El Gobierno envía al Congreso la Ley Hojarasca que deroga 70 normas 

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Otro paquete para el Congreso: ¿Qué es la Ley Hojarasca?

Por Ramiro Quintanilla

Este lunes, ingresó el proyecto de la Ley Hojarasca a la Cámara de Diputados pero nos seguimos preguntando qué es.

La iniciativa había sido adelantada por el Presidente Javier Milei, el 5 de julio último cuando asumió el nuevo ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

“Vamos a sacar lo que él llama la Ley de Hojarascas, que son un conjunto de regulaciones que entorpecen el funcionamiento del sistema económico. Son 100 leyes que se eliminan, pero que implican más reformas estructurales que 100 leyes”, sostuvo Milei en una entrevista con LN+.

La semana pasada, el ministro anunció el envío al Congreso de la Ley de Derogación de Legislación Obsoleta, como es el título oficial de la normativa que es nada más ni nada menos que un paquete de normativas que deroga cerca de 70 leyes.

El proyecto fundamenta esta derogación según 6 ejes:

  • 1) Leyes que limitan la libertad individual y restringen el derecho de propiedad
  • 2) Leyes que eliminan trámites inútiles y sin sentido
  • 3) Leyes que fueron superadas, actualizadas y mejoradas por otras leyes posteriores
  • 4) Leyes que en la actualidad son obsoletas por los cambios tecnológicos
  • 5) Leyes que dejaron de tener sentido porque definían obligaciones para instituciones que ya no existen
  • 6) Leyes que crean organismos con financiamiento público cuando deberían solventarse a sí mismos”

Sectores opositores señalan que el proyecto salió ahora con el objetivo de distraer en pleno conflicto universitario. Sobre todo para que los diputados se centren en este proyecto al mismo tiempo que se debate el presupuesto 2025.

Sturzenegger justificó el proyecto indicando que su objetivo es propone «eliminar una cantidad de legislación vetusta y sin aplicación práctica».

A priori, la Ley Hojarasca trata de derogar legislación vieja a fines prácticos. Algunas de las que más destacan por su contenido son:

  • Ley N° 94 (1864). Inhabilita por DIEZ (10) años a cualquier autoridad que haga azotar a una persona. La pena de azotes fue prohibida por la CONSTITUCIÓN NACIONAL en su artículo 18.
  • Ley 20.843 (1974). Garantiza el padrinazgo del Presidente de la Nación en funciones al momento del nacimiento del séptimo hijo varón o la séptima hija mujer de una prole del mismo sexo.
  • Ley N° 22.963 (1983). Esta ley de Bignone obliga a tener autorización estatal para el uso de mapas de Argentina para cualquier fin. Así, un productor de vinos no puede incluir un esquema del mapa de Argentina en su etiqueta sin autorización estatal. Tal reglamentación resulta excesiva por su injerencia en la libertad de expresión y de comercio, es injustificada y –además- genera costos para el productor y el Estado.
  • Ley N° 23.419 (1986). Dispone que las empresas públicas informen descubrimientos de petróleo. Resulta redundante que se le pida al Estado que se informe a sí mismo.
  • Ley N° 20.959 (1975). Otorga a senadores y diputados de la Nación libre circulación y libre estacionamiento. Hay pocos ejemplos de privilegio tan claros como el que deja en evidencia esta norma, inaceptable en una sociedad democrática.
  • Ley N° 22.875 (1983). Dictada en las postrimerías del último gobierno de facto, permite al Estado exigir la relocalización de actividades productivas. Es una injerencia excesiva en el ejercicio de la propiedad privada por lo que se propone su derogación.
  • Ley N° 25.750 (2003). Esta ley -de Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales- restringe el derecho de ejercer industria en algunas actividades particulares. Establece que la propiedad de los medios de comunicación deberá ser de empresas nacionales, limitándose la participación de empresas extranjeras hasta un máximo del 30% del capital accionario y que otorgue derecho a voto hasta por el mismo porcentaje del 30%.
  • Ley N° 26.688 (2011). Declara de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos, materias primas para la producción de medicamentos, vacunas y productos médicos, entendiendo a los mismos como bienes sociales.

El proyecto completo de la ley Hojarasca lo podés ver a continuación:

proyecto-de-ley-hojarasca

El Resaltador


El Gobierno busca apoyo de bloques aliados para evitar que la oposición modifique la ley de DNU

Por Pablo Lapuente

En el tramo final del periodo legislativo, el gobierno de Javier Milei quiere fortalecer el vínculo con los bloques aliados en el Congreso para frenar la avanzada del kirchnerismo que pretende modificar la ley que regula el tratamiento de los DNU y así recortar el poder presidencial. Además, busca asegurarse votos para aprobar el Presupuesto 2025 y la Ley Hojarasca.

