Contradicciones del nuevo gobierno Lula y la necesaria lucha contrahegemónica – Por Rossano Rafaelle Sczip

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Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de NODAL. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

Rossano Rafaelle Sczip*

Desde el golpe de 2016 contra Dilma, pasando por el gobierno golpista de Temer (2016-2018), y hasta el final del gobierno de Bolsonaro, se han producido numerosos retrocesos en relación a los derechos sociales, laborales y ambientales, así como en relación a la cuestión de la la tierra, entre muchas otras cuestiones.

Lo fundamental de este período es que el golpe y el bolsonarismo lograron dejar sus huellas en la política nacional en varios ámbitos, como la reforma de las pensiones, la reforma laboral, la reforma de la educación secundaria, por ejemplo.

De hecho, es necesario entender la fórmula Lula/Alckmin como resultado del golpe de 2016. Parte de los sectores golpistas intentaron apoyar la candidatura de Alckmin en 2018. Cuando se dieron cuenta de que sería inviable, cargaron a Bolsonaro sobre sus hombros. Tras el coqueteo protofascista, optaron, en 2022, por la recomposición. Sin embargo, muchas de las medidas implementadas por el golpe y el bolsonarismo se mantuvieron.

Un ejemplo muy sintomático de esta correlación de fuerzas es la reforma de la educación secundaria impuesta por Temer. Mientras los movimientos sociales y los investigadores de la educación exigían la derogación de la ley 13.415/2017 (incluso llevaron esta demanda al equipo de transición del nuevo gobierno Lula), el nuevo gobierno optó, a principios de 2023, por una consulta pública, dejando la enfrentamiento político e ideológico hasta aquellos sectores que siempre se han opuesto a la reforma, y el empresariado, que siempre la ha defendido.

De esta manera, el gobierno evitó incurrir en posibles costos, adoptando una postura de ambigüedad sobre lo que se espera de la educación de nuestra juventud.

Otro ejemplo es el debate sobre la militarización de la Educación. A pesar de haber cerrado el Programa de Escuelas Cívico-Militares (PECIM), no tomó ninguna medida efectiva para contener la expansión del modelo en todo el país. Por el contrario, las redes estatales y municipales quedaron abandonadas a su suerte y a merced de las fuerzas políticas que se articulan en torno a lo que se ha dado en llamar “bolsonarismo”. Además, al justificar el fin del PECIM, el gobierno se abstuvo de debatir el significado real y los riesgos de la militarización de la educación.

La situación más crítica, sin embargo, es la de los pueblos originarios. Si bien se creó el ministerio de Pueblos Indígenas y, a pesar de ello, está encabezado por una mujer indígena, e igualmente se creó el ministerio de Derechos Humanos, la situación de abandono de los pueblos yanomami se mantiene prácticamente inalterada 1 , incluso después de poco A más de un año de aquella simbólica toma de posesión de Lula, cuando representantes del pueblo brasileño subieron por la rampa del Palacio do Planalto.

La permanencia de estas políticas indica que la correlación de fuerzas favorable a la reelección de Lula se ha ido desmovilizando poco a poco. A esto se suman los acontecimientos postelectorales golpistas de 2022 y del 8 de enero de 2023. Lo que se puede comprobar es que las agendas fundamentales de la agenda política y económica siguen estando hegemonizadas por intereses privatistas, oligárquicos, militares y religiosos.

Como ejemplo de esta hegemonización, tenemos dos leyes aprobadas por el Congreso Nacional con carácter de urgencia, es decir, sin discusión en el parlamento y, mucho menos con la sociedad, pero sancionadas por Lula. La primera, la Ley 14.812/24, permite que un mismo grupo o empresa controle hasta 20 concesiones de radio y otras 20 concesiones de TV. Evidentemente la ley fue aprobada por el Congreso. No fue una propuesta del ejecutivo. Sin embargo, dado que se trata de un tema muy controvertido, que tiene que ver con la concentración de poder en los medios de comunicación, y porque se votó bajo un régimen de emergencia, lo mínimo que Lula debería haber hecho era vetar la ley en su totalidad. Una acción así abriría la posibilidad de debate. Sin embargo, una vez más el gobierno se abstuvo de la disputa política.

La otra situación se refiere a la ley orgánica de la policía militar. Aprobado también con carácter de urgencia, fue sancionado por Lula sin que en el texto final se consideraran siquiera mínimamente las cuestiones de lucha contra la letalidad policial y la violencia contra la población negra y pobre. Aquí también cabría el veto presidencial.

La relación con las fuerzas armadas (Armada, Ejército y Fuerza Aérea), a su vez, es más pragmática. En 2009, durante su segundo mandato, Lula actuó para impedir que la Comisión Nacional de la Verdad, que se instalaría para investigar los crímenes militares contra civiles, llevara a una revisión de la amnistía que se les había concedido.

