Tierra, soberanía y trabajo: un día para la lucha campesina – Por Camila Parodi

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Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de NODAL. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

Tierra, soberanía y trabajo: un día para la lucha campesina

Por Camila Parodi

En América Latina y en todo el mundo, el campesinado se enfrenta a desafíos cada vez más complejos. El modelo económico dominante, basado en el agronegocio y la explotación desmedida de los bienes comunes, no sólo pone en riesgo la sostenibilidad y continuidad como comunidades campesinas, sino que también condiciona el acceso a la soberanía alimentaria de todas las personas que habitamos el planeta.

Mientras las nuevas derechas conservadoras intentan avanzar a costa de discursos que niegan la crisis climática, vacían las políticas públicas de acompañamiento para el sector y acentúan las prácticas criminalización de la lucha campesina, las comunidades rurales resisten y desempeñan un rol fundamental en la producción de alimentos sanos y en la preservación de la biodiversidad que sostiene la vida. Son ellas quienes cultivan la tierra, protegen las semillas nativas y mantienen vivas las tradiciones ancestrales.

El comienzo del 2024 estuvo marcado por la presencia masiva de trabajadores y trabajadoras rurales en diferentes partes del mundo. En las diferentes protestas, con sus particularidades, las diferentes comunidades campesinas de Europa, América Latina y Asia insisten en la importancia de implementar políticas de precios justos, programas de agroecología y la comercialización de alimentos sanos y nutritivos frente a las prácticas del agronegocio que mata.

Como sostiene La Vía Campesina en su comunicado, este intento por destruir el planeta y desplazar a las familias campesinas de los territorios es impulsado por organizaciones internacionales como OMC (Organización Mundial del Comercio), el Banco Mundial y el FMI que tienen “injerencia en políticas agrícolas nacionales, vinculadas al comercio, almacenamiento público de alimentos y protecciones sociales”. Entre ellas, a través de los “acuerdos comerciales como el de la Unión Europea y Mercosur, condiciones neoliberales ligadas a préstamos y programas de asistencia financiera, o medidas que favorecen los intereses de grandes corporaciones agrícolas ponen en riesgo los medios de vida de lxs trabajadorxs agrícolas”, denunció la organización campesina.

Rosa Toledo, referente de la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras, Rurales e Indígenas de Paraguay. Foto: CONAMURI

El interés político y económico sobre la tierra se puede ver con claridad en los números. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), mientras que el 1% de las explotaciones agrícolas controla el 70% de la tierra cultivable mundial, al menos el 80% de los alimentos que consumimos a nivel global son producidos por la agricultura campesina. Esta producción local y diversificada no sólo abastece los mercados, sino que también fortalece la autonomía alimentaria de las comunidades rurales, convirtiéndose en la principal fuente de empleo agrícola y rural.

Hoy, en países como Argentina y Paraguay, las corporaciones multinacionales imponen sus ganancias sobre los derechos básicos de las familias campesinas, lógicas que se imponen directamente contra sus formas de vida y organización. Esas mismas que sostienen la producción de alimentos agroecológicos sin explotación y libres de agrotóxicos.

En Argentina, la reciente decisión del presidente Javier Milei de cerrar políticas públicas destinadas a la población rural, como la Secretaría de Agricultura Familiar y el Programa PROHUERTA, entre otros, fue acompañada por la disminución de los aranceles de herbicidas como el glifosato, la atrazina y el 2-4,D. En medio de una brutal crisis económica, el gobierno argentino parece priorizar el bolsillo de los grandes empresarios del agro frente a la seguridad alimentaria y la salud de toda la población.

Por su parte, el caso de Paraguay funciona como ejemplo extremo de concentración de tierras: se trata del país con mayor población rural de la región donde, sin embargo, el 77% de las áreas productivas se concentra en unas pocas empresas mientras que el 40% de los pequeños agricultores familiares e indígenas poseen tan solo el 1% de las tierras. Esta desigualdad territorial no solo afecta la Soberanía Alimentaria del país, sino que también expone una profunda inequidad en el acceso a recursos fundamentales para la vida de las comunidades campesinas e indígenas.