Luego de sucesivas derrotas legislativas, que se iniciaron con la demorada sanción de Ley Bases y se extendieron con los debates por la ley de movilidad jubilatoria y por el financiamiento universitario, el jefe de Estado había asegurado a través de sus principales operadores que no tendría prurito en continuar gobernando por decreto y a fuerza de vetos, si seguían los obstáculos en el ámbito legislativo.

Ante esa advertencia, un grupo de legisladores de la oposición comenzó a negociar para endurecer la ley que regula estas facultades del Ejecutivo, lo que encendió todas las alarmas en Balcarce 50.

En la reunión de este lunes en la Casa Rosada entre funcionarios e integrantes de bloques aliados, el Gobierno no sólo puso en agenda la necesidad de tener un respaldo sin fisuras respecto a proyectos que considera claves, como la denominada ley de leyes, en la que el PRO busca que exponga el ministro de Economía Toto Caputo, sino también evitar que aquellos bloques de la oposición más intransigente consigan los números para limitar el poder del Presidente.

La preocupación de la Casa Rosada y la propuesta de Javier Milei

Tal como dio cuenta Letra P, desde que asumió el Presidente, la oposición presentó 14 proyectos para modificar la ley 26.122, que establece el régimen de tratamiento de los decretos de necesidad y urgencia. El primero ingresó el 26 de diciembre en el Senado, pocos días después de que Milei firmara el mega DNU 70/2023. En ese momento, la Casa Rosada ya advertía que, si encontraba resistencia en el Congreso, gobernaría a traves de decretos y vetos.

Es por eso que el Gobierno busca consolidar un tercio de los votos en la Cámara de Diputados, donde se encuentran sus principales aliados, para evitar que le tuerzan las decisiones al jefe de Estado. De hecho, hace un un mes puso en marcha, tal como lo exigía el PRO y el MID, una «mesa de diálogo parlamentario» para acercar posiciones con los sectores dialoguistas.

El paquete de pedidos cruzados entre el Gobierno y la oposición

Los representantes del partido que conduce Mauricio Macri les hicieron saber a los funcionarios que querían avanzar con la sanción de un paquete de proyectos propios, como el de privatización de Aerolíneas Argentinas, que les podría devolver el protagonismo político con un tema que reinstaló la administración libertaria; y otros temas diversos como la disolución de la Defensoría del Público; los proyectos de Ficha Limpia, el plan para la prevención de la ludopatía, y otro para exigir un seguro de cobertura médica a extranjeros que ingresen al país.

También, mostraron su malestar respecto a un tema recurrente en las últimas reuniones, que tiene que ver con la reglamentación que hizo el Gobierno de la ley de acceso a la información pública, sancionada durante el gobierno de Cambiemos. «No fue para nada satisfactoria la reunión que tuvimos con la titular de la Agencia de Información Pública, no pudo explicar ni una sola de las observaciones que hicimos al decreto de acceso a la información pública», explicaron en el partido amarillo.

El Ejecutivo se comprometió a evaluar algunos de estos puntos y acelerar la propuesta de privatización de la aerolínea de banderas, mientras que les adelantó el envío de un proyecto que busca agilizar los trámites de divorcio, sin tener que pasar por la Justicia, y otro que quiere eliminar leyes que la administración violeta considera obstoletas o que restringen las libertades de la ciudadanía, denominada Ley Hojarasca.
El Gobierno y la oposición dialoguista en una nueva foto en Casa Rosada

El encuentro, que se llevó adelante en el Salón de los Escudos de la planta baja de la Casa Rosada, estuvo encabezado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger y, por primera vez desde que se conformaron estas mesas de negociación con la oposición legislativa, la mano derecha presidencial, Santiago Caputo.

Los funcionarios recibieron al jefe del bloque del PRO en la cámara baja, Cristian Ritondo, que estuvo acompañado por Silvia Lospennato y Silvana Giudici; y dos de los tres integrantes del MID que conduce Oscar Zago, que se encuentra de viaje, Eduardo Falcone y María Cecilia Ibañez. Ambos espacios, que se especula podrían conformar un interbloque, son los dos principales aliados de los libertarios en el Congreso.

La reunión se completó con la presencia del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el vicejefe de Gabinete Ejecutivo, José Rolandi; el presidente de la bancada oficialista, Gabriel Bornoroni y los diputados Nicolás Mayoraz, Santiago Santurio y Carlos Zapata. También estuvo el economista, Lucas Llach, que trabaja en el equipo de Sturzenegger desde el inicio de la gestión, y el secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña.

