América Latina: nuevas formas de dictadura obligan a resignificar y reinventar la democracia – Por Paula Giménez

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Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de NODAL. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

Por Paula Giménez*

Un nuevo aniversario del último golpe de Estado, que dio inicio a la dictadura más sangrienta de la historia argentina, transcurre este 2024 a la sombra de un gobierno y un clima social que se profundiza en Argentina, pero que viene expandiéndose en nuestra región. A tres días del 24 de marzo, un comunicado de la agrupación H.I.J.O.S que nuclea a hijos e hijas de desaparecidos durante la última dictadura militar (1976-1983), dio a conocer un hecho de abuso sexual y violencia contra una de sus militantes en la ciudad de Rosario, por parte de dos individuos que ingresaron a su domicilio y, luego de someterla y amenazarla, dejaron la consigna del partido de gobierno (Viva La Libertad, Carajo) escrita en la pared.

Así se cumplen 48 años de aquel día en el que las Fuerzas Armadas ocuparon la Casa Rosada y, a partir del terrorismo de Estado, impusieron un plan económico, político, social y cultural cuya receta fue escrita por grupos económicos,  el gobierno de Estados Unidos con sus doctrinas de seguridad, la complicidad de la cúpula de la iglesia y la participación de la corporación judicial.

Las marchas, actos y festivales que se despliegan habitualmente en todas las latitudes del territorio argentino tienen particularmente este año un correlato que ya es oficial y que niega los crímenes más atroces cometidos en nombre del Estado, pide revertir sentencias por delitos de lesa humanidad, coquetea con la idea de la intervención de las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad interna y reproduce y refuerza discursos de odio, represivos, punitivistas, de vigilancia y control, destinados al disciplinamiento, necesario para organizar los cuerpos de acuerdo a nuevo orden.

No es novedad la posición negacionista del presidente, Javier Milei ni la estrecha vinculación con el sector militar de la vicepresidenta, Victoria Villarruel.

“Nosotros valoramos la visión de memoria, verdad y justicia. Pero empecemos por la verdad: no fueron 30 mil desaparecidos, son 8.753”, dijo Milei en octubre, durante el debate de candidatos a Presidente. En ese momento aprovechó también su tiempo para defender la llamada teoría de los dos demonios, que en nombre de una supuesta “guerra” intenta justificar las detenciones ilegales, las torturas, el robo de bebés y la maquinaria de muerte que se montó desde el Estado en aquellos fatídicos años.

Por su parte Villarruel, proveniente de una familia de varias generaciones militares, no sólo es una ferviente defensora de tales argumentos, sino que forjó gran parte de de su carrera como abogada y militante política a la cabeza del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV)  luego de la derogación de las leyes que en la década de los 80 y los 90 obturaron los juicios (Obediencia Debida y Punto Final). Un centro que ella misma fundó y desde donde defendió fervientemente a los militares acusados por cometer delitos de lesa humanidad, cuando la justicia reabrió las causas.

El gobierno del presidente Milei, en continuidad con el de Mauricio Macri, predica que los asuntos de Derechos Humanos en Argentina -entiéndase por esto las políticas de Memoria, Verdad y Justicia alimentadas fundamentalmente por los gobiernos kirchneristas- son “un curro”. Un término despectivo, utilizado en Argentina, para designar a los negocios poco serios. A comienzos de este año, en enero, un grupo de familiares de represores detenidos recordó mediante una carta pública al nuevo gobierno, que aún no han cumplido sus promesas de campaña sobre la liberación de militares condenados por la comisión de delitos durante ese oscuro período de la historia argentina.

