Noboa decreta un nuevo estado de excepción y Human Rights Watch denuncia violaciones a los DDHH

Militares en un recorrido en el sector de la Marín, San Roque, Plaza Grande, en Quito, durante el estado de excepción, el 30 de enero de 2024. - Foto: API
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Gobierno decreta nuevo estado de excepción en siete provincias de Ecuador

El Gobierno de Daniel Noboa emitió un nuevo estado de excepción, pero esta vez focalizado en siete provincias este miércoles, 22 de mayo de 2024. La medida tiene el respaldo del Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe), que más temprano se reunió en Carondelet, Quito.

El estado de excepción, contemplado en el decreto 275, se aplicará por 60 días en las provincias de Los Ríos, Guayas, Santa Elena, Manabí, El Oro, Sucumbíos y Orellana, y en el cantón Ponce Enríquez, en Azuay. No incluye toque de queda.

En este lapso, se suspenden los derechos a la inviolabilidad de domicilio y a la inviolabilidad de correspondencia en estas jurisdicciones.

En sus redes sociales, el presidente Noboa aseguró que su Gobierno avanza a «una segunda etapa en la guerra» contra el crimen. El 9 de enero pasado decretó a Ecuador en conflicto armado interno para enfrentar a la delincuencia.

La Secretaría General de Comunicación de la Presidencia, en un comunicado, agregó que «el Gobierno Nacional identificó que los grupos narcoterroristas se han atrincherado y han concentrado sus acciones en estas zonas».

Agregó que así continuarán con los «operativos que permitan desmantelar estas redes criminales».

Tras la sesión a puerta cerrada, el Cosepe decidió respaldar de forma unánime la propuesta de Noboa, para decretar la emergencia, argumentando la presencia de grupos terroristas en estas siete provincias.

El 10 de mayo, la Corte ya había tumbado el estado de emergencia aplicado en cinco provincias de la Costa, por falta de justificaciones.

Además, el organismo hizo un llamado de atención a Noboa, al indicar que «la declaratoria de un estado de excepción acarrea la responsabilidad y el deber constitucional de motivar adecuadamente todo decreto y de ofrecer suficientes datos fácticos que justifiquen un mecanismo constitucional tan extraordinario».

En el siguiente documento puede leer el decreto ejecutivo 275, sobre la declaratoria de estado de excepción:

decreto estado excepcion

Primicias


Human Rights Watch documenta ejecuciones extrajudiciales y otro tipo de violaciones

Ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y malos tratos en prisión que pueden constituir tortura son parte de las acciones realizadas por el Gobierno de Daniel Noboa a nombre del conflicto armado interno, según lo observó Human Rights Watch.

Desde el 9 de enero del 2024, que en Ecuador se desató una escalada de violencia, la organización analizó varios casos de violaciones de derechos humanos enmarcados en los tres parámetros anteriormente mencionados.

Según la organización no gubernamental de defensa de los derechos humanos, las violaciones han sido cometidas por las fuerzas de seguridad.
Dichas acciones van en contra de los derechos fundamentales de las personas detenidas y representan una clara violación de las normas internacionales de derechos humanos.

Además, señala que muchas personas detenidas no han sido llevadas ante un fiscal o un juez, lo que sugiere un patrón de detenciones breves al margen del proceso legal, seguidas de represalias, palizas u otros tratos degradantes por parte de soldados y policías.

La falta de rendición de cuentas por parte de las autoridades ecuatorianas y la propuesta de amnistía o indulto para las fuerzas de seguridad generan preocupación sobre la impunidad de los responsables de estas violaciones.
Bajo estas circunstancias, se insta al Gobierno a revisar su aplicación de las normas de enfrentamiento del derecho internacional humanitario, respetar las obligaciones de investigar, perseguir y sancionar las violaciones de derechos humanos, y limitar el papel de las Fuerzas Armadas a circunstancias estrictamente necesarias.

Asimismo, se hace un llamado a fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas, condenar públicamente las violaciones de derechos humanos y poner fin al control militar en las prisiones, promoviendo una reforma del sistema penitenciario que garantice el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de libertad.

Human Rights Watch advierte que los avances para llevar ante la justicia a los responsables de los abusos han sido limitados.

Cifras de detenciones
De las 9 000 detenciones reportadas a finales de febrero, la Fiscalía General del Estado dijo que solo recibió 494 noticias del delito.  De esas detenciones, al 20 de febrero, la Fiscalía General llevaba a cabo investigaciones previas sobre 339 casos.

Aparente ejecución extrajudicial
El 11 de marzo de 2024, el Gobierno ecuatoriano dijo que, desde el 9 de enero, 15 presuntos “terroristas” habían sido abatidos en el contexto de operaciones de seguridad.

Hasta el 19 de abril, la Fiscalía abrió ocho investigaciones sobre posibles ejecuciones extrajudiciales. Ante esos hechos, Human Rights Watch dijo que, desde enero, recibió informes de dos posibles ejecuciones extrajudiciales y documentó otro caso.

El 2 de febrero, el Ejército publicó que había aprehendido a dos terroristas ante un intento de ataque a un retén militar.

Detenciones arbitrarias y abusivas
Human Rights Watch informó que el 11 de marzo, el Gobierno dio a conocer que, desde el 9 de enero, 13 073 personas fueron detenidas.

Desde entonces, dijo que el Gobierno no ha publicado en redes sociales nuevos datos sobre personas detenidas.

La organización recibió testimonios de personas que afirman que familiares y vecinos fueron detenidos simplemente porque pasaban por una zona en la que las fuerzas de seguridad estaban en un operativo.

Condiciones y abusos en las cárceles
En los últimos años, Human Rights Watch ha documentado que la falta de control estatal de Ecuador, así como el hacinamiento y las malas condiciones de las cárceles, perjudican a los internos.

Le llama la atención que se entregue el control de las cárceles a los militares porque atentan contra los derechos humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, sobre todo, cuando se los deja incomunicados.

Human Rights Watch asistió a audiencias relativas a tres procedimientos de habeas corpus, en los que varios detenidos denunciaron que los soldados los golpearon, tiraron sus medicinas y, en algunos casos, los torturaron.

En su testimonio uno de los detenidos dijo: “como no pudieron pegarme porque soy enfermo, me hicieron abrir las piernas y me dieron en los testículos, me dieron con el cable en la espalda (…) nos echaron gas, me pisaron el dedo”.

En un video, del 15 de enero del 2024, se expuso el movimiento forzado de detenidos en una prisión de Archidona, provincia de Napo. Se observan agentes de policía arrastrando por la nuca, la cabeza y el pelo hasta el patio de la prisión a seis presos sin camisetas.

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