Colombia | Ante la reedición de los grupos paramilitares, ¿frentes solidarios de seguridad? – Por Gloria María Gallego García

Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de NODAL. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

Gloria María Gallego García*

La propuesta de Fedegan en torno a crear grupos para la seguridad llamados Frentes Solidarios de Seguridad y Paz reaviva las huellas del pasado de fuego y muerte del aparato paramilitar en Colombia.

Durante los meses de febrero y marzo de 2024 José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos –Fedegan–, desplegó un gran activismo llamando la atención sobre la “compleja escalada de violencia e inseguridad por el actuar criminal de grupos de toda índole” que padece el pueblo colombiano, sobre todo en el campo, y proponiendo como remedio la creación de Frentes Solidarios de Seguridad y Paz, a los que define como “una forma de organización para construir pacíficamente un tejido de protección solidaria frente a la delincuencia, un esquema de colaboración con la Fuerza pública y las autoridades en los territorios: con el alcalde y el personero, con el juez y el fiscal” (1) .

Como justificación, señala que “El territorio no se lo podemos dejar a los bandidos, le pertenece a los que cumplimos la ley y generamos dinámicas de progreso y bienestar. Quienes obramos así tenemos la obligación de construir un tejido social de protección con las autoridades […]” (2).

Ante la oposición  del ministro de Defensa, Iván Gómez Velásquez, y de amplios sectores de la sociedad civil por considerar que esta es una resurrección de fórmulas legales, como las “Convivir”, con las que el Estado le dio cobertura legal y carta blanca a los grupos paramilitares para su accionar violento con métodos de guerra irregular que desató una barbarie sin precedentes en el país, José Félix Lafaurie ha redoblado sus métodos discursivos para tratar de convencer a la opinión pública y al gobierno de Gustavo Petro de que tales Frentes Solidarios no son paramilitares y se crearían con los nobles y genuinos propósitos de seguridad y protección (3).

Aduce que “En principio, la responsabilidad de garantizar la seguridad es del Estado, pero es también un derecho y un deber ciudadano participar en nuestra propia seguridad, premisa en la que se inscriben los Frentes Solidarios de Seguridad y Paz”, sobre los cuales insiste en que “No son la resurrección de las Convivir, pues respetan el monopolio de las armas en cabeza del Estado y se basan en la colaboración pacífica con las autoridades, a partir de tecnologías de información y comunicaciones”, y se remite a la política de  la Policía Nacional  de los Frentes de Seguridad que se definen como “organizaciones cívicas voluntarias de carácter comunitario mediante las cuales ciudadanos se asocian para mejorar la convivencia y seguridad ciudadana, en zonas rurales y urbanas, construyendo una cultura de seguridad basada en la participación ciudadana” (4).

Lafaurie reclama que no señalen a los ganaderos por esta propuesta, porque este gremio es injustamente estigmatizado de pro paramilitar, e invoca “la historia que no queremos repetir; la historia de las violencias, del paramilitarismo y de la estigmatización ganadera; […] la historia de la violencia que impulsó a algunos a traspasar la línea de la legalidad y, por ese camino, se convirtieron en un remedio peor que la enfermedad y le dejaron al gremio la herencia maldita de la estigmatización (5).

¿Cómo evaluar esta propuesta?

Es cierto que en muchas regiones ha escalado nuevamente la guerra y la población civil, sobre todo en el campo, está viviendo en zozobra y afrontando situaciones de miedo, angustia y tensión en su vida cotidiana y en el desarrollo de sus actividades productivas por el trasegar de grupos armados ilegales y la presión que ejercen sobre las personas civiles. Es parte del drama de una guerra que por etapas se logra desescalar, pero nunca termina.

En el largo camino hacia la paz, se han alcanzado importantes resultados parciales, como la disolución de varios grupos insurgentes mediante acuerdos (M-19, Epl, Prt, Farc), el desgajamiento de un brazo del Eln (Crs), así como la disolución de los paramilitares agrupados en las Auc, lo cual implica avances considerables en la construcción del Estado y la democracia, el fortalecimiento del sistema judicial y de la garantía de los derechos humanos. Pero la paz nunca es completa. La guerra continúa con el Eln y las disidencias de las Farc (Segunda Marquetalia y Estado Mayor Central), que siguen oponiendo un desafío armado al Estado colombiano, más los grupos paramilitares como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc).

