Colombia | Petro expondrá sobre avances y retos de la implementación de los Acuerdos de Paz ante la ONU
Ante el Consejo de Seguridad de la ONU, presidente Petro expondrá los avances y retos de la implementación del Acuerdo de Paz
El presidente Gustavo Petro viaja este miércoles a Nueva York a cumplir una agenda de actividades programadas para los próximos 11 y 12 de julio, entre ellas la presentación ante el Consejo de Seguridad de las Naciones del informe sobre la implementación del Acuerdo de Paz de 2016.
El pasado lunes, el mandatario sostuvo una reunión con los voceros del partido Comunes para evaluar la implementación del Acuerdo. “De nuevo, se reunieron las dos altas partes contratantes del Acuerdo de Paz del 2016: el Estado y las Farc, esta vez en el Palacio de Nariño. Preparamos informe al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre ejecución del Acuerdo», escribió el jefe de Estado en su cuenta de la red X.
La visita del mandatario colombiano coincide con la presentación que hará Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, del Informe del segundo trimestre de 2024 ante la máxima instancia de Naciones Unidas.
El balance de Colombia
De acuerdo con el canciller Luis Gilberto Murillo, ante el Consejo de Seguridad de la ONU por primera vez el jefe de Estado presentará su balance como alta parte contratante del Acuerdo de Paz de 2016.
“Este informe se hizo con más de 30 entidades del Gobierno y con la otra alta parte contratante: las Farc. Hicimos varias mesas técnicas con Planeación Nacional y la Cancillería. Este informe desarrolla un nuevo marco estratégico para la Paz Total, bajo tres ejes que estamos revisando: la Reforma Agraria, la transformación del territorio y el esclarecimiento de la verdad judicial completa».
El ministro de Relaciones Exteriores dijo que, aunque este ha sido el Gobierno que más ha avanzado en la implementación del Acuerdo de 2016, existen “serios obstáculos que hay que remover».
Murillo anunció que el presidente Petro planteará ante el Consejo de Seguridad un plan de choque para los próximos dos años, “con algunas medidas extraordinarias y otras de emergencia», para avanzar en la implementación.
“También estamos proponiendo un ajuste al marco estratégico de implementación que se diseñó para 15 años, y considerar muy seriamente la posibilidad de extender el periodo de implementación de ese plan marco», aseguró el jefe de la diplomacia.
El canciller concluyó que ante el Consejo de Seguridad el presidente Petro ratificará la voluntad del cumplimiento de Acuerdo de Paz de 2016, expresado en la declaración unilateral de Estado que depositó Colombia ante la ONU.
“El Presidente será muy claro en que Colombia sigue comprometido con la implementación del Acuerdo, pero conectado a la política de Paz Total, porque el conflicto ha evolucionado. En ese sentido, solicitará que se continúe con el apoyo y acompañamiento unánime del Consejo de Seguridad de la ONU, pero también con las garantías que se van a proponer para avanzar en la implementación del Acuerdo Final de Paz de 2016″, expresó Murillo.
La agenda presidencial
El jueves 11 de julio el presidente Petro se trasladará a la sede de las Naciones Unidas desde la Residencia de Colombia en Nueva York.
El mandatario participará, junto con voceros del partido Comunes, en la inauguración del Monumento Kusikawsay (‘vida pacífica y feliz’, en lengua quechua), que se hizo con la fundición de armas que estuvieron en poder de las antiguas Farc y que hicieron parte del proceso de dejación y desmovilización.
También tiene previsto un encuentro con el secretario general de la ONU, António Guterres, para hablar sobre varios temas de interés mundial y de Colombia.
En vísperas de que el presidente Petro viaje a Nueva York para hablar de los incumplimientos al acuerdo, ONU subraya la necesidad de buscar consensos
Por Camilo A. Castillo
Este martes, se publicó el informe trimestral de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, el cual se hace un balance de las mesas de negociación en el marco de la política de ‘paz total’, de los avances en la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 y de los hechos de violencia que afectaron a la población civil. El primer acontecimiento que se reseña el documento son las opiniones cada vez más contrarias con respecto a la paz y las políticas sociales del Gobierno.
«(…) distintos sectores expresaron cada vez más opiniones divergentes sobre la implementación de la paz y las políticas sociales del Gobierno, lo que subraya la necesidad de buscar el consenso y aunar esfuerzos para superar los desafíos persistentes para la consolidación de la paz», dice el documento.
El informe también reseña que entre enero y mayo de 2024, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios registró 28.151 personas afectadas por desplazamiento masivo y 53.065 personas en confinamiento en 52 municipios de 11 departamentos, siendo los departamentos de Bolívar, el Cauca, el Chocó y Nariño los más afectados.
También reportan que en el primer semestre de 2024 (1 de enero a 31 de mayo) hubo una disminución del 13 % (de 95 a 82) en los asesinatos reportados de defensores de los derechos humanos en comparación con el primer semestre de 2023.
«Al mismo tiempo, la violencia de los grupos armados ilegales afectó significativamente a los líderes sociales y los defensores de los derechos humanos en el departamento del Chocó, a los representantes de las juntas de acción comunal en el departamento de Arauca, a las autoridades indígenas en el norte del departamento del Cauca y a los líderes campesinos involucrados en la reforma rural», se lee en el documento.
