El derecho al aborto en América Latina: miradas interseccionales, desafíos que persisten y nuevos retrocesos

Foto: Leonardo Muñoz, AFP
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El derecho al aborto en América Latina: miradas interseccionales, desafíos que persisten y nuevos retrocesos

El mapa del aborto legal en América Latina tuvo varias transformaciones en la última década. El proceso empezó en 2012, con la aprobación de las leyes en Uruguay y Ciudad de México, y se aceleró a partir de 2018, cuando irrumpió la “marea verde” argentina que finalmente logró la conquista del derecho dos años después. Sin embargo, al igual que en otras áreas, el latinoamericano es un mapa que también en esta materia hospeda desigualdades, con países donde el aborto está completamente prohibido –concentrados sobre todo en Centroamérica– y otros en donde la amenaza de retroceso parece inminente, como es el caso de Argentina.

Es en este escenario que el medio digital independiente Kaja Negra, con sede en México, organizó el lunes un intercambio entre especialistas de derechos sexuales y reproductivos de distintos países de la región. La charla colectiva, que se desarrolló por Zoom, proponía intercambiar sobre los avances y retrocesos en general, la criminalización del aborto particularmente en Centroamérica, e invitaba además a pensar sobre la representación de las disidencias y las personas racializadas en esta lucha.

“A partir de 2018, con la viralización de la marea verde, encontramos un símbolo, un color y nuevas estrategias para seguir luchando por la autonomía reproductiva”, introdujo la moderadora de la charla, Ninde MolRe, abogada mexicana especializada en derechos sexuales y reproductivos. “Sin embargo, este andar nos ha significado también un cuestionamiento hacia las narrativas que durante décadas han existido dentro del movimiento que han hecho de lado a las disidencias sexogenéricas, a las personas racializadas, personas indígenas, personas con discapacidad, entre otros grupos, y que es importante erradicar para lograr que el aborto sea una realidad para todas, todes y todos”, continuó.

A la vez, el avance de esta ola significó un “nuevo motivo para que los movimientos antiderechos de todo el mundo se reorganicen para mantener el poder,” advirtió, y recordó que es una situación que “estamos viendo en Europa, Estados Unidos y ahora en Argentina”. “Es por ello que hoy, más que nunca, necesitamos escuchar otras voces, experiencias y crear alianzas para seguir ideando formas para mantener y avanzar en lo que hemos alcanzado”, agregó la moderadora, antes de dar paso al intercambio.

Argentina: de la “marea verde” a la motosierra de Milei

“Si hubiésemos tenido este diálogo hace tres meses, lo que tenía para contarles hubiese sido completamente distinto”. Así empezó su exposición la periodista argentina especializada en género Mariana Carbajal, que dijo que el escenario de los derechos sexuales y reproductivos en Argentina “cambió abruptamente” en diciembre con la asunción del presidente Javier Milei, “un personaje que se define libertario, pero que promueve un gobierno de ultraderecha, donde sin dudas nuestros derechos conquistados en los últimos años están en riesgo”.

Carbajal recordó que representantes de este gobierno ya “se han manifestado en contra de la ley de interrupción voluntaria del embarazo [IVE]”, incluido el mandatario, y resaltó que incluso “quienes hoy ocupan cargos en el gobierno han sido fervorosos oponentes” a la norma que se terminó aprobando en diciembre de 2020. Puso como ejemplo el caso de quien es hoy procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, que en la década del 90 “trabajó para que se incorporara una cláusula antiaborto” en el marco de una reforma constitucional y que hace menos de dos semanas, en una columna de opinión en Infobae, dijo tener la “fundada esperanza” de que este año se derogue la ley de IVE.

La comunicadora argentina aclaró que, más allá de la voluntad que haya, actualmente no hay un número de legisladores suficiente para respaldar la derogación de la ley en el Congreso, aunque advirtió que sí “podrán llevar adelante esta idea” a través de la desfinanciación de programas, de la educación sexual integral (ESI) y de los insumos para abortar, con referencia al misoprostol y la mifepristona.

Los desafíos de las disidencias

El activista trans argentino Ese Montenegro, que trabaja como asesor parlamentario en la Cámara de Diputados y es formador docente en ESI para el Ministerio de Educación, también puso el ejemplo de su país para recordar que, en 2018, ninguno de los proyectos de ley de aborto que se debatían contemplaba el hecho de que los varones trans también tienen capacidad de gestar y, por lo tanto, derecho a abortar.

“Si bien los movimientos LGBTI+ siempre estuvimos a favor de la legalización del aborto, entre 2018 y 2020 tuvimos que dar discusiones intra transfeminismo para poder desarticular cuál iba a ser el sujeto del derecho del aborto”, enfatizó en esa línea Montenegro. “Yo entiendo que la mayoría de las mujeres cisheterosexuales son las que abortan. Ahora, si construimos un solo sujeto de derecho, lo más probable es que después vaya un varón trans, una persona no binaria o una persona que se identifica lesbiana a solicitar un aborto y tenga que enfrentar barreras que nosotros mismos dejamos que existan y prosperen”, agregó.

El activista coincidió con Carbajal respecto de que la única manera de impedir el acceso al aborto que tiene el gobierno de Milei “no es derogar la ley, sino quitar insumos”, y afirmó que algo similar fue lo que pasó con las personas trans durante la gestión del expresidente Mauricio Macri. “Entre 2015 y 2019 no se derogó la Ley de Identidad de Género pero se dejó de comprar hormonas, que están garantizadas dentro de esa ley. Entonces, si bien no salieron a decir públicamente que se oponían al derecho a la identidad de las personas trans, sí generaron las barreras administrativas, económicas, de clase, todas cis-sexistas, para que las personas trans no tengamos acceso a la salud transicional”, apuntó.