En muchos departamentos en la actualidad, quienes se dedican a la ganadería vuelven a soportar  el acoso de la delincuencia común, de grupos guerrilleros y de grupos paramilitares que atraviesan las fincas, les mandan “boletas” exigiendo el pago de la “vacuna” o de la “cuota” como medida para financiar estos grupos  y para evitar con el pago de estas extorsiones  un posible secuestro. Los ganaderos son, por actividad económica, uno de los colectivos más victimizados en la guerra colombiana, sobre todo por los grupos insurgentes, que se asentaron prevalentemente en el campo, y dirigieron a ellos su atención porque están más a su alcance, pues muchos viven en fincas más o menos apartadas de la protección de las autoridades o van a visitarlas con periodicidad desde su lugar de residencia, con lo cual resulta más fácil secuestrarlos, en comparación con personas adineradas que viven en el anonimato de las ciudades.

Ante la crítica, los ganaderos asociados en Fedegan reclaman que no se los estigmatice como pro paramilitares. En parte, tienen razón porque no todos los ganaderos fundaron, auspiciaron o financiaron grupos paramilitares; y en parte no la tienen, porque muchos sí fueron determinantes para la conformación y el ascenso del paramilitarismo.

Es necesario reconocer la heterogeneidad del gremio ganadero, que se refleja también en su diverso posicionamiento en la guerra y ante al paramilitarismo. Muchos ganaderos prefirieron abandonar sus fincas, a las que se habían dedicado toda su vida, antes que cooperar con la violencia paramilitar; algunos se negaron a pagar extorsiones y a financiar grupos paramilitares invocando principios morales y políticos, resistiendo los embates y asumiendo el riesgo de perder la vida por ello.

Muchos reconocen lo complicado de su situación en un país de profundas desigualdades materiales y donde el contraste entre la ciudad y el campo deja a este sumido en el atraso, el abandono y relaciones feudales entre señores y siervos, que son humus para la insurgencia y, también, para el surgimiento de paramilitares. Muchos ganaderos fueron amenazados de muerte por los subversivos y buscaron los servicios de protección de los paramilitares, “interactuando con los actores armados en un contexto marcado por el riesgo, la amenaza y la muerte” y para garantizar su vida y la de sus seres queridos (6).

Pero muchos ganaderos, o sus hijos, tomaron las armas, fundaron grupos paramilitares, pasaron a ser combatientes o comandantes (como Carlos y Fidel Castaño, Salvatore Mancuso y Raúl Hasbún, entre otros). Muchos promovieron y financiaron las “Convivir”, cooperaron con los paramilitares por interés en cobrar venganza a sus victimarios los guerrilleros o por convicción e identificación política anticomunista y antisubversiva, o por el autointerés de maximizar beneficios económicos y ver subir el precio de la tierra.

Las conductas de muchos ganaderos coadyuvaron al horror y, para que la gente haga mejor la diferencia entre unos y otros, Fedegan debería reconocer esta heterogeneidad del gremio y asumir las responsabilidades morales y políticas (y también criminales) que corresponden. ¿Cuándo van a reconocer que no son sólo víctimas, sino que contribuyeron a la barbarie? ¿Cuándo van a asumir su papel en el advenimiento de la violencia en los campos de Colombia? ¿Cuándo van a aceptar que asociaciones paraestatales no son la solución?

En nombre del bien…

¿Es correcta esta propuesta de creación de los Frentes Solidarios de Seguridad y Paz, a la luz del Estado constitucional de Derecho? ¿Qué nos indica la memoria histórica de la prolongada guerra colombiana? ¿Serían estos Frentes un instrumento nuevo y mejor, que afianzaría la seguridad y la paz y fortalecería las instituciones del Estado en el campo?

