Argentina | El gobierno confirmó el dictámen para debatir la Ley Bases, continúan los cortes de gas en industrias y estaciones de GNC

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Y un día, la ley Bases por fin logró tener dictamen

Por María Cafferata

A oscuras y con gran parte de los senadores ya ausentes del Palacio, el gobierno nacional consiguió finalmente las firmas para dictaminar su Ley Bases y paquete fiscal. Fue una odisea de altibajos que comenzó con la concesión a los patagónicos para subir el piso de Ganancias —que destrabó el paquete fiscal—, continuó con la negativa del radical Martín Lousteau y José Carambia (Alianza por Santa Cruz) a firmar dictamen —que dejó a La Libertad Avanza sin número para dictaminar Ley Bases— y finalizó tarde a la noche con la visita de Guillermo Francos.

El flamante jefe de Gabinete arribó con los puños llenos promesas y nuevas ofertas que lograron terciar la voluntad de Carambia y, así, generar un efecto dominó sobre las voluntades restantes. Solo los radicales Lousteau y Maximiliano Abad, además de los senadores peronistas, no acompañaron el dictamen de mayoría del oficialismo.

«Les dicen abecedario a ustedes, muchachos. Porque no tienen número», le gritó, risueño, un senador peronista a uno radical cuando se cruzaron en el pasillo minutos antes de que comenzara el plenario de comisiones del Senado. La incertidumbre era absoluta: el Gobierno estaba empecinado en dictaminar aquel día y ya había enviado a circular el dictamen de Ley Bases para su firma. Habían incluido la mayoría de los cambios pedidos por la UCR y el reclamo de los patagónicos por Ganancias, pero el número no estaba. «Ojalá tengan la generosidad de acompañarnos. El que gana gobierna, el que pierde acompaña», deslizó Bartolomé Abdala, presidente de la comisión Legislación General (y presidente provisional del Senado), ante la mirada atónita de Guadalupe Tagliaferri (PRO), que se reía y negaba con la cabeza.

El Gobierno tenía un problema: Martín Lousteau y el santacruceño José Carambia habían definido que presentarían sus propios dictámenes de minoría, pero no todavía, sino en unos días. Así, al dejar abierta la fecha de presentación del despacho, los senadores habían hundido las esperanzas del oficialismo de conseguir el número necesario para cerrar la jornada con un dictamen. ¿Por qué? Porque el gobierno necesitaba tener 9 firmas en la comisión de Legislación General, 9 firmas en Presupuesto y 10 en Asuntos Constitucionales.

Es decir la mitad más uno de cada comisión. No importaba para qué dictamen fuera la firma —podía ser del oficialismo, pero también un dictamen de rechazo—, pero las firmas tenían que estar. Atentos a esta matemática, UxP no había firmado nada y el gobierno necesitaba sí o sí del acompañamiento de Carambia, Lousteau, Tagliaferri, Abad y Edgardo Kueider. Podían darse el lujo de perder una, pero no dos.

Como faltaban esas dos firmas, el acompañamiento del resto de los indecisos se había vuelto «irrelevante» —como calificaron ellos mismos—, por lo que ni Abad ni Tagliaferri ni Kueider querían firmar, con disidencias, el dictamen del oficialismo. La única excepción fue el fueguino radical, Pablo Blanco, que terminó ordenándose detrás del resto de la bancada radical y firmó el dictamen de la Ley Bases. A cambio había conseguido que Tierra del Fuego continuase sin pagar Ganancias.

Ante la ausencia de firmas, Abdala pidió convocar a un cuarto intermedio para continuar negociando. El titular del bloque de LLA, Ezequiel Atauche, llevó a rastras a Carambia a un despacho oficialista a reunirse con el vice jefe de Gabinete, José Rolandi. El santacruceño estaba de buen humor: reclamaba que modificaran la Ley de Minería de forma tal de aumentar las regalías para las provincias (él pedía subirlas del 3 a 15 por ciento, pero con un 5 por ciento cerraba). Este cambio, sin embargo, tenía que incluirse en el paquete fiscal que se debatía en la comisión de Presupuesto, a la que él no pertenecía. Pero era la llave para poder dictaminar Ley Bases y el oficialismo terminó concediéndosela.

