Las mafias en el poder en Perú: impunidad, blindaje, perpetuación – Por Jorge Lora Cam

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Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de NODAL. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

Jorge Lora Cam *

En el Perú la repugnante izquierda parlamentaria acompaña como cómplice delictiva a la derecha aumentando el saqueo y la pobreza, afectando derechos sociales, flexibilizando el salario y la jubilación, propiciando el ecocidio, disminuyendo impuestos a las empresas, decretando impunidades a diestra y siniestra, traspasando todos los límites. Hasta llegan a reformar toda la Constitución e instituciones para favorecer al capital financiero y al crimen organizado.2

Paralelamente la gran clase media (en la administración pública, la tecnocracia empresarial y otros.), la real y la ilusoria, especialmente capitalina es afectada y solo consigue balbucear críticas a imaginarios culpables de una supuesta izquierda representados por agentes del gobierno de Castillo o de Dina y sus secuaces. El Perú es un país lleno de sorpresas y cada día parece más complejo el análisis político. Los nuevos politólogos recurren a la búsqueda de teorías como aquella de las transiciones o de la hibridez, que colocan como actores del cambio a las élites políticas, que transitarían de un viejo régimen a un régimen emergente, en menoscabo de los actores sociales y la sociedad en general, lo cual es reduccionista y libresco.3

Al quedarse en el chisme cotidiano no ven que el país perdió solo temporalmente los referentes izquierda-derecha o la soterrada pugna étnico/clasista, hundiendo al país en la confusión, incertidumbre e improvisación propios de la decadencia occidental y el comportamiento delictivo de una bárbara lumpen-burguesía antidemocrática y sus sicarios dedicados al despojo de los recursos del país y que utilizan a organizaciones criminales y narcotraficantes instalados en el campo político -caracterizados por el saqueo de las arcas públicas, por su incompetencia y nula capacidad estatal- que han llevado a la corrupción generalizada, al caos institucional y al piloto automático neoliberal.

No obstante, un sector de estos empresarios nativos se une al repudio del 90% porque el Congreso decidió representar tanto a la economía criminal legal como a la ilegal que compite y agrede a la primera. Un límite más que se transgrede y se suma al ataque a los derechos de los pueblos originarios, de los pobres, de las mujeres, de los trabajadores, ONG, movimientos regionales, de la ciudadanía, de los estudiantes, de los enfermos, pensionistas y la sociedad en su conjunto.

En 33 años del dominio neoliberal; en su segunda etapa, los viejos políticos y los “caviares” fueron desplazados por oportunistas de la baja clase media, advenedizos agrupados en bandas que nacen en las provincias y en las universidades “chicha” y se van instalando en los poderes del estado, surgen de los gobiernos locales y regionales financiados por la economía ilegal. 70% de los 130 congresistas tienen procesos y casi todos los partidos en ese poder son calificados con precisión por el ministerio público como organizaciones criminales, concepto que decidieron no aplicarla a los siniestros partidos congresales.

La contrarreforma educativa produjo decenas de miles de abogados, maestros ignorantes y profesionales con diplomas mal habidos (en desmedro de las ciencias, ingenierías, tecnologías) que buscan convertirse en congresistas o autoridades políticas para enriquecerse y que llegados a puestos de poder solo se dedican a la rapiña y en cada inicio de gestión parlamentaria se disputan y reparten las comisiones asociadas a los sectores, instituciones y proyectos con mayor presupuesto que generen más coimas. El otro segmento crucial para delinquir es el de las instituciones vinculadas a la protección e impunidad de estos saqueadores del presupuesto; el sistema de justicia permite a los gobernantes y funcionarios a protegerse de procesos fiscales o judiciales que les atañen y ademas, perseguir a sus opositores.

Con la conquista por el Congreso del Tribunal Constitucional, de la Defensoría del Pueblo; la inhabilitación de fiscales supremos; y la remoción de miembros de la Junta Nacional de Justicia; se politiza y amafia la justicia, se judicializa la política y se mercenariza la protección. Paralelamente se privatiza la política, se mercantilizan las candidaturas, los curules y cargos. En el otro extremo esta la necropolítica con la manipulación de la miseria, la represión y control de sus subproductos, derivadas del despojo y las incontroladas migraciones (60% de delitos por venezolanos), la cotidiana amenaza de la seguridad pública y el incremento de los asaltos, crímenes, robos, feminicidios, estafas, extorsiones y secuestros.

