Asistencialismo en Colombia: maquillaje para empobrecidos e indigentes

Presupuesto de Prosperidad Social para 2024 será de $10,7 billones, 60% más que en 2023
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Asistencialismo en Colombia: maquillaje para empobrecidos e indigentes

Libardo Sarmiento Anzola

En Colombia, cuatro de cada diez personas vive bajo condiciones de pobreza. Realidad prolongada pese al conjunto de acciones que realizan las instituciones estatales, provistas de billones de pesos, con la finalidad de socorrer a los marginados. El asistencialismo es una de las actividades sociales que históricamente han implementado las clases dominantes para paliar mínimamente la miseria que generan y para perpetuar el sistema de opresión y explotación. ¿Tiene sentido de ser este tipo de programas en un gobierno progresista (o populista)?

Desde décadas atrás tomó cuerpo en toda nuestra región, así como en otros países del mundo, una política social soportada en subsidios asistenciales mediante transferencias directas de dinero, la que tras los años se amplió a diversidad de sectores sociales, comprometiendo importantes porcentajes del presupuesto nacional, así como aportes también significativos de presupuestos distritales y municipales, que a su vez implementaron políticas de igual sentido pero con impacto local.

El propósito de tal política, garantizar que los pobres no terminen en la indigencia y que esta no se traduzca en la muerte por hambre o total desahucio de miles de personas. No hay interés real por la emancipación, dignificación y autonomía sostenible de estas poblaciones, solo se busca su supervivencia, articulación a los circuitos de consumo y fortalecer las cadenas de dependencia al sistema hegemónico.

Estamos ante una política, emanada del Banco Mundial y que ha servido como palanca para el control social, pero sin llegar a significar un medio efectivo para que los empobrecidos dejen de serlo, no por un instante sino para siempre. Desde el mismo momento de su diseño como política social se supo que su perfil es neoliberal, y así continúa siendo. “Patrocinar al pobre ha sido siempre, en política, el más seguro medio de enriquecerse”, sentenció el filósofo bogotano Nicolás Gómez Dávila (1913-1994).

En nuestro país no es distinto, con inmensas implicaciones para el presupuesto. En un principio tal política de subsidios y transferencias de dinero estuvo disgregada en multiplicidad de entidades, pero desde el gobierno de Juan Manuel Santos, mediante el Decreto 4155 del 3 noviembre de 2011, como medida de racionalidad económica, administrativa y política, quedó centralizada en el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (Daps).

Se trata de una entidad con inmenso poder y burocracia, por el presupuesto que administra y que aumentó 62,1 por ciento en el último año: de $6,6 billones en 2023 a $10,8 billones en 2024, lo que es equivalente a 2,2 por ciento del Presupuesto General de la Nación (PGN 2024), cuyo monto asciende a $503,1 billones (29,6% del PIB). Esta entidad concentra una porción significativa del gasto social del Gobierno, su naturaleza es asistencialista; mediante la transferencia directa de dinero promueve una mentalidad rentista y dependiente en los beneficiarios y funcionalmente está al servicio del clientelismo (votos a cambio de subsidios) y del impulso a los circuitos de consumo. “El amor a la pobreza es cristiano, pero la adulación al pobre es mera técnica de reclutamiento electoral”, agrega Gómez Dávila.

Prosperidad Social establece políticas, planes generales, programas y proyectos para la asistencia, atención y reparación a las víctimas de la violencia, la inclusión social, la atención a grupos vulnerables y su reintegración social y económica. La institución obedece directamente las órdenes del Presidente de la República. A esta entidad se encuentran adscritos el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –Icbf–, la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema-Anspe,​ la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas,​ la Unidad Administrativa Especial para la Consolidación Territorial​ y el Centro de Memoria Histórica.