Atauche volvió al Salón Azul para presidir la comisión de Presupuesto y anunció que el paquete fiscal recibiría nuevos cambios. No fue sutil. Minutos antes había llegado Guillermo Francos para supervisar las negociaciones y había dado su visto bueno: Carambia tendría el aumento de las regalías mineras. El jefe de Gabinete le prometió a Tagliaferri, además, que los cambios que se acordasen en el Senado no serían desactivados luego en Diputados. Así cerró con Carambia y Tagliaferri, y ya después de esto, las firmas restantes fueron cayendo por inercia. Las comisiones habían sido convocadas a cuarto intermedio, pero la Secretaría Parlamentaria las iba recibiendo en silencio: Carambia, Tagliaferri, Kueider estaban ahí. Solo faltaban dos: Lousteau y Abad. Pero, como los senadores radicales integraban dos comisiones distintas del plenario, no impedían que el oficialismo pudiera dar la buena nueva: había acuerdo de dictamen para Ley Bases.

El paquete fiscal, en cambio, se resolvería este jueves por la mañana. Todavía faltaban las firmas de la chubutense Andrea Cristina, la rionegrina Mónica Silva y el radical Flavio Flama. El acuerdo con la mayoría estaba, pero faltaba un llamado al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, para alinear a Cristina. El oficialismo, entre agotado y exultante, ya hablaba de sesionar dentro de dos semanas.

Los cambios
La novela de las modificaciones contrarreloj había comenzado temprano. Ya el martes a la noche, el gobierno nacional había hecho circular un nuevo borrador que incluía varios de los pedidos de cambios solicitados por el radicalismo la semana anterior. En la Ley Bases, se había concedido ampliar el listado de organismos públicos que no podían ser eliminados por el Ejecutivo: se había incluido el Banco Nacional de Datos Genéticos, el INTA y el SENASA. Sin embargo, como advirtieron varios senadores en el debate, el blindaje de los organismos frente a la motosierra Milei es débil: el Ejecutivo todavía puede intervenirlos, transformar su estructura jurídica e, incluso, eliminar sus funciones. A pedido de la UCR, a su vez, se modificó el capítulo laboral de forma tal de incluir a los bloqueos de las empresas como causa justa de despido.

En el capítulo del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), el gobierno ratificó la autonomía de las provincias respecto a decidir si adherirse o no. Incluyó, además, todo un articulado referido a la protección de la industria local frente a la competencia desleal que podría generar el RIGI, pero sin muchos detalles. Incorporó, por ejemplo, la obligación de que todas las empresas que adhirieran al RIGI tuvieran que proponer un «plan de desarrollo de proveedores locales», pero sin brindar precisiones sobre su alcance. «Son cambios cosméticos, no hay ningún cambio en profundidad», cuestionó Lousteau durante el debate, quien, por otro lado, denunció que no se incluyera ninguna restricción a las importaciones de bienes de capital (que el RIGI habilita para los proveedores).

El cambio de último momento que terminó destrabando el debate al comienzo de la jornada, sin embargo, fue el aumento del piso de Ganancias para la zona patagónica. Pese a la resistencia original de Milei, el gobierno terminó cediendo al reclamo de la Patagonia y habilitó incrementar un 22 por ciento el mínimo no imponible para todas las provincias del Sur. Tierra del Fuego, mientras tanto, continuará no pagando Ganancias. Solo así el Gobierno se aseguró que el paquete fiscal, que incluye también el blanqueo de capitales y una deducción de Bienes Personales, pudiera conseguir el número para dictaminar.

En el caso de blanqueo, el gobierno sumó a los hermanos de los funcionarios entre las figuras que no pueden sumarse al régimen. Tampoco podrán hacerlo las personas que hayan ocupado cargos en la función pública en los últimos 10 años.

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Sigue el estrés energético: mantienen cortes de gas a industrias y estaciones de GNC con contratos interrumpibles

El suministro de gas a industrias y estaciones de servicio de GNC con provisión en firme comenzó a normalizarse este jueves por la madruga, y se prevé que será normalizado por completo durante el transcurso del día, luego que el Gobierno nacional pagó los u$s22 millones por el cargamento de GNL a Petrobas y se comenzó a inyectar el GNL a la red nacional.

