Argentina: la batalla por la defensa de la educación pública versus el proyecto privatizador de Javier Milei – Por Luciana Jouli y Mayra Pedraza
Argentina: la batalla por la defensa de la educación pública versus el proyecto privatizador de Javier Milei
Luciana Jouli y Mayra Pedraza*
Argentina hoy se encuentra dando grandes esfuerzos por seguir sosteniendo la bandera de la educación pública y gratuita, en una región latinoamericana donde la mercantilización de la educación superior avanza a pasos agigantados.
Ya en sus propuestas de campaña, se había oído decir al actual presidente argentino Javier Milei que privatizaría la educación pública. Hoy, a cuatro meses de su gestión, ha repetido frases una y otra vez tales como “La educación pública es una maquinaria que lava cerebros y que forma a la gente en valores socialistas cuyos valores de fondo son el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley, el robo”; ha vapuleado a las instituciones educativas y está llevando adelante un plan económico, que entre otras medidas, está desfinanciando a la Universidad pública.
Según estadísticas del año 2021, el sistema universitario argentino cuenta con una población de más de dos millones de estudiantes y más de 150 mil egresadas/os; conformado por 132 instituciones universitarias: 112 universidades (57 nacionales, 50 privadas y 5 provinciales) y 20 institutos universitarios, que ofrecen más de 11.000 propuestas de formación.
El Sistema Universitario Argentino se encuentra regulado por la Ley de Educación Superior (LES) N°24.521, la cual fue aprobada durante el gobierno neoliberal del ex presidente Carlos Menem, en el año 1995 y aún hoy, casi 30 años después, sigue vigente. El debate por la modificación de dicha ley ha sido una consigna de los movimientos estudiantiles y de la comunidad educativa en general, con el objetivo de poner en discusión reglamentaciones que han sido planificadas desde una concepción mercantilizadora de la educación superior. Recién en el año 2015, se lograron realizar algunas modificaciones a la LES donde se contempló por ejemplo el artículo 2º bis que estipula que “los estudios de grado en las instituciones de educación superior de gestión estatal son gratuitos” y prohíbe la suscripción de “acuerdos o convenios con otros Estados, instituciones u organismos nacionales e internacionales públicos o privados, que impliquen ofertar educación como un servicio lucrativo o que alienten formas de mercantilización.”
Casi 10 años después de dicha modificación, que fue celebrada ampliamente por los movimientos gremiales y sindicales de docentes, estudiantes, graduados y no docentes en Argentina, y de la sociedad en general, el gobierno de Javier Milei en el marco de su proyecto de desmantelamiento del aparato público, pone en el centro del debate y de la agenda pública el sostenimiento de la gratuidad y la legitimidad de las universidades nacionales.
Con la firma del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) establece que la educación es un servicio esencial, lo cual limita el derecho a huelga de las y los trabajadores. En el mes de enero llevó al poder legislativo la conocida Ley Ómnibus donde propuso, entre otros puntos, la evaluación y el financiamiento según indicadores de cantidad sin atender a la realidad contextual, la no gratuidad para estudiantes extranjeras/os y la habilitación de estudios híbridos a partir del nivel primario. Todas estas, entre otras propuestas, que finalmente no fueron aprobadas en el Congreso de la nación.
La defensa de la educación superior es una bandera que vienen sosteniendo, en las calles y en las aulas, tanto los sindicatos docentes y no docentes, así como el movimiento estudiantil organizado. Del mismo modo, las y los rectores de universidades, nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclaman desde el mes de febrero aspectos como: la necesidad de incrementar los gastos de funcionamiento, la actualización de los salarios de docentes y no docentes; la continuidad de los programas de obras de infraestructura, equipamiento y sostenimiento de los programas de becas y la garantización del presupuesto necesario para sostener las actividades de ciencia, tecnología y extensión. A dichos reclamos el gobierno de Javier Milei no da respuesta.
Como lo han hecho a lo largo de la historia argentina, los movimientos de trabajadores son quienes ponen los cuerpos en la lucha. Salieron a las calles en el paro nacional de trabajadores el 24 de enero de este año, donde en distintos puntos del país las/os trabajadoras/es se manifestaron para decirle NO A LA LEY ÓMNIBUS. Una vez iniciado el ciclo lectivo, en el mes de febrero, los movimientos sindicales organizados en el Frente Sindical de Universidades Nacionales realizaron manifestaciones a través de paros sin asistencia, paros activos, jornadas de protesta y visibilización como así también, clases públicas. Luego de cumplidos los 100 días del gobierno de Javier Milei se preparan para salir nuevamente a las calles, el próximo martes 23 de abril, en todos los puntos del país. En esta oportunidad, estarán acompañados por el CIN, en reclamo de la situación económica financiera y la necesidad urgente de tener respuesta por parte de los poderes del Estado nacional.
El gobierno de Milei prorrogó para el año actual el presupuesto vigente a diciembre de 2023, lo que implica una licuación del mismo, a causa del alto índice inflacionario argentino. Según datos del proyecto presentado por diputados y diputadas a la Cámara de Diputados de la Nación en adhesión a la marcha del 23 de abril, y tomando como dato el Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central de la República Argentina, mantener este presupuesto implica para las Universidades un ajuste del 75% del gasto de la Administración Pública Nacional. Por otro lado, el presupuesto para las actividades destinadas a infraestructura universitaria tiene una caída de un 75% respecto a 2023 y el 92% respecto a lo ejecutado en 2022. Y los salarios de docentes de universidades, que habían caído un 30% entre 2015 y 2019 y no lograron recuperarse a esos niveles entre el 2019 y el 2023. En estos 3 meses de gobierno de Javier Milei, acumulan una caída similar a la de los 4 años del gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), lo que implica que de mantenerse la tendencia, caerían un 75.7% en 2024. Las caídas son del 30,9% en salarios docentes, 28,5% en salarios no docentes, 74,5% en gastos de funcionamiento y 46,4% en el resto de las actividades presupuestarias. El desfinanciamiento de las universidades públicas y de la comunidad educativa está a la vista.
Las calles se van colmando de estudiantes, docentes, no docentes, graduadas/os, científicas/os, que reclaman por la defensa del sistema educativo universitario argentino, por los valores de autonomía universitaria, la libertad de cátedra, investigación y ciencia que la reforma universitaria de 1918 nos dejó. A la par, el vocero presidencial informa que: “pondrá a disposición un canal para denunciar el adoctrinamiento y la actividad política que no respete la libertad de expresión”.
La fuerza de oposición de Javier Milei se conforma en las calles día a día para hacer frente al desfinanciamiento del sistema público que lleva consigo el cierre de instituciones, el despido de cientos de trabajadores que se suman a las filas del desempleo en América Latina y la represión como respuesta a la movilización en las calles. La defensa de la educación pública y en particular del sistema universitario ha sido siempre una de las banderas del pueblo argentino. El ejercicio de salir a las calles se hace cada vez más frecuente y necesario para dar combate a un proyecto de país que busca no sólo desfinanciar la educación sino también deslegitimarla.
¿Será el sector educativo en apoyo de la sociedad argentina quien podrá torcer el proyecto privatizador de Javier Milei? Las calles nos darán la respuesta. Pero de no ser así, el sector educativo tendrá sin dudas un lugar importante en la gestación de la unidad necesaria para la conformación de una fuerza social que se constituya en una fuerza de oposición, para hacer frente al gobierno del actual presidente Javier Milei.
* Jouli es Licenciada en Educación Especial. Pedraza es Licenciada en Ciencia Política. Ambas miembros del Centro de Estudios y Formación en Política Educativa (CEFOPED), asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)