Con respecto al número de homicidios de excombatientes de las Farc, el informe reseña que durante el segundo semestre hubo una disminución en los casos con respecto al primer semestre de 11 a 5. No obstante, son enfáticos en que la violencia sigue siendo motivo de preocupación en los departamentos de Antioquia, Arauca, Bolívar, el Caquetá, el Cauca y el Chocó, regiones en donde siguen operando los grupos armados ilegales.
Sobre el cese del fuego vigente con el Eln, no dan cifras sobre violaciones a la tregua, pero dicen que «se ha respetado ampliamente». Además, agregan que contribuyó a prevenir enfrentamientos armados en 18 ocasiones «facilitando la separación de las fuerzas de las dos partes». Con respecto a la negociación con dicha guerrilla, dicen que las negociaciones se han visto afectadas por «graves desafíos».
Hay que recordar que según el más reciente informe del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), que le hace seguimiento al cese del fuego con el Eln, desde el inicio de la tregua ha registrado 45 eventos violentos atribuidos a esa guerrilla, de los cuales 39 hechos aparecen como violaciones o incumplimientos al cese. Solo del 6 de junio al 5 de junio, el número de acciones atribuidas a ese grupo armado paso de dos a ocho.
«Persistieron las disputas entre las partes en el departamento de Nariño, donde el Gobierno siguió dialogando bilateralmente con un frente del ELN (el Frente Comuneros del Sur) en el marco de una iniciativa de paz regional. En un comunicado emitido el 6 de mayo, el ELN anunció, ante numerosas críticas, que pondría fin a la suspensión de los secuestros para cobrar rescates a la que se había comprometido durante la quinta ronda de conversaciones, en enero de 2024», se lee en el documento.
El informe también menciona la arremetida violenta de las disidencias del ‘Estado Mayor Central’ contra la Fuerza Pública y la población civil en Cauca, Nariño y Valle del Cauca.
«El Gobierno suspendió unilateralmente el cese al fuego en esos departamentos el 20 de marzo, tras los actos de violencia cometidos por el grupo contra la población civil, en particular contra pueblos indígenas. Esto generó un debate sobre los objetivos centrales de los frentes en relación con su participación en el proceso de paz. La región, y el departamento del Cauca en particular, sufrió un aumento de los enfrentamientos violentos, incluidos varios ataques del EMC contra la Fuerza Pública», dice el documento.
El informe también menciona las declaraciones del presidente Gustavo Petro en torno a los incumplimientos al Acuerdo de Paz y a su intención de denunciar al Estado ante el Consejo de Seguridad.
«El Presidente destacó que la responsabilidad de implementar el Acuerdo no solo recae en el Ejecutivo, sino en todo el Estado, y sostuvo que no había habido suficiente compromiso en ese sentido. (…) Afirmó su intención de llevar este mensaje al Consejo de Seguridad», dice el organismo.
Sobre la polémica tesis del excanciller Álvaro Leyva de que a través del Acuerdo Final se puede impulsar una Asamblea Nacional Constituyente, hicieron una breve mención: «Por otro lado, tras varios comentarios del Presidente sobre la cuestión, se produjo un fuerte debate interno sobre si el Acuerdo prevé o no la convocatoria de una asamblea constituyente».
Las conclusiones del informe
«Es imperativo que haya un compromiso inequívoco de todas las entidades gubernamentales para dirigir esfuerzos y recursos hacia la implementación», se lee en una de las primeras observaciones del informe.
El documento destaca los esfuerzos del Gobierno de fomentar el diálogo con los grupos armados y los ceses del fuego y como estos dos aspectos «han reducido la violencia entre la Fuerza Pública y esos grupos»; sin embargo, insiste en que hay mucho por hacer para mejorar la vida de las personas que sufren las consecuencias de la lucha territorial entre los diferentes actores armados.
Entre los puntos que destaca el informe aparecen los avances del Comité Nacional de Participación y la definición de iniciativas concretas para promover la paz en el proceso de negociación con la facción del ‘Estado Mayor Central’ que sigue en la mesa.
Un capítulo especial tiene las tensiones relacionadas con la labor de la Jurisdicción Especial para la Paz luego de que representantes del partido Comunes afirmaron que, tras siete años de actividad, la JEP «se estaba desviando de los objetivos para los que se había creada».
En ese sentido, señalaron: «Exhorto al Gobierno a que no escatime esfuerzos para crear, de manera oportuna, las condiciones necesarias para la implementación de las sanciones propias que emita la Jurisdicción Especial para la Paz».
Finalmente dicen que el proceso de paz colombiano ha dado resultados significativos y ha sentado las bases para seguir avanzando, pero que se requiere mayor voluntad política y la participación activa de todos los sectores de la sociedad para ampliar y consolidar la paz. «Insto a todas las partes implicadas a que mantengan la vista puesta en un futuro en paz y aprovechen estos logros conseguidos con tanto esfuerzo. Las Naciones Unidas seguirán al lado de los colombianos en este esfuerzo crucial», concluyen.