La normalización fue anunciada el miércoles por la noche, luego que se reunió por segunda vez consecutiva el Comité de Emergencia ante la falta de gas en el país. Este ente no oficial integrado por funcionarios de la empresa energética estatal Enarsa y de la Secretaría de Energía de la Nación decidió igualmente mantener los cortes de gas a industrias y estaciones de GNC con contratos interrumpibles. Entre los más perjudicado se ubican las casi 30 estaciones de servicio de la ciudad de La Plata, que tienen ese tipo de operación, y las 11 de La Pampa.

Tal como informó el Comité, con los primeros millones de m3/diarios del barco de Petrobras -que en total tiene 44 millones- se comenzará a cubrir la demanda prioritaria (hogares, escuelas, hospitales, comercios) y las estaciones de servicio e industrias con contratos ininterrumpibles. Según pudo saber Ámbito, todas las medidas adoptadas en Buenos Aires estuvieron monitoreadas por Luis Caputo desde EEUU.

El encargado de oficializar la medida fue Eduardo Rodríguez Chirillo, secretario de Energía. «Para llevarle tranquilidad a todos los argentinos: se liberarán totalmente los cortes a industrias y estaciones de GNC firme a partir de las 00 horas. Informamos esta mañana que la situación se iba a normalizar a lo largo del día y a partir del jueves no habrá faltantes», publicó en la red social X ex Twitter.

¿Qué pasa con la provisión de GNC en las estaciones de servicio?
Guillermo Lego, secretario general de Cecha, explicó en diálogo con Energy Report, cómo es la situación de abastecimiento de GNC en las estaciones servicio. «Hoy está concentrada en dos situaciones, que son en La Plata y en la provincia de La Pampa. En el caso de La Plata prácticamente hay 29 a 30 estaciones que están con contrato interrumpible, que fueron las que están siendo cortados para poder abastecer al sistema hogareño, residencial. Y en el caso de La Pampa es peor todavía porque hay 11 estaciones y las 11 son interrumpibles, por lo que concretamente tienen la falencia del corte de gas», detalló el experto.

Gas: ¿por qué muchas estaciones se pasaron a GNC interrumpible?
Lego remarcó que muchos estacioneron eligen contratos interrumpibles por un tema de economía, para tener menor costos incrementales y ante la baja del consumo. «Hay muchas estaciones que son duales, o sea, que tienen tanto combustibles líquidos como GNC. La parte de líquidos cayó en términos generales en el país, hoy está en 13,7%, pero hay provincias que están en alrededor del 20% de caída. Y por el arrastre en las caídas de consumo muchos han hecho contratos de menor cuantía, por eso pasan a ser interrumpibles», sostuvo. Las firmes, en general, son estaciones más grandes que tienen mayor posicionamiento económico como para poder afrontar contratos mayores.

¿Por qué Argentina está bajo estrés energético?
La ola polar que cubre la Argentina y provoca temperaturas bajo cero disparó la demanda de gas y provocó que el Gobierno nacional interrumpa el servicio al sector industrial y a las estaciones de GNC. Toda esta situación generó un estrés energético, que algunos especialistas responsabilizan por mala praxis en el área. Es que por no pagar u$s40 millones para obras energéticas, ahora el país deberá desembolsar unos u$s500 millones.

En este escenario, Cammesa licitó de urgencia la compra de 12 cargamentos de fueloil y gasoil para hacer frente al mayor consumo de gas. Esos combustibles líquidos se utilizan en las termoeléctricas para convertirlos en electricidad. En total serían unos 30 barcos para todo el invierno.

Pero especialistas advierten que parte de ese faltante podría haber sido cubierto si el Gobierno hubiese terminado la construcción de las plantas compresoras del Gasoducto Néstor Kirchner.

El freno a la obra pública demoró los trabajos y ahora deberán desembolsarse en junio unos u$s500 millones adicionales para hacer frente a la mayor demanda.

