Violencia en México: políticas públicas y propuestas de solución – Por Pedro Iniesta

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Violencia en México: políticas públicas y propuestas de solución

Por Pedro Iniesta*, especial para NODAL

Durante el periodo considerado neoliberal (1982-2018), la mayoría de las políticas públicas en materia de seguridad se concentraron en el incremento de la participación de militares en las labores de seguridad pública. El objetivo explícito de estas políticas fue combatir la delincuencia organizada, que se interpretaba como una amenaza a la seguridad nacional.

Sin embargo, el enfoque punitivo mediante el cual se aplicaron estas medidas militarizadas generó incentivos para los excesos por parte de las corporaciones, sobre todo porque se dio rienda suelta al uso de la violencia por las corporaciones de seguridad tanto civiles, como militares. Esto resultó en casos de violencia sistemática del Estado en contra de civiles, tales como la masacre de Tlatlaya, Estado de México, y la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayoztinapa, en Iguala, Guerrero, ocurridos ambos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Hubo paralelamente algunas políticas de profesionalización policiaca, aunque ésta se enfocó exclusivamente en los títulos académicos de algunos agentes especializados – sobre todo en los rangos superiores y a niveles federales –, así como en el reforzamiento de las capacidades armadas, sin tomar en cuenta las capacidades y recursos necesarios para la investigación criminal y la inteligencia.

A niveles locales, la profesionalización llegó sólo a algunos territorios con las mismas limitaciones que el nivel federal y, por lo general, tampoco estuvo acompañada de una mejora en las condiciones laborales de los policías que pudiera generar incentivos para reclutar y mantener perfiles idóneos, tanto ética como profesionalmente.

Por otro lado, las medidas para combatir la corrupción de las corporaciones se limitaron al enfoque de la “manzana podrida”. Esto es, políticas que no buscaron reformar a las corporaciones corruptas, sino que se dedicaban a responsabilizar y depurar a sus elementos individuales utilizando para ello pruebas poco viables para rastrear actos de corrupción vinculadas a la delincuencia organizada. Ello resultaba limitado frente al problema de corrupción sistemática de las policías y no tomaba en cuenta su dependencia casi absoluta al poder político.

No debe obviarse el comportamiento corrupto sistemático que prevaleció en los distintos actores dedicados a la seguridad pública durante este periodo, incluyendo no sólo a los elementos de las corporaciones de seguridad, sino a la élite política de la cual han dependido históricamente los mandos de las corporaciones. El caso más relevante quizás lo represente Genaro García Luna, quien tuvo un papel clave en el desarrollo de la corrupción policíaca en, al menos, los sexenios de Vicente Fox (2000-2006) como jefe de la Agencia Federal de Investigaciones, la policía dedicada a las investigaciones penales a nivel nacional; Felipe Calderón como secretario de Seguridad Pública (el puesto más importante de seguridad en el país) y Enrique Peña Nieto como consultor privado.

Durante gran parte del periodo neoliberal, un consenso crítico que prevaleció sobre las políticas militarizadas fue la crítica de su concentración en el enfoque punitivo y la omisión absoluta de medidas preventivas que se enfocaran en combatir las “causas del delito”, es decir, los factores socioeconómicos de la violencia, como la desigualdad o el desgaste del llamado “tejido social”. En ese sentido, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) – que inició en 2018 y que concluye este 2024–, comenzó a transitarse hacia un enfoque que busca saldar – al menos, en parte – esta deuda que el Estado mexicano tiene con su población, aunque con algunos matices que se deben colocar de relieve.

En primer lugar, las políticas sociales se han planteado no sólo con el objetivo de reducir la desigualdad entre la población, sino también como mecanismos para prevenir la violencia, bajo la lógica de atacar las “causas del delito”. En ese sentido, los programas buscan atacar por distintos flancos algunos de los factores que el presidente y otros críticos del periodo neoliberal plantearon como centrales en el desarrollo de la violencia.

Uno de ellos fue la desocupación y la falta de ingresos en gran parte de la población joven, lo cual se ha buscado combatir mediante el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Mediante una beca que se equipara a un salario mínimo, este programa busca vincular y capacitar a los jóvenes para facilitar su ingreso en el mundo laboral.