En primer lugar, es preciso cuestionar que, si los Frentes Solidarios de Seguridad y Paz son pretendidamente asociaciones tan inocuas, ¿a qué viene esta necesidad de justificación y tanta parafernalia discursiva? Porque Lafaurie, a medida que su propuesta ha sido contestada con argumentos sólidos, ha ido diciendo que se trata de simples asociaciones para la cooperación con las autoridades: “frentes de seguridad, organizaciones basadas en un binomio entre sociedad civil y autoridad, y autoridad es más que fuerza pública”, y asegurando que “no habrá armas” (7). Si es así, por qué Lafaurie considera que se necesitaría autorización del gobierno y un marco legal para crearlas si no se trata más que de una asociación ciudadana inofensiva, inerme, desarmada, innocua, como tantas otras asociaciones que de manera libre conforman las personas para el desarrollo de las distintas actividades en sociedad y la búsqueda de fines comunes, en ejercicio del derecho de libre asociación (artículo 38 Constitución Política), tales como asociaciones culturales, científicas, profesionales, cívicas, deportivas o sindicales.

Da la impresión de que se está acudiendo al discurso moral y político de carácter justificativo para rectificar, o hacer justo algo que, de entrada, es problemático o incorrecto. Aquí está el meollo de la cuestión, pues una propuesta de esta índole tiene de fondo la usurpación de una función que le corresponde exclusivamente al Estado, que como poder soberano al interior de una sociedad política ostenta el legítimo monopolio de la fuerza y cuenta con distintos órganos y poderes, y con la fuerza pública sometidos al Derecho para garantizar la paz interior y exterior, la seguridad, el orden público y la estabilidad de las instituciones.

La paz es el fin mínimo de todo ordenamiento jurídico y el Derecho en su significado más amplio puede definirse como la paz organizada de un grupo, y para que haya paz el uso de la violencia debe quedar prohibido a los particulares, siendo la comunidad organizada la que ostenta el monopolio de las armas y de la violencia,  para reconducir las relaciones antagónicas que atraviesan el cuerpo social, desarmar las relaciones sociales en las que primen la rivalidad agresiva y la beligerancia y controlar los instrumentos de la violencia y la guerra. Esto tiene sentido: las instituciones públicas ostentan funciones propias y poderes de actuación que le están vetados a personas particulares, precisamente porque su tarea más básica es monopolizar el uso de la fuerza a través de órganos y agentes sometidos al Derecho para asegurar la convivencia pacífica.

Cuando se crean esas asociaciones de ciudadanos que actúan en colaboración con la fuerza pública para supuestamente cumplir con funciones que le competen de forma exclusiva al Estado, llámense “Autodefensas”, “Convivir” o “Frentes Solidarios de Seguridad y Paz”  se están creando poderes paralelos al Estado o poderes parainstitucionales que modifican el marco político y legal del Estado constitucional de Derecho y generan un área de no derecho en la que se implanta la ley del más fuerte, dando lugar a sociabilidades fascistas en las que pululan la arbitrariedad, la intimidación y las armas para resolver los conflictos, el trato secreto entre agentes del Estado y actores armados y los métodos de terror para restablecer el orden. Esto da lugar al “fascismo del Estado paralelo” (8), en el cual los agentes del Estado y paramilitares implementan prácticas fronterizas entre el derecho y el no derecho en las zonas del conflicto armado y estrategias de violación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

En segundo lugar, el presidente de Fedegan y quienes le apoyan insisten e insistirán en que no pretenden fines malos, y si se crearan bajo la forma jurídica los Frentes Solidarios de Seguridad y Paz y luego llegaran el derramamiento de sangre y el horror, dirían que jamás esa fue su intención. ¿Cuándo en esta prolongada guerra se ha fundado algún grupo armado (guerrillero o paramilitar) que proclame que busca fines directamente criminales e instaurar el horror? ¿Cuándo los gobernantes, líderes políticos o empresarios al promover las asociaciones de autodefensa han declarado que estaban creando escuadrones de la muerte y alianzas tenebrosas de agentes del Estado con particulares para llevar a cabo la guerra sucia? Todo ha sido en nombre, no de la muerte, la injusticia y el terror, sino de la vida, la justicia, la seguridad y la paz. Detrás de la apelación a palabras bellas y a fines sociales y políticos nobles anidaba la barbarie que se desata después. Dijo Erasmo de Rotterdam que “los peores males siempre se han deslizado en la vida de los hombres a la sombra y bajo especie del bien” (9).