Es una realidad que crea interrogantes e invita a ser transformada. En tal sentido, el actual director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, expresó en Barranquilla el 7 de mayo de 2024 durante la jornada de “Gobierno con los Barrios Populares”: “Los subsidios tienen que acabarse, porque ya está demostrado que no sacan a la gente de la pobreza. El Presidente nos ha ordenado transformarlos en apoyo a proyectos productivos: asociar a la gente que los recibe, para que nosotros les pongamos capital semilla y podamos estar produciendo empresarios, en vez de personas que están sujetas a una transferencia”. Una crítica acertada y un giro por dar, ¿Estamos ante el final del asistencialismo, la mentalidad rentista y las relaciones clientelares que caracterizan la política social en Colombia?

Colombia: evidencia empírica y consistencia lógica

El capitalismo global avanzó de la mano con la invasión, conquista y colonización, la violencia, la esclavitud, el asesinato de pueblos nativos, la destrucción focalizada de competidores potenciales y una inmensa transferencia de riqueza a los países centrales1. Las poblaciones empobrecidas y aculturizadas por la acción bárbara de los invasores quedaron encadenadas al sometimiento, la domesticación y la servidumbre.

La pobreza impuesta, global y crónica, y como un subconjunto de esta la indigencia (población cuyos ingresos per cápita por unidad de gasto son inferiores que la línea de indigencia y, por tanto, no pueden satisfacer al menos sus necesidades alimenticias), es un constructo enteramente nuevo y moderno. La pobreza genera sufrimientos, lástima, degrada y marchita prematuramente la condición humana y lleva a la gente a la desesperanza aprendida (también llamada indefensión aprendida) y pérdida de referentes y proyectos de vida digna.

Un común denominador de la mayoría de las percepciones de la pobreza es la noción de “falta” o “carencia”; además, se fundamentan en las dos estructuras moldeadoras del consumo empírico: la restricción presupuestaria y un nivel mínimo de consumo para los bienes y servicios necesarios. Para la identificación y cuantificación, el gasto total del hogar se divide en una fracción correspondiente a alimentos y otra a no alimentos. Según el Dane, la línea de pobreza monetaria es el valor en dinero que necesita una persona al mes para adquirir una canasta básica de alimentos, servicios y otros bienes mínimos para vivir (servicios públicos, educación, salud, vivienda, transporte, entre otros); si una persona tiene un ingreso menor a este valor se considera en situación de pobreza monetaria, y que de acuerdo con los datos oficiales suman 20,7 millones en el país. La pobreza extrema o indigencia es un término que se utiliza cuando alguien no puede satisfacer su necesidad más básica, la de alimentarse, realidad que padecen 9 millones de connacionales

Fue solo después de la expansión del modo de producción capitalista, los procesos económicos, políticos, sociales, culturales y ambientales conducentes al empobrecimiento masivo, y, de hecho, la división de la sociedad en clases sociales y la monetización de la sociedad, que los pobres fueron definidos como carentes de lo que los ricos podían tener en términos de dinero, consumo, disfrute y posesiones.

Los modernos estados paternalistas de beneficencia consideran la ayuda a los pobres como una obligación de la sociedad y como un acto de caridad. Las medidas políticas orientadas a fomentar los principios de justicia y equidad como dimensiones integrales de las políticas de desarrollo, han reducido algo de los efectos secundarios pauperizadores de la economía capitalista. Pero sin redistribución radical y cambio en el modo y relaciones de producción está asegurado el fracaso en los programas de lucha contra la pobreza.

Las políticas de ayuda han fracasado en muchas formas. Es ahora claro que todos los sistemas de ayudas sirven finalmente para perpetuar los procesos de pauperización. Como hace tiempo lo señaló el filósofo, sociólogo y crítico alemán Georg Simmel (1858-1918), “El objetivo de la ayuda es precisamente mitigar ciertas extremas manifestaciones de la diferenciación social, de manera que la estructura social pueda continuar basándose en esta diferenciación. Si la ayuda fuera a basarse en los intereses de los pobres, no habría, en principio, límite alguno sobre la transferencia de propiedad en favor de los pobres, una transferencia que conduciría a la igualdad de todos”2.