En contraste con la situación que acontece tanto en Argentina de manera más reciente como en Paraguay a lo largo de su historia, nos encontramos con el proceso incipiente impulsado por Gustavo Petro en Colombia. Allí el acceso y reconocimiento a la tierra campesina representan un paso importante hacia la promoción de la Soberanía Alimentaria y el desarrollo rural. Este año, el gobierno colombiano anunció que destinará el mayor presupuesto de su historia para apoyar a los campesinos y mejorar la agricultura en todo el país. Estos recursos serán utilizados para la compra de terrenos para lograr uno de los objetivos prometidos por Petro durante la campaña, la reforma agraria.

La presencia activa del Estado a través de políticas públicas que fomenten la Soberanía Alimentaria y apoyen a las familias campesinas es esencial en este contexto de crisis climática. No se trata solo de números, sino de vidas y comunidades que dependen de la tierra para sobrevivir. En un mundo donde la seguridad alimentaria y el respeto al medio ambiente son más urgentes que nunca, nos centramos en tres experiencias que nos recuerdan la importancia de la agricultura familiar y campesina, no solo como productores de alimentos, sino como guardianes de la tierra y la biodiversidad, elementos esenciales para un futuro sostenible y justo para todo el mundo.

Producción agroecologica de frutillas en el coyunco de la UTT (Unión de Trabajadores de la Tierra). Foto: Diego Izquierdo (MINGA)

Paraguay: “Es tiempo de adoptar la agroecología como forma de vida”

La historia de Paraguay es un triste ejemplo de la desigualdad que produce el sistema agroalimentario. Allí sus comunidades campesinas e indígenas sostienen diferentes experiencias de articulación política y producción agroecológica que desafían los intentos estatales y empresariales de mercantilizar sus territorios. Para conocer cuáles son los desafíos de las comunidades campesinas en ese país, dialogamos con Rosa Toledo, una joven de la organización de mujeres campesinas e indígenas, CONAMURI (Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras, Rurales e Indígenas) e integrante de la Articulación de Jóvenes de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC-Vía Campesina).

“Nuestro mayor desafío es seguir produciendo alimentos sanos para toda la población”, asegura Toledo. A la activista le preocupa la crisis climática, los desalojos que sufren cotidianamente las comunidades campesinas y la pobreza generalizada que hay en su país. Pero su preocupación central, en estos tiempos, es más radical. “Es tiempo de adoptar la agroecología como forma de vida, no solo como una forma de producción. Estamos estudiando y buscando experiencias de organizaciones que llevan adelante esa práctica porque sin agroecología no hay alimentos para el pueblo”, afirma en dialogo con LATFEM.

La mirada de Rosa nos dice mucho sobre la mirada campesina, donde lo urgente no tapa lo importante. Las mujeres campesinas e indígenas de Paraguay que habitan territorios históricamente violentados aprendieron a no perder sus prioridades y son ejemplo para quienes se angustian rápidamente. “La situación nunca fue fácil, pero nosotras seguimos. Por eso, nuestro mayor desafío, como propuesta política para estos tiempos, es tener un espacio educativo para seguir formándonos como nuestros propios técnicos, para fortalecernos como movimientos sociales y fortalecer la producción de alimentos por sobre todo”.

“Es tiempo de adoptar la agroecología como forma de vida, no solo como una forma de producción”

Frente a la desidia estatal, la falta de políticas que inviertan en el campo así como en la salud de la población, explica la activista, “los movimientos campesinos de Paraguay estamos en un momento clave de organización colectiva tanto para todos los sectores urbanos como para los rurales, campesinas e indígenas”. De esta manera, el diálogo entre el campo y la ciudad en Paraguay se presenta como una práctica solidaria de acompañamiento cuando los estados no cuidan: “Esta articulación es muy necesaria porque la situación de las ciudades no es nada fácil, cada vez más avanza más la pobreza y las comunidades están acechadas por la falta de alimentos y derechos básicos. En Paraguay no hay ningún programa desde el Estado para frenar esta situación de abandono total”.