En esta guerra siempre se ha promovido y cohonestado con el mal en nombre del bien. Esto lo conocemos gracias a la memoria histórica que hemos acumulado después de tantas décadas de confrontación armada y de violaciones masivas a los derechos humanos por todas las partes en conflicto, que nos provee de una base fundamental de experiencia para aprender del pasado y extraer de él ejemplos, lecciones prácticaspara identificar los peligros que acechan en el presente, para abrir bien los ojos y leer entre líneas la historia y aprender a estar vigilantes de la barbarie que regresa.

En tercer lugar, aduciendo graves situaciones de inseguridad ciudadana, necesidades de preservación del orden público y de protección de las instituciones democráticas, en 1994 el gobierno de César Gaviria Trujillo creó las “Convivir” (“Asociaciones Comunitarias de Vigilancia Rural”), mediante el Decreto 356 de 1994, por el cual se expidió el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada, que autorizó a crear cooperativas de vigilancia y seguridad privada y en el artículo 39 permitió un tipo especial de estas cooperativas conformadas por particulares, que podían “desarrollar actividades en áreas de alto riesgo o de interés público, que requieren un nivel de seguridad de alta capacidad”, es decir, las autorizó a ejercer la fuerza extraordinaria que sólo puede ejercer la fuerza pública en situaciones de guerra, a emplear armas de fuego de uso restringido y actuar con técnicas y procedimientos propios de la inteligencia militar y la conducción de hostilidades contra un ejército enemigo.

Este Decreto le dio carta de naturaleza a lo que ya existía en el país, que eran los grupos paramilitares. Les entregaron radioteléfonos, armas de uso privativo de la fuerza pública y conjuntamente salieron con Ejército y Policía a hacer operativos supuestamente de combate a la guerrilla, pero todo aquello era agresión contra personas civiles. Era la forma de fomentar engañosamente cuadrillas paramilitares, autorizadas por el gobierno para atacar a la población con armamento bélico, lo cual vino a regularizar el aparato paramilitar, otorgándole condiciones para establecerse en las poblaciones y poner en marcha sus métodos de guerra irregular a la vista de todos y con el apoyo abierto de autoridades civiles, soldados y policías. Fueron creadas 414 Convivir, muchas de las cuales tuvieron como representantes legales a reconocidos jefes paramilitares: Salvatore Mancuso, Rodrigo Doble Cero, Rodrigo Tovar Pupo, Diego Vecino, Rodrigo Peluffo alias Cadena. Los asesinatos selectivos, torturas, desapariciones forzadas, masacres y desplazamientos se multiplicaron exponencialmente en las regiones donde actuaban estas supuestas cooperativas de vigilancia que cometieron masacres y forzaron al vaciamiento de territorios enteros (10). Todo fue por el bienestar de Colombia, “todos eran verdaderos patriotas que hicieron tratos con los grupos de autodefensas solamente en beneficio de la nación”, advierte Aldo Cívico en su libro sobre el ex teniente del Ejército y jefe paramilitar Rodrigo Doble Cero (11).

En sentencia C-572 de 1997, la Corte Constitucional cometió el descomunal desatino de declarar exequible la norma que creó las Convivir, argumentando necesidades de seguridad, protección y actuación solidaria con las autoridades (12). Este no era un asunto siquiera discutible, pues es de la estructura profunda del Estado moderno el monopolio legítimo de la violencia. La defensa de la seguridad pública, de las instituciones es una función exclusiva de la fuerza pública las armas son un monopolio exclusivo del Estado (artículos 216 y 223 de la Constitución) y éste, por tanto, no puede armar a los civiles supuestamente para que lo defiendan y le ayuden a combatir los grupos insurgentes. El Estado colombiano ahondó su debilidad, promovió la ferocidad paramilitar y se puso cerca del colapso institucional. Además, es imposible entender cómo los magistrados no acudieron a la abundante información empírica que ya existía sobre la matanza que estaban llevando a cabo los paramilitares organizados y legalizados en las “Convivir”.

