El Salvador: Mal año para el pueblo
César Villalona
El 2025 arrancó con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que obliga al Gobierno a aplicar un programa de ajuste de 40 meses a cambio de un préstamo de $1,400 millones. El acuerdo obedece a la crisis de las finanzas públicas y a la elevada deuda del Estado, que ha crecido 790% desde el primer mandato de Nayib Bukele, representa el 90% del PIB y según el FMI “lleva una senda insostenible”.
Como el FMI es el garante de los bancos y de los organismos financieros internacionales, le exigió al Gobierno garantizar el pago de la deuda, anular el bitcoin, que aunque no es medio circulante endeudó al Estado, presentar informes de las auditorías de los prestamos de años anteriores y otras medidas encaminadas a garantizar que la deuda se pague. Y el Gobierno está cumpliendo. Veamos algunas medidas:
- El presupuesto tuvo una reducción de 11%. A 15 de los 16 ministerios le recortaron dinero y 8,000 empleados y empleadas públicas fueron despedidos.
- Han sido cerradas 45 unidades de salud familiar y 72 escuelas, la mayoría del área rural, donde están los peores niveles de vida.
- A la mayoría del personal del Ministerio de Salud le violaron el derecho al aumento salarial anual, establecido en la ley del escalafón.
- A 45,000 docentes a los que había que aumentarles el salario según la ley del escalafón les violaron sus derechos, pues solo les aumentaron $3.70 al mes, o sea, 12 centavos de dólar por día.
- Fueron cerradas las 14 oficinas departamentales del Instituto de Desarrollo de la Mujer.
- Al Ministerio de Agricultura le recortaron el 42% del presupuesto.
Debido a esas y otras medidas, hay más personas desempleadas; los servicios públicos empeoran; la matrícula escolar disminuyó -4% en los colegios públicos y -21% en los privados; escasea la medicina en los hospitales; aumenta la violencia contra las mujeres y la emigración sigue aumentando.
Como hay menos empleo, todo está caro y los salarios siguen congelados, el consumo de la población es menor. También disminuye el consumo del Estado debido al recorte presupuestario. Ello afecta la inversión y la producción, que este año crecerá menos de 2%. En enero apenas creció 0.6%. El agro y la industria registraron tasas negativas.
Por otra parte, continúan los apresamientos ilegales en el marco del régimen de excepción. Organismos defensores de los derechos humanos y de las víctimas del régimen de excepción hablan de 6,700 casos de violaciones: personas privadas de libertad injustamente, torturas y muertes en las cárceles, entre otras violaciones.
Las violaciones a los derechos humanos también la padecen 258 venezolanos que estaban encarcelados en Estados Unidos y fueron enviados a El Salvador, donde están presos sin haber cometido delito ni siquiera en Estados Unidos, pues no estaban vencidos en juicios. El Estado salvadoreño tiene secuestrado a los venezolanos.
En ese contexto de deterioro económico y social, Bukele consolidó su control sobre el Estado, a través de su reelección inconstitucional y del fraude técnico que le dio mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa. La independencia judicial ha sido gravemente afectada, con destituciones arbitrarias de jueces y fiscales que no responden al Gobierno.
El régimen de excepción se utiliza como mecanismo de contención social, para atemorizar a la población y perseguir a dirigentes populares y sobre todo a jóvenes de los barrios y las comunidades.
También continúa el desalojo de personas que venden en plazas y mercados (más de 5,000) y el despojo de tierras de pobladores y cooperativas rurales, para reconcentrarlas en grandes empresarios vinculados al Gobierno.
Una encuesta de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas revela que para el 80% de la población el problema principal del país es la mala situación económica. Sin embargo, a pesar de eso y de que la popularidad de Bukele ha disminuido un poco, la oposición política partidaria no repunta. Los partidos tradicionales continúan con una crisis orgánica, de credibilidad, de liderazgo y de proyección política que le sigue restando base de apoyo.
La lucha contra el régimen de facto que encabeza Bukele la libra el movimiento popular, que se ha fortalecido, tiene liderazgos nuevos y jóvenes y realiza muchas acciones contra el Gobierno, sobre todo marchas y concentración de gran envergadura. El Gobierno también enfrenta un creciente rechazo de organizaciones de derechos humanos que denuncian su autoritarismo.
La mayoría de la gente que votó por Bukele lo hizo con la esperanza de mejorar su situación económica, pero esa mejoría no llegará. Por lo tanto, es posible que una franja de esa población le quite el respaldo al Gobierno. Sin embargo, eso no significa que automáticamente la oposición partidaria reputará, pues si no hay referentes creíbles ni con posturas firmes, lo que aumentará será la apatía y la emigración. Por el momento, la oposición visible y creciente la encabeza el movimiento popular.