Mientras se degrada la situación económica a manos de un espiral inflacionario que acumula 276% anual , el gobierno avanza en el montaje de su modelo de sociedad: reprime la protesta y criminaliza a referentes y organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos a modo de disciplinamiento, utilizando como marco un nuevo protocolo para la actuación policial, que impide entre otras cosas que las manifestaciones se realicen sobre la calle. Con la vocería de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el gobierno hace política a través de la demagogia punitiva, fomentando el miedo en la población y desviando la atención pública de los problemas centrales de la economía.  Quedará para el recuerdo, el primer día en que se implementó en diciembre pasado el famoso protocolo “antipiquetes”, como respuesta a una movilización de organizaciones sociales a causa del corte de suministro de alimentos para comedores comunitarios. No solo se reprimió a los manifestantes que tocaron la calle sino que se difundió por todos los medios de comunicación un mensaje claro: Quien fuera a la protesta sería identificado y no cobraría luego el “plan social”, (un salario complementario que hoy intenta contener la hambruna de casi la mitad de la población argentina). El mensaje “el que corta la calle, no cobra” se mandó a reproducir por los altoparlantes de la Estación de trenes de Constitución, a donde llega diariamente la masa de trabajadores que proviene de la provincia para trabajar en la capital. Así, el nuevo orden social se instala a partir de un nuevo modo de organizar los cuerpos, que a fuerza de refuerzos negativos (represión y disciplinamientos), deben permanecer mansos, si no quieren pasarla peor.

El gobierno de Milei, también ha instalado un estigma sobre las mujeres y disidencias, negando la desigualdad de género, atacando al movimiento organizado y su agenda de lucha por la equidad entre mujeres y hombres, coronando su ideología con el desfinanciamiento y desjerarquización del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, desatendiendo todas sus políticas públicas.

Los preceptos de Martínez de Hoz (ministro de Economía de la última Dictadura) siguen vigentes en la actualidad. Su resultado es flexibilización laboral, explotación, desocupación y más desigualdad.

La lucha contra el narcotráfico y el terrorismo aparecen como mensajes centrales del dispositivo represivo y punitivo y a nivel internacional como un alineamiento a la doctrina de seguridad de Estados Unidos. A fines de febrero, el Secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, visitó Argentina y se reunió con el Presidente. Entre los temas que conversaron, el funcionario estadounidense destacó “el potencial” que su país ve en Argentina, para el trabajo en conjunto sobre la seguridad regional.

Referencias regionales de un modelo que se expande

La figura de Milei en Argentina, no es otra cosa que la réplica de un modelo regional, que a pesar de adoptar características singulares según el país en que se sitúe tiene entre sus filas a referentes (Jair Bolsonaro, Nayib Bukele) que han sabido captar la fe ciega de amplios sectores de la población. A la victoria de Javier Milei en Argentina, puede agregársele la masiva demostración de fuerza que realizó Bolsonaro en Brasil a fines de febrero, cuando una investigación lo implicó en el asalto a instituciones públicas y un intento de golpe de estado en enero de 2023. También el  resultado arrasador que obtuvo recientemente en las urnas Nayib Bukele para su reelección, que derivó en la desaparición de los partidos de oposición en el parlamento.

La elección de Bolsonaro como presidente que contó con el apoyo de grupos evangélicos, poderosos actores del agronegocio y representantes del mercado financiero confirmó en 2019 la identidad de la extrema derecha en Brasil, quien se opuso al aborto legal, partidario de la dictadura militar (1964-1985).  A los discursos misóginos se agregó una política de seguridad basada en la tenencia y portación de armas,  afilando el discurso del odio y logrando el consenso democratico. Durante su gestión, no le preocupó la muerte de miles de personas a causa del Covid 19 ni el descuido y la deforestación de la Amazonía. También es oportuno recordar que fueron los seguidores de Bolsonaro quienes, no conformes con los resultados democráticos obtenidos por Lula Da Silva en la última elección presidencial,  intentaron tomar el  Palacio del Planalto en un claro intento de desestabilización al gobierno recién asumido, poniendo en la calle la fuerza acumulada bajo el paraguas del odio y la violencia bolsonarista.

La semana pasada se conoció el contenido de las declaraciones de ex jefes militares, quienes aseveran que Bolsonaro intentó convencerlos de participar en una aventura golpista  de enero de 2023, en ocasión de la asunción de Lula Da Silva.

En el caso de “El Salvador”, el modelo de Bukele intenta instalar “el control y el orden” de la mano de más cárceles y policía, avalado en las urnas con cerca del 80% de los votos. El punitivismo como política represiva ejecutado a través del Plan de Control Territorial, planteado por Bukele es un indicador, no solo de la continuidad, sino de la profundización del modelo neoliberal en un proyecto de país que no ofrece alternativas a las clases populares empobrecidas de manera progresiva por un espiral inflacionario sin límites y una matriz productiva primaria y dependiente de su principal socio económico, Estados Unidos.