El mal ejemplo está en el Congreso, la Fiscalía informa que un total 67 legisladores acumulan 729 delitos; 50 son investigados contra la administración pública, contra la fe pública y contra el patrimonio; y 17 están inmersos en delitos de lavado de activos, contencioso administrativo, contra la tranquilidad pública, entre otros.

La economía ha sido también envilecida. El colonialismo muta sus formas cotidianamente, su esencia se mantiene inmutable. Y sin soberanía – que es tan irreal como la democracia o el Estado de derecho- no será posible el cambio del país. Cada vez, más recursos naturales se mercantilizan incluso desde que se concesionan, antes de extraerlos, para incrementar la acumulación, en un escenario especulativo, donde se impone la financiarización de los procesos productivos y extractivos.4

Hay que leer a Vandana Shiva para entender hacia donde vamos: “la crisis ecológica (es que) se está produciendo por una extracción sin límites. Esto sucede porque se han otorgado derechos corporativos y coloniales, y se les recompensa con un poder absoluto”.5  En el Perú la minería -grande y pequeña- y la agroindustria, son actividades ecocidas, que ahora destacan por la inequidad, donde los trabajadores no obstante estar cada vez mas tercerizados apoyan a sus empresas por que les dan empleo con cierta estabilidad e ingresos suficientes, aunque estos sean una sexta parte de los que tienen en sus países.

Las mineras dejan divisas por impuestos, sin embargo, el aporte del sector minero al total de tributos recaudados registra una participación de 10.2% a julio de 2023 el país tiene reservas que le dan estabilidad, a expensas de salarios miserables y nula política social.6 A ello hay que agregar los ingresos de divisas por la minería ilegal y el narcotráfico. El informe del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la OEA señala: “Las exportaciones de oro no contabilizadas en los últimos años han alcanzado niveles asombrosos. Entre 2015 y 2019, Perú produjo oficialmente unas 720 toneladas de oro; sin embargo, durante el mismo período, el país exportó 2.242 toneladas de metal, lo que deja sin registros de producción casi el 70% de sus exportaciones de oro. Se cree que la mayor parte de este oro proviene de la minería informal no registrada y de la ilegal”.

Las exportaciones de oro, los principales destinos y sus orígenes surgen de territorios que son tierra de nadie, donde imperan mafias, bandas de sicarios, mafias policiales que intentan controlar la minería informal aurífera y de otros minerales, por no mencionar que una parte de ella está integrada a la formal.7

Y respecto a la narcopolítica, el experto en ese tema, Antezana apunta al fujimorismo como el mayor representante político del narcotráfico: “Fuerza Popular (el partido encabezado por Keiko Fujimori) es el primer narcopartido del país. Fuerza Popular le abrió las puertas al narcotráfico.

Hay otros narcopartidos en el Congreso, como Renovación Popular (del ultraderechista alcalde de Lima Rafael López Aliaga), Alianza para el Progreso, Podemos Perú, Avanza País. Una alianza de estos partidos y el fujimorismo controla el Congreso. Narcotráfico, minería ilegal y corrupción mandan en el Congreso y el Congreso es el que ahora gobierna el país. La mayor parte de nuestra burguesía empresarial ha surgido del narcotráfico, que es el poder fáctico más importante del Perú”.8

Desde el 2016, Perú vive una amenaza recesiva y una grave inestabilidad política hoy expresada en cinco presidentes y que se cerrara el Congreso dos veces en seis años y en la instalación de facto de un régimen militar-judicial-parlamentarista que ha alterado el equilibrio de poderes permitiendo el abuso de figuras como la vacancia presidencial por incapacidad moral. La situación se agravó ese 2016, cuando Keiko Fujimori, logró una mayoría parlamentaria que le permitió desde el Congreso manipular el presupuesto, judicializar la política, favorecer intereses corporativos corruptos y ajustar la ley a conveniencia controlando instituciones claves como el Tribunal Constitucional, defensoría, ministerio público y otros organismos.

Veamos un cuadro totalizante del Estado, tratando de ser breves.