Ahora bien, durante los últimos 75 años (tres generaciones) el valor del PIB real de Colombia crece 18,7 veces. El monto del gasto público socio-laboral registró un ritmo de aumento 2,5 veces más rápido que la economía global del país: se incrementó en 46,5 veces. Durante este período, el mercado laboral se convirtió en un problema estructural: la tasa de desempleo presentaba un valor de 3,1 por ciento en 1950 y desde finales de la década de 1960 tiende a convertirse en estructural sobre dos dígitos, el promedio anual del desempleo en 2024 ronda el 12 por ciento. El grado de incidencia de la pobreza por ingresos insuficientes se reduce en 45,2 puntos porcentuales; no obstante, aun en 2024 cuatro de cada diez connacionales vive bajo condiciones de pobreza. Una realidad con alto impacto en la actual orientación del Estado y que explica la razón por la cual el mismo tiende cada vez más a asumir un rol redistribuidor y asistencialista, financiado con impuestos más altos y confiscatorios, y un aumento imparable de burocracia y deuda pública (gráfico 1).

Si bien este mayor poder del Estado en el corto plazo amortigua los antagonismos sociales, maquilla la pobreza y aumenta el consumo básico, a largo plazo afecta negativamente la acumulación (reduce la tasa de ganancia), el empleo, los ingresos sociales (más impuestos y transferencias de ingreso de la clase trabajadora a los acreedores financieros mediante el servicio de la deuda –intereses y pago del principal) y reduce el consumo (impuestos a la canasta básica familiar, IVA hoy de 19%).

Pese a todo, el gasto público socio-laboral registra una alta dependencia y correlación positiva con el crecimiento del PIB real (el valor de la correlación es de 0,97). La incidencia de la pobreza por ingresos también muestra una importante asociación negativa (cuando el valor de una variable aumenta, el valor de la otra disminuye) con el crecimiento de la economía (correlación: -0,91) y también significativa y negativa con el gasto público socio-laboral (correlación: -0,87). La relación del grado de pobreza es negativa con la tasa de desempleo (correlación: -0,64) debido a factores y dinámicas independientes en los ámbitos laboral, económico, social, político y fiscal; en particular, el crecimiento sostenido del Estado (en poder político, burocracia y apropiación de la riqueza social) genera una reducción de los ámbitos privado y social, lo cual afecta negativamente el crecimiento, cae la inversión, se reduce la demanda de trabajadores y se precariza aun más el empleo (inestabilidad, mayor explotación, informalidad y bajos ingresos o salarios).

En paralelo, con la reducción del grado de incidencia de la pobreza en 45,2 puntos porcentuales durante los últimos 75 años, el ingreso per cápita aumentó 4 veces: en 1950 el PIB per cápita era cercano a los $ 10 millones y en 2024 es de $ 39 millones en términos reales. La fuerza de la correlación entre el nivel de pobreza y el ingreso per cápita es significativa y, como es lógico de esperar, negativa: -0,94. En esta relación histórica y social interactúan tres fuerzas: el crecimiento de la economía, la velocidad de la expansión demográfica y las condiciones socio-laborales específicas de la población (gráfico 2). La línea de pobreza monetaria per cápita nacional anual estimada para 2024 es de$ 5,6 millones, esto es, un poco menos del 15 por ciento del PIB per cápita; situación que deja un alto margen de maniobra al Estado para la transferencia de ingreso de los ricos hacia los pobres.

En Colombia, el gasto público total se expande más rápido que el gasto socio-laboral, en relación al PIB. En el período 1950-2024, la participación relativa del Presupuesto Público de la Nación respecto al PIB aumenta 23,8 puntos porcentuales y el gasto socio-laboral 11,4. El gasto en burocracia, mantenimiento y funcionamiento del Estado, el peso oneroso de la corrupción-impunidad, los gastos en los aparatos militares, de policía y de “justicia”, el apalancamiento del capital y la carga creciente y onerosa de la deuda pública explican, en parte, estas diferentes velocidades en los componentes del gasto público.

