Aprueban Ley de Agentes Extranjeros en El Salvador
Diputados del partido oficial y afines aprobaron, con dispensa de trámite, la Ley de Agentes Extranjeros que obliga a los cooperantes a registrarse ante el Ministerio de Gobernación y a la vez impone un impuesto del 30 % a donaciones, importación en especies o bienes materiales provenientes del extranjero. La normativa solo tuvo la votación en contra de los dos diputados de Arena y la diputada de Vamos.
El primer artículo establece que la finalidad de la normativa es “promover la transparencia sobre el funcionamiento de estas y su influencia dentro del territorio nacional, garantizando que los ciudadanos conozcan a los agentes extranjeros que buscan incidir en la opinión pública, así como el resguardo a la seguridad, soberanía nacional y a la estabilidad social y política del país”.
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Uno de los incisos del artículo 8 de la ley establece que para registrarse como cooperantes deben realizar “una declaración de registro bajo juramento, en duplicado, para el Registro y la Fiscalía General de la República. El incumplimiento de esta obligación autoriza al Registro a realizar las acciones legales correspondientes para impedir la realización de sus actividades, de manera temporal o definitiva-según corresponda; o en el caso de las personas jurídicas, se podrá solicitar la suspensión o la cancelación de su personería jurídica”.
La iniciativa, promovida ante el pleno legislativo por el ministro de Gobernación, Juan Carlos Bidegaín, a petición del presidente de la república, Nayib Bukele, fue introducida en la sesión por el jefe de fracción del partido oficial Nuevas Ideas, Christian Guevara.
“Hay muchas y muy buenas organizaciones allá afuera llegando a los más necesitados, apoyando a las causas que se necesitan. A esas organizaciones que no les quede duda que los seguiremos apoyando siempre”, dijo el diputado Guevara para defender la creación de la ley.
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Agregó que habrá sectores que “van a salir con su discurso que esto atenta a la democracia… Lo que estamos haciendo es actualizar nuestra legislatura como lo hacen los países del primer mundo”.
La diputada Claudia Ortiz (Vamos) señaló en el pleno durante la discusión que “esta ley que van a aprobar con dispensa de trámite es una ley incompatible con la democracia, con el Estado de derecho y con la libertad de expresión y de asociación. Es contraria porque le pone límites a las diferentes expresiones de la sociedad civil a todo nivel”.
La diputada Ortiz agregó que la normativa «somete a vigilancia las actividades de la cooperación internacional. Los criterios para excluir a una organización como agente extranjero son ambiguos. Es el Gobierno el que va a decidir qué organización va a estar expuesta al impuesto del 30 %».
El artículo 20 de la normativa determina que el presidente de la República “podrá aprobar cuantos Reglamentos de aplicación y desarrollo de la presente Ley sean necesarios, para el establecimiento de definiciones, cumplimiento de sus fines, atribuciones y competencias”.
Ortiz cuestionó que el Ejecutivo “puede desarrollar cualquier tipo de reglamentación. Este no es una herramienta de cualquier país democrático, es una herramienta de control, de censura y característica de gobiernos autoritarios”.
Y continuó que se trata de “una herramienta autoritaria para la censura y para el debilitamiento del espacio cívico en El Salvador. Va a depender del criterio arbitrario de a quien le impone el 30%”.
La ley entrará en vigencia ocho días después de publicada en el Diario Oficial. Además, el artículo 24 establece que “los sujetos obligados deberán registrarse en el Registro de Agentes Extranjeros, en un plazo máximo de 90 días, a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley”.
El 13 de mayo pasado, Bukele anunció en un tuit que enviaría a la Asamblea Legislativa la propuesta del proyecto de Ley de Agentes Extranjeros, el cual incluía un impuesto del 30 % sobre todas las donaciones que reciben las oenegés (ONG) acreditadas en el país.
La publicación del mandatario ocurrió después de las detenciones del presidente de la cooperativa El Bosque y también pastor de la Iglesia Elim, José Ángel Pérez; y del abogado y miembro del Foro del Agua, Alejandro Henríquez, luego de una concentración pacífica que hizo la comunidad la noche del lunes 12 de mayo. Los dos fueron acusados de desórdenes públicos.
Organizaciones de derechos humanos y ambientales, y los mismos habitantes, confirmaron las capturas y denunciaron agresiones, golpes, amedrentamiento y el uso de gas pimienta por parte de elementos de la Policía Nacional Civil (PNC), por denunciar un desalojo que consideran ilegal.
En 2021, el Gobierno presentó ese mismo proyecto a la Asamblea Legislativa, la comisión parlamentaria aprobó un dictamen, pero presiones de gobiernos y organismos internacionales evitaron que finalmente se aprobara.