Letra P


Se afianza la cooperación con Estados Unidos: Argentina abrirá un centro regional de inteligencia para combatir las drogas sintéticas

Por María Laura Carpineta

La alianza entre el Gobierno de Javier Milei y Estados Unidos dio un nuevo paso este martes. El secretario de Estado Antony Blinken había convocado a una Coalición Global para Abordar las Amenazas de Drogas Sintéticas el año pasado, la Casa Rosada se sumó sin dudarlo y ahora le ofreció «algo innovador», según las palabras de Todd Robinson el Secretario de Estado Adjunto de la Oficina de Asuntos de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) estadounidense: un centro regional de inteligencia para combatir el narcotráfico, especialmente la producción, tránsito y consumo de drogas sintéticas.

«Para nosotros este centro podría ser crucial, podría convertirse en un nodo clave para el intercambio de información sobre amenazas sintéticas emergentes en todo América del Sur», destacó Robinson en una conferencia de prensa posterior, en la que participó El Destape. El funcionario, que tiene una amplia experiencia diplomática en la región (Venezuela, Guatemala, El Salvador, Bolivia, Colombia y República Dominicana), contó que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich anunció la creación del centro regional de inteligencia en la reunión que compartió esta mañana junto a los ministros de Salud y Justicia, Mario Lugones y Mariano Cúneo Libarona, el procurador General de la Nación interino, Eduardo Casal, la representante regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para la Región Andina y el Cono Sur, Candice Welsch, y el embajador estadounidense, Marc Stanley.

Sin embargo, el anuncio no aparece en la información que publicó ni la Cancillería ni el Ministerio de Salud. El Destape se contactó con el equipo de Bullrich, pero no recibió respuesta.

Tras el encuentro con la prensa, Robinson aclaró que el centro regional de inteligencia «no es una iniciativa de Estados Unidos, sino de Argentina» y que «será Argentina» la que vaya invitando a los países de la región a sumarse. «Nosotros no lo pedimos, ellos lo ofrecieron», destacó para explicar por qué aún no hay definiciones sobre cómo participará Washington en este centro. «Si nos piden recursos, lo analizaremos en ese momento», agregó, ante la pregunta de si enviarán a personal o fondos para actividades de inteligencia en este centro regional de inteligencia. Para el norteamericano, Argentina tiene un problema de tránsito y consumo de drogas y lo sabe.

Robinson dijo no tener detalles sobre cómo será la arquitectura del centro: dónde se ubicará, quién participará activamente y sobre qué zonas se recolectará información y cómo. Esa información, quedó claro, la tiene Bullrich y su Ministerio. Lo que sí explicó el funcionario estadounidense es por qué apoyan la idea del centro regional de inteligencia: «La composición de las drogas cambia todos los días. Cuando se pone un elemento en la lista (de drogas prohibidas), estos grupos criminales buscan otro para reemplazarlo. Hoy estamos jugando detrás de el problema. Un centro de inteligencia podría ponernos por delante del problema para poder anticipar qué van a hacer estos grupos criminales que están fabricando estas drogas.»

«Por ahora no estamos hablando de operaciones como tal, pero sí de intercambio de información. Eso no existe ahora en la región, con países como Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, y eso es innovador», señaló el funcionario que continuará su gira con una escala en Uruguay. «El plan es profundizar esto y agregar países por fuera de la región, como por ejemplo Bélgica, España o Francia», propuso y aclaró que no se reunió con ninguna autoridad de la SIDE, solo con los ministros que participaron de la reunión de este martes.

Más cooperación en seguridad hasta 2026

El funcionario del Gobierno de Joe Biden también se refirió a la cooperación que mantienen en otras áreas con el Ministerio de Seguridad que encabeza Bullrich. Sostuvo que «la seguridad portuaria está contrarrestando de manera efectiva el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas a través de vías navegables» y agregó: «Nos complace estar asignando fondos adicionales para extender nuestra capacidad de desarrollo hasta 2026».

Y continuó sumando áreas de cooperación: «Estamos colaborando en el entrenamiento y equipos, en el área de seguridad en las cárceles y también en la seguridad portuaria».

Robinson destacó el nivel de cooperación actual: «Solo en los últimos tiempos hemos visto a ministros y gobiernos trabajando juntos de esta manera. Es parte de lo que nosotros hemos tratado de mostrar en nuestro gobierno. Lo que hemos visto esta mañana fue notable. La participación de estos ministerios que tienen experiencia. En el pasado, ha sido muy inusual tener al ministro de Salud presente. Es una muy buena señal porque gran parte del problema se lo queda ese ministerio».

El Destape Web

 

 

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