¿Qué pasó con el Gasoducto Néstor Kirchner?
El freno ordenado por el Ejecutivo a la obra pública demoró los trabajos y ahora deberán desembolsarse en junio unos u$s500 millones adicionales para hacer frente a la mayor demanda de energía. El Gasoducto Néstor Kirchner transporta 11 millones de metros cúbicos de gas por día (m3/d), pero si las plantas comprensoras de Tratayén, Salliqueló y Mercedes estuviesen en funcionamiento la capacidad ya se hubiese ampliado a 22 millones.

Si se hubiesen girado los fondos cuando correspondía, las plantas estarían terminadas y la capacidad de transporte del gas proveniente de Vaca Muerta se hubiese duplicado. La planta compresora de Tratayén, a cargo de Sacde, podría entrar en funcionamiento a mediados de junio, lo que permitiría inyectar 5 millones de m3 diarios adicionales al sistema. Eso representaría un ahorro de hasta u$s350 millones por año en sustitución de combustibles líquidos e importación de GNL.

Fuentes vinculadas a la construcción de la compresora aclararon que hoy la planta de Tratayén tiene un avance del 86% y se espera el completamiento mecánico para el 15 de junio, en línea con la fecha contractual firmado con Energía Argentina S.A.. Asimismo, se estima que la puesta en funcionamiento se concretará en las siguientes cuatro semanas, en conjunto con Enarsa y el fabricante del Turbocompresor.

Luego, se debe avanzar con la coordinación junto a TGS para tener el ingreso de gas al sistema («gas-in») la semana de los feriados del 20 de junio, Día de la Bandera. En conclusión, se calcula que Tratayén estará operativa en julio, con un aporte de entre 5 y 6 millones de m3 por día al Gasoducto Néstor Kirchner.

AMBITO


“No puede regularlo el mercado”: reclamo de familias de personas con discapacidad por el proyecto para desregular servicios

Por Evangelina Himitian

“Si esto prospera, va a terminar de destruir el sistema de atención a la discapacidad. Las terapias, el colegio, el transporte, todo lo que hoy está cubierto por ley, podría dejar de ser así. Esto genera gran incertidumbre y temor, porque va a haber muchos chicos y adultos que van a dejar de recibir las atenciones que necesitan”, se lamenta Vanina Seoane, madre de Juan Cruz, de 16 años, que tiene un retraso madurativo genético. El día a día de Juan Cruz pasaría a ser muy distinto, explica la mujer, si se firma el proyecto de decreto que evalúa el Gobierno para desregular las prestaciones que reciben las personas con discapacidad. Por eso, ella y otras 10.000 personas marcharon esta mañana frente a la Quinta de Olivos para entregarle una carta al Presidente con el propósito de pedirle, rogarle, que no avance en ese proyecto, que estaría para la firma del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y de Javier Milei.

Seoane viajó desde Aldo Bonzi, partido de La Matanza, hasta Olivos para marchar contra la medida. “Esto me afecta de dos maneras”, explica. Como madre de un hijo que concurre a un colegio doble jornada con su acompañante terapéutico y viaja en transporte especial, y por las tardes asiste a sus terapias. También como directora de un centro de día, al que concurren decenas de personas con discapacidad, en Morón, personas que por ahí hacen allí su única comida del día y que por sus propios medios no podrían pagar el servicio, detalla. “Hoy, la Ley Nacional de Discapacidad establece un único valor de nomenclador para que todas las obras sociales y prepagas, desde la más cara hasta PAMI o Incluir Salud, paguen el mismo valor para las prestaciones, para garantizar que todas las personas con discapacidad tengan la misma atención. El proyecto busca desregular eso, de forma que cada obra social o prepaga pueda fijar sus tarifas. Entonces, va a haber prestadores que no van a atender por esos montos e instituciones que no van a poder sostener la atención y van a tener que cerrar. Esta no es una de esas cosas que puede regular el mercado. Cualquier persona que conozca cómo funciona el sistema sabe que uno no se puede cambiar así como así de obra social y no elige un profesional al mejor postor”, apunta.

