Tras la ola de asesinatos del narcotráfico en Rosario, los ministros de Seguridad y de Defensa, Patricia Bullrich y Luis Petri –que el viernes crearon un nuevo Comité de Crisis por el que las fuerzas federales van a asistir a la policía de Santa Fe–, viajarán hoy a Rosario para poner en marcha sus acciones. El comando conjunto de las fuerzas de Seguridad conformado por el gobierno nacional incluye una vieja aspiración de la ministra Bullrich: la participación de las Fuerzas Armadas en los operativos, por ahora con los límites que les fija la ley, que les permite sólo un rol acotado, el de dar apoyo logístico. “Son ellos o nosotros”, tuiteó el presidente Javier Milei anoche en un mensaje en el que envió sus condolencias a los familiares de Bruno Bussanich, el joven playero asesinado por un sicario. En su mensaje, Milei culpó “al kirchnernismo y el socialismo” de haber “entregado la ciudad a la delincuencia” y adelantó que “las fuerzas de Seguridad tendrán nuestro apoyo irrestricto para hacer lo que sea necesario para reinstaurar el orden”. La incorporación de las Fuerzas Armadas al llamado combate contra el narcotráfico reabre la discusión sobre la participación de los militares en la seguridad interior.

Los ataques narco dieron un salto cualitativo la semana pasada. Si hasta ahora la mayoría de los asesinatos tenían que ver con la guerra entre bandas o dentro de ellas, ahora el blanco es la población. A las muertes de dos taxistas ayer se sumó el fusilamiento del joven que trabajaba en la estación de servicio. Ayer también murió el colectivero baleado el jueves.

Rosario está prácticamente paralizada. El gremio del transporte mantiene un paro desde hace cuatro días. Los taxis no funcionan de noche e incluso en las horas diurnas hay poco movimiento. Las estaciones de servicio tampoco funcionarán de noche y hoy no habrá clases por una medida del sindicato docente, que advirtió que no están dadas las condiciones de seguridad para que los chicos vayan a las escuelas. Mucha gente teme salir de sus hogares.

Bullrich y Petri, junto al gobernador Pullaro, convocaron a los medios para este lunes a las 10.30 a una conferencia de prensa en la que darán a conocer qué pidió la provincia de Santa Fe, en qué consistirá el apoyo de las fuerzas de Seguridad y qué harán los militares.

Va a participar también de los anuncios el gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Pablo Javkin. Voceros del gobierno señalaron que Bullrich llevará a quienes estarán a cargo de los operativos de las fuerzas de Seguridad, pero no trascendió si también en la delegación habrá alguna autoridad militar.

El viaje de los ministros a Rosario fue anunciado, así, en medio de la conmoción por la escalada de violencia. Al mediodía, la Oficina del Presidente posteó un comunicado oficial con detalles sobre el Comité de Crisis creado el viernes pasado por el gobierno nacional: “la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario asistirán a la Policía de Santa Fe en el combate contra el narcotráfico”, especificó la Casa Rosada.

Sobre las Fuerzas Armadas, la Oficina del Presidente informó que “han sido facultadas para otorgar asistencia en las operaciones de seguridad interior, en los términos del artículo 27 de la ley de Seguridad Interior”.

Las críticas

¿En qué consiste esta posibilidad de que las Fuerzas Armadas tengan un rol en la seguridad interior? Manuel Tufró, director de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios y Legales (Cels), señaló que las fuerzas federales participan desde siempre en este tipo de operativos, porque los delitos de narcotráfico son un tema de la justicia federal.

La participación de los militares, en cambio, es otra cuestión: “la Ley de Defensa Nacional como Seguridad Interior y la Ley de Inteligencia impiden a las Fuerzas Armadas realizar tareas de seguridad interior».

«Existen, sin embargo, supuestos excepcionales, situaciones en las que la ley permite que a pedido de una provincia se conforme un Comité de Crisis y, en ese marco, los militares den apoyo logístico. Las fuerzas armadas disponen de cuarteles, de transportes, de equipos de comunicación que pueden poner a disposición para apoyar las operaciones de las fuerzas policiales o de seguridad. En ese supuesto, las fuerzas armadas no pueden, sin embargo, entrar en combate, eso está terminantemente prohibido».

Hasta hace poco, no hacía falta explicar el por qué. Hoy Tufró considera necesario hacerlo: «Fuerzas de seguridad y fuerzas armadas son de naturaleza totalmente diferente. Las fuerzas de defensa nacional y las de seguridad tienen doctrinas del uso de la fuerza muy distintas. Los militares están formados para matar y destruir un enemigo; la policía, en cambio está formada (o eso debería) para proteger ciudadanos y usar la fuerza como último recurso. Tienen distintas reglas del uso de la fuerza».

La exministra de Seguridad Sabina Frederic asegura por su parte que «los militares no quieren intervenir en la lucha contra el narcotráfico, no quieren intervenir en temas de seguridad interior porque eso los desprofesionaliza, los somete a situaciones de riesgo y también de contaminación. No están preparados, no tienen la preparación ni el armamento para hacerlo y, básicamente, no quieren».

La intervención de las Fuerzas Armadas prestando asistencia logística (pero sin desplegar el uso de la fuerza) tiene antecedentes. Quienes siguen el tema indican que ya fue utilizado durante los gobiernos de Cristina Kirchner y de Mauricio Macri, en los operativos Fortín I y II así como en el Operativo de Frontera norte, aunque entonces se hizo para reforzar la vigilancia de zonas de fronteras, un objetivo muy distinto al de hacer intervenir a las Fuerzas Armadas en una zona urbana como es el caso de Rosario. La medida generó polémica entonces y la vuelve a generar hoy.

Tufró recuerda que como el objetivo era la vigilancia de las fronteras «armaban patrullas mixtas, de gendarmes y militares o de prefectos y militares, aunque al no poder entrar los militares en combate estas patrullas eran una cosa ridícula. Se terminó desinflando por varias razones, entre ellas la falta de recursos de las fuerzas armadas».

Frederic apuntó que durante la presidencia de Mauricio Macri, cuando Bullrich era ministra de Seguridad, ya «quiso hacer participar a los militares permitiéndoles el uso de la fuerza, en el Operativo Integración Norte, pero los militares de diferentes maneras se opusieron».

Para Frederic, «antes de convocar a los militares modificando la ley de seguridad o la ley de Defensa el gobierno nacional debería darle más facultad a las fuerzas federales, facultades que hoy no tienen. Para eso debería correr a la policía de Santa Fe del control de la calle en Rosario y destinarla a tareas administrativas, como se hizo en 2011 en Buenos Aires, porque presionar a los detenidos en las cárceles provinciales sabiendo la relación que hay con el afuera, sin que el estado provincial tenga autoridad sobre las calles, produce estos hechos de una violencia que es ya totalmente indiscriminada”.

La exministra aludía a la violenta requisa en la cárcel y la foto de presos semidesnudos al estilo salvadoreño que difundió el gobierno de Santa Fe. Los episodios de violencia contra la población se desataron después de esos hechos.

El director de Justicia y Seguridad del Cels aporta una última consideración «en los países latinoamericanos en los que los militares participaron de la lucha contra el narcotráfico «el resultado fue la escalada de la violencia, porque el narcotráfico es un mercado, no un ejército. Ante la intervención  de los militares,  en México y Brasil se ha desatado una escalada armamentista, porque lo que hacen las bandas es tratar de reforzarse militarmente. Aun entendiendo que hay que hacer algo de manera urgente, este tipo de respuesta no ha funcionado».

Página12