Avance de la coca ilegal aumenta la violencia sexual contra las niñas indígenas en la Amazonía peruana

Foto: OjoPúblico / Leslie Searles
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Avance de la coca ilegal aumenta la violencia sexual contra las niñas indígenas

Por Fiorella Montaño

Río Tambo es uno de los distritos con la mayor cantidad de población asháninka en la región de Junín. Esta localidad, ubicada en el corazón del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), es parte de la ruta que utilizan los traficantes para movilizar droga proveniente de Vizcatán del Ene hasta Atalaya, en Ucayali.

El tránsito permanente de personas extrañas sobre territorios indígenas ha incrementado la inseguridad de estas familias y de sus hijos e hijas. Líderes y expertos señalan que la violencia del narcotráfico amenaza la integridad física de los menores.

En los últimos dos años, 42 mujeres menores de 18 años del pueblo asháninka han denunciado que han sido víctimas de agresión sexual. De acuerdo al registro del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar (Aurora), el 61,9% de los victimarios fueron personas sin vínculo familiar o sentimental con la agredida.

La violencia del narcotráfico amenaza la integridad física de los menores».

El análisis de OjoPúblico —a una base de datos construida con información obtenida a través de un pedido de acceso a la información— señala que el pueblo asháninka es el segundo con más denuncias registradas de este tipo.

En primer lugar se encuentra el pueblo indígena Bora, que reporta 75 denuncias de violencia sexual a mujeres menores de 18 años entre 2022 y 2023. El 60% de esas denuncias, como en las presentadas por el pueblo asháninka, correspondieron a agresores sin ningún tipo de vínculo con la víctima.

Ambos pueblos acumulan el 56,84% del total de las denuncias formales realizadas por menores indígenas en 2023, y el 64,29% para 2022.

En el caso de la etnia Bora, su población se encuentra, principalmente, en la zona nororiental de la región de Loreto, cerca de la frontera con Colombia. La provincia de Mariscal Ramón Castilla —donde vive gran parte de este pueblo— duplicó las áreas de cultivo de hoja de coca entre 2020 y 2022, pasando de 4.247 hectáreas a 8.613 hectáreas en dos años.

Maritza Paredes, socióloga de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), indicó a este medio que, en los últimos años, hay un incremento de actores externos en estas zonas y, también, un aumento de negocios y economías ilegales, que incluyen la trata de personas. «Al existir esta doble o triple dimensión de economías ilegales, las jóvenes están más expuestas», dijo.

La socióloga indicó que es esperable que la violencia contra las mujeres por parte de agentes externos se dé este tipo de contextos. Sin embargo, no hay que dejar de lado que también existe violencia de parte de personas conocidas. En estos casos, en los que el victimario es un miembro de la familia o vecino de la comunidad, puede existir un subregistro, advirtió.

En casos en los que el victimario es un miembro de la familia  puede existir un subregistro».

En la misma línea, Verónica Shibuya Briones de Mestanza, abogada del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), indicó que, en lugares donde se desarrollan economías ilegales, como la minería, tala o siembra de hoja de coca, suelen darse más casos de violaciones a menores por parte de personas foráneas.

Para tener un diagnóstico de los peligros que experimentan las mujeres, señaló, es necesario evaluar el contexto de las zonas donde se reciben denuncias. Así como personas relacionadas a actividades ilegales, “muchas veces, los agresores son gente vinculada a las escuelas o la construcción de obras”, agregó.

Menores en riesgo en las escuelas

Las actividades ilícitas no son las únicas fuentes de abuso. Las menores indígenas también tienen riesgo de ser agredidas sexualmente por personas que no son de su entorno familiar en los colegios, como es el caso de docentes, directores y personal administrativo.

La base de datos del Ministerio de Educación sobre docentes puestos a disposición por acusación prevista en el literal F del artículo 49° de la Ley Reforma Magisterial, correspondiente a conductas de hostigamiento sexual y actos que atentan contra la integridad, indemnidad y libertad sexual, muestra que las Unidades de Gestión Educativa Locales (Ugeles) y regiones donde hay más población indígena también son aquellas con más docentes sancionados.

Entre 2018 y 2023, la UGEL de Coronel Portillo (Ucayali) sancionó a 15 docentes. En Condorcanqui (Amazonas), fueron 13. Ambas tienen mayor e igual cantidad de amonestados que la UGEL de San Juan de Miraflores, en Lima, que se encuentra en el tercer lugar de maestros infractores (13).

La investigación Violencia sexual en el mundo awajún, elaborada por Claudia Arredondo, Rodrigo Lazo-Landívar y la periodista Yanua Atamain, explica que las mujeres indígenas de esta etnia ubican a los docentes, padrastros y soldados como las personas con las que se corre más riesgo de una agresión sexual.

Su puesto promete seguridad económica ante los ojos de algunas jóvenes y sus familias. Aprovechándose de ello, [los docentes] seducen a sus estudiantes y les prometen regalos, e incluso algunas veces matrimonio», señala la investigación.

Situación similar ocurre en Junín, con profesores que abusan de menores asháninkas. «Muchas veces los padres ofrecen a sus hijas, queriendo salir de la responsabilidad de educarlas y mantenerlas. Ven que un profesional ingresa a la comunidad y se prestan, les dicen: ‘oye aquí tengo a mi hija’», relata Abelina Ampinti Shiñungari, lideresa asháninka que trabaja en la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente (Demuna) del municipio de Río Tambo.

Además, el camino hacia la escuela es uno de los escenarios con mayor riesgo para las menores indígenas. La Adjuntía del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo advirtió que, a más distancia que las niñas deben recorrer camino a sus escuelas, mayor es el riesgo de ser víctimas de acoso.

