Boric recibe informe de Comisión para la Paz y el Entendimiento: ¿Qué propone para solucionar el conflicto con el pueblo mapuche?
¿Qué pasó?
La Comisión para la Paz y el Entendimiento entregó en la mañana de este martes su informe final al Presidente Gabriel Boric, después de dos años de trabajo elaborando propuestas para dar con una solución al histórico conflicto entre el pueblo mapuche y el Estado de Chile.
La ceremonia se llevó a cabo en el Salón Montt Varas del Palacio de La Moneda, donde los copresidentes de la instancia, el senador Francisco Huenchumilla y Alfredo Moreno, exministro en ambos gobiernos de Piñera, otorgaron el documento de 22 páginas al Mandatario.
¿Qué dijo el Presidente Boric cuando recibió el informe?
Tras recibir el informe, Boric señaló que «a través de este proceso ustedes han demostrado algo que es muy importante, que es que este no era un problema inconmensurable o inabordable, más allá del tiempo y los dolores que ha generado, sino que es posible dimensionarlo y con ello abrir una nueva etapa de resolución, con cuyos parámetros se juzgue justamente el avance del mismo».
«Este acuerdo que tengo en mis manos lo estudiaré con detención, me lo llevaré al viaje que emprendo esta semana al sudeste asiático para poder estudiarlo en las largas horas de avión y en las próximas semanas dar cuenta al país del cómo proceder, porque aquí no hay una mera declaración de buenas intenciones ni un diagnóstico que ya conocemos, hay propuestas de solución, y hoy día se nos traspasa una responsabilidad a quienes conducimos el Estado, más allá de los tiempos electorales», añadió.
¿Qué dijeron los integrantes de la Comisión para la Paz y el Entendimiento?
Por su parte, Moreno afirmó que «lo esencial de lo que queremos transmitirle es entender que el sistema actual no es solo deficiente, es uno de los principales factores que agranda y perpetúa el conflicto que vivimos. No podemos permitirlo, no podemos seguir potenciando el problema, tenemos que atrevernos a resolverlo. Por esto lo que hoy presentamos no es un simple ajuste, es un cambio profundo en la forma de entender y abordar este desafío histórico. En la Comisión, personas con visiones profundamente distintas, con experiencias de vida contrapuesta, con historias de dolor y de pérdida, fueron escuchadas».
Huenchumilla, en tanto, dijo que «he tenido la oportunidad de haber participado en otras comisiones presidenciales en estos últimos 30 años, y haber estado en el origen de la comisión que dictó la Ley Indígena, pero esta comisión tiene una naturaleza diferente: la composición paritaria en orígenes, en pensamientos, en edades, en experiencias distintas. Esta comisión tenía por objeto una negociación entre los distintos sectores que concurren en esos territorios con un conflicto que todos conocemos».
¿En qué consiste la propuesta que elaboró la Comisión para la Paz y el Entendimiento?
Aunque el contenido de la propuesta de la Comisión para la Paz y el Entendimiento aún no es público, se sabe que los temas centrales abordados fueron cinco: Tierra y Territorios; Justicia y Reconocimiento; Reparación Integral a todas las víctimas; Desarrollo Territorial; e Institucionalidad.
El medio La Tercera adelantó algunos detalles del texto, el cual entrega 21 recomendaciones. Entre ellas, está «reformar la Constitución para que el Estado reconozca a los pueblos indígenas que existen en el territorio nacional» y que «se reconozca la interculturalidad como un principio de la diversidad cultural del país».
También se llama a ampliar el concepto de comunidad indígena, con el fin de que estas adopten formas de organización interna de acuerdo a sus autoridades y costumbres. «La Comisión propone retomar la tramitación del proyecto de ley boletín N°10526-06 y aprobar la creación del Consejo de Pueblos, que ya cuenta con un consenso político transversal y su contenido es valorado por las comunidades indígenas», se lee en el documento, donde se insta a «crear un órgano de la más alta jerarquía política, que diseñe y coordine de manera efectiva la política desde el Gobierno hacia los pueblos indígenas».
Respecto a la reparación de las víctimas de «graves hechos de violencia rural o actos de carácter terrorista observados en las cuatro regiones (Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos)», se propone una ley de reparación integral para todas, «tanto mapuche como no mapuche, reafirmando el deber del Estado en el mantenimiento de la seguridad de la población», lo que incluiría crear un órgano para identificarlas. «Con respecto a los mecanismos de reparación que podrán ser aplicados por el órgano que se cree en virtud de la ley, se considerarán formas de indemnización, de rehabilitación y de no repetición», se indica.
Se propone crear un fondo de US$4.000 millones para restitución de tierras
Sobre los terrenos, se recomienda «establecer un nuevo sistema de tierras que tenga por objeto armonizar la Ley Indígena N° 19.253 con el Convenio N° 169 de la OIT (…) será necesario resolver el problema presupuestario con un plan integral que permita dar una respuesta más rápida y efectiva a las demandas de reparación».
Lo anterior se llevaría a cabo con una Agencia de Reparación, la cual tendría «un mecanismo de adquisición de tierras que evite los conflictos y que se ajuste al derecho y no a vías de hecho». Para esto, se contaría con un Fondo Financiero, el cual «tendrá un valor en torno a los 4.000 millones de dólares, creándose por ley, según lo establecido en estas mismas recomendaciones», junto a un Tribunal Arbitral para operar como «mediador en los conflictos entre comunidades que permita conciliar distintas controversias acaecidas».
Respecto a las forestales, «la comisión recomienda proponer un nuevo marco de entendimiento, reparación y cooperación entre las comunidades mapuche y la industria forestal, que contribuya a una convivencia territorial más armónica, al cumplimiento de los objetivos de estas recomendaciones y al desarrollo económico de las comunidades mapuche», considerando «los altos índices de pobreza, desigualdad y brecha de desarrollo que reflejan las cuatro regiones involucradas en este plan», por lo que se necesita «una estrategia regional que invite al trabajo público-privado, a la inversión nacional y extranjera y generar condiciones que faciliten el desarrollo de actividades económicas en los ámbitos propios de estas regiones, especialmente, agricultura, agroindustria, turismo, entre otras áreas».