Ahora, el presidente señala a las Fuerzas Armadas con mayores inversiones y un aumento de cargos ejecutivos, incluso después de toda la articulación golpista por parte de los cuarteles. Además, estaría trabajando para dar carpetazo al proyecto que pretende acabar con las pensiones de los hijos e hijas del personal militar. No se trata de defender una postura revanchista hacia los militares, sino más bien de someterlos a la ley y castigarlos por todos y cada uno de los crímenes que han cometido o puedan cometer, especialmente contra su propio pueblo y su país.

Hay que poner fin a la politización de las fuerzas armadas y de la policía militar. En estos años de crisis política, ¿cuántos militares fueron sorprendidos confabulando o confraternizando con manifestantes que atacaban la democracia, la Constitución federal, etc.? ¿En qué contexto se permitiría a los manifestantes lanzar ataques contra la democracia y las instituciones políticas del país mientras acampan frente a los cuarteles?

A lo largo de este primer año de gobierno de Lula, fue reconfortante despertar cada día sin ser atormentado por los demenciales arrebatos de la estética cruda, grotesca, vulgar y nauseabunda de Bolsonaro. Sin embargo, si hubo un cambio en la estética de la política durante este período, no se puede decir lo mismo en relación con la política real. Como hemos visto, las políticas impuestas por el golpe de 2016 o por el bolsonarismo no fueron revisadas ni revocadas. Otros incluso fueron legitimados. Si ya no nos despertamos con bravuconadas, discursos de odio y ataques verbales a los subordinados, todavía nos despertaremos con el peso de los ataques a nuestros derechos.

El gobierno de Lula y toda su base electoral son rehenes de los acuerdos que garantizaron su victoria y, hasta ahora, han garantizado su gobernabilidad. Situación agravada por la falta de confrontación política e ideológica con la oposición, absteniéndose de demarcar la línea divisoria de divergencias que existen respecto del proyecto de sociedad, la educación, la seguridad pública, etc.

La cuestión es que, si queremos que la estética civilizada de la política se convierta no sólo en acciones efectivas para ampliar la democracia y consolidar derechos, sino, sobre todo, en cambios estructurales, será necesario salir a las calles para contrarrestar la correlación de fuerzas a favor de los intereses de las clases trabajadoras rurales y urbanas y de todos los demás sectores subordinados.

Es necesario construir las condiciones para revertir el duro retroceso impuesto a sectores sociales históricamente postergados. Esta confrontación, sin embargo, no surgirá del parlamento, que está dominado por empresas, agronegocios, defensores de las políticas armamentísticas y representantes del fundamentalismo religioso.

Por importante que sea el parlamento como espacio de lucha institucional, es necesario reconocer que la “bancada progresista”, o los sectores menos reaccionarios, son minoritarios e insuficientes para imponer derrotas al proyecto hegemónico de atacar los derechos de los pobres y trabajadores. gente. Al mismo tiempo, las limitaciones impuestas por las alianzas creadas para hacer posibles las elecciones de 2022, la toma de posesión de Lula y la posterior gobernabilidad, si no impiden por completo, al menos limitan en gran medida, las posibilidades de un cambio de rumbo desde el propio gobierno.

Ciertamente, el apoyo al gobierno de Lula por parte de sectores progresistas y de izquierda es una necesidad. En primer lugar, porque su victoria no supuso, evidentemente, que la derecha y la extrema derecha abandonaran el escenario. Las fuerzas políticas que organizaron el golpe de 2016 y que apoyaron al gobierno protofascista siguen dominando varias instituciones, incluidas las militares, así como los gobiernos estatales y municipales. Además, están construyendo, de forma mucho más coordinada que en 2022, su participación en las elecciones de este año.

Además de las disputas electorales, estos sectores continúan actuando, ya sea al margen de la ley, ocupando tierras indígenas o quilombolas y amenazando o incluso asesinando a líderes, practicando minería ilegal, deforestación y quemas, etc., o aprobando medidas antipopulares en las cámaras legislativas.

En segundo lugar, porque las fuerzas progresistas y de izquierda han jugado históricamente un papel fundamental en la denuncia de las injusticias y desigualdades del sistema. Es necesario retomar esta postura crítica, de lo contrario será hegemonizada por una perspectiva individualista, moralista o fundamentalista, o incluso fascista, como hemos visto en los últimos años.

En otras palabras, la izquierda tiene la responsabilidad de librar la disputa política e ideológica de manera crítica y coherente. Y, sobre todo, organizar a las masas para que sus demandas guíen al gobierno. El cambio de rumbo necesario y urgente vendrá desde fuera y no desde dentro del gobierno. La organización de las masas oprimidas y explotadas es la mejor manera de sostener a este gobierno contra el avance de la derecha y la extrema derecha. El fascismo se lucha con el pueblo en las calles.

*Licenciada en Historia por la Universidad Federal de Santa Catarina (2006). Especializado en Historia, Arte y Cultura por la Universidad Estatal de Ponta Grossa – UEPG (2018). Maestría en Enseñanza de la Historia – UFPR (2020). Estudiante de Doctorado en el Programa de Postgrado en Educación de la Universidad Federal de Paraná.

Resumen Latinoamericano

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