos 8.000 (El Universo, 2022).

6/ A modo de ilustración, cabe decir que Genaro García Luna, el Secretario de Seguridad e ideólogo de la guerra contra las drogas durante el Gobierno de Felipe Calderón en México trabajaba directamente para el Cartel de Sinaloa. Además, dicha estrategia ha funcionado como un mecanismo de negocios, si no como una forma de continuidad de la política de contrainsurgencia, que, aplicado al caso ecuatoriano Ecuador, se traduciría como radicalización del principio gubernamental criminalización de la lucha social.

7/ La puesta en escena de las masacres carcelarias de 2021, 2022 y 2023, la penetración del narco en la SNAI, puertos, aduanas, fronteras, la politización del narco (según Moreno y Lasso, los paros de 2019 y 2022 fueron financiados por los grupos ligados al tráfico de drogas- son una clara señal-) como estrategia de desmovilización y son prueba de ello.

*Tapia Arias es Kichwa amazónico de la Provincia de Pastaza y pertenece a la CONAIE. Madrid Tamayo es docente de la Universidad Central del Ecuador.

VientoSur 

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