Brasil: el gigante de los agronegocios y la lucha campesina por la Soberanía Alimentaria
Por Fernando Rizza y Bruno Ceschin*
Brasil se ha constituido en uno de los principales actores en el tablero agroalimentario global. Frente a esto surge el interrogante: ¿Será su alianza estratégica con la República Popular de China, junto a su liderazgo en el Mercosur la plataforma de seguridad alimentaria global, así como la llave para combatir el cambio climático?, tal cual vienen planteando los intelectuales orgánicos del capitalismo global. Afirmación polémica que intentaremos develar. Si bien Brasil es el primer exportador de poroto de soja, de algodón, de carne bovina y de pollo; el tercero en maíz; y una potencia creciente en caña de azúcar y café, ¿Ésta riqueza se produce y distribuye entre brasileños y brasileñas?.
La economía de Brasil es la primera de América Latina y la novena a nivel mundial, con un P.B.I. que asciende a USD 1.8 billones del cual el agro representa el 25% y genera el 27% del empleo directo o indirecto y representa, además, el 40% de sus exportaciones. Pero detrás de este aparente éxito económico se esconde una estructura profundamente desigual, que favorece la concentración de tierras, la extranjerización de las ganancias, la exclusión sistemática de la agricultura familiar, campesina e indígena, verdadero sostén de la soberanía alimentaria del país y la destrucción irreversible de la biosfera y la biodiversidad, así como el avasallamiento de las poblaciones, las culturas y las identidades que la habitan.
Concentración de la tierra: riqueza para pocos, hambre para muchos
Según el último Censo Agropecuario (2017), el 1% de los latifundistas concentran más del 47% de las tierras cultivables. Mientras que, los 4.672.051 campesinos (menos de 10 has), disponen sólo del 2,3% y son responsables de más del 70% de los alimentos que se consumen en el mercado interno brasileño: frutas, verduras, leche, porotos, arroz y carnes, y del 70% del empleo en el campo. Esta concentración no solo reproduce desigualdades históricas, sino que expulsa a comunidades campesinas, pueblos originarios y agricultores familiares del territorio rural. La concentración de la producción de monocultivo ha llegado a dimensiones considerables, por ejemplo, el área de producción de caraota entre los años 2001 y 2020 se redujo en un 23%, mientras que la de soja aumentó un 265%. Pero además de afectar la producción de alimentos para las y los brasileños, el avance de la frontera agropecuaria ha desplazado comunidades enteras, recrudeciendo la violencia. El informe de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) afirma que el 62% de los asesinatos sucedieron en zonas de frontera agrícola, donde la disputa por la tierra se resuelve con tiros, persecución, cercamientos ilegales e incendios de tiendas y poblados.
Las principales zonas en disputa son la Amazonía y el Cerrado, donde se concentran la mayoría de los crímenes. La región de Matopiba, estados de Maranhão, Tocantins, Piauí y Bahía, duplica la cantidad de conflictos respecto a Amacro, cuya cantidad de casos registrados se elevan a 415, un récord que refleja la ferocidad y la voracidad del capital sobre los bienes comunes y las poblaciones.
Es que la extranjerización de la tierra ha convertido al Brasil en uno de los países más desiguales del planeta. Sólo 20 grupos extranjeros controlan 2,74 millones de hectáreas. Además, dominan las cadenas de comercialización, industrialización y exportación. En definitiva, estas firmas controlan y extranjerizan la renta, ya que poseen la infraestructura logística, los puertos, los acopios, las bio y nano tecnologías, entre otros eslabones estratégicos de la producción de commodities.
El avance del desierto verde.
El avance de la frontera agropecuaria, basado en el desmonte y el monocultivo intensivo, principalmente de soja, y en la extensión de la ganadería, lleva consigo el uso masivo de agrotóxicos y fertilizantes. Brasil es el país que más pesticidas consume en el mundo, muchos de ellos, ya prohibidos en Europa. Las consecuencias ambientales y sanitarias son alarmantes.