  1. Vivimos en un Estado recolonizado con el gobierno de una dictadura de las mafias congregadas que provienen de la configuración lumpen empresaria de las últimas cuatro décadas, en un frente común con las mafias narco políticas coaligadas por el fujimorismo y los conservadores de derecha criollos militares y civiles, que con objetivos comunes en torno a la impunidad y continuar con el saqueo practican: el archivamiento de delitos, medidas a favor de todas y cada una de las mafias; el saqueo neoliberal, la impunidad para todos los grupos criminales saqueadores con procesos judiciales, desde lo público a lo privado, desde narco universidades hasta municipios y regiones, desde la economía ilegal hasta los involucrados en grandes procesos como Cuellos Blancos y Lava Jato. Los últimos proyectos buscan aniquilar a la Junta Nacional de Justicia y otorgar impunidad a los crímenes de lesa humanidad significan la vuelta a la barbarie. Ahora pretenden que la sala plena del Poder Judicial y la junta de fiscales tengan la facultad de elegir jueces y fiscales; asigna al poder político, encarnado en el senado la designación o remoción de los jefes de organismos electorales como la ONPE y la RENIEC, y a los jefes de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial y del Ministerio Público.
  2. Esta alianza de mafias está bajo el mando del Estado profundo a través del fujimorismo y sus socios más cercanos: Comando Conjunto de las FFAA, Ministerio Público, fuerzas mayoritarias fujimoristas en el Congreso (Fuerza Popular-Renovación Popular- Avanza País (De Soto)), con los sicarios de APP (Acuña) y Acción Popular y el APRA que Juntos mantienen mayoría y mandan en el Congreso y el sistema judicial.
  3. Los expresidentes controlan segmentos del poder judicial y el Congreso durante cuatro décadas y mantienen sus espacios. Las fuerzas armadas que vigilan fronteras, zonas productoras de drogas y la economía criminal, es el otro instrumento. De este modo, manejar al Estado es imprescindible para los grandes negocios que garantizan el archivamiento de casos, libertad de implicados y la impunidad. El andamiaje del sistema judicial con sus múltiples aparatos ha sido jurídica y moralmente derruido: Tribunal Constitucional, Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia, Control Interno, cortes, juzgados, etc. Distribuidos entre diferentes mafias, con mayoría del APRA y FP que gobernaron 10 años cada una y fueron los regímenes más corruptos.
  4. El Estado profundo de larga data sigue en manos de la lumpen oligarquía y gobiernan a través de FP-Sistema Judicial-Congreso. Grandes empresarios de la CONFIEP están comprometidos con el narcotráfico y la economía extractivista legal acompañada de la llamada ilegal, como del tráfico de oro, uranio y otros minerales estratégicos. Este organismo con sus grupos dominantes posee el control de los sectores estratégicos, las finanzas, minero y alimentario: el Grupo Romero (Credicorp, Alicorp), Brescia (BBVA Continental, Breca, minería, pesca), Benavides (Buenaventura, Yanacocha), Rodríguez Pastor (Intercorp, Vivanda, Plaza Vea), Graña y Montero (GyM, construcción) y Ferreyros (Ferreycorp, importación de maquinaria) controlan la economía del país. Desde la sociedad de minería con Roque Benavides a la cabeza y su manejo de la minería legal e ilegal (que en el fondo son lo mismo) y con Dionisio Romero que controla puertos y bancos, financiaron a Alan García y Keiko hija y ahijada de Alberto Fujimori y Montesinos, también, todos ellos implicados en el gran tráfico de drogas en aviones y barcos estatales y privados. Otro sector que destaca por su financiamiento público a fondo perdido, son los agroindustriales (como Dyer y Flores), su despegue hubiera sido más complicado sin las inversiones del Estado en las irrigaciones costeñas, que incorporaron 100,000 hectáreas, por un monto de US$ 6,000 millones (Chira-Piura, Olmos-Tinajones, Jequetepeque-Zaña, Chavimochic).
  5. Con el neoliberalismo no solo se dieron cambios económicos donde lo público y social se privatizaron y mercantilizaron, también cambiaron las sociedades y culturas generalizándose una tremenda fragmentación donde sectores de las nuevas capas medias se sumaron al saqueo de bienes públicos desde dentro y fuera del Estado. Desde los municipios, gobiernos regionales, congreso y sistema judicial se configura con Fujimori un sistema de saqueo que deja a un lado la soberanía y lo público en aras del enriquecimiento de familias, grupos y redes de intermediarios. La comercialización de títulos universitarios contribuyó a este proceso. Los mestizos de clase media desplazan a los “caviares” en la economía y en el sistema judicial, con abogados de cuarta categoría convertidos en mercenarios de un ejército de leguleyos que obedecen a los grandes estudios de abogados que, a su vez, trabajan para el Estado profundo. Caso de las Benavides, Otárola, Hinostroza, Soto, Chirinos, Abanto, Hernández, Parco, Nakasaki y mediadores como Vladimir Cerrón, los almirantes congresistas, etc.9
