Docentes de la UNPAZ reflexionan sobre la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género

1.149

17 de mayo. Día Internacional contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género. Algunas líneas para reflexionar y hacer memoria.

Por Anahí Farji Neer (1) y Camila Newton (2), especial para NODAL

El pasado 17 de mayo fue el día Internacional contra la discriminación hacia lesbianas, gays, bisexuales, travestis, trans e intersex (LGBTTI). Se conmemora el día en que la Organización Mundial de la Salud eliminó a la homosexualidad de la Clasificación Internacional de Enfermedades. Como toda efeméride, nos sirve para hacer un alto en nuestras actividades cotidianas y darle un espacio a la reflexión en aulas y pasillos.

No es anecdótico que lo que se recuerde como logro y victoria del activismo por los derechos de la población LGBTTI sea el momento en el que la institución que rige mundialmente las formas de definir la salud y las prácticas médico-asistenciales haya modificado su clasificación para dejar de patologizar la homosexualidad.

Desde las ciencias sociales, distintos/as autores/as nos han dado herramientas para comprender la íntima relación que existe entre la estigmatización de las prácticas y deseos que se distancian de la norma heterosexual y el campo médico. En su libro Historia de la sexualidad publicado en 1976, el filósofo francés Michel Foucault advertía que en los comienzos de la modernidad occidental, la sexualidad ocupó un lugar central en la ecuación del poder. Fue necesario regular las poblaciones y hacer de los cuerpos máquinas dóciles para la producción capitalista. La sexualidad de las personas se tornó un foco de interés, ya que de ella se desprendían fenómenos de diferente índole pero de igual importancia para el poder moderno: el tamaño de las poblaciones, las tasas de fecundidad y mortalidad, la disponibilidad del cuerpo para el trabajo fabril, etc. En este marco, la medicina produjo discursos que trazaron una frontera entre la sexualidad entendida como “normal” (heterosexual, conyugal, monogámica, reproductiva) y todo el resto de experiencias y prácticas deseantes que no se adecuaban a dicha norma. La producción de saberes sirvió para un ejercicio de simultáneo conocimiento, control y gobierno de los cuerpos.

Es imposible entender la producción de sentidos sobre las sexualidades que se distancian de la norma heterosexual del contexto social, político y económico en los que surgen y se diseminan. En su texto titulado “Reflexionando sobre el sexo. Notas para una teoría radical de la sexualidad”, la antropóloga feminista y lesbiana estadounidense Gayle Rubin advirtió que en los períodos de mayor descontento y conflictividad social, la sexualidad adquiere un lugar central en los debates públicos, dado que esto permite desplazar la discusión de las causas estructurales de dicha disconformidad. Los debates sobre la sexualidad tienden a ser entendidos como menores, banales y poco importantes. Sin embargo, están dando cuenta de un debate social fundamental, puesto que lo que está en discusión es la definición de una frontera entre las experiencias humanas que como comunidad alojamos y las que rechazamos hasta, incluso, la muerte.

Gayle Rubin entendió que, de forma articulada con las desigualdades de clase, raza y género, en nuestras sociedades las formas de vivir y experimentar la sexualidad originan formas específicas de opresión. Por eso propuso una teoría de la injusticia erótica y la opresión sexual. Desde esta mirada, la existencia y reproducción de una jerarquía de valor sexual implica entender como normales, saludables y esperables ciertas prácticas y deseos; y promover el castigo y la violencia sobre aquellas que no las reproducen, por considerarlas una amenaza y un peligro para la continuidad del orden social.

Estos desarrollos teóricos cobran especial relevancia de cara a los hechos de violencia lesbicida que en los últimos días conmocionaron a la comunidad LGBTTI de nuestro país. En la noche del pasado 5 de mayo un varón cis arrojó una bomba molotov en la habitación del hotel del barrio porteño de Barracas donde residían cuatro lesbianas. Los/as vecinos/as refirieron que el ataque estuvo motivado por su orientación sexual, ya que el agresor las había amenazado anteriormente en sucesivas oportunidades. Como consecuencia de este ataque tres de ellas fallecieron. Que las formas de vivir y experimentar el cuerpo y la sexualidad sean el motivo de una agresión de esta gravedad pone de manifiesto la necesidad de seguir trabajando desde los distintos espacios que ocupamos para modificar los sentidos estigmatizantes que pesan sobre las formas de vida que desafían la heterosexualidad obligatoria. Volviendo a Rubin, la injusticia erótica y la opresión sexual no constituyen asuntos menores y afectan a la sociedad en su conjunto puesto que nos colocan frente a la pregunta por el lugar que vamos a darle a los deseos, vínculos, expresiones y corporalidades que se distancian de las normas, cualesquiera estas sean.

Es importante en tiempos como los que corren, hacer memoria y traer al presente las conquistas del movimiento de la diversidad sexual en nuestro país. En el año 2010 se aprobó la Ley 26.618 de Matrimonio Igualitario, norma que hacía efectiva la igualdad legal e irrefutable entre las personas.

En 2006, en el marco de las Naciones Unidas se formularon los Principios de Yogyakarta, veintinueve principios legales para la aplicación de las normas de derecho internacional en relación con la orientación sexual, la identidad y la expresión de género. Dichos principios buscan constituirse como un estándar jurídico internacional para que los Estados establezcan las acciones necesarias para el cumplimiento de los derechos de las personas que integran la comunidad LGBTTI. Los Principios de Yogyakarta fueron uno de los fundamentos de la Ley 26.743 de Identidad de Género (LIG), sancionada en 2012.  Se trata de una ley de avanzada a nivel global y la primera que reconoce el derecho a la identidad y al registro individual y personal que tienen las personas sobre ella.

Las leyes cobran vida a través de políticas públicas que efectivicen los derechos de las personas y le den sustento material para el mejoramiento de sus vidas. Fue largo el recorrido para conquistar dichos derechos, y muchas vidas han quedado en el camino sin poder gozar de ellos.

Reunirnos, reflexionar, recordar éstos sucesos y las vidas que se fueron es parte de un ejercicio de memoria colectiva como una forma de hacer justicia y defender lo conquistado. Que todas las vidas sean vivibles.

(1)  Socióloga y doctora en ciencias sociales. Investigadora Asistente CONICET en el Instituto de Estudios Sociales en Contextos de Desigualdades de la UNPAZ

(2)  Licenciada en Trabajo Social y magíster en Sociología de la Cultura. Becaria doctoral CONICET en el Instituto de Estudios Sociales en Contextos de Desigualdades de la UNPAZ

 

Más notas sobre el tema