1 de junio: el día en que México vota por la justicia
Por Crismar Lujano*
El próximo 1 de junio, México vivirá un hecho sin precedentes en su historia democrática: la ciudadanía está convocada para elegir, mediante voto directo, a ministros y ministras de la Suprema Corte, así como magistrados y magistradas del Tribunal Electoral, del Tribunal de Disciplina Judicial, de las salas regionales, y jueces de distrito. Un proceso de esta escala no tiene precedentes en el país y marca un referente internacional en la elección popular de jueces. En América Latina, solo Bolivia ha impulsado una medida similar.
Simbiosis justicia y política
“El Poder Judicial debe ser apolítico”, es por mucho el argumento más repetido de quienes defienden el falso relato de la separación de poderes. Pero ¿es cierto que los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no intervienen activamente en la vida política mexicana? La evidencia lo contradice.
Un informe de CELAG DATA, publicado en 2023, daba cuenta de la actuación perniciosa de la SCJN frente a cada medida propuesta por la 4T durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024). Hasta ese entonces, de 24 iniciativas legislativas del gobierno de AMLO que llegaron al plenario de la Suprema Corte se frenaron unas 15 (el 62%), declarando su inconstitucionalidad”.
Esto ayuda a entender cómo llega México a este momento en su historia. Los magistrados de la SCJN se posicionaron en contra de leyes clave como la Eléctrica, la de Hidrocarburos, la de Austeridad Republicana, la de Extinción de Dominio y la Orgánica de la Administración Pública Federal. También bloquearon grandes proyectos de infraestructura, como la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya. En resumen, tomaron decisiones con una fuerte carga política para frenar a un gobierno que no compartía el modelo económico tradicional.
El historial de Norma Piña, presidenta de la SCJN, también revela las dinámicas del poder político de la función judicial. Fue nombrada por Peña Nieto, votó en contra de las iniciativas gubernamentales del gobierno de AMLO en el 87,5% del total de sus pronunciamientos y, en medio de los debates por la reforma judicial, organizó una reunión secreta con magistrados electorales y ‘Alito’ Moreno, presidente del PRI, uno de los principales partidos de oposición del país.
No hay inocencia en tales acciones. Piña, además de ser la cabeza visible del Poder Judicial, ostenta funciones específicas dentro de este órgano. Dependen de ella el orden y el listado con el que se van tratando los asuntos en el pleno de la Corte, lo que supone una fuerte incidencia en la agenda jurisdiccional. Como cabeza del Poder Judicial ostenta también las funciones disciplinarias, así como el nombramiento de jueces y juezas, un poder otorgado por el artículo 97 de la constitución mexicana, pero cuya discrecionalidad ha sido utilizada para fortalecer redes familiares en lugar de construir instituciones soberanas y profesionales.
Un poder blindado
Sobre lo último, surge otro de los argumentos en contra de la elección judicial por voto popular: “la imagen y simpatía pueden desplazar la experiencia, imparcialidad y formación técnica que requiere el ejercicio judicial”.
Si observamos el estado actual del Poder Judicial, lo que realmente lo amenaza no es la participación popular sino el nepotismo estructural que lo domina y alimenta el elitismo y la desconfianza ciudadana.
El estudio «El déficit meritocrático. Nepotismo y redes familiares en el Poder Judicial de la Federación», elaborado en 2018 por Julio Ríos, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), citado por la presidenta Claudia Sheinbaum en una de sus mañaneras, expone que “al menos 500 jueces y magistrados de todo el país tienen trabajando en tribunales y juzgados a esposas, hijos, papás, sobrinos, tíos, cuñados y hasta suegras”. Estas “redes clientelares” involucran a más de 7 mil servidores públicos distribuidos en 31 circuitos judiciales.
La mandataria mexicana recordó casos como el de un magistrado en Durango con 17 familiares en la nómina, o el de Jalisco —denominado por el propio informe como “el virreinato de los hijos”—, donde 33 juzgadores colocaron a 54 de sus descendientes en cargos públicos.
De acuerdo con el estudio, casi la mitad de los jueces y magistrados federales —el 48.6%— tienen familiares en la estructura judicial. En estados como Guanajuato, el porcentaje alcanza un escandaloso 82.6%.
Desde el Observatorio de Lawfare se asegura que “si bien es comprensible que existan afinidades profesionales dentro de las familias, ya sea por herencia generacional u otras razones, incluso en el ámbito público, las estadísticas de nepotismo son demasiado elevadas como para ser atribuidas únicamente a esas dinámicas». Esto demuestra que el acceso a cargos judiciales en México poco se basa en méritos ni capacidades, sino en relaciones personales y compadrazgos dentro de una estructura endogámica, donde los cargos se heredan según el apellido.
