Perú: luego vinieron por las ONG – Por Germán Vargas Farías

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Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de NODAL. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

Germán Vargas Farías*

Una de las leyes que probablemente aprobará el Congreso de la República en esta semana es aquella ya dictaminada en la Comisión de Relaciones Exteriores que contempla fortalecer el rol de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) para, supuestamente, contribuir con la transparencia y la supervisión de la ejecución de los recursos económicos que reciben las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y otras entidades de la cooperación internacional.

Lo que en apariencia es inocuo y hasta favorable, entraña un propósito deleznable, y no es casual que se haya incluido en el menú del festín que la mayoría congresal ha enlistado para devorar derechos e instituciones antes del 15 de junio, cuando acabe la segunda legislatura del periodo parlamentario 2023-2024.

De hecho, el banquete de fin de legislatura empezó el martes con la aprobación de una nueva Ley del Cine que, según diversas asociaciones y colectivos de cineastas y comunicadores, representa «una censura a la libre expresión» al establecerse «la exigencia de respeto a las buenas costumbres y la defensa de los intereses del Estado peruano» en las producciones, y eliminando los estímulos económicos a las actividades culturales.  

En el caso del proyecto de ley aprobado por la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso se establece la obligación de la APCI de hacer un registro actualizado de las organizaciones y entidades que hagan “activismo político” con los fondos que reciban del exterior que, según la comisión presidida por el fujimorista Alejandro Aguinaga, es aquel que busca modificar las políticas públicas nacionales o resultados electorales “en favor de los intereses de entidades extranjeras privadas”.

Contribuir a cambiar las políticas públicas es un objetivo medular para muchas de las ONG en un país como el nuestro que requiere, la demanda es evidente, acciones y decisiones que aseguren el acceso a derechos y servicios de calidad para toda la población.

Al pretender que estas asociaciones no trabajen para satisfacer necesidades básicas de la sociedad, particularmente de la población en situación de mayor vulnerabilidad, el objetivo es eliminarlas. Así se han pronunciado diversas organizaciones de la sociedad civil, como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y la Coalición Ciudadana, que han denunciado que se busca silenciar las voces críticas al gobierno y Congreso censurando a las organizaciones no gubernamentales, y atentando contra la democracia y el derecho a la libre asociación. 

A eso se suma la intensión punitiva al preverse sanciones que incluyen multa de hasta 2 millones 575 mil soles (500 Unidades Impositivas Tributarias), suspensión temporal y cancelación de la inscripción en la APCI. No se exagera cuando se dice que el Congreso está siguiendo el modelo de control político de dictaduras como las de Venezuela y Nicaragua.

En Venezuela, la Asamblea Nacional de mayoría oficialista aprobó en enero de 2023, en primera discusión, la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, la misma que desde enero del presente año está en segunda discusión. Una vez sancionada la ley, que seguramente será promulgada por Nicolás Maduro, su gobierno podrá abrir procedimientos administrativos contra organizaciones no gubernamentales que pueden acarrear desde la suspensión de sus actividades hasta su disolución.   

Lo que los chavistas dicen en Venezuela contra las ONG es muy parecido a lo que rezongan los fujimoristas y sus adláteres de Renovación Popular, APP, Perú Libre y otros en el Congreso peruano. Dicen que realizan “actividades políticas”, “desestabilizan y acosan al gobierno”, “promueven acciones que atentan contra la estabilidad nacional”, entre otras sandeces.

En Nicaragua, la dictadura de Daniel Ortega ya ha ilegalizado a más de 3.500 ONG, entre ellas instituciones vinculadas a la iglesia católica y a las iglesias evangélicas, asociaciones de periodistas, de agricultores, e incluso a la Cruz Roja Nicaragüense y a los Boys Scouts.

La vena autoritaria que caracteriza los regímenes de Venezuela y Nicaragua con sátrapas como Maduro y Ortega a la cabeza no difiere con la exhibida cada vez con mayor impudicia por las cuadrillas criminales que controlan el Congreso peruano. Esta semana harán alarde de su poder, destruirán todo lo que el tiempo les permita, seguros de que no habrá resistencia porque a muy pocos les importa.

Nunca creí que el minúsculo Pedro Castillo podría hacer lo que sus enemigos le atribuían, pero no imaginé que esos mismos, con apariencia de adversarios, lo harían.

* Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Publicado en Diario Página 3

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