A más distancia que las niñas deben recorrer camino a sus escuelas, mayor es el riesgo de ser víctima de acoso».

A su vez, el peligro de sufrir hostigamientos sexuales, violaciones y embarazos a temprana edad mantiene a muchas niñas y adolescentes alejadas del colegio.

Georgina Rivera Paz, lideresa awajún y defensora de los derechos de las niñas y niños, contó a este medio que, en 2023, una adolescente de 14 años de la comunidad de Chiriaco (Amazonas) fue interceptada por un enmascarado en el camino de retorno a su casa.

Otro caso se dio con una menor que tomó una moto para ir al puerto donde vivía su familia y fue agredida por el conductor. «Hay bastantes violaciones aquí en Amazonas», se lamenta.

Pese a ello, el registro oficial de denuncias del programa Aurora solo cuenta con 10 registros de violencia sexual hacía menores awajún. Esto se debe a que existen muchos casos que son tratados al interior de las comunidades y no llegan a ser visibilizados en las estadísticas oficiales.

La violencia se oculta

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reconoce la justicia comunal en el territorio indígena. Es decir, que cada pueblo administre sanciones, de acuerdo a su reglamento interno. Las decisiones tomadas en asamblea no se encuentran registradas en organismos de la justicia ordinaria.

Dirigentes indígenas entrevistadas por OjoPúblico señalaron que las cifras de menores agredidas sexualmente podrían ser mayores a las registradas por el MIMP, el Ministerio Público o la Policía, ya que muchos casos no llegan a la justicia ordinaria.

En algunas oportunidades, cuando estos hechos son denunciados para ser evaluados fuera de la esfera comunal, víctimas y familiares son hostigados, incluso, por los mismos líderes, aseguraron.

«Muchas comunidades nativas, hasta la fecha, prefieren resolver sus conflictos de manera interna. Para nosotros, no es un conflicto, sino un delito. Pero, para ellos, es un conflicto, según sus propias normas internas. Entonces, si la violencia sexual proviene de alguien que es integrante de la propia familia, pueden darse dos situaciones: los hacen convivir en una situación de incesto o expulsan al agresor de la comunidad», explica Verónica Shibuya Briones de Mestanza.

Claudia Arredondo Villar, investigadora de la violencia sexual en los pueblos de la Amazonía, señala que, cuando los agresores son miembros de la familia o comunidad, se suele ocultar los casos de acoso o violaciones.

De esta manera, se priorizan los vínculos relacionales, antes que el bienestar de las niñas y adolescentes. El no denunciar estos casos también expone a las menores a seguir sufriendo violencia.

«Sienten pena por la familia del hombre, porque ‘si él se va a la cárcel, ¿qué va pasar con la esposa e hijos?’ Se minimiza todo por el bien de las relaciones familiares y para mantener la paz en la comunidad», indica Arredondo Villar.

No denunciar estos casos también expone a las menores a seguir sufriendo violencia».

Como documentó OjoPúblico hace dos años, en algunas comunidades indígenas se tiene prohibido denunciar a un miembro de la comunidad ante la Fiscalía o la Policía, aunque se trate de un agresor sexual de menores. Existen reglamentos que incluyen el pago de multas por parte de los atacantes, que varían entre los S/2.000 y S/5.000.

Georgina Rivera Paz cuenta que, en diciembre del año pasado, fue cuestionada por algunos vecinos de la comunidad awajún de Nazareth, en Bagua, Amazonas, por asesorar a la madre de una menor de tres años que había sido agredida sexualmente.

«Como yo estoy trabajando como defensora de los niños, avisé a la Policía, pero la gente de la comunidad dijeron que yo estaba haciendo problemáticas, que ellos podían solucionar en la comunidad», contó la líder indígena.

La amenaza de la trata 

Abelina Ampinti Shiñungari, lideresa asháninka del municipio de Río Tambo (Junín), contó a OjoPúblico que la trata de menores se ha convertido en una de los problemas más álgidos de la zona.

En la mayoría de casos, señala, las víctimas adolescentes son reclutadas en Ucayali y Río Tambo y, luego, llevadas a la cuenca del río Ene, donde se encuentran más plantaciones de hoja de coca y laboratorios. Las menores trabajan en bares instalados en la zona.

«Las adolescentes, muchas veces, son traídas o abandonadas por personas que les ofrecen empleo. Luego, las explotan y terminan en otro tipo de trabajos, ya sea en bares o cantinas», cuenta.

Según las estadísticas de trata de personas del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en 2021 y 2022, se atendieron 264 casos de menores víctimas de trata por la Unidad de Protección Especial en el ámbito nacional. En Loreto se atendieron a ocho menores, en 2021, y 10, en 2022.

La antropóloga Claudia Arredondo Villar cuenta que, durante entrevistas realizadas a diversas víctimas de trata, se halló que muchas de las afectadas, previamente, habían experimentado episodios de violencia sexual o habían crecido en un hogar con muchas necesidades económicas, y poco cuidado familiar.

«Las chicas de estas familias empiezan a trabajar y, por ahí, conocen a algún amigo que les enseña que pueden vender sexo. Así, van entrando en este mundo, muchas veces, sin darse cuenta que están siendo traficadas. Luego, llega alguien y les dice que la pueden llevar a Lima o cualquier otro lugar, donde van a ganar mucha más plata. Una vez ahí, las encierran, coaccionan y les quitan sus documentos», explicó Arredondo Villar.

OjoPúblico se comunicó con el MIMP para conocer mayores detalles sobre el contexto de estas agresiones y las estrategias desarrolladas para reducir la violencia sexual en la zona. Sin embargo, no hubo respuesta hasta el cierre de este artículo.

Ojo Público

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