Se ensancha la brecha dentro del MAS – Por Olivia Arigho-Stiles

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Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de NODAL. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

Olivia Arigho-Stiles*

El conflicto entre Evo Morales y Luis Arce por la presidencia de Bolivia en 2025 no solo divide al Movimiento Al Socialismo, sino también a los movimientos sociales y sindicatos que forman su base.

Junto a las bulliciosas fiestas callejeras del carnaval, a finales de febrero se celebraron en toda Bolivia las tradicionales ceremonias de ch’alla. Durante las mismas se quema incienso y se ofrecen bendiciones de hojas de coca y alcohol a la Pachamama en rituales que afirman los lazos de reciprocidad entre la gente y la Madre Tierra. Pero hoy, además del inoportuno chaki (resaca) festivo, la profundización de la fractura política y social se suma al dolor de cabeza de la izquierda y los movimientos progresistas de Bolivia.

Desde que en 2020 el Movimiento al Socialismo (MAS) volvió al poder de la mano de Luis Arce, el expresidente Evo Morales estuvo alineando a su base de apoyo con la esperanza de volver a ser presidente. Pero en diciembre del año pasado, el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia dictaminó que los presidentes solo pueden mantenerse en el poder un máximo de dos mandatos y que la reelección indefinida «no es un derecho humano». La sentencia asestó un golpe catastrófico a las ambiciones presidenciales de Evo.

Desde entonces, Morales viene acusando a Arce, su exministro de Economía y estrecho aliado, de orquestar un intento de ilegalizar su posible nuevo acceso a la presidencia, declarando en X (antes Twitter) que está en marcha un «golpe judicial».

“El pueblo boliviano a la cabeza del movimiento Indígena triunfo en su lucha, para hacer respetar la Constitución Política del Estado y la democracia, en un levantamiento y rebelión de los sectores populares, en tiempos coloniales, amenazados al exterminio, marginados y despreciados en la República”, señaló Evo Morales.

Lucha electoral

Para forzar elecciones en el Poder Judicial (que de acuerdo con la Constitución plurinacional deberían haberse celebrado en diciembre), a finales de enero Evo Morales movilizó a sus bases en el corazón cocalero de Cochabamba, impulsando bloqueos a lo largo de las carreteras que conectan esa ciudad con el centro de negocios de Santa Cruz. Los bloqueos, que combinan la exigencia de elecciones judiciales con otras reivindicaciones locales, provocaron escasez de alimentos y combustible y fueron reprimidos por las fuerzas de seguridad.

Huáscar Salazar, economista y miembro del Centro de Estudios Populares de Bolivia, afirma que hay pocas esperanzas de conciliación entre los dos bandos. «Lo que estamos viviendo en este momento es esa pulseada, en la que Evo y Arce se disputan la sigla del Movimiento al Socialismo y, sobre todo, la candidatura a la presidencia de ese partido para 2025».

Y agrega: «El problema es que esta pulseada está teniendo tremendas consecuencias para las organizaciones de base, cada vez más divididas en sus estructuras internas; pero también es un problema que esta disputa está sucediendo en medio de una crisis económica cada vez más palpable de la que nadie quiere hacerse cargo». El dramático aumento de los bloqueos este mes, así como su distribución geográfica, puede verse en una infografía elaborada por Mauricio Fonda, activista de datos abiertos residente en Bolivia.

En la Asamblea Legislativa Plurinacional, los cargos electos del MAS se reparten entre las líneas arcista y evista. Las elecciones al Poder Judicial que debían celebrarse el año pasado se han estancado debido al desacuerdo sobre los candidatos preseleccionados acordados por la Asamblea Legislativa, dominada por el MAS. En Bolivia, los magistrados del Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura se eligen por sufragio directo cada seis años.

Con este estado de cosas, quienes salen ganando son los arcistas, porque la actual composición del Tribunal Constitucional Plurinacional viene favoreciendo sus intereses, como ocurrió con el reciente fallo sobre la elección de Morales. Y la condición de mandatario de Arce le da mucha más influencia sobre las instituciones del Estado, que utilizó en su beneficio.

La reelección de Morales es una cuestión irresuelta desde 2017 y estuvo en el centro del golpe de 2019. La Constitución prohíbe que alguien ocupe la presidencia durante más de dos mandatos consecutivos. En 2016, Morales perdió por poco un referéndum que habría anulado la Constitución y le habría permitido presentarse de nuevo. Entonces llevó la decisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, que le era favorable, que dictaminó que la reelección era un derecho humano y anuló el referéndum.