Las fuerzas armadas estatales dejaron de cumplir el papel protagónico en la orientación de las hostilidades contra la guerrilla y en la determinación del resultado de la guerra. En el Nudo de Paramillo y Bajo Cauca, en los Montes de María, Sur de Córdoba y Sur de Bolívar y Barrancabermeja, Serranía de Perijá, Casanare y Meta, por ejemplo, con frecuencia las operaciones militares contra el Eln y las Farc las diseñaron y las dirigieron los grupos paramilitares; el Ejército colombiano parecía más auxiliar, pues la iniciativa de la lucha contrainsurgente la tenían las Auc. Pécaut señalaba en 1999: “Fuera de las confrontaciones puntuales de militares y paramilitares, hay que admitir que todo sucede como si las Fuerzas Armadas hubieran delegado frecuentemente en los paramilitares el cuidado de avanzar las operaciones de recuperación territorial que ellas no pueden realizar, ya sea porque carecen de conocimiento del terreno, porque no poseen suficientes hábitos de combate, o porque estas acciones suponen el empleo de métodos de guerra sucia que les harían correr el riesgo de sanciones penales” (13).

Las apariencias engañan

Ello implicó una transformación sustancial del conflicto armado, que se volvió irregular también de parte del Estado, lo que tuvo un efecto desestructurante de las instituciones, tanto porque el combate a la subversión se realizaba por vías abiertamente ilegítimas, como porque con la delegación hecha a favor de los grupos paramilitares las instituciones públicas quedaron relegadas a un segundo plano, y perdieron capacidad tanto para dirigir la guerra como para negociar la paz. Años después, cuando vino el desmonte de las “Convivir”, la atrocidad ya había sido consumada y la toma de consciencia llegaba demasiado tarde.

Se hizo común el desprecio al marco del Estado de derecho y a los códigos del derecho con sus respuestas institucionales, civilizadas y limitadas al delito y, en cambio, se adoptó el favorecimiento de las soluciones privadas basadas en las vías de hecho y repertorios de ferocidad paramilitar. Mucha gente asumió como normal que los agentes del Estado actuaban de manera ilegal y subterránea, que los hijos de buenas familias se dedicaban a escuadrones de la muerte y la “limpieza social”, que los hacendados pagaban esbirros, y los empresarios más prestigiosos patrocinaban el horror con los mejores propósitos.

Hechas las anteriores consideraciones, esta es la lección, marcada a sangre y fuego, que nos deja la memoria histórica: cuando se permite a los particulares actuar en la defensa del Estado, del orden público y de la seguridad pública se niega el ordenamiento jurídico mismo, pues no hay distinción entre la fuerza pública y el ejercicio indiscriminado de la violencia ejercida por los ciudadanos y se llega a la guerra, que pone en entredicho el pacto de asociación política y rompe con el Derecho, la autoridad y la institucionalidad pública. Colombia no lo debe repetir, bajo ningún nombre que le brinde un esquema legal a las “autodefensas”; no se debe aceptar ningún método paraestatal parapetado en la fuerza simbólica propia del Derecho para reeditar el paramilitarismo.

El Derecho debe tomar la delantera para reinstituir valores y significados, remarcar fronteras sobre lo correcto y lo incorrecto y ayudar a la recuperación no sólo del orden jurídico, sino de la cultura cívica (y jurídica), como sucedió con el Acto Legislativo 05 de 2017, que expresamente prohíbe la conformación, promoción y encubrimiento de grupos paramilitares, y representa un compromiso expreso del Estado de no repetición.

