Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de NODAL. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Por Pablo Castaño *
Hace tres años, Gustavo Petro se convirtió en el primer presidente de izquierda de Colombia. Con un Congreso hostil que amenaza su histórica reforma laboral, sus últimos meses en el cargo estarán atravesados por la lucha por asegurarse de que no sea el último.
Ni siquiera el reality show «La casa de los famosos», spin-off de «Gran hermano», logró superar la audiencia del primer Consejo de Ministros televisado en Colombia el pasado mes de febrero. Millones de colombianos vieron en directo cómo algunos ministros criticaban al presidente Gustavo Petro, otro lo colmaba de elogios en un tono que parecía una declaración de amor y otros miembros del gabinete intercambiaban reproches.
Este insólito ejercicio de transparencia gubernamental, que Petro ha repetido en varias ocasiones, fue una de las últimas ideas del presidente colombiano para reactivar su popularidad, que se ha reducido al 32% a solo un año de las elecciones parlamentarias y presidenciales de 2026. La dimisión en marzo del ministro de Hacienda, Diego Guevara, tras impulsar recortes presupuestarios, demuestra que Petro ya tiene la mirada puesta en las elecciones de 2026, aunque él mismo no puede presentarse a la reelección, ya que la Constitución lo prohíbe.
El primer gobierno de izquierda en la historia de Colombia entra en su cuarto y último año con la misma sensación de inestabilidad que lo ha acompañado desde el principio, como resultado de su falta de mayoría parlamentaria y de la presión implacable de las élites económicas, mediáticas y judiciales. Algunas de las reformas prometidas en 2022 han sido aprobadas, mientras que otras siguen estancadas en un Congreso controlado por los partidos tradicionales, y el objetivo de la «paz total» con los grupos armados nacionales continúa siendo un sueño. El resultado de las elecciones de 2026 dependerá del balance final de la agenda reformista del gobierno, de la fortaleza de Petro para movilizar a sus seguidores y de la capacidad de la oposición conservadora para unirse en torno a sus candidatos.
El expresidente guerrillero del M-19 es muy consciente de que las calles son el campo de batalla donde las fuerzas conservadoras pueden ser superadas. Por eso respondió al rechazo del Senado a su reforma laboral —que pretendía reducir la jornada laboral y mejorar el pago de las horas extras, entre otras muchas modificaciones urgentes dado el en extremo precarizado panorama laboral colombiano— convocando un referéndum popular sobre la iniciativa.
Para que el referéndum tenga éxito, se necesitan 13,5 millones de votos, cifra muy difícil de alcanzar teniendo en cuenta que el propio Petro fue elegido con 11,2 millones de votos. Sin embargo, las encuestas muestran un apoyo mayoritario a la celebración de la votación, lo que sugiere el atractivo de la retórica antielitista de Petro frente a los legisladores de la oposición. Incluso si el referéndum no se celebra, el Pacto Histórico, la amplia coalición de izquierda que encabeza Petro, ha encontrado en el referéndum un grito de guerra para movilizar a su base y el impulso político de la izquierda en un momento en que el deterioro percibido del gobierno se estaba volviendo insostenible.
Una agenda de reformas incompleta
La reforma laboral no es la única propuesta que se ha topado con un Congreso dominado por los viejos partidos. La reforma de la salud, que finalmente fue aprobada por la Cámara de Diputados el 6 de marzo, también se enfrentó a innumerables obstáculos. Si el Senado confirma su apoyo, uno de los principales proyectos legislativos del Pacto Histórico se hará realidad: una iniciativa destinada a reducir el papel de las aseguradoras privadas en el sistema de salud colombiano y a mejorar la prevención y el acceso a los servicios.
Para asegurar mayores apoyos, Petro incluyó en su gobierno a representantes de partidos de centroderecha, como ya había hecho en vías de aprobar su primera reforma fiscal. A lo largo de su mandato, el presidente colombiano ha combinado masivas movilizaciones populares en favor de sus reformas con intensas negociaciones con los partidos tradicionales, cuyos miembros a menudo se mostraron dispuestos a abandonar su resistencia a cambio de puestos de poder.
El gobierno del Pacto Histórico también logró aprobar su reforma educativa, que establece el acceso gratuito a la universidad para los estudiantes de los estratos sociales más desfavorecidos, y la reforma de las pensiones. Esta última es una de las reformas más importantes, si no la más, para reducir las enormes desigualdades sociales heredadas de décadas de gobiernos neoliberales (a pesar de su sólida economía, Colombia es posiblemente el país más desigual de América Latina, región que, a su vez, es la más desigual del mundo).
La reforma de Petro reforzó el sistema público de pensiones mediante la creación de un «pilar solidario» que garantiza pensiones dignas incluso a quienes no alcanzan el umbral de cotización y tiene en cuenta el tiempo que las mujeres dedican al cuidado de los hijos. En 2022, solo uno de cada cuatro colombianos mayores recibía una pensión, según un informe de la Pontificia Universidad Javeriana. Se espera que la reforma alivie esta situación, reduciendo la pobreza entre los mayores de sesenta años.
Además, Petro ha convertido a Colombia en un ejemplo internacional de políticas de transición socioecológica. Ha promovido acuerdos sociales con los agricultores y las comunidades indígenas para proteger la Amazonía, ha impulsado las energías renovables mediante la modificación de la normativa para aumentar los beneficios para las comunidades locales y ha cumplido su promesa de bloquear la exploración de nuevos hidrocarburos, una medida sin precedentes que acelera el camino hacia un futuro sin combustibles fósiles. Aunque aún es demasiado pronto para evaluar el impacto de estas políticas, el decidido impulso ecológico del gobierno colombiano contrasta con la débil actuación de sus homólogos del Norte global.