Por otro lado, llamó a “articular” la agenda de las mujeres con las de las personas trans, las personas seropositivas, las personas con discapacidad y las personas migrantes, entre otras, para “unir las demandas” sin perder de vista la clase, el género, la edad. “No hay que caer en la trampa de que nos hagan elegir una cosa a la otra, como si los derechos humanos fueran finitos y ellos fueran quienes tienen que administrar”, sentenció.

Contemplar los saberes de las mujeres racializadas

La periodista afrofeminista colombiana Sher Herrera habló sobre los retos específicos que enfrentan las mujeres racializadas en la lucha por el aborto. En ese marco, presentó los principales hallazgos de una investigación que realizó sobre “imaginarios y prácticas abortivas en mujeres racializadas” en el barrio La Paz de la ciudad de Santa Marta.

Uno de los descubrimientos de su estudio fue que “antes, durante y después de una legalización o una despenalización del aborto” estas mujeres “han abortado con pastillas en su casa, con redes de acompañamiento, con amigas, con las tías, con las abuelas que saben”, lo que revela el hecho de que “realizar estas prácticas resulta un lugar mucho más seguro para las personas racializadas que llegar a un puesto de salud donde supuestamente hay unas leyes que favorecen el aborto, pero que siguen perpetuando muchísima estigma y criminalización y violencia racista en contra de estas mujeres”.

En ese sentido, la investigadora dijo que, pese a que Colombia despenalizó el aborto hasta las 24 semanas de gestación en 2022 y que “se supone que las mujeres pueden ir a un centro de salud a exigir su derecho al aborto”, “no solamente estas instituciones las rechazan, las estigmatizan y les niegan ese derecho, sino que muchas no quieren ni exponerse al maltrato”.

Herrera aseguró que “ahí es donde juega un papel muy importante la democratización del conocimiento, la posibilidad de que no solamente luchemos por leyes que desde el poder colonial del Estado nos dan permiso de abortar, sino para que ese conocimiento lo podamos tener personas de todas las edades y que podamos difundir la manera en que las mujeres puedan tener abortos en sus casas, con sus redes de acompañamiento, con socorristas y, si hay alguna complicación, ojalá esas leyes favorables permitan que esa mujer pueda acceder al sistema de salud”.

Otro de los hallazgos es que la clandestinidad, aunque “estigmatiza mucho”, a su vez “protege a las mujeres, no solamente de que tengan que ir a exponerse al racismo y a la discriminación de género en el sistema de salud, sino también a exponer su vida de manera pública, con familiares, amigues o personas que no les interesa que se enteren de que van a abortar o que han abortado”. En esa línea, la clandestinidad emerge también como “una afronta a todo este movimiento de derecha que es peligroso” y constituye “una estrategia de resistencia al Estado colonial”.

La periodista advirtió a “las mujeres blancas del norte global” que “abran bien los ojos” y contemplen otras alternativas, “más allá de ir a protestar a la calle”. Para eso, dijo que es fundamental “irnos a las bases, donde están las personas racializadas, las personas no binarias, y preguntarles: ¿ustedes cómo hacen? ¿Cómo lo resuelven?”. A su entender, “ignorar, despreciar y estigmatizar el conocimiento de las mujeres negras nos está cerrando una ventana muy grande a la autonomía sobre el cuerpo”. En cambio, “una alternativa es apropiarnos de ese conocimiento, hablar y, literalmente, abortar el silencio”.

El Salvador: la violencia de la criminalización

La encargada de coronar la ronda de exposiciones fue la activista salvadoreña Morena Herrera, presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador, que para dar un poco de contexto aseguró que el debate del aborto “nos sitúa y nos coloca en un marco de democracia o no democracia”. Así, resaltó que en Centroamérica “se concentran en este momento los países que menos democracia tienen”, y es también la región donde están los países que prohíben totalmente el aborto (El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua y República Dominicana).

En este escenario regional, “El Salvador es el país donde la penalización absoluta del aborto se ha llevado a niveles extremos”, aseguró, en tanto “no hay ninguna posibilidad legal de realizar un aborto y, siempre que se pueda realizar, es perseguido y penalizado”. Además, dijo que “hay evidencias de muertes prevenibles” en mujeres que se vieron forzadas a continuar con los embarazos pese a que corrían riesgo de vida.

En paralelo, la referente salvadoreña dijo que la estricta prohibición del aborto afecta también a las y los profesionales de la salud, que son presionados para denunciar a mujeres que llegan a los centros “con algún rasgo de haber sufrido un aborto, sin importar si fue provocado o espontáneo”.

Herrera dijo que “otra cara de esa penalización” es “la criminalización de mujeres empobrecidas, la mayoría de zonas rurales”, que “acuden a un hospital porque han tenido una emergencia obstétrica y llegan buscando auxilio, no saben exactamente qué les ha pasado, pero inmediatamente las consideran sospechosas, las denuncian y van en un tránsito directo del hospital a la cárcel”. “Allí empieza un proceso judicial en el que primero las acusan de aborto, después les cambian el tipo de delito, las terminan condenando por homicidio agravado y, como en la Constitución salvadoreña se reconoce a la persona desde el instante de la concepción, entonces las penas van de 30 a 50 años”, relató la activista.

Al día de hoy, y gracias al trabajo de la agrupación que ella lidera, fueron liberadas 73 mujeres que habían sido encarceladas por abortar en el país. Herrera lo celebró, pero dejó claro que la lucha no terminó: “Seguiremos defendiendo mujeres, porque la criminalización en las instituciones públicas de salud no ha parado”.

La Diaria

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