La adhesión popular a propuestas como esta obliga a preguntarse sobre lo que significa hoy la democracia para muchos. Y esto implica no sólo una crítica hacia las olas progresistas, capaces en una primera etapa de incluir y distribuir, pero insuficientes, en una segunda etapa para invertir la ecuación del poder político y económico. Es decir no solo la relación de los sectores dominantes con la extracción y apropiación de las riquezas nacionales, sino también la construcción de poder popular, que implicaría otras formas de democracia.

Lo cierto es que no está todo dicho, porque de las entrañas del tejido organizativo (principalmente el movimiento de mujeres y diversidades, los movimientos sociales y los sectores más dinámicos del sindicalismo) vemos emerger iniciativas de lucha. Pero hay nuevos sentidos que amenazan constantemente en convertirse en ideas hegemónicas o predominantes, cuestionando el Estado y su capacidad para arbitrar la economía o garantizar el acceso a derechos básicos. Las nuevas mediaciones que implican las redes sociales y las plataformas digitales, territorios muy bien aprovechados por estas figuras, han hecho su gran aporte.

No hace falta detenerse mucho aquí respecto al denominado Plan Cóndor, como la acción represiva y conspirativa coordinada entre los servicios de inteligencia de las dictaduras que gobernaban países del Cono Sur (Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia) y  la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por su sigla en inglés) estadounidense.

Más de 40 años después, el guión se repite, con diferentes métodos.  Aunque, como hemos visto en el caso de Bolivia en 2019  los viejos métodos aún siguen vigentes, el caso de Perú en 2022 y las intentonas en Brasil y Guatemala, dan cuenta de esto.

Se plantea erradicar a la izquierda y sus ideas en la región, se amasan matrices de pensamiento y discursos de odio en las redes sociales, se destruye la presencia del estado y se busca romper con los tejidos de la comunidad organizada. Se prefiguran nuevas dictaduras mediante nuevas herramientas que buscan desprestigiar proyectos políticos y arrasar con los avances sociales alcanzados por los gobiernos de corte socialista- progresista. El Lawfare, ha sido una herramienta que en el último decenio ha puesto las justicia y los medios de comunicación locales al servicio de la cancelación política de líderes populares como Lula Da Silva, Rafael Correa, Cristina Fernández. Tal como lo hizo la Escuela de las Américas con los cuerpos militares en su momento, la Escuela Internacional para el Cumplimiento de la Ley (ILEA, por sus siglas en ingles), ha formado personal judicial en diferentes países para actuar sobre el eje de la “corrupción”.

Otra tema que pone en primera plana por estos días a países como Haití y Ecuador (y retumba en Argentina) tiene su modelo ejemplar en El Salvador. La lucha contra el narcotráfico, es el nuevo flagelo que sirve de plataforma para el control de los territorios con “ayuda” de tropas y misiones extranjeras y el abuso del recurso del Estado de Excepción. Aunque no es un tema ni un método nuevo, que se ha ensayado fuertemente en Colombia y también en Bolivia, Paraguay y Honduras, entre otros países de la región.

En medio de este clima local y regional, lo importante, sin embargo, son las iniciativas de lucha y los procesos de resistencia. Esa es la mejor manera de hacer honor, que tienen los procesos populares a las banderas de Memoria, Verdad y  Justicia que han sostenido e iluminando el camino de los pueblos en lucha, en los momentos más difíciles. No solo en Argentina sino en el mundo, donde se ha reconocido la manera en que  Hijos, madres y abuelas burlaron el terror impuesto, con ternura y con firmes convicciones.

Es tiempo de preguntarnos, ante estas nuevas formas de dictadura, cómo se desarman los nuevos y sofisticados mecanismos del disciplinamiento de los cuerpos. Cómo resignificamos nuestras democracias por fuera de la dinámica del voto. Cómo romper con lo establecido y con el miedo paralizante. Cómo construir poder desde abajo para que las transformaciones sean definitivas.

*Giménez es Licenciada en Psicología y Magister en Seguridad y Defensa de la Nación y en Seguridad Internacional y Estudios Estratégicos.

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