La consulta popular como tendencia de la derecha neoliberal ecuatoriana – Por Mateo Flores

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La consulta popular como tendencia de la derecha neoliberal ecuatoriana

Por Mateo Flores

Desde el gobierno de Lenin Moreno, pasando por el de Guillermo Lasso y ahora con el de Daniel Noboa, la derecha le ha propuesto al pueblo ecuatoriano diferentes consultas populares y referéndums en los que no se ha logrado nada positivo para el país y tan solo un gasto innecesario para la gente, con aproximadamente USD 130 millones que no han servido para nada. Es importante saber de dónde venimos, qué hemos resistido y hacia dónde queremos ir.

El 4 de febrero del 2018 se realizó la consulta popular de Lenin Moreno con 7 preguntas que, entre otras cosas, preguntaba a los ecuatorianos si están de acuerdo o no en la reelección indefinida, limitando el derecho a los ciudadanos y ciudadanas a elegir por más de una vez a sus candidatos; reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) nombrando uno transitorio para asignar autoridades de control a dedo; derogar la Ley de Plusvalía que generaba redistribución de la riqueza y evitaba la especulación del valor del suelo, etc. con la clara intención de enfocarlas en contra de la Revolución Ciudadana y dando inicio a la desinstitucionalización del Estado. Esta consulta popular ganó con el 67% que impulsaron el Si, que fue el gobierno de Moreno y sus aliados, versus el 32% que apoyaron el No que únicamente fue el correismo. Estos resultados dieron la estocada final de la traición de Moreno hacia la Revolución Ciudadana y a Rafael Correa. Como era de esperarse, los resultados de esta consulta fueron negativos para el país, principalmente en consecuencia a la pregunta que reestructuraba el CPCCS, destituyendo a más de 20 autoridades de control y declarando “vacancia constitucional” después de cesar en funciones a magistrados de la Corte Constitucional que meses antes, habían viabilizado tan ilegal y tramposa consulta. Así también, dieron origen a mediocres funcionarios como la Fiscal General de la Nación, Diana Salazar, que promovieron un sistema de justicia ineficiente, corrupto y degradado que en la actualidad enfrentamos y que tan solo sirve como mecanismo de persecución a contrincantes políticos. Esta consulta popular tuvo un costo de USD 50 millones.

El 5 de febrero del 2023, Guillermo Lasso perdió su consulta popular en la que básicamente planteaba 8 preguntas que buscaban la continuidad de la agenda de desinstitucionalización que durante los últimos años han intentado plasmar como parte del modelo neoliberal. En esta consulta hubo preguntas tan inverosímiles y demagógicas como la reducción del número de asambleístas, recortando la representatividad que tiene cada provincia y región; el limitar la facultad de designar autoridades que tiene el CPCCS, quitándole institucionalidad al quinto poder del Estado, entre otras más. Esta consulta perdió todas sus preguntas con un promedio del 35% que votó por el No, a diferencia de los que votaron por el Si que tuvo como resultado un aproximado del 28%. Hablamos de un promedio ya que el Consejo Nacional Electoral hizo el conteo porcentual por cada pregunta y no por el total de todas. El objetivo de Guillermo Lasso y de sus respectivos operadores con esta consulta era el de mantener y prorrogar en el cargo a autoridades de control para proteger sus espaldas y evitar que los casos de corrupción salgan a la luz, así como su relación con la mafia extranjera que involucraban a familiares y gente muy cercana a él y a su administración. Precisamente lo que buscaba era darle oxígeno a su gestión que se encontraba bastante desgastada y con poca credibilidad, que incluso se presume que fue la razón por la cual perdió ya que el 70% de los ecuatorianos no aprobaba la gestión del Gobierno. Esta consulta popular tuvo un costo de USD 20 millones que empató precisamente con las elecciones seccionales a alcaldes y prefectos.