La redistribución de la tierra y la esquiva «paz total»
Una de las principales reformas pendientes es la mejora de la distribución de la tierra en Colombia, que es la más desigual de América Latina: el 80% de la tierra pertenece al 1% de la población. Casi un tercio de los colombianos son agricultores, lo que significa que millones de personas sobreviven en parcelas minúsculas. Un análisis de la Universidad Nacional de Colombia reveló que cada vaca en la ganadería extensiva tiene más tierra para pastar que una familia campesina para cultivar. El conflicto armado interno que azota al país desde la década de 1960 agrava el problema, ya que los grandes terratenientes han recurrido a menudo a grupos paramilitares para expulsar a los campesinos de sus tierras.
El gobierno del Pacto Histórico buscó revertir esta situación mediante la distribución de tierras a las familias campesinas y la formalización de las pequeñas y medianas propiedades rurales. Estos objetivos ya estaban esbozados en el acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Estado colombiano y el ahora desarticulado grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), pero el gobierno conservador de Iván Duque (2018-2022) no implementó el acuerdo.
El gobierno de Petro, que ha descartado las expropiaciones forzadas, destinó algo más de cien mil hectáreas, cifra bastante lejana a los tres millones previstos en el Acuerdo de Paz. La Ley de Jurisdicción Agraria, que aceleraría la redistribución de la tierra, sigue pendiente de aprobación y ha encontrado una fuerte oposición de la derecha en el Congreso. «La extrema derecha siempre buscará mantener la propiedad injusta de la tierra en Colombia», escribió Petro en Twitter en 2024. «Saben que la violencia y el narcotráfico han surgido de ella y han alimentado el proyecto político de atraso sobre el que se construyen».
La otra gran tarea pendiente del gobierno de Petro es la «paz total», su objetivo más ambicioso. El acuerdo de paz de 2016 puso fin a la guerra entre el Estado y las FARC, pero antiguos combatientes disidentes de las FARC, grupos paramilitares y criminales y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) siguen controlando vastas zonas del territorio colombiano. El grupo más grande es el Clan del Golfo, una fuerza de nueve mil combatientes liderada por excomandantes paramilitares y narcotraficantes. Tras el fracaso de las estrategias militaristas de los gobiernos anteriores, Petro inició procesos de diálogo con varios de estos grupos ilegales. Los ceses al fuego logrados en varias partes de Colombia redujeron la violencia, según confirmó un informe de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Sin embargo, el fracaso de las conversaciones de paz con el ELN, que parecían prometedoras, y el estallido de la violencia entre grupos armados en la región del Catatumbo a principios de 2025, que dejó decenas de muertos y miles de desplazados, enterraron el objetivo de la «paz total» a corto plazo. Aunque no ha abandonado el diálogo con los grupos armados, el gobierno ha aumentado la presión militar y se ha centrado en las negociaciones con los grupos armados a escala local para reducir la escalada del conflicto y proteger a la población civil.
La larga carrera hacia 2026
Mientras intenta aprobar reformas clave pendientes, el Pacto Histórico ya tiene la mirada puesta en 2026. Las elecciones legislativas se celebrarán en marzo y las presidenciales, en mayo y junio. El Pacto Histórico aún no ha escogido a su candidato, aunque sí confirmó que la coalición se convertirá en un único partido, lo que reduce el riesgo de divisiones en la izquierda. No se puede decir lo mismo del centro y la derecha, que están enzarzados en una feroz batalla por liderar la oposición.
El nombre más sonado para suceder a Petro es el de Gustavo Bolívar, actual director de prosperidad social y candidato fallido a la alcaldía de Bogotá en las últimas elecciones, también conocido por ser autor de novelas adaptadas a series de televisión de gran éxito, como Sin tetas no hay paraíso. Otra opción es María José Pizarro, senadora e hija de Carlos Pizarro, compañero de Petro en el M-19 que fue asesinado en 1990.
La derecha está convencida de que el tiempo de Petro ha terminado, pero no se pone de acuerdo sobre quién debe sucederlo. La outsider Vicky Dávila, exdirectora de la revista Semana y feroz crítica de Petro, destaca en la carrera, posicionándose como la versión colombiana de Donald Trump o Javier Milei. Tendrá que competir con posibles candidatos del Centro Democrático, el partido ultraconservador del expresidente Álvaro Uribe, actualmente juzgado por presuntos vínculos con grupos paramilitares. Entre ellos se encuentran los senadores Miguel Uribe, María Fernanda Cabal y Paloma Valencia, todos ellos con posturas de extrema derecha. El alcalde de Bogotá, Juan Manuel Galán (centroderecha), y los excandidatos presidenciales centristas Sergio Fajardo y Germán Vargas, también podrían sumarse a la carrera.
Sin candidatos confirmados aún, una encuesta de marzo mostró un voto muy fragmentado, con Bolívar (11,8%), Fajardo (9,5%) y Dávila (8,3%) a la cabeza. Sin embargo, las buenas noticias para la izquierda terminan ahí, ya que los votantes que se identifican con ideologías de derecha y de centro suman más del 57%, mientras que menos del 19% se identifica como de izquierda. Dado este panorama, las alianzas entre candidatos de centro y derecha serán clave.
La única certeza para el Pacto Histórico es que la precampaña, que ya ha comenzado, se desarrollará en dos frentes paralelos: el Congreso, donde el gobierno impulsará a toda costa sus principales reformas pendientes, y las calles, donde Petro intentará movilizar a sus seguidores en defensa de su reforma laboral, símbolo del cambio político que lidera desde 2022
*Politólogo y periodista independiente, es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha escrito para Ctxt, Público, Regards y