Como es conocido, el coeficiente Gini es una herramienta analítica que suele emplearse para medir la concentración de ingresos entre los habitantes de una región en un periodo de tiempo determinado. El coeficiente de Gini se mide en una escala de cero a uno, donde cero constituye a la igualdad perfecta y uno equivale a la desigualdad máxima. Es una medición que permite concluir que Colombia es uno de los países del mundo que presenta un mayor índice de desigualdad. Durante el período 1950-2024, el valor del Gini aumentó de 0,4 a 0,51 (gráfico 3). Resulta paradójico, pero el gasto público en Colombia genera un efecto regresivo en la redistribución del ingreso, principalmente el gasto total (el valor de la correlación es de 0,42) y en menor medida el gasto socio-laboral (correlación: 0,27). Esto es, la mayor concentración de los ingresos en el Estado y el aumento del gasto público se correlacionan positivamente con el incremento de la desigualdad en la distribución de los ingresos. Son más significativos los subsidios que el Estado otorga a los ricos que el monto asignado al asistencialismo de los pobres. Esta evidencia empírica refuta las fantasías de la izquierda y la derecha respecto a que un Estado sabio, honesto, benevolente y justiciero supuestamente controla el dinero y las finanzas para el bien común. Una vez más Gómez Dávila: “La política sabia es el arte de vigorizar la sociedad y de debilitar el Estado”.

Neolengua, inversión, gasto público y prosperidad social. El célebre escritor británico George Orwell, en su famosa obra de ciencia ficción distópica “1984” describe una realidad alternativa donde la libertad, la intimidad y el espíritu crítico han sido anulados. Una nueva lengua intensifica el cariz manipulador y opresivo de la sociedad. Uno de los recursos del Estado para anular la libertad de los ciudadanos y que estos no desarrollen una ideología opuesta a la que pretende imponer es la creación de la neolengua.

En Colombia el Estado ha creado una neolengua, en particular en el ámbito presupuestal. En la realidad, la mayoría de las actividades del gobierno corresponden a una forma de consumo social, esto es, no son producción y por tanto pueden considerarse improductivas. Los relatos oficiales resignifican al “Gasto” como “Inversión”, otorgando un cambio de sentido interpretativo. Es muy importante entender la diferencia entre gasto e inversión: un gasto no genera retorno, es un dinero que se va y no regresa; al contrario, una inversión tendrá un retorno, genera valor agregado, es dinero que regresará como ingreso incrementado. En resumen, la diferencia fundamental es que el Gasto no genera plus valor, en cambio, se presupone que la realización de una Inversión si debe aumentar los beneficios futuros (mayor riqueza social).

Un caso particular a estudiar corresponde al Daps. El presupuesto desagregado para la vigencia 2024 diferencia los gastos de funcionamiento, gestión y dirección de los gastos en los programas misionales; a los primeros los denomina “gastos” y a los segundos “inversión” (aunque son transferencias monetarias para subsidiar el gasto temporal de los beneficiarios). El presupuesto de la entidad para el año 2024 es de $10,8 billones; el 2,4 por ciento corresponde a los gastos de funcionamiento, gestión y dirección; el gasto en los programas misionales concentra el 97,6 por ciento (gráfico 4).

El análisis empírico de los variopintos programas misionales, desde el punto de vista presupuestal, permite establecer cuatro conclusiones (cuadro 1 y gráfico 5): i) cerca de la totalidad de los $10,5 billones destinados en el año 2024 a los programas misionales corresponden conceptualmente a transferencias monetarias; ii) estas transferencias se gastan en consumo personal o familiar, produciendo una solución temporal de las carencias de pobreza y un incremento de la demanda en los circuitos económicos locales; iii) técnicamente, toda la ejecución presupuestal del Daps es “gasto”, no es “inversión”; iv) los gastos de burocracia (solo se toma en cuenta la planta de personal permanente dejando por fuera la nómina paralela de asesores, consultores y contratistas) ascienden a $ 160.630 millones; un gasto exagerado para una entidad que principalmente cumple la elemental función de hacer trasferencias monetarias a través de la red bancaria.