  6. Existen además -como dijimos antes- economías y sociedades ilegales y paralelas que viven en y del narcotráfico, minería ilegal, trata de personas, tala ilegal, contrabando, corrupción gubernamental, crimen organizado, delincuencia, sicariato y extorsión; son parte importante del PBI nacional y de ingresos estatales. La economía delictiva no solo provoca perdidas de por lo menos 10 mil millones de dólares al año,10 ha pervertido la política, la justicia, la realidad económica, las prácticas sociales, las acciones del gobierno, el mundo del trabajo, los fines y los modos de vida cotidiana de la gente, y a su vez ha engendrado una clase rica hecha en la penumbra y al margen de la ley, empeñada en controlar la política. devaluando sus valores éticos. El culto al dinero, la codicia, el egoísmo, el cinismo y la deshumanización, son algunos rasgos observables de un desarme moral de la sociedad capitalista neoliberal. Son los residuos de un desarme moral de la sociedad.11
  7. Con la saturación de títulos en el mercado se empezó a generar desde finales de los noventa una masa trabajadora cualificada de ingenieros y técnicos que ampliaron la clase media, pero al mismo tiempo originó otro sector condenado a la precariedad, excepto para los abogados y políticos, mostrando límites infranqueables a la promoción social mediante la acumulación de capital cultural e ingresaron a la burocracia estatal copándola de mediocres funcionarios, policías y militares; maestros y trabajadores de la salud, que para conseguir ascensos eran capaces de abandonar cualquier principio ético. Mientras otro sector se empobrecía ante el derrumbe del sistema de crédito y de propiedad que había sostenido en gran parte la realidad material de los estratos intermedios. De este modo se empieza a hablar de las nuevas clases populares informales (70%), sumándose a las nuevas clases medias empobrecidas, víctimas de la desvalorización de los títulos universitarios y la lumpen proletarización de la clase trabajadoras como consecuencia del desempleo prolongado o contratación temporal dando lugar a una nueva estructura polarizada y a un estrato bajo masivo, culturalmente diverso, pero igualmente empobrecido. Hoy, 80% de los peruanos perciben ingresos que no llegan a fin de mes, la pobreza llega al 40%, la salud pública se encuentra colapsada, la educación es un mercado de certificados y títulos, y en este país miserables las elecciones se ganan repartiendo billetes de 200 soles (50 dólares).
  8. La derecha emprende una guerra cultural que por un lado presenta positivamente la lucha contra la rebeldía y por otra se apropia de las demandas populares en manos de intelectuales y las ONG o fundaciones que redefinen las luchas por el aborto o la igualdad de género, las luchas anti patriarcales, anti racistas, ecologistas, indianistas etc. Que, en realidad, son muy antiguas y surgen de los pueblos contra la diversidad de la opresión, dominación y explotación. En cierto momento, con el neoliberalismo, los organismos mencionados se apoderan y distorsionan las propuestas haciéndolas inofensivas, apartándolas de la lucha de clases, que también estaba en continua transformación. Estas demandas encuadradas en la lucha de clases aportarían a su agudización, de otro modo, le deja este campo a la derecha como el caso del neoliberal “peluca” Milei que se presentó como libertario. Las luchas de los anarquistas fueron durante mucho tiempo las más radicales, pero cuando, por ausencia de una ideología más clara, permiten que la derecha se presente como combatiente contra el Estado y las llamadas castas, la juventud cae en la trampa y en Argentina 14 millones (40%) votan por él. Entre los votantes hubo muchos jóvenes con tendencias anarquistas que les creyeron y no hubo nadie que esclarezca a las masas esta situación.