Como joven lideresa, Rosa destaca el rol de las niñeces y juventudes rurales para quienes no existen propuestas de acompañamiento o formación. En Paraguay hay un proyecto político que insiste en despoblar las tierras campesinas. Por ese motivo, enfrentar la inacción estatal en las políticas para la niñez rural es uno de sus principales objetivos. “Con su corta edad, son quienes están sufriendo la crisis climática de manera más directa, las olas de calor, la destrucción del medio ambiente, la falta de agua, son ellos y ellas quienes sienten más la precarización, el abandono del Estado y los peligros de la criminalización que sufren los movimientos sociales, campesinos e indígenas porque son los que están al frente”, explica la activista.

Para Toledo el trabajo con las niñeces y juventudes rurales es clave para la continuidad de la vida campesina: “Es necesario seguir impulsando propuestas y proyectos pedagógicos para ellos y ellas, que son los protagonistas para mantener la esperanza de un futuro más justo y sostenible que es posible”.

La lucha es por la tierra y la vida

Tras el triunfo de Javier Milei en Argentina, las organizaciones del campo que alimenta habían encendido una alarma ante las posibles amenazas de un gobierno negacionista del cambio climático en el poder. Sin embargo, la situación actual del país trasciende cualquier escenario imaginado: en menos de cuatro meses, desmanteló la Secretaría de Agricultura Familiar, intervinieron el espacio y cerraron los principales programas de apoyo para productores y productoras locales a la vez que dieron vía libre para el avance de proyectos extractivistas en manos de privados. Durante los últimos meses, vimos cómo los gobiernos provinciales habilitaron los desalojos y la violencia contra defensores y defensoras ambientales.

Foto: Marcus Lundstedt (We Effect)

En este contexto, el Movimiento Nacional Campesino e Indígena (MNCI-LVC) denunció, el pasado 5 de abril, el asesinato de su compañero Fabián Martínez por parte de una banda armada que usurpó las tierras de uso comunitario. “Hay un avance desmedido de los empresarios para acabar con la vida de los compañeros que están en los territorios”, aseguraron Deolinda Carrizo y Gloria Mamani, referentes de la lucha campesina en Argentina, a LATFEM.

Gloria Mamani es productora campesina de la provincia de Jujuy y forma parte del MNCI. Para ella, los recientes despidos y el vaciamiento de las políticas de la agricultura familiar significan un abandono por parte del Estado nacional de la población campesina, rural e indígena. En contraposición, explica que durante los últimos años la política pública nacional había tenido una incidencia visible en el territorio. “Se nos ayudó con cosas concretas como, por ejemplo, cómo hacer las cosechas de lluvia. Se bajaron proyectos específicos para las familias productoras que producen alimentos”. Esos alimentos —recuerda— “son los mismos que luego llegan a cada familia, a cada hogar de la Argentina, es el alimento de todos los días”.

Para Gloria la ecuación es simple: “Si no tenemos territorio, si no tenemos tierra, no podemos producir el alimento que llevamos a nuestras casas y a las casas de todas las familias argentinas”. Además, la productora explica que las familias campesinas no sólo producen alimentos para el pueblo sino que también cumplen rol clave porque “somos quienes defendemos los territorios y cuidamos a nuestro medio ambiente, a nuestra Pachamama, nuestra casa común”. “Las familias campesinas y las mujeres estamos cuidando los territorios como a nuestro propio pellejo”, manifestó.

La referenta del MNCI considera que la lucha campesina es la única capaz de poner un freno al cambio climático que —asegura— “es cada vez más notable”. “En todo el mundo vemos la destrucción que está haciendo el hombre. Entonces, somos nosotras como campesinas, como cuidadoras de nuestros montes, de nuestros ríos, de nuestra selva, las que podemos frenar esa destrucción. Por eso, decimos que los territorios tienen que estar en nuestras manos; no los queremos para hacer negocios, como los grandes terratenientes que buscan matar a nuestra naturaleza desmontando y fumigando y envenenando todo”.