Durante el gobierno de Jair Bolsonaro, este modelo se profundizó brutalmente. Se desmantelaron políticas ambientales, se redujo el control sobre el uso de pesticidas, se incentivaron los desmontes ilegales y se persiguió a movimientos campesinos e indígenas. La subordinación del Estado a los intereses del agronegocio fue tan evidente como destructiva. Lo que llevó a Brasil a liderar el ranking mundial de deforestación. Según la lista de Global Forest Watch, permanece en 1º lugar con una pérdida de 1.136.874 has en el año 2023 de bosques primarios, cifra inferior a las 1.772.689 has desmontadas en el 2022.
La Tierra es de quién la trabaja.
Históricamente los pueblos han luchado por lo que les pertenece, la tierra. Ya que los trabajadores son los únicos capaces de darle valor. En Brasil las poblaciones nativas resistieron fuertemente a la colonización portuguesa, como en estos tiempos, pagaron con su vida la avaricia de los poderosos. Pero como la lucha es continua y aprendida, los esclavos, a quienes sometieron a condiciones inhumanas de explotación, también encontraron la manera de organizarse en los llamados quilombos, una alternativa de producción y organización comunitaria.
Hay un largo recorrido en la disputa por los recursos y la identidad, en el siglo XIX los caboclos (negros, indígenas y campesinos) tomaron el centro de las revueltas contra el régimen, comenzando a constituir una identidad con sentido nacional. A lo largo del siglo XX esas experiencias fueron ganando formas de organización más sólidas, con contenido político pensado en un proyecto de país, centralmente en la reforma agraria y la transformación social, así aparecen las Ligas Campesinas y el Movimiento de Agricultores Sin Tierra (MASTER).
De estas vastas experiencias es que surge el Movimiento de Trabajadores Sin Tierra (MST), cuya identidad está basada en las ocupaciones de tierras, como un acto de cuestionamiento y de denuncia: defiende la función social de la propiedad y denuncia si determinadas tierras no cumplen con la misma, la producción de alimentos.
La política de reforma agraria impulsada por el MST y apoyada parcialmente por los gobiernos del PT permitió el asentamiento en tierras productivas de miles de familias. Programas como el PAA (Programa de Adquisición de Alimentos) o el PNAE (Programa Nacional de Alimentación Escolar) compran alimentos directamente a la agricultura familiar, fomentando circuitos cortos de comercialización, así como también es el Programa Nacional de Reducción de Agroquímicos (PRONARA).
Desde el regreso de Lula al poder, se han relanzado algunas de estas iniciativas con mayor fuerza. La creación del Ministerio del Desarrollo Agrario y Agricultura Familiar, el relanzamiento del crédito subsidiado para pequeños productores y el apoyo a la agroecología son señales de un cambio de rumbo. Sin embargo, las tensiones con el agronegocio siguen siendo fuertes y las políticas públicas destinadas a la producción y soberanía continúan incipientes.
El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, se encuentra frente a la decisión de qué destino tendrá el agro en Brasil. Un Modelo Agrobiohumano que propicie el desarrollo del hombre, la mujer y la comunidad, conteniendo a pequeños y medianos productores, campesinos e indígenas; que redistribuye las ganancias, que conciba el alimento como bien social para contribuir a bajar los índices de pobreza y desnutrición en la población; que sea respetuoso de los bienes comunes y las diversas culturas que se encuentran en la gran extensión territorial: que invierta en tecnología aplicada para una mayor capacidad de producción. O un Modelo de Agronegocios, que sostiene la explotación de la tierra y la humanidad, donde unos pocos concentran la riqueza y condenan al hambre, la desnutrición y la miseria a las grandes mayorías.
*Fernando Rizza es Médico Veterinario. Columnista de NODAL, integrante del Centro de Estudios Agrarios (CEA) y Docente en la Universidad Nacional de Hurlingham, Argentina. Bruno Ceschin es Licenciado en Ciencia Política y Administración Pública. Maestrando en Desarrolo territorial en América Latina y el Carible. CEA