  9. Es así que Perú vive una guerra entre una casta de saqueadores del erario público y los bienes que antes fueron comunes, de políticos corruptos con sus abogados, que pugnan por continuar con el despojo extractivista y mafioso (oro, drogas, armas, etc.), actuando cínica e impunemente contra un pueblo unido en su diversidad y dividido por caudillos y cúpulas que prefieren no definir principios de etica política. Las elites no están dispuestas a que el Estado regule sus actividades, les cobre impuestos, impida el saqueo de recursos, garantice derechos sociales, laborales y ambientales, imponga los intereses nacionales, asuma posiciones de soberanía y dignidad, enfrente al imperialismo. Esos poderosos sectores económicos no quieren ningún tipo de redistribución de la riqueza, que la consideran originada exclusivamente por sus actividades, ya que es imposible que comprendan que es fruto de la acumulación de valor socialmente generado. se ha visto acompañada por un clima inédito de antivalores en la historia contemporánea del país, incorporados al desbarajuste institucional del Estado: traición, mentira, cinismo, persecución, desvergüenza, represión, una cultura del privilegio, y en plena pandemia por el Coronavirus, una amplia corrupción, incluso encubierta mediáticamente.
  10. Hasta hace poco el ejecutivo era criminalmente intocable, ahora este privilegio paso al Congreso y seguirá así cíclicamente si el pueblo organizado no le pone freno. Muchos, cada vez más creen que se necesita de una revolución. Que nadie debe ser intocable, que todos los políticos y candidatos deberían ser impugnados o rechazados, destituidos y apresados, de ser necesario. Del mismo modo, otros consideran que debe privilegiarse la lucha política por fuera del Estado. Pero tampoco abandonan la idea de que las elecciones deberían administrarse localmente, participar solo los candidatos probos de cada región avalados con 7% de los ciudadanos y en las campañas debe terminar el financiamiento diferenciado. Asi mismo, desmercantilizar y desprivatizar la política y las elecciones.
  11. Desde fines del siglo XX, existen nuevas modalidades de quiebre de las reglas del sistema liberal. Las nuevas formas de golpe de Estado (lawfare, destitución congresal) se concretan a través del irrespeto a la división de poderes y el apoderamiento de todos por el Estado profundo, la injerencia del Poder Legislativo sobre el Ejecutivo, del tribunal constitucional sobre el judicial, en connivencia con los grandes multimedios comunicacionales propiedad de los más poderosos grupos económicos. El Congreso de los falsos partidos pretende acabar con toda oposición popular y evitar la competencia, después de eliminar el referéndum, la vacancia presidencial y la capacidad de veto popular, lograrían el monopolio del poder en sus manos. Esto último por que “según el JNE, en las últimas elecciones regionales y municipales del 2022, se obtuvo 7,129 autoridades provenientes de los movimientos regionales de un total de 12,956”.12 Mas del 50% provienen de los movimientos regionales
  12. El Congreso fue utilizado como instrumento de poder y contención de cualquier intento de cerrar el Congreso por el confuso Castillo y la colaboración de sus múltiples asesores de variadas tiendas, desde su Premier Aníbal Torres hasta mediocres políticos como Vladimir Cerrón o Bellido, hasta nefastos familiares y paisanos. El Congreso modificó la cuestión de confianza, consiguiendo que el ejecutivo no pueda utilizar la confianza por la censura a un ministro sino únicamente por el jefe de gabinete, aprobó una ley anti-referéndum e interpelo constantemente a los ministros. También logró cambios constitucionales incrementando el dominio parlamentario, con el aval del Tribunal Constitucional cuyos miembros son elegidos por el mismo Congreso y la instrumentación del Ministerio Público. También el Congreso buscó el control del Poder Judicial estando en sus manos la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, que, a su vez, designa jueces y fiscales.
  13. A diferencia de los años 70, el neoliberalismo, en tres décadas y media, a depredado no solo territorios sino a las mismas sociedades que ahora son más sumisas, disciplinadas y obedientes que naturalizan y aceptan las políticas del poder, aunque colocada en el límite pueda despertar su potencialidad de rebelarse. Estas sociedades ahora son más pasivas, sufren de miedo y carecen de expectativas ante el futuro; la guerra cultural ha provocado un cambio cultural en la izquierda que ha conducido a una forma oportunista, mercantil y corrupta de hacer política. Al no entender el momento histórico esta izquierda ya no posee conocimientos actualizados ni ha logrado construir nuevos fundamentos teóricos, ideológicos, discursivos capaces de situarla en posición de orientadora frente a los nuevos problemas. Tampoco logran reflexionar sobre la amenaza sobre los restos que quedan de democracia, amenazados por el predominio de un capitalismo cada vez más depredador, más oligárquico tienen mayor capacidad destructiva.