El seguimiento a la Ejecución Presupuestal del Daps, con el fin de establecer el avance y cumplimiento en la ejecución de los recursos asignados a Gastos de Funcionamiento, Servicio de la Deuda e Inversión, con corte a marzo 31 de 2024, así como a los recursos del rezago constituido para la vigencia 2023, muestra una ineficiente o baja ejecución de la entidad y un alto riesgo de pérdida de reservas en las próximas vigencias (además, las evaluaciones de resultados e impactos no hacen parte de la cultura institucional, es decir, no existen).

El presidente Petro y el director del Daps, Gustavo Bolívar, han explicado que el sentido de los subsidios es que estén concentrados en la gente que más lo necesita y que no puede vincularse a las dinámicas de producción; no en la gente que puede trabajar, a la que hay que garantizar el derecho al trabajo digno. A propósito de la directriz de concentrar los subsidios en las personas que más lo necesitan, la entidad realiza pagos correspondientes al programa Renta Ciudadana a cerca de 520.000 hogares, en su mayoría encabezados por mujeres con hijos menores de cinco años (cada hogar recibe $ 500 mil). Adicionalmente, el programa Colombia Mayor, que beneficia a cerca de 500 mil personas mayores de 80 años, triplicó el subsidio: antes recibían $ 80 mil pesos; a partir de junio de este año les giran $ 225 mil pesos”. En general, los diversos programas de transferencias monetarias benefician alrededor de 2,7 millones de hogares.

La meta del gobierno nacional es seguir ampliando rápidamente el programa Renta Ciudadana hasta llegar, en el segundo semestre de 2024, a los 2,8 millones de hogares en pobreza extrema que suman, según el Gobierno, cerca de 9 millones de connacionales.

Como se ve, el conjunto de esta política social es asistencialista, simple aire boca a boca para impedir que el moribundo fallezca de inanición, pero en ningún momento con la pretensión de insuflarle energía para que supere las falencias que lo postraron. Es así como una política social de aliento neoliberal no es confrontada por lado alguno y sí prolongada hasta el extremo. Su ruptura implicaría, al mismo tiempo, plantearse el avance hacia otras formas de propiedad, producción y de relaciones sociales económicas y políticas, y en ello la reindustrialización sostenible del país de acuerdo con los retos que hoy plantean los avances en ciencia y tecnología derivados de la tercera y cuarta revolución industrial, a su vez asumidos y aplicados según nuestra formación histórica, social, geográfica y natural.

Consecuentes con ello, cada ser colombiano aportaría al país, y este a cada uno de sus integrantes, de acuerdo con las proyecciones estratégicas y democráticas de largo plazo de que se dotara la sociedad en un momento dado.

Décadas de aplicación de estos programas asistenciales han demostrado que los mismos no cuestionan ni quiebran la injusticia social y sí la reproducen. Se trata, simplemente, de maquillar una pobreza vergonzante. Estamos ante una realidad que no es desconocida por quienes hoy dirigen el gobierno central. Evidencia de ello es la afirmación que en días pasados realizara el director de Prosperidad Social: “los subsidios tienen que convertirse en proyectos productivos”, pese a lo cual es poco probable que la naturaleza politizada de la entidad se transforme abandonando la esencia clientelar, asistencialista y rentista del gasto social público. El presupuesto del Daps es un dinero de bolsillo que maneja el gobernante de turno, desde la administración Santos hasta la actualidad, para generar réditos políticos. Con un escenario electoral en el cercano 2026 y con una polarización extrema de las fuerzas políticas, la coalición del Pacto Histórico es poco probable que “mate a la gallina de los huevos de oro”. Ya lo dijo el tristemente célebre, patético y recientemente condenado por corrupción “cuasi presidente de Colombia”, Rodolfo Hernández: “El mejor negocio del mundo, tener pobres con capacidad de consumo”.