“Las familias campesinas y las mujeres estamos cuidando los territorios como a nuestro propio pellejo”

Por su parte, Deolinda Carrizo, productora campesina e integrante del MNCI-LVC en Santiago del Estero, considera que las comunidades campesinas tienen un gran desafío en este contexto. “Tenemos que resistir, tratando en lo posible de encontrarnos y organizarnos con nuestros pares en cada uno de los territorios que sufren la violencia del capital. Son tiempos de construcción, de fortalecimiento y de alianzas para poder tener en la agenda pública el derecho a la tierra y a la soberanía alimentaria”. Exigencias que, para la activista, van de la mano junto a “la lucha por la educación pública y el acceso a la salud, así como a otros derechos que mejoran las condiciones de vida y garantizan el buen vivir en las comunidades y territorios campesinos”.

“En Colombia el liderazgo femenino del campo ha sido fruto de una gran lucha”

La situación de Colombia, con sus tensiones, nos permite imaginar escenarios más igualitarios para la lucha campesina e indígena. Las medidas impulsadas por el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez en materia ambiental y derechos para las comunidades rurales comienzan a disputar con algunas de las lógicas del monocultivo y el extractivismo que se sostuvieron en Colombia durante las últimas décadas en manos de privados. Para conocer esta experiencia de cerca, dialogamos con Aura Rodríguez de la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (DESCA).

Para Rodríguez, la situación actual de Colombia tiene varios aciertos que merecen su atención. “Están sucediendo tres hechos muy importantes que tienen que ver con los movimientos campesinos. Primero, hay una reorganización de las distintas expresiones del movimiento campesino a nivel nacional y es un momento de esperanza, pero también de muchas tensiones ya que lo que pasando es una disputa hacia los de sectores de derecha que históricamente han pugnado en contra de los campesinos. Un segundo elemento es que, justamente en este marco, los campesinos y campesinas han sido reconocidas como sujetos de derecho en la Constitución Nacional de Colombia como fruto de sus luchas y del trabajo de todos estos años. Y, finalmente, en este momento están siendo abordadas diferentes iniciativas para fortalecer algunas iniciativas del Acuerdo de Paz en lo que respecta a la distribución de la propiedad de la tierra”.

Si bien se trata de políticas inclusivas que reconocen el lugar protagónico de las luchas campesinas, para la activista de derechos humanos, el momento histórico continúa siendo muy complejo. “Es importante reconocer que existe una crisis climática y que todavía las condiciones de producción y de cómo funciona el modelo de desarrollo en el país que hacen que se vulnere la naturaleza y sus ciclos básicos”. En ese marco, Rodríguez resaltó que “el movimiento campesino colombiano ha estado generando propuestas para un plan nacional de desarrollo”. “Es uno de los movimientos protagónicos para enfrentar la crisis climática, pero también es importante que se tomen medidas específicas. Hoy nos enorgullece saber que estamos liderado a nivel global esta discusión y que en los próximos meses seamos la sede de la COP27”, resaltó.

Para Rodríguez, todas estas acciones impulsadas por el movimiento campesino colombiano no hubieran sido posibles sin el protagonismo de las mujeres. “Han sido capaces de visibilizar la carga que tienen las mujeres en torno al cuidado de la vida y de la tierra. Las mujeres están cultivando los alimentos, han sido quienes se quedaron en estos territorios sumidos por la violencia y son, también, quienes han sido capaces de mantener la esperanza en medio de un conflicto armado”.

La activista subraya el rol clave que han mantenido las mujeres en Colombia a lo largo de la historia pero, también, los peligros a los que se enfrentan por su lucha. “Son quienes han alzado la voz distintos momentos, ya sea frente a reformas constitucionales como también a través de los liderazgos; desafortunadamente, también son quienes corren todos los riesgos siendo víctimas de violencias y agresiones. En Colombia el liderazgo femenino del campo ha sido fruto de una gran lucha”.

Latfem

 

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