Miles de familias y también prestadores marcharon esta mañana en todo el país. También hubo movilizaciones en Córdoba, en Rosario, en Tucumán y en otras siete ciudades del interior. En Olivos, los representantes del Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad entregaron una carta en las puertas de la quinta presidencial. “El decreto avanza y ya tiene un dictamen firmado el 24 de mayo por la Secretaría Legal y Técnica. Esta iniciativa destruye el sistema de atención y es parte del ajuste en discapacidad”, expresa Pablo Molero, presidente del Foro. “Ya no habrá un nomenclador único, sino que pasaría a haber aranceles de PAMI, de Incluir Salud (la obra social del Estado para quienes tienen pensiones por discapacidad) y otros de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS). Esto significa un retroceso de derechos adquiridos hace 25 años con la ley 24.901. Antes, las instituciones no podían cubrir los costos con las obras sociales. Esto podría volver a pasar”, denuncia.

La actriz Valentina Bassi lo explicó en un video: “Cuando tramité el certificado único de discapacidad (CUD) de mi hijo, hace 13 años, tenía miedo porque tenía una obra social muy buena, pero muy chiquita. Le expresé mi temor a la persona que me atendió. No sabía si iban a tener la estructura de terapeutas que mi hijo iba a necesitar. Me dijo ‘Tranquila, Valentina, en la Argentina tenemos una ley. Me explicaron lo del nomenclador único. Si vos tenés el CUD y tenés la prescripción, elegís cualquier terapeuta que vos quieras, siempre que esté inscripto en la SSS. Eso es lo que ahora podría desaparecer”.

“Es ridículo y sin sentido que se le otorgue la potestad de definir los aranceles a la misma entidad que los va a abonar. Hoy, los aranceles profesionales tuvieron una actualización anual del 45% y los transportistas tienen un retraso del 100%. En la práctica, en el día a día de las familias, eso significa que el centro o el profesional deje de atender. O, como ya está pasando, que no transportan porque no cubren la nafta”, señala Molero. En total, afirma, esta medida afectaría a unas 200.000 personas con discapacidad y a más de 150.000 prestadores. Se estima que en el país hay más de un millón de personas con discapacidad, pero no todas requieren este tipo de prestaciones.

Yanina Casanova es parte de las familias de personas con discapacidad que decidieron hacer algo para frenar el decreto. Así, ella armó un petición en Change.org, que al cierre de esta nota llevaba más de 33.000 firmas, para pedirle al Presidente que no avance el proyecto. “En el centro de día al que concurre mi hermana me explicaron de la gravedad de esto. El nomenclador es un instrumento que establece los valores y servicios que deben ser cubiertos por el sistema de salud, educación y rehabilitación, transporte y asistencia social. Su existencia facilita la identificación de tratamientos y servicios, y asegura que las personas con discapacidad reciban atención oportuna y adecuada, sin discriminación: es igual para todos sin importar la prepaga u obra social”, describe.

Diputados preocupados
La preocupación por el avance del decreto llegó al Congreso, donde diputados de distinto signo político como Eduardo Valdés, Miguel Pichetto, Ricardo López Murphy y otros 29 legisladores presentaron un proyecto, que esta tarde fue aprobado por la Comisión de Discapacidad para pedirle al Gobierno que no avance en este sentido. “Tras la aprobación del proyecto en la comisión, los diputados de la Libertad Avanza gestionaron una reunión con el director de la Andis [la Agencia Nacional de Discapacidad], Diego Spagnuolo, que nos va a recibir el viernes a las 17. Vamos a plantear la preocupación por el impacto de este proyecto. La discapacidad no es algo que el mercado pueda regular. Si entra en vigencia, será más difícil el acceso a la salud, muchos prestadores perderán interés en ofrecer sus servicios ante una insuficiente remuneración. Al no haber aranceles definidos, las obras sociales y prepagas podrán fijar arbitrariamente los montos”, informó Valdés.

LA NACION consultó a las autoridades de la Agencia Nacional de Discapacidad sobre el avance del proyecto, pero no hubo respuestas oficiales. Fuentes vinculadas al Gobierno en materia de discapacidad indicaron que, desde el comienzo de la gestión, se están evaluando alternativas “que permitan mejorar la atención”. Y que en este momento se analiza un cambio para que el valor que fija la Andis para las prestaciones –se refiere a Incluir Salud– no sea vinculante para el resto de los entes financiadores de servicios de salud, como PAMI y la SSS. También señalaron que se apunta a romper “el lobby de los prestadores”, por una supuesta concentración en pocas manos.

LA NACION

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