Los retos
La elección directa de jueces no estará exenta de las dinámicas electorales propias de la política. Muchos cuestionan que las candidaturas más conocidas o con mayores recursos de difusión podrían captar más votos, desplazando a perfiles con experiencia técnica pero bajo perfil público; y otros objetan que los jueces, en lugar de aplicar el derecho con independencia, pueden verse tentados a actuar conforme a la opinión pública o intereses partidistas, con tal de asegurar su permanencia o eventual reelección.
Si la corrupción y la falta de preparación ya son problemas presentes en el sistema actual, la respuesta no puede ser dejarlo todo igual. Los riesgos de que intereses particulares interfieran en el proceso pueden mitigarse mediante mecanismos de evaluación técnica y ética previos a la elección, tal como se planteó en la propuesta de reforma. Además, implementar instrumentos de transparencia y participación ciudadana, podría fortalecer la rendición de cuentas. Con elecciones, aunque no se eliminen por completo los riesgos, al menos se dificultaría que los jueces actúen en complicidad con intereses oscuros y se abriría la posibilidad de remover o cuestionar públicamente a quienes fallen en su deber, algo que con las reglas actuales es poco probable.
Otro reto no menor es lo relacionado a logístico y pedagógico. El próximo 1 de junio, más de 99 millones de mexicanas y mexicanos están habilitados para votar y con ello elegir a más de 900 cargos judiciales de distintos niveles en todo el territorio nacional. En un país con desigualdades estructurales en el acceso a la educación y a la información, esto exige un esfuerzo titánico de alfabetización electoral.
Frente a ello el Instituto Nacional Electoral (INE) lanzó “Conóceles, Practica y Ubica” una plataforma interactiva para que la ciudadanía pueda ensayar su voto, así como familiarizarse con las papeletas, lo que será un desafío en sí mismo.
Si bien se trata de un paso importante, este debe ser acompañado de una estrategia masiva, equitativa y accesible de formación cívica. De ahí que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), resolviera que no sólo el INE sino también los poderes de la Unión, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los Organismos Públicos Locales (OPL) e incluso funcionarios del Estado, pueden fomentar la participación ciudadana –siempre que dicha promoción se haga sin favorecer candidaturas específicas y con fines informativos lo que abre la puerta a una difusión más amplia del proceso. Esta decisión limita la postura inicial del INE, que se reservaba el monopolio de la promoción, una medida sin sustento constitucional según el Tribunal, y abre la puerta a una difusión más amplia del proceso.
Una boleta compleja en un país diverso
Según los lineamientos difundidos por el INE y el TEPJF, los votantes recibirán hasta seis boletas de colores distintos segmentadas por especialidad judicial y los candidatos serán identificados por número en lugar de nombres “para evitar sesgos relacionados con este o la imagen de los postulantes”.
Además, en un esfuerzo deliberado por asegurar una representación paritaria en la administración de justicia, los votantes deberán elegir una cantidad determinada de mujeres y hombres, conforme al cargo en disputa.
No es un plebiscito
Aunque este proceso electoral, el más ambicioso en muchos años en México, no es un simple cambio administrativo, sería un error leerlo en clave plebiscitaria sobre la 4T y o, incluso peor, sobre Claudia Sheinbaum.
La propuesta fue impulsada por el AMLO y continuada por la presidenta, pero se nutre de una demanda social expresada en las urnas en 2024 por el pueblo mexicano quien exige que la justicia deje de ser patrimonio de una élite y se convierta, por fin, en un derecho de todos y todas: justicia real, no privilegios heredados.
En un país donde por décadas la ley ha sido más fuerte con los débiles y débil con los poderosos, la elección del Poder Judicial representa una innovación democrática y una apuesta ambiciosa por legitimar desde abajo a un poder históricamente percibido como lejano, opaco y elitista. Aunque esto no tiene la capacidad de resolverlo todo, constituye el primer paso en el largo camino hacia la democratización de la justicia, acercándose a las necesidades reales de la gente.
Un Poder Judicial que no rinde cuentas, que se hereda entre familias, y que no representa al pueblo, no es independiente: es intocable. Y eso sí es un peligro.
Este 1 de junio, México no solo vota: ensaya un nuevo pacto entre democracia y justicia. El reto es inmenso, pero también lo es la oportunidad.
*Crismar Lujano es Periodista, panelista del programa de radio La Pizarra y editora de Diario Red América Latina.