Notas:

Notas sobre el tema

2 La izquierda congresal, transformista y esquizofrénica hoy adopta posiciones de izquierda iniciando su campaña electoral, mientras la derecha que gobierna bajo el mando de la familia Fujimori usa a su marioneta Dina para que reciba todas las culpas y Keiko -que de hecho gobierna- se afiance como salvadora del país.
3 Algunos politólogos nos hablan de Estado Fallido, lo cual es inapropiado por que ello supondría que estamos ante un estado de derecho, con las formalidades democráticas de una república, con soberanía, sin injerencia externa, sin intervención de los militares y empresarios en la vida política y ello no es correcto, pues, ello no ocurre y si los otros rasgos como ser un Estado corrupto e ineficaz, sin control territorial, con participación de la economía criminal, presencia de desplazados extranjeros, con una burocracia más que mediocre, en el límite de ser un estado paria en sus relaciones interestatales, sin derechos humanos, represivo y genocida, manipulador de la miseria en las que mantiene a más de la mitad de la población, altos índices de criminalidad, machista, homofóbico, teócrata y diabólico, etc. Mas correcto es denominarlo colonial y cacócrata, aunque ello nos deje la tarea de una mejor definición. .
4 La acumulación de minerales -litio, cobre, tierras raras- alienta el colonialismo, en un contexto de guerras, competencia y aumento del crimen organizado transnacional.
5 Vandana Shiva, «El nacionalismo del odio es socio del neoliberalismo corporativo», Rebelión, 12/06/2024.
6 A junio de 2023, se registró un aporte total de S/ 8 252 millones y devoluciones por S/ 2 231 millones, lo que significa un aporte neto del sector minero de S/ 6 021 millones. Por otro lado, durante el mismo periodo en el 2022 el sector minero registró un aporte total de S/ 15 861 millones y devoluciones por S/ 2 308 millones, lo que representa un aporte neto del sector de S/ 13 553 millones, más del doble de lo que se registra este año.
CooperAcción Informa
, Economía y minería (agosto 2023), 29 de agosto de 2023
7 José De Echave C.  Publicado: Servindi, Lima, 26/02/2024.
8 Carlos Noriega, Perú se mira en el espejo de Ecuador, Pag.12, 15/01/2024, https://www.pagina12.com.ar/703999-peru-se-mira-en-el-espejo-de-ecuador
9 Esta articulación de lo privado y lo público, de lo caviar y plebeyo, se pudo apreciar cuando abogados de 13 reconocidas firmas Olaechea, Miranda-Amado, Payet Rey, Torres y Torres Lara, Rodriguez, Rebaza, Rubio, Dentons, Elias y Medrano, Bracamontre-Haaker-Castellares, Gogin, Muñiz y otros brindaron asesoría jurídica a Fuerza Popular y su candidata Keiko Fujimori en la segunda vuelta, en el contexto de la estrategia de este partido y aliados políticos para denunciar un presunto fraude electoral y evitar así la proclamación de Pedro Castillo.
10 Rudecindo Vega Carreazo, https://otramirada.pe/per%C3%BA-estado-criminal-y-mafias-gubernamentales, Otra Mirada, 17/01/2024
11 Alejandro Narváez Liceras, El Perú, atrapado en las redes de la corrupción, otraMirada, 6/12/2023. https://otramirada.pe/el-per%C3%BA-atrapado-en-las-redes-de-la-corrupci%C3%B3n.
Rudecindo Vega Carreazo, Perú: Estado criminal y mafias gubernamentales. OtraMirada 7/01/2024, https://otramirada.pe/per%C3%BA-estado-criminal-y-mafias-gubernamentales.

* Doctor en Ciencias Políticas y Doctor en Estudios Latinoamericanos. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

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