¿Paritarias libres? – Por Matías Maito e Ignacio Garay
Por Matías Maito e Ignacio Garay, especial para NODAL
“Las paritarias son libres pero vos después, como regulador con la Secretaría de Trabajo, tenés que homologar eso. ¿Por qué vas a homologar algo que te va a generar un problema?”. Con esas palabras el ministro de Economía, Luis Caputo, sentenció durante una entrevista televisiva el acuerdo salarial suscripto por el sindicato de Camioneros y las cámaras empresarias del sector. La frase resulta especialmente llamativa al recordar que, apenas en diciembre, el vocero presidencial había manifestado la intención gubernamental de que las paritarias siguieran siendo libres y de “tener la mejor relación” con los sindicatos.
En un marcado cambio de orientación, el gobierno busca intervenir directamente en las negociaciones paritarias. De las paritarias libres a la no homologación de los acuerdos. Según el esquema inicial, las expectativas salariales de los sindicatos se verían fuertemente disciplinadas por la caída en la actividad económica, frenando así los incrementos salariales. Por supuesto, los indicadores de actividad de fines de 2023 y comienzos de 2024 muestran una fuerte contracción que, de profundizarse, van a impactar en el empleo y en la dinámica salarial. Hasta ahora, tras la brutal contracción del salario real de diciembre de 2023 (la caída intermensual más importante desde, al menos 1995, que es cuando comienzan los registros), las paritarias de enero, febrero y marzo lograron superar a la inflación y recuperar una parte del poder adquisitivo perdido a fines del año pasado.
Buscar prohibir los acuerdos salariales suscriptos entre las partes es llanamente ilegal. Esta condición puede restarle eficacia a tal intervención dado que aquellos acuerdos paritarios que el Estado no homologue podrían ser validados luego judicialmente.
A su vez, al momento la falta de homologación no parece tratarse de una estrategia mancomunada entre el Estado y las empresas, sino de una intervención. Esta situación podría resultar un problema no sólo para los trabajadores sino también para las propias empresas, que lograron un acuerdo con su contraparte, tienen la capacidad (al momento) de abonar los aumentos acordados y la intervención gubernamental puede conducirlas a una situación de conflicto.
A esto se suma un tercer elemento vinculado con la actividad económica. Durante los últimos meses, los principales sectores de actividad celebraron reuniones paritarias bimensuales, o incluso cada mes, para definir los aumentos salariales. Sin embargo, una eventual profundización de la recesión podría poner en jaque esta dinámica hasta ahora vigente, y generar un disciplinamiento salarial.
En síntesis, hasta el momento, la negociación colectiva sostuvo su vigor; de este modo logró recuperar una parte del poder adquisitivo de los salarios perdido durante diciembre. Sin embargo, el riesgo claro es que una persistencia de la recesión económica y una estrategia más dura de intervención estatal obstaculicen la recuperación de los ingresos y profundicen su contracción.