Acercándonos a la lógica del sistema y al concepto de pobreza

Orden y desorden del sistema capitalista3. La historia económica del capitalismo enseña que el orden, propiedad emergente, se alcanza mediante choque de los desórdenes. Del caos nace un patrón. De una parte, encontramos un progreso casi constante, crecimiento inexorable de la producción, acumulación de capital, niveles de vida cada vez más altos, cambio técnico continúo y aumento de la productividad, elevación de los salarios reales, del consumo por trabajador y del ingreso per cápita.

De otra parte, el crecimiento del sistema siempre se manifiesta mediante y a través de fluctuaciones recurrentes acompañadas de auges, caídas, depresiones periódicas y desintegraciones. El crecimiento siempre es turbulento, antagónico y conflictivo. Es evidente una tendencia histórica a la creciente desigualdad a escala local y mundial. El capitalismo tiende a incrementar la desigualdad porque la tasa de ganancia propende a ser mayor que la tasa de crecimiento (la primera relaciona el excedente respecto al stock de capital y la segunda es la relación entre la parte reinvertida del excedente –inversión– respecto al stock de capital) de modo que quienes viven del ingreso proveniente de la riqueza (excedente de explotación) pueden acumular más rápido que los que obtienen salarios e ingresos mixtos. El grado general de desigualdad, tal como lo mide el coeficiente de Gini, depende de la relación del ingreso proveniente de la propiedad respecto al ingreso de la clase trabajadora. El ingreso de los sueldos y salarios producen una difusión aditiva mientras que el ingreso por las inversiones y las ganancias del capital genera una difusión multiplicadora. Las dos leyes son diferentes porque los dos tipos de ingreso son diferentes.

La desigualdad es la misma moneda que por una de sus caras registra la acumulación de riqueza (reproducción ampliada) e ingreso concentrado en unos pocos y, en la otra, la pobreza, vulnerabilidad, desempleo, riesgo e incertidumbre de muchos (reproducción simple). En el sistema capitalista, las esferas pública y privada están entrelazadas en todos los procesos, al igual que la riqueza y la pobreza, el desarrollo y el subdesarrollo, el progreso desigual y combinado de localidades, regiones y naciones. Los estragos del modo de producción capitalista se sienten a escala global, y recaen en su mayor parte, y en primera instancia, en los países periféricos o dependientes y en estos en el gran número de mujeres, niños, desempleados y pobres que experimentan sufrimiento diario.

El Estado añade otra dimensión al análisis de la distribución del ingreso: puede intervenir directamente en la balanza de poder entre el capital y el trabajo y afectar el crecimiento y el empleo por medio de las políticas fiscal y monetaria. Ambas intervenciones pueden cambiar la distribución del ingreso alterando los niveles absolutos y relativos de las ganancias y los salarios. También el Estado puede cobrar impuestos y realizar transferencias para cambiar la distribución de los ingresos después de impuestos. No obstante, el salario de mercado y los ingresos por trabajo permanecen como los determinantes centrales del nivel de vida general de los trabajadores y las clases populares. La clase trabajadora poco se beneficia de la redistribución efectuada por el Estado, reciben en beneficios un valor equivalente a sus pagos en la seguridad social; el Estado redistribuye hacia las poblaciones indigentes, pero en mayor medida hacia los capitales con mayor poder (en la intermediación pública, la clase política corrupta, la burocracia, los aparatos de represión y “justicia”, además de los acreedores financieros, se quedan con cerca de la mitad del presupuesto público).

El Estado, sin duda, puede influir en el curso de los eventos, pero siempre opera en una etapa turbulenta motivada por la ganancia (que es el propósito mismo de la inversión capitalista) y la acumulación (reproducción ampliada). Con el tiempo el Estado ha respondido a las luchas sobre las condiciones laborales, prestaciones sobre desempleo, niveles mínimos de calidad de vida, beneficios sociales y redistribución del poder de compra después de impuestos. Sin embargo, la intervención del gobierno –integrado en un sistema global con dinámicas intrínsecas imposibles de neutralizar por un solo actor– no ha abolido las depresiones recurrentes, la desigualdad estructural ni los males sociales: pobreza, desempleo involuntario, vulnerabilidades, incertidumbre, exclusión y violencia.

