Miguel Alejandro Ramos Tapia, presidente de la Federación de Asociaciones de Académicos de Universidades Estatales de Chile (FAUECH): “Después de 50 años recuperamos parte de la democracia en las Universidades del Estado”

Miguel Alejandro Ramos Tapia, presidente de la Federación de Asociaciones de Académicos de Universidades Estatales de Chile (FAUECH): “Después de 50 años recuperamos parte de la democracia en las Universidades del Estado”

Por Luciana Jouli, para el Instituto de Estudios y Capacitación (IEC) CONADU y NODAL

La Universidad de Chile fue la única universidad estatal en lograr elaborar sus propios estatutos democráticos en 2006, hasta diciembre del 2023 cuando el presidente Gabriel Boric y Nicolás Cataldo, Ministro de Educación, firmaron los decretos con fuerza de ley que promulgaron los nuevos estatutos democráticos para las universidades estatales del país, dejando atrás aquellos regímenes universitarios que, 50 años después, aún contaban con resabios de la dictadura chilena.

Miguel Alejandro Ramos Tapia, presidente de la Federación de Asociaciones de Académicos de Universidades Estatales de Chile (FAUECH) en diálogo con NODAL hizo referencia a la realidad en las universidades estatales de Chile.

¿Que implica esta reforma para la comunidad universitaria chilena?

Los estatutos son a las universidades, lo mismo que la constitución al país. Éstos definen cómo se gobernará la institución, que estructura tendrá y otorgan el marco de referencia para el funcionamiento de la institución

Esta reforma implica recuperar parte de la democracia universitaria perdida con el golpe de estado de 1973. Las reglas de control y censura, de exclusión, han permanecido hasta ahora sin cambios significativos, por lo que éste es un gran paso para empezar a dejar atrás la dictadura en nuestras universidades estatales.

Hay que recordar que Chile tenía dos universidades del Estado: la Universidad de Chile y la Universidad Técnica del Estado, que en 1971 lograron una reforma de estatutos aprobadas por el parlamento y decretadas por el presidente Salvador Allende. Tenían cobertura en casi todo el territorio nacional. Sin embargo, luego de la intervención militar y durante la dictadura, en 1981 se dividen y se crean otras dispersas por todo el territorio.

Para este propósito, el Gobierno militar define estatutos que aún gobiernan nuestras instituciones con excepción de la Universidad de Chile. En este marco y después de 50 años se vuelve a recuperar parte de la democracia en las universidades del Estado.  La ley 21.094 del 2018 – fruto del trabajo desarrollado durante el segundo gobierno de la Presidenta Bachelet – nos ha permitido cosechar el trabajo de las comunidades universitarias. Algunos de los cambios más importantes definidos para este proceso son la recuperación de la triestamentalidad en las Universidades del Estado de Chile, ya que funcionarios y estudiantes ahora participan con derecho a voz y voto, y el Consejo Superior Triestamental como órgano colegiado representativo de la comunidad universitaria.

¿Cuál fue el rol de los organismos sindicales educativos y del movimiento estudiantil en las discusiones sobre las modificaciones estatutarias?

El proceso de cambios ha sido complejo y no siempre claro en los objetivos de transformación. El movimiento estudiantil se movió por tener una mayor inclusión reivindicaciones específicas de sus demandas y lo mismo ocurrió con los funcionarios no académicos.

Fue solo en el gobierno de Bachelet en 2014 que logramos participar activamente en la modificación estructural de todo el sistema educacional chileno, desde la educación inicial hasta la educación terciaria. La ley 21.094 obligaba a realizar procesos inclusivos y públicos de participación, por lo que las comunidades universitarias han tenido participación en la construcción de estos estatutos, en los límites que estableció la ley.

Hubo 3 etapas: 1) los funcionarios y académicos a través de sus organizaciones se constituyeron en actores claves desde el retorno a la democracia para generar el espacio que permitiera modificar los estatutos; 2) las conversaciones entre gobierno, parlamento, rectores y representantes de Académicos – FAUECH, Funcionarios y Estudiantes, dio como resultado las leyes 21.091 de Educación Superior y 21.094 de Universidades del Estado; 3) 13 nuevos Estatutos para las Universidades a partir de lo definido en la ley 21.094.

¿Cuáles creen que van a ser los cambios que esto traerá a las universidades estatales chilenas?

Los estatutos definidos por la dictadura otorgaban todo el poder a las autoridades unipersonales. A partir del 2024 cambia estructuralmente la toma de decisiones en nuestras universidades públicas, desde un proceso decisional “dictatorial” hacia un sistema decisional colegiado, en el Consejo Universitario – organismo triestamental de mayor jerarquía y con carácter resolutivo en todas las materias relativas al quehacer académico e institucional de la universidad.

Otro cambio importante es la recuperación del rol de la Universidad Pública y su carácter regional, para transformarse en actores claves para el desarrollo cultural, social, territorial, artístico, científico, tecnológico, económico y sustentable a nivel regional y nacional.

¿Y cuáles son los desafíos que aún restan en la educación superior?

La Educación Superior juega un importante rol en el desarrollo de nuestros países y en la construcción de una mejor sociedad. De allí la importancia de las Universidades Públicas (del Estado), gratuitas y sin ninguna limitación, salvo las éticas. Éstas deberán asumir nuevas demandas tales como el desarrollo sustentable, equidad, inclusión, territorialidad y democracia.

Los desafíos son muchos, pero el más importante y urgente es el relativo al financiamiento y al uso de los fondos que reciben las universidades. En Chile, el financiamiento aún se rige con las reglas definidas en el año 1981 en el régimen militar. Es necesario terminar con el financiamiento a los estudiantes y que éste sea para las instituciones, así como también eliminar la selección de alumnos para el sistema.

Para este año nuestra Federación ha priorizado la discusión por: estatutos, financiamiento de educación superior y política de RRHH para los académicos/as (ingreso permanencia y salida del sistema incluyendo remuneraciones y derechos políticos).