Brasil | El exvicepresidente de Bolsonaro pidió al gobierno argentino asilo para 60 prófugos acusados por el intento de golpe de 2023

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El bolsonarismo presiona al Gobierno por los prófugos que escaparon a la Argentina y temen una crisis diplomática

El exvicepresidente de Jair Bolsonaro y actual senador Hamilton Mourão le pidió al gobierno de Javier Milei que les conceda asilo político a los cerca de 60 prófugos brasileños que cruzaron a la Argentina para escapar de la Justicia por el asalto a los tres poderes en Brasilia, el 8 de enero de 2023, una situación que amenaza con convertirse en una crisis diplomática entre ambos países.

Mourão convalidó su accionar fuera de la ley y lo justificó al cuestionar el sistema judicial brasileño, como en su momento lo criticó también Bolsonaro, al ser presidente, cuando se tramitaban causas en su contra. “La partida de los condenados e investigados por los actos del 8 de enero a la Argentina solo demuestra que estas personas ya no confían en la Justicia brasileña, que les ha negado los derechos básicos del debido proceso y les ha impuesto penas desproporcionadas en relación con los crímenes supuestamente cometidos”, escribió Mourão en su cuenta de X.

“La captura internacional, tan deseada por el actual gobierno, muestra claramente el sesgo autoritario y persecutorio de la izquierda en el poder. Que Milei y la Comisión Nacional para los Refugiados [Co.Na.Re] les otorguen un justo asilo político”, añadió el exvicepresidente.

Según reveló el diario brasileño O Globo, “funcionarios diplomáticos y ejecutivos ven la posibilidad de una crisis diplomática sin precedentes entre Brasil y la Argentina si el país gobernado por Milei negara la extradición de los condenados por los actos antidemocráticos del 8 de enero” del año pasado.

La crisis comenzó la semana pasada con la denuncia brasileña de que unos 60 condenados por el asalto a los edificios de los poderes públicos en Brasilia, seguidores de Bolsonaro, se escaparon del otro lado de la frontera, y que buscarían asilo político.

Según explicó un diplomático experimentado a O Globo, “los brasileños que busquen refugio en la Argentina tendrán dificultades para demostrar que son perseguidos políticos; si el gobierno de Milei aceptara el asilo incluso con argumentos inconsistentes, las relaciones bilaterales podrían sufrir un golpe”.

El diario señala que en el Ministerio de Justicia brasileño, que remitió el pedido formal de extradición a la Cancillería tras analizar los detalles del caso, también hay preocupación por las relaciones diplomáticas entre ambos países.

“Personas familiarizadas con el caso señalan que el número de solicitudes de refugio puede haber superado los 100 brasileños, pero no todos fueron condenados por los episodios del 8 de enero. Como este proceso es secreto, no está claro cuántas solicitudes se han presentado ya”, agregó O Globo.

De acuerdo con la información, “estas peticiones también podrían ralentizar el proceso de extradición, ya que primero deben ser analizadas por los tribunales argentinos”, lo cual podría llevar desde meses hasta más de un año.

La Policía Brasileña (PF) detuvo a cientos de presuntos vándalos, financistas e incitadores del asalto de enero de 2023, que fue perpetrado una semana después de la asunción del presidente Luiz Inacio Lula da Silva. Algunos recibieron condenas por delitos como golpe de Estado, con penas de hasta 17 años de cárcel.

La semana pasada la PF anunció la recaptura de unas 50 personas relacionadas con el asalto de enero de 2023 que habían incumplido sus medidas cautelares judiciales. Y señaló que otros 159 condenados o investigados eran considerados “fugitivos” e incluso habían huido a otros países, entre ellos la Argentina. La policía sospecha que los prófugos entraron al país escondidos en vehículos tras haber quebrado sus tobilleras electrónicas.

La PF agregó el lunes que incluirá los nombres de los fugitivos ya identificados en suelo argentino en la lista de buscados de la Ameripol, la comunidad de policías de América. También señaló que formalizará pedidos de extradición. Una vez que el trámite avance en suelo brasileño, las solicitudes formales de extradición serán presentadas a las autoridades argentinas por la embajada de Brasil.

La ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, negó haber tomado conocimiento de la presencia de prófugos en suelo argentino, y dijo que el hecho se mantiene como una “propaganda” del gobierno brasileño.

LA NACION


Mourão pede que Milei dê asilo político a fugitivos do 8 de Janeiro 

O senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) pediu hoje que o governo de Javier Milei conceda asilo político aos condenados pelo 8 de Janeiro que fugiram para a Argentina.

O que aconteceu
Ex-vice-presidente disse que fuga de condenados mostra «somente que essas pessoas não confiam mais na justiça brasileira». Para ele, o julgamento dos condenados não seguiu o devido processo legal e as penas foram «desproporcionais».

Mourão disse que o desejo de captura dos foragidos «mostra claramente o viés autoritário e persecutório da esquerda no poder». As declarações foram feitas hoje em publicação no X (ex-Twitter). Na semana passada, a PF fez uma operação para capturar foragidos envolvidos nos atos golpistas após reportagem do UOL revelar que condenados e réus quebraram a tornozeleira e fugiram para o exterior.

Senador não é o primeiro parlamentar a fazer esse pedido. No fim de maio, um grupo de deputados de oposição, incluindo Eduardo Bolsonaro (PL-SP), viajou a Buenos Aires para pedir refúgio aos foragidos.
Mais de 60 brasileiros pediram refúgio neste ano ao governo de Javier Milei, ultraliberal aliado do ex-presidente Bolsonaro. As solicitações foram feitas no mesmo período em que militantes bolsonaristas condenados ou investigados por participarem do 8 de Janeiro quebraram as tornozeleiras eletrônicas e fugiram pelas fronteiras terrestres, para a Argentina ou Uruguai.

Fugitivos só podem ser extraditados da Argentina se o governo de Milei negar a solicitação de refúgio, como mostrou a colunista do UOL Raquel Landim. Os processos serão analisados pela Conare (Comissão Nacional para Refugiados) do país, e correm em sigilo.

Até o momento, o STF condenou 116 pessoas pela invasão e depredação das sedes dos Três Poderes em janeiro de 2023. As penas vão de 3 a 17 anos.

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