Finalmente, pero no menos importante, la liberación comercial y financiera sobre todo el sistema mundo capitalista ha conducido a un menor crecimiento, a mayor desigualdad, a un aumento en la pobreza global, así como a recurrentes crisis financieras, económicas y políticas en la mayoría de países.

Desigualdad y pobreza del ingreso4. Es necesario conectar la desigualdad a la pobreza. Hay una conexión estrecha entre la evaluación de la pobreza y la estimación de la desigualdad (incluida la desigualdad entre los pobres). La mayor parte de los estudios se han realizado en el contexto de un indicador unidimensional del ingreso individual, considerando la pobreza como un ingreso inadecuadamente bajo; esto podría llamarse “pobreza del ingreso”. Sin embargo, el ingreso es sólo uno de los muchos factores que influyen sobre las oportunidades reales de que disfruta la gente. Una concentración exclusiva en las desigualdades de la distribución del ingreso no puede ser adecuada para el entendimiento de la desigualdad económica. En consecuencia, el uso exclusivo de la “pobreza de ingreso” oculta algunos aspectos cruciales de la privación económica.

La evaluación de la pobreza se divide en dos pasos: i) identificación: clasificar a los pobres entre la población total de la comunidad; ii) agregación: tendrán que reunirse las características de los pobres (sufrimientos y privaciones) para llegar a una evaluación del nivel de la pobreza agregada en esa comunidad.
La identificación del nivel de ingreso en que las personas pueden ser descritas convincentemente como pobres depende del patrón de prosperidad y privación que experimentan otros, y esto puede verse afectado por el ingreso medio y por la distribución efectiva alrededor de la media.

La elección de la “línea de pobreza” es importante. La pregunta sobre si debe verse ésta elección principalmente como un ejercicio “descriptivo” (¿cuál es el nivel del ingreso por debajo del que se consideraría a una persona “pobre” y seriamente privada de recursos en una sociedad dada?) o principalmente como un ejercicio “prescriptivo” (¿cuál es el nivel de ingreso por debajo del que no debiera permitirse que cayera nadie en esa sociedad?) requiere una respuesta vinculada: la prevención de una privación significativa puede considerarse uno de los objetivos éticos importantes de la sociedad y el Estado. Por lo demás, hay una importante distinción conceptual entre i) el reconocimiento de la privación económica y ii) la viabilidad política y económica de su eliminación.

Adicionalmente, el “axioma de la concentración” establece que el estado de los pobres depende de la situación que viven los pobres solamente y en particular que la pobreza no puede considerarse disminuida como consecuencia de ningún aumento de los ingresos de los no pobres (por grande que sea). Esto parece lo bastante razonable para la evaluación de la pobreza en el sentido descriptivo, pero no nos dice cuán fácil –o difícil e inviable políticamente– será la eliminación de la pobreza mediante transferencias de los ricos a los pobres (en el contexto de la elaboración de las políticas públicas socio laborales). Una de las preocupaciones es la proporción del ingreso nacional total que tendría que destinarse para llevar a todos por encima de la línea de pobreza mediante transferencias de los ricos. Pero más allá de todo, se trata de las condiciones materiales, del valor agregado y los excedentes generados, del grado de conciencia y de la correlación de fuerzas en un momento dado de la historia en cada sociedad concreta.

Notas

1   Shaikh, Anwar (2022). Capitalismo. Competencia, conflicto y crisis. Fondo de Cultura económica, México, p. 48.

2   Sachs, Wolfgang (1996). Diccionario del Desarrollo. Una guía del conocimiento como poder. Pratec, Perú, pp. 263-264.

3   Este acápite está fundamentado en el trabajo de Shaikh Anwar, Capitalismo,…, op. cit.

4   Este acápite se orienta en la edición ampliada con un anexo fundamental de James E. Foster y Amartya Sen al libro original de éste último: La desigualdad económica (2001). Fondo de Cultura Económica, México, pp. 131-249.

* Economista y filósofo. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique edición Colombia y desdeabajo.

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