Juez ordenó la cancelación definitiva de la personalidad jurídica del partido Movimiento Semilla

Foto: Esteban Biba
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Fredy Orellana ordena cancelación del Movimiento Semilla, pero el TSE dice que el partido está vigente

El juez séptimo de Primera Instancia Penal, Fredy Orellana, ordenó la cancelación definitiva de la personalidad jurídica del partido Movimiento Semilla, basado en la sentencia que dictó por la aceptación de cargos contra la exdiputada y aún directora del Instituto de la Víctima, Ligia Hernández.

La abogada fungió como integrante de la Asamblea General del Movimiento Semilla y fue secretaria general del partido entre enero y diciembre de 2019. La FECI la vinculó al caso porque indicó que hay inconsistencia y falta de transparencia en las cifras de estados financieros, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, ya que todas las transacciones financieras del partido oficial no fueron reportadas.

Hernández fue condenada por los delitos de financiamiento electoral no registrado y fiscalización electoral de fondos. Pero recuperó su libertad luego de haber aceptado su culpabilidad bajo el proceso de aceptación de cargos en el caso Semilla, mismos que la mantuvieron encarcelada en la Brigada Mariscal Zavala por 90 días.

El jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, confirmó la resolución de Orellana, que este jueves fue notificada al Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y Dirección de Asuntos Jurídicos del Congreso de la República.

Curruchiche dijo que el proceso se encuentra bajo reserva por lo que no podía brindar más detalles y evitó decir si la resolución era consecuencia de la reforma del artículo 82, de la Ley contra la Delincuencia Organizada, aprobada por el Congreso este martes.

La FECI utilizó esta norma para mantener suspendida la personalidad jurídica del partido desde noviembre del año pasado tras la elección del presidente Bernardo Arévalo y la vicepresidenta Karin Herrera.

Con la modificación en el Congreso, se restituye la personalidad jurídica de Semilla y su derecho de volver a ser bancada. Pero la reforma aún no está vigente debido a que no ha sido sancionada por Arévalo ni publicada en el diario oficial.

“Esta solicitud se ha analizado y por eso se ha hecho el requerimiento para la cancelación de dicho partido. No ha salido publicado en el Diario de Centroamérica simplemente fue aprobado en el Congreso, pero no ha salido en vigencia todavía”, agregó en relación a la reforma de la Ley contra la Delincuencia Organizada.

Según un oficio firmado por Orellana, con fecha del miércoles 27 de noviembre, la audiencia se realizó ayer. “En este órgano jurisdiccional en virtud de solicitud expresa formulada por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público y con fundamento en lo que establecen los artículos 4 de la Ley del Organismo Judicial, 278 del Código Procesal Penal, 530 de Código Procesal Civil y Mercantil y 11 de la Ley Contra el Lavado de dinero u otros activos se dictó la resolución judicial”.

Ayer la presidenta del TSE, Blanca Alfaro, señaló que Semilla no tiene ninguna suspensión en el ente electoral. “Somos enfáticos. No puede resolver ningún juez penal, ningún juez civil ni ningún juez de alguna otra materia aspectos que le corresponden a la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Para nosotros, la organización política, desde el punto de vista de la Ley Electoral, existe”, expresó Alfaro.

Tras conocerse la resolución, medios de comunicación cuestionaron a la presidenta del TSE quien hizo un llamado a los partidos políticos a respetar la institucionalidad. “Lo que hoy le está pasando a Semilla no sabemos a quién le pueda pasar. Y a los jueces que también hay que estudiar un poquito el Derecho Electoral”, comentó. Alfaro agregó que ahora los abogados de Semilla son los que deben de accionar y no el TSE. También enfatizó que el Registrador de Ciudadanos tiene autonomía en sus decisiones y tendrá que tomar las decisiones correspondientes.

El exjefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, también reiteró, en su cuenta de X, que Fredy Orellana no puede cancelar a un partido político ya que es facultad de la ley constitucional que rige a la autoridad electoral.

Según el artículo 93 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos son motivos de cancelación de un partido político:

a) Si por acción propia o de acuerdo con funcionarios electorales ocasiona fraude que cambie los resultados verdaderos de las votaciones o la adjudicación de cargos en un proceso electoral;
b) Si en las elecciones para presidente y vicepresidente de la República o en el Listado Nacional para cargos de diputados del Congreso no hubiese obtenido, por lo menos, un cinco por ciento de los votos válidos emitidos, salvo cuando haya alcanzado representación ante el Congreso;
c) Si transcurrido el plazo de seis meses que señala el artículo 92 de esta ley, el partido político sancionado no hubiere presentado al Registro de Ciudadanos prueba fehaciente de que las causas de suspensión han sido corregidas y
d) Si los partidos políticos no postulan candidatos a la presidencia y vicepresidencia o no postulan candidatos a diputados en más de la mitad del total de los distritos electorales, salvo cuando haya alcanzado representación ante el Congreso de la República.

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“El juez cometió varios delitos”

El diputado oficialista, Samuel Pérez, reaccionó a la resolución del juez afirmando que Orellana se extralimitó y cometió varios delitos entre ellos el de prevaricato (cuando un juez o autoridad dicta una resolución injusta o contraria a la ley). “Lo vamos a denunciar por eso. Fredy Orellana rebasó cualquier límite”, dijo.

Además, Pérez recordó que con la reforma del artículo 82, de la Ley Contra la Delincuencia Organizada, tienen un instrumento para recuperar el partido y los derechos de la bancada. Aunque no ha cobrado vigencia coincidió que un juez no puede suspender ni cancelar un partido político.

La persecución política contra quienes integran el Movimiento Semilla y la judicialización del proceso electoral del año pasado ha sido la principal amenaza del gobierno desde el MP. Según contó el diputado oficialista el viernes pasado, el secretario general de Ministerio Público, Ángel Pineda, uno de los trabajadores de confianza de la fiscal general Consuelo Porras, llamó para presionar a los diputados a no votar a favor de la reforma en la Ley contra la Delincuencia Organizada.

“Sabían que con esta reforma Fredy Orellana se quedaba sin argumentos a pesar de que no podía suspender al partido”, comentó. Pérez aseguró que el partido oficialista iniciará procesos no solo ante en el Organismo Judicial sino también en el TSE, la Corte Suprema de Justicia, Corte de Constitucionalidad para revertir la resolución de Orellana.

Prensa Comunitaria

 

 

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