Muchos bolivianos consideraron esto como una farsa legal y antidemocrática, lo que fue un factor importante en la movilización contra Evo de las clases medias urbanas y los movimientos sociales opositores en octubre de 2019, cuando un golpe de Estado permitió a la evangélica de extrema derecha Jeanine Áñez hacerse con la presidencia de facto.

Con el respaldo de Morales, Arce fue elegido presidente en octubre de 2020, después de que finalmente se celebraran elecciones, un año después del golpe. El actual conflicto entre arcistas y evistas se centra en el control del propio MAS, que en las últimas dos décadas se consolidó como un partido de gobierno duradero.

Los antagonismos sociales y el MAS

Los recientes bloqueos son un indicador de que Evo Morales aún puede movilizar a una base amplia y motivada. Los bloqueos tienen una larga y eficaz historia en Bolivia y son una característica de la mayoría de los conflictos sociales. En 1999, durante la Guerra del Agua de Cochabamba, una coalición de campesinos, trabajadores de fábricas y activistas comunitarios se unieron para bloquear las carreteras en respuesta a una nueva ley neoliberal que habría privatizado el agua. Del mismo modo, después del violento golpe de Estado de Luis García Meza en 1980, los campesinos bloquearon las carreteras para impedir que los militares avanzaran por el campo expandiendo una grave represión. Más recientemente, en 2019, mineros y movimientos campesinos bloquearon las carreteras fuera de las ciudades para obligar a Áñez a convocar elecciones tras casi un año de un gobierno golpista caracterizado por el fraude, la corrupción y las masacres.

Los bloqueos surgen de una facción del MAS. Es importante señalar que el MAS no es tanto un partido político ortodoxo como una coalición cambiante de fuerzas sociales diferentes y a veces antagónicas en la base. La refundación de Bolivia como Estado «plurinacional» en 2009 se vio como un reflejo de sus elementos sociales plurales, un remedio para lo que el intelectual marxista boliviano René Zavaleta Mercado denominó una «sociedad abigarrada», compuesta por diferentes modos de producción, temporalidades históricas y formas de gobierno dentro de los confines de un Estado-nación (colonial).

Pero, en la última década, las divisiones en el MAS jugaron un papel destructivo en los movimientos de mineros cooperativistas, cocaleros, campesinos y trabajadores urbanos, que están fragmentados y a menudo tienen liderazgos paralelos.

Una crisis económica inminente

Uno de esos movimientos es la poderosa confederación sindical campesina, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), cuyas lealtades están repartidas. Los simpatizantes de Morales, como el actual líder Ponciano Santos, prometieron reanudar los bloqueos si no se atiende su demanda de elecciones judiciales. Santos fue elegido el año pasado en medio de un congreso nacional de la CSUTCB que acabó en reyertas y sillazos entre evistas y arcistas, y muchos elementos de la confederación no reconocen su autoridad.

El año pasado, durante el congreso del MAS, Arce y su vicepresidente, David Choquehuanca, fueron expulsados del partido.

Y a los problemas políticos de Arce se suma el sombrío panorama económico de Bolivia. Desde el año pasado hay una aguda escasez de dólares y el peso boliviano se ha devaluado. Como señala el economista Stasiek Czaplicki Cabezas, la devaluación representa una caída del 20% del valor de los ahorros en moneda local, lo que plantea un futuro de inseguridad financiera para muchos bolivianos, en particular para las clases medias. Todo ello suma presiones contra Arce, el economista formado en la Universidad de Warwick que se vio obligado a defender sus credenciales económicas.

Los candidatos presidenciales para las elecciones de 2025 deben decidirse este año, por lo que ambas partes intensifican la presión para dirigir de forma integral el aparato del MAS. Pero el prolongado conflicto está extendiendo su toxicidad a través de los movimientos sociales de Bolivia, dividiendo a las bases. Mientras tanto, las disputas en torno a las elecciones judiciales erosionan la fe pública en los órganos democráticos del Estado, mermando la legitimidad de cualquiera de los bandos que finalmente se alce con la victoria. En 2024, la política boliviana está más polarizada que nunca.

*Colaboradora de la revista Alborada, escribe su tesis doctoral sobre los movimientos indígenas del siglo veinte en Bolivia.

Jacobin

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