La mejor política de seguridad

La mejor forma de terminar con la violencia en el campo es promover la paz y la reconciliación entre los sectores políticos y sociales enfrentados por el odio, los prejuicios, la desconfianza mutua y el apasionamiento político. La mejor política de seguridad y de orden público es la política de finalización de la guerra por medios pacíficos. De la experiencia acumulada se nutre la iniciativa de Paz Total del presidente Petro, cuya denominación enfatiza en dos aspectos de fondo que estimamos acertados, pese a que el proceso de paz en su conjunto merecería un mejor diseño y dirección. Es necesario profundizar en la implementación del Acuerdo Final de Paz entre el Estado y la disuelta guerrilla de las Farc, en vez de intentar triturarlo, como lo hizo el gobierno de Iván Duque que ralentizó u obstruyó la implementación y no tuvo ninguna iniciativa de paz, dejando perder cuatro años y dando pábulo al regreso de las masacres y el avance de los grupos armados ilegales en los territorios de los que salieron las disueltas Farc.

Es urgente poner fin por medios pacíficos a la gran violencia de los grupos armados insurgentes y paramilitares que aún quedan, como a las difusas violencias de los grupos del crimen organizado (narcotráfico, minería ilegal, contrabando, tráfico de personas, tráfico de armas y especies animales), entre otros motivos para que no generen un efecto de llamada sobre guerrilleros y paramilitares que abandonan las armas y que eventualmente retornan a la ilegalidad por sus dilemas de seguridad (el miedo a ser asesinados después de desmovilizarse), por falta de oportunidades educativas y laborales, por necesidad o afán de lucro económico.

La meta es revertir la violencia destructiva (la extraordinaria y la residual) en acción social constructiva, desarme, convivencia civil, prácticas de no violencia y acción política democrática. Mientras tanto, el Estado debe reforzar el componente de convivencia y seguridad de las comunidades en los territorios con un enfoque de acción de las autoridades civiles y militares, de desarrollo y de derechos humanos, a fin de que los grupos armados que están en negociaciones con el gobierno no aprovechen la ocasión para rearmarse, crecer y expandirse, generando nuevas olas de violencia. Todo ello con miras a que el campo colombiano tenga un impulso económico, político y social que lo torne aún más fecundo y pujante y con condiciones favorables a una paz estable y duradera.

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NOTAS

1. https://www.fedegan.org.co/columna-presidente/insisto-no-nos-dejen-solos-otra-vez
2. https://www.elcolombiano.com/negocios/entrevista-con-jose-felix-lafaurie-sobre-eln-jefe-negociado-el-fenomeno-de-el-nino-ganaderos-ganado-colombia-centrales-de-beneficio-animal-BC23745433
3. https://www.elheraldo.co/colombia/fedegan-anuncia-que-la-reserva-de-la-fuerza-publica-respalda-estrategia-de-frentes
4. https://www.fedegan.org.co/columna-presidente/seguridad-para-donde-vamos
5. https://www.fedegan.org.co/columna-presidente/insisto-no-nos-dejen-solos-otra-vez
6. A. Ponce de León, “En medio de la violencia: recursos, tácticas y violencia contra el sector ganadero”. En Revista Ciencias Sociales, núm. 28, 2019, p. 28.
7. https://www.youtube.com/watch?v=OHXX5zQg8AM
8. B. de Sousa Santos y M. García Villegas, “Colombia: el revés del contrato social de la modernidad”, en El caleidoscopio de las justicias en Colombia. Análisis socio-jurídico, t. I, Bogotá, 2001, pp. 47-48.
9. E. de Rotterdam, Adagios del poder y de la guerra y teoría del adagio,Valencia, 2000, p. 177.
10. Centro Nacional de Memoria Histórica,¡Basta ya!  Colombia: memorias de guerra y dignidad, Bogotá, 2013, pp. 158, ss.
11. A. Cívico. Las guerras de “Doblecero”, Bogotá, 2009, p. 14.
12. Corte Constitucional, sentencia C-572 de 1997, Magistrados ponentes: Jorge Arango Mejía y Alejandro Martínez Caballero.
13. D. Pécaut, “Estrategias de paz en un contexto de diversidad de actores y factores de violencia”, en F. Leal Buitrago (Editor),Los laberintos de la guerra. Utopías e incertidumbres sobre la paz, Bogotá, 1999, pp. 201-202.

*Profesora del área de Teorías del Derecho y Directora de Grupo de investigación Justicia & Conflicto – Universidad Eafit

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