El falso dilema entre derechos y seguridad
Por Soledad Buendía Herdoíza *
En las últimas décadas, numerosos gobiernos han promovido políticas de seguridad pública centradas en el uso de la fuerza, el aumento del poder policial y la criminalización de ciertos sectores sociales, argumentando que estas medidas son necesarias para proteger a la ciudadanía. Sin embargo, esta narrativa instala un falso dilema entre seguridad y derechos humanos, como si ambos fueran excluyentes. A continuación, les propongo una reflexión crítica sobre dicha dicotomía, analizando sus implicaciones desde una perspectiva de género, con énfasis en la forma en que estas políticas impactan a mujeres, juventudes y diversidades sexuales y de género.
La seguridad ha sido empleada como concepto hegemónico para legitimar políticas de excepción. En nombre de ella, se han implementado mecanismos que restringen libertades civiles, endurecen las penas y amplían la vigilancia estatal, sin resolver las causas estructurales de la violencia. Este enfoque ha derivado en un incremento del autoritarismo y la represión, especialmente contra aquellos cuerpos y sujetos que históricamente han sido marginados.
Este tipo de seguridad, centrada en lo militar y lo punitivo, desplaza el enfoque de seguridad humana —basado en la protección integral de la dignidad de las personas— hacia una noción de orden que privilegia la estabilidad del Estado y el capital, muchas veces a costa de los derechos fundamentales. Desde esta perspectiva, es fundamental visibilizar cómo las políticas de seguridad afectan de manera desigual a distintos grupos sociales. Las mujeres, particularmente en contextos de militarización y presencia policíaca excesiva, no encuentran mayor protección sino, por el contrario, una mayor exposición a violencias sexuales, abusos y estigmatización. La criminalización del territorio también opera sobre cuerpos feminizados, racializados y empobrecidos, reforzando su vulnerabilidad.
Asimismo, las juventudes, en especial las de sectores populares, son vistas como “potenciales amenazas”, lo que deriva en perfiles raciales, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas. Lo mismo ocurre con las personas LGBTIQ+, cuyas identidades y expresiones son frecuentemente objeto de violencia institucional.
Estos cuerpos “no normativos” se convierten en objetos privilegiados del castigo, no porque representen riesgos reales, sino porque cuestionan el orden patriarcal, cisheteronormativo y capitalista que estas políticas buscan resguardar.
En este orden de ideas, el dilema entre derechos y seguridad no es una disyuntiva real, sino una construcción política que sirve para justificar mecanismos de control. Lejos de ser excluyentes, los derechos humanos son la base de una verdadera seguridad democrática, entendida como la capacidad de todas las personas de vivir libres de violencias, con acceso a justicia, salud, educación y bienestar.
Desde esta mirada, la seguridad no puede desvincularse de la igualdad de género ni de la justicia social. En lugar de priorizar el castigo, es urgente promover políticas públicas que atiendan las causas estructurales de la violencia —como la desigualdad, la pobreza y el machismo— y fortalezcan el tejido comunitario y los mecanismos de protección integral.
Insistir en que debemos elegir entre derechos o seguridad es caer en un falso dilema que perpetúa exclusiones y violencias. Una seguridad sin derechos no solo es frágil, sino profundamente injusta. Desde esta perspectiva, urge replantear el paradigma de seguridad hacia uno que reconozca y garantice la dignidad de todas las personas, especialmente de aquellas históricamente marginadas. Solo así será posible construir sociedades realmente seguras, igualitarias y democráticas.
*Exsecretaria Nacional de Gestión de la Política del Ecuador durante el Gobierno de Rafael Correa y exasambleísta. Colaboradora del Instituto para la Democracia Eloy Alfaro (IDEAL). Activista por los derechos de las mujeres.