El 9 de febrero del 2024, el presidente Daniel Noboa firmó los decretos en los que convocaba a consulta popular y referéndum a los ecuatorianos, en medio de una crisis de seguridad y energética, como parte de su permanente campaña electoral que busca la reelección en el 2025. El núcleo central de esta consulta tiene como objetivo 2 preguntas, la primera, es la de si los ecuatorianos están de acuerdo o no en reformar el Código de Trabajo para aprobar el trabajo por horas y a plazo fijo, con el propósito de precarizar las condiciones laborales de ecuatorianos y ecuatorianas, principalmente jóvenes que buscan su primer empleo, haciendo que el costo de la remuneración por la hora de la fuerza de trabajo sea más barato con un valor de USD 3. Esto de llegarse a aprobar sería una regresión de derechos ya que los trabajadores que estén bajo esta modalidad no tendrían acceso a la seguridad social ni tampoco a los décimos terceros ni cuartos, mientras que para las empresas seguirán percibiendo la misma producción con mayores ingresos. No es la creación de nuevas plazas de empleo, es la precarización del poco empleo formal que existe en el Ecuador. La segunda pregunta polémica es la de arbitraje internacional, que básicamente le consultan a las y los ecuatorianos en si están de acuerdo o no en que se reconozca este método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales, pero lo que no se dice es que este mecanismo a perjudicado a los intereses del país múltiples veces, ya que somos el 5to país con más demandado de Latinoamérica y la mayoría de empresas que nos demandan son mineras y empresas de hidrocarburos. El caso más simbólico de esto es el de Texaco-Chevron, que en la época de los 80s y 90s ocasionaron graves desastres ambientales en medio de la selva amazónica del Ecuador -incluso catalogándole como ecocidio- en la vulneraron la naturaleza y afectaron a poblaciones cercanas a estos campos petroleros; cuando el país buscó demandarles por daño ambiental y por todas las acciones irresponsables que ocasionaron, el Ecuador perdió dicha demanda ya que el método de arbitraje internacional le dio el beneficio a la empresa y no al país demandante que éramos nosotros. Y pues ahí no quedó todo, la empresa buscó contrademandar mediante proceso arbitrales y este mismo sistema nos sentenció a pagar USD 2 mil millones con pruebas totalmente ilegales. ¿Que busca el Gobierno de Daniel Noboa con esta pregunta? Pues, es bastante sospechoso que, al ser su familia propietaria de empresas vinculadas a la minería y con representación en el extranjero, se vean beneficiados con este tipo de acuerdos que tan solo perjudicarían los intereses del país. El Gobierno ha vendido la idea de que esta consulta es solo para mejorar la seguridad ya que algunas de ellas hablan de aquello, y frente a la coyuntura actual que vivimos, se incorporaron a esta consulta preguntas que se pudieron haberse resuelto mediante Decreto o la Asamblea Nacional. Estas preguntas son, por ejemplo, en si los ecuatorianos están o no de acuerdo en que se permita el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado; si los ecuatorianos están o no de acuerdo en que las Fuerzas Armadas realicen control de armas en los ingresos a las cárceles del pais; si los ecuatorianos están o no de acuerdo en incrementar las penas de los delitos de terrorismo, venta de droga, delincuencia organizada, asesinato, sicariato; si los ecuatorianos están o no de acuerdo en que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de la pena así como se detalla en la pregunta anterior, entre otras más que, frente a la situación de crisis de seguridad que actualmente sufrimos, es el enganche para votar a favor de una consulta con trampa. La consulta popular de Noboa tuvo un costo de USD 60 millones.

Entre la propuesta de consulta de Lasso y la propuesta actual de Noboa, es curioso que existen preguntas repetidas, como por ejemplo la de la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos y que en otros países les estén requiriendo; aunque la pregunta de la consulta de Noboa es bastante menos especifica.

La consulta popular se llevará a cabo el domingo 21 de abril de 2024, pero ¿que nos deparará? Pues, simplemente, nada. Es lo mismo que las anteriores, tan solo servirá para darle plataforma política al actual presidente pensando siempre en las próximas elecciones. Es lamentable que quienes terminamos pagando los caprichos de estas tan desgastadas iniciativas participativas seamos los ecuatorianos y ecuatorianas, ya que sumando todas estas se han generado un gasto de USD 130 millones que tranquilamente pudieron haber servido para enfrentar la crisis energética que el Ecuador vive en la actualidad.

La puesta en escena de un modelo neoliberal que se negoció en el Gobierno de Lenin Moreno, se firmó en el gobierno de Guillermo Lasso y que se está ejecutando en el Gobierno de Daniel Noboa, es el resultado de tener diferentes consultas populares con el objetivo de agrandar las brechas de desigualdad, institucionalizar la corrupción y debilitar al Estado en todas sus formas, y que todas las preguntas de todas estas consultas tienen un factor común, y es que demuestran que ninguna justifica que se haya llamado a consulta popular ya que se pudo haber implementado desde otras instancias con la propia institucionalidad del Estado. ¿Moreno es Lasso y Lasso es Noboa? Bueno, no lo decimos por decir, lo decimos porque así se demuestra comparando los objetivos de sus respectivas consultas populares y con varias de sus preguntas repetidas, así como por lo que ha conllevado sus improvisadas gestiones en el gobierno.

La reflexión que esto nos deja es que un mecanismo de participación tan importante como consultarle al pueblo ecuatoriano no puede quedarse la derecha; el llamado está en que como proyectos progresistas necesitamos reconfigurarnos y que estos espacios sean devuelto a la gente; es necesario para esto la tan anhelada unidad y el lograr un solo proyecto político amplio que sume voluntades y capacidades para gobernar.

Este artículo fue realizado en medio de la crisis energética y de seguridad que se vive actualmente en el Ecuador.

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