Transición energética: disputa por los recursos naturales en América Latina – Por Nicolás Malinovsky, especial para NODAL
Transición energética: disputa por los recursos naturales en América Latina
Por Nicolás Malinovsky*, especial para NODAL
La agenda climática global supone, entre sus ejes, la reconversión de los sistemas energéticos. Esto puede verse a lo largo de las distintas conferencias del cambio climático organizadas por la ONU. En la última reunión, COP 28, se plantea la denominada transición energética global como acción de mitigación con el objetivo de ir hacia la neutralidad climática. En términos prácticos, dicha transición supone el pasaje de una matriz energética fósil, que hoy representa el 80% de la energía a nivel mundial, a una matriz basada en energías limpias -eólica, solar, hidroeléctrica, nuclear, entre otras-.
Ahora bien, detrás de esta transformación existe una disputa de poder por el control de los recursos naturales y de los territorios que los poseen, por parte de los países del “primer mundo” o denominados del Norte Global, y Empresas Trasnacionales, a través de conflictos territoriales, bélicos, económicos, etc.
Un claro ejemplo es el conflicto entre Rusia y Ucrania, iniciado hace dos años. Uno de los elementos de la disputa era la provisión de gas a Europa desde Rusia o desde Estados Unidos, dando como resultado que este último se haya convertido en uno de los principales proveedores de gas por barco al “viejo” continente. Vladimir Putin, presidente de Rusia, en la entrevista que brinda a Tucker Carlson, menciona al respecto que: “el mundo se está dividiendo en un mundo de energía cara y un mundo de energía barata, el mundo multipolar”.
En este sentido, en un escenario que cumpla con los objetivos del Acuerdo de París (COP21), la participación de las tecnologías de energías limpias en la demanda total de minerales aumentará significativamente durante las próximas dos décadas a más del 40% para elementos de cobre y tierras raras, 60-70% para níquel y cobalto, y casi 90% para litio (IEA, 2021).
Según la Secretaría de Minería de la Nación Argentina (2022), en el informe “Metales y Minerales Críticos para la Transición Energética”, menciona que los vehículos eléctricos y las baterías representan aproximadamente la mitad del crecimiento de la demanda de metales y minerales para la transición a energías limpias durante las próximas dos décadas, en base a los escenarios de la Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés).
El informe agrega, que la energía solar fotovoltaica requerirá casi triplicar la demanda de cobre y la energía eólica, por su parte, requerirá importantes cantidades de tierras raras -como neodimio y el praseodimio- y cobre (600 kt al año), impulsada por la eólica marina que requiere un mayor cableado. La expansión de la energía eléctrica requerirá una gran cantidad de metales, principalmente cobre (150 Millones de toneladas anuales aproximadamente) y aluminio (210 Millones de toneladas anuales aproximadamente).
De esta forma, pasaremos de un sistema extractivista fósil a un sistema extractivista basado en la explotación minera. Es decir, ésta transición energética presenta el riesgo de ir hacia a un sistema de acumulación por desfosilización o neoextractivismo, en el marco del sistema capitalista, que genera mayores desigualdades.
Transición energética ¿agenda importada o vector de desarrollo?
La agenda impuesta por los principales países y actores económicos, es un proceso de desarrollo desigual para los países de economías emergentes. El diseño sistémico configurado, supone a América Latina como mero proveedor de materias primas, mientras los países del Norte Global, que están acelerando esta transición energética, se disputan, por un lado, la innovación en tecnologías limpias -quien controla la tecnología luego controla la cadena de valor a través de esta- y por otro lado, el control por la explotación de los recursos necesarios para dicha transición.
A su vez, el Norte Global posee sus agencias y thinks tanks como dispositivos de poder para imponer su lectura e intereses, dónde los países del Sur Global son posicionados como proveedores de materias primas. A modo de ejemplo, la Agencia Internacional de Energía (2023) menciona que, en un momento de creciente incertidumbre geopolítica y transiciones energéticas aceleradas, una dotación extraordinaria de recursos energéticos y minerales, así como una historia de liderazgo en energías limpias, posiciona a América Latina y el Caribe para desempeñar un papel cada vez más influyente en el sector energético global.
Es necesario remarcar que, según el informe “CO2 Emissions in 2022” de la IEA (2023), las emisiones globales de CO2 relacionadas con la energía crecieron en 2022 un 0,9%, o 321 millones de toneladas, alcanzando un nuevo máximo de más de 36.800 millones de toneladas. Esto es producto de la contaminación histórica de los países industrializados como Inglaterra, Estados Unidos, India y China, mientras que América Latina y el Caribe son responsables de 4.000 millones de toneladas de emisiones de CO2 anualmente, lo que se traduce en cerca del 8 % de las emisiones de CO2 en el mundo (CODS, 2020).
Adicionalmente, Thomas Piketty (2022), en el informe The World inequality report 2022, concluye que el 10% de las personas más contaminantes de la sociedad son responsables de casi la mitad de las emisiones anuales de gases de efecto invernadero causantes del cambio climático. Agrega que el 1% de los principales emisores globales fue responsable de casi una cuarta parte del crecimiento total de la contaminación entre 1990 y 2019.
En éste contexto, se escuchan voces desde el Sur Global, que abordan estas problemáticas. En enero de 2013, la entonces presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, en la Cumbre Mundial de Energía 2013 realizada en Abu Dhabi, ya planteaba que: “América del Sur pertenece modestamente a una región que cumple un papel muy positivo en esta agenda (…). Reservas energéticas muy importantes posicionan hoy a la América del Sur como un territorio con grandes reservas de energías renovables y no renovables”.
En igual sentido, en septiembre de 2015, el entonces presidente de Ecuador, Rafael Correa, planteaba en la ONU: “Es indispensable declarar a las tecnologías que mitiguen el cambio climático y sus respectivos efectos como bienes públicos globales, garantizando su libre acceso”. Siete años más tarde, Gustavo Petro, presidente de Colombia, propone cambiar deuda por acción climática: “les propongo a la humanidad cambiar deuda externa por gastos internos para salvar y recuperar nuestras selvas, bosques y humedales” (La República, 2022). Estos planteos están dirigidos a pugnar por un equilibrio o achicar la brecha desigual del desarrollo del Norte respecto del Sur, sumando, a la idea de justicia social, la noción de justicia ambiental.
En consecuencia, que los países de Latinoamérica sean sólo proveedores de materias primas, no supone una transacción energética en igualdad de condiciones, sino que, por el contrario, es un tratamiento que presume el saqueo de recursos con control territorial que permitiría la maximización de ganancias para ciertos grupos empresarios y países. En contrapartida, los proyectos nacionales y populares en América Latina deben disputar y apropiarse de la riqueza generada a través de la explotación de los recursos naturales con una mirada sustentable.
En este escenario, la transición energética debe plantearse como vector de desarrollo social y ambiental de carácter sostenible, que posibilite la acumulación de capacidades tecnológicas con crecientes grados de autonomía que permitan ir hacia una agenda energética soberana.
América Latina ¿botín energético?
En este escenario global, América Latina es el botín de oro de los “piratas del Siglo XXI”, hace 500 años vinieron por la plata y el oro; hoy vienen por los recursos naturales o bienes comunes, a saber: petróleo, convencional y no convencional, litio, agua, cobre, tierras raras, vientos y sol para producción de hidrógeno verde, entre otros.
En materia hidrocarburífera, es necesario remarcar que Venezuela posee las mayores reservas convencionales probadas de petróleo y las octavas de gas del mundo; además, Brasil, México, Argentina, Colombia y Ecuador también poseen grandes reservas. Para el caso del petróleo no convencional, Argentina posee la segunda reserva de gas y la cuarta de petróleo a nivel mundial. Si observamos el cobre, Chile y Perú, lideran el ranking de los países con mayores reservas de cobre en 2023 (Statista, 2023). Para el caso de tierras raras, Brasil se posiciona en tercer lugar en el ranking de los países con mayores reservas de tierras raras en 2022, luego de China y Vietnam (Statista, 2023).
En este contexto, se vuelve hipersensible el llamado “triángulo del litio”, en la región de Atacama, como unidad territorial que abarca el norte de Chile, el sudoeste de Potosí en Bolivia y la puna del noroeste de la Argentina, donde se concentra el 58 % de las reservas mundiales de litio, según la US Geological Survey (2022).
El litio es un caso paradigmático del proceso de concentración económica, control de los territorios y apropiación de sus bienes comunes que, sumado al patrón de valorización financiera, extranjerización y retorno del FMI en Argentina y la región, deja en una posición de extrema debilidad a los Estados nacionales frente a las grandes empresas, aliadas con los gobiernos centrales y con los organismos de gobernanza global (Hurtado y Malinovsky, 2023).
Cabe recordar, que tras el golpe de Estado en Bolivia en 2019, el pasado 25 julio de 2020, el hombre más rico del mundo según Forbes (2024), Elon Musk, entona con un twit de advertencia al pueblo de Bolivia: “¡Golpearemos a quien queramos! Asúmelo” (“We will coup whoever we want! Deal with it”). Evidenciando de esta manera el interés por parte de Musk para hacerse del recurso litio por cualquier vía, y poder así, desarrollar la industria de autos eléctricos Tesla, que disputa el mercado global con la empresa china BYD.
Por su parte, la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, mencionó en julio de 2022, la necesidad de “cuidar” los recursos estratégicos de la región, amenazados por China y Rusia. Además, en una entrevista del Atlantic Council (2023), el 19 de enero de 2023, sostuvo que: “(…) tuvimos una reunión por Zoom con los embajadores de la Argentina y Chile, y luego, también el vicepresidente de operaciones globales de Albemarle [empresa que opera en Argentina y Chile] para hablar sobre el litio (…) y cómo podemos ayudar, a quién más podemos traer a la mesa para ayudarnos a resolver este problema y eliminar a nuestros adversarios al formar equipo entre nosotros y con otros”.
En línea con la extranjerización del litio, preocupa la postura de Javier Milei, presidente de Argentina, que en diciembre declaró: “una de las cosas que me pasó es que me llamó Elon Musk, y está sumamente interesado en el litio. Y también está muy interesado el Gobierno de Estados Unidos, y muchas empresas de Estados Unidos” (Página 12, 2023).
A claras muestras, se visualiza la relación entre actores políticos, económicos y militares para avanzar sobre la apropiación de los recursos estratégicos y esenciales necesarios para la denominada transición energética global.
Argentina está siendo el laboratorio de lo que puede ser un nuevo proceso neoliberal en la región con un marcado espíritu extractivista en los recursos naturales. Tras las declaraciones cipayas que se escuchan y la búsqueda de las reformas estructurales a través de “la ley ómnibus” y el DNU presentado por el ejecutivo, sumado a la avanzada estadounidense sobre los territorios de la región, comienza a aparecer una pregunta central: ¿se abre una nueva puerta para el saqueo en América Latina?
[*] Nicolás Malinovsky es Ingeniero Electricista (UNRC), Magíster en Gestión de la Energía (UNLa), diplomado en Anticipación Estratégica y Gestión de Riesgo (UNDEF), director del Observatorio de Energía, Ciencia y Tecnología (OECYT) asociado a la plataforma Pueblo y Ciencia. Redes: @nicomalinovsky.