Para la población adulta, se ha buscado otro tipo de medidas, como el programa Sembrando Vida, el cual busca incentivar el desarrollo de la producción agrícola mediante el subsidio de los salarios de los jornaleros o el equivalente. Este programa ha tenido un impacto positivo en algunos campos de la montaña de Guerrero, en donde algunos pobladores dejaron de sembrar amapola para la producción de heroína y comenzaron a sembrar árboles maderables.

Aunado a ello, los proyectos de infraestructura pública, como la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, el Tren Transístmico o diversos aeropuertos internacionales, tienen el objetivo de generar una derrama económica mediante distintos mecanismos. Así, los proyectos no sólo buscan los beneficios generados en los rubros específicos de cada uno – energía, turismo, transporte de mercancías, transporte de pasajeros, etc.–, sino incrementar la ocupación laboral mientras se construyen las grandes obras, principalmente entre trabajadores de la construcción y los mercados que se incentivan con la presencia de las obras.

Por último, también debe considerarse el incremento real del salario mínimo en 110% durante el actual sexenio, lo que ha fortalecido la economía popular y, según el presidente, también ha facilitado la reactivación de la economía.

Aunque aún falta evidencia sobre la relación que existe con la estrategia integral de seguridad del gobierno de AMLO, se han observado dos posibles resultados positivos. En primer lugar, es notoria la reducción de las “causas sociales del delito” durante el gobierno actual, pues al menos 5 millones de personas salieron de la pobreza y la tasa de desempleo ha tenido una reducción histórica. Paralelamente, la mayoría de las tasas en delitos de alto impacto, como el secuestro, el homicidio o el robo en general, se han reducido considerablemente.

Ahora bien, un punto de la estrategia de seguridad de AMLO que ha sido sumamente cuestionado es el de la continuidad de las Fuerzas Armadas (el Ejército y la Marina) en labores de seguridad. Sobre este punto, existen matices en la aplicación en territorio que han marcado diferencias destacables con la militarización del periodo neoliberal.

En primer lugar, el presidente de la república como “comandante de las Fuerzas Armadas” ha dado órdenes explícitas a los militares de que no recurran a la violencia armada contra la población civil como primera reacción. Los impactos de este cambio en las órdenes se manifiestan tanto en la reducción de los excesos cometidos por las fuerzas armadas, como en material audiovisual circulando en redes sociales en el que se puede observar a civiles provocando a elementos del ejército, mientras éstos se contienen de responder atacándolos.

Sin embargo, en muchos de estos materiales tampoco se observa una acción que respete los protocolos que definen el uso proporcional de la fuerza, pues los soldados llegan a disparar al aire o al suelo para dispersar a los civiles. Aunque este actuar no implica necesariamente un daño, sí representa una reacción desproporcionada. Aunado a ello, en algunos territorios – como en el estado de Tamaulipas–, se registran constantemente violaciones graves a los derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas.

En segundo lugar, durante el sexenio de AMLO se ha desarrollado una nueva fuerza armada híbrida que se especializa en labores de seguridad pública. Se trata de la Guardia Nacional (GN), la cual originalmente se planteó como una institución con personal y disciplina militar, pero con entrenamiento, administración y mando civil. Sin embargo, a lo largo del periodo, el gobierno de AMLO ha buscado transferirla a la Secretaría de la Defensa Nacional, la dependencia encargada de administrar al Ejército mexicano.

A pesar de los matices, la continuidad del uso de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública y la consolidación de la Guardia Nacional le ha valido al actual gobierno múltiples críticas, sobre todo porque el presidente había prometido su paulatino regreso a los cuarteles. Sin embargo, en el transcurso de su sexenio, AMLO ha reconocido que cambió de opinión al ver el problema de corrupción prevaleciente en las corporaciones civiles de seguridad.

Por otro lado, se han planteado algunas propuestas alternativas, tales como el fortalecimiento a las corporaciones civiles locales, así como el desarrollo de las estrategias anticriminales a nivel regional. Sin embargo, existe un margen muy pequeño y difuso para el actuar de las corporaciones locales de acuerdo con la normativa vigente, aunado a que una gran parte de ellas se encuentran deslegitimadas ante la población y cuentan con una reputación de ser corruptas o estar cooptadas por el crimen organizado. Finalmente, la población civil tiende a temerles a las organizaciones criminales, por lo que se dificulta reclutar civiles que voluntariamente se dediquen a combatir los ilícitos.

*Sociólogo y politólogo especializado en temas de seguridad pública, corrupción e impartición de justicia. Colabora en diversas organizaciones de la sociedad civil defensoras de